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Piden que se declare la emergencia social en la Ciudad.

Escrito por el agosto 5, 2016


Organizaciones sociales y políticas realizaron el martes una actividad en la legislatura exigiendo. Barrios de Pie, la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), el Movimiento Evita, la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Cooperativa El Adoquín de San Telmo, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MTD de Lugano, MuMaLá y Simbiosis Cultural son algunas de las que llevan adelante la iniciativa. Julia Rosales coordinadora de la CCC de Zona Norte de Capital dialogó con el programa radial La Retaguardia y contó de qué se trata la propuesta. (Por La Retaguardia)

“Existe una situación que no está exenta de todo lo que pasa en el país alrededor de la carestía de la vida que es muy grave, la inflación que azota a muchos hogares argentinos, en especial a los más vulnerables que viven en las villas y los asentamientos y día a día viene más gente a los comedores y los merenderos. Ha quedado mucha gente sin trabajo. Se agravó la situación en este último período mucho más que como venía. Hay 2 millones más de pobres y por lo tanto la Capital no está exenta de eso. Nosotros hicimos una reunión con distintas organizaciones”, expresó. Rosales contó que empezaron siendo Barrios de Pie, la CTEP y la CCC  y “se nos sumaron un montón de organizaciones; hoy somos 25 organizaciones y hemos decidido tener una entrevista primero con los legisladores para que nos den una mano. En principio para convocar al poder ejecutivo para que nos conteste en particular sobre el tema de la asistencia a los comedores y merenderos, sobre las cooperativas de trabajo, sobre los tarifazos, sobre la acentuación de vulnerabilidad, de gente que vive en la calle, cuestiones que hacen a la situación social en la Ciudad”.
Sobre la convocatoria a la legislatura, Rosales aseguró que “se juntaron unas 300 personas, vinieron varios legisladores del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, de Bien Común, participaron algunos diputados nacionales para dar apoyo. Nos apoyaron muchísimas organizaciones y estamos re contentos porque encontramos eco en un sector de la población. Ahora queremos que nos den una mano para concertar reuniones y hacer una mesa de diálogo, que nos permitan poner sobre la mesa cuestiones que nos afectan. De cualquier forma, todas las organizaciones convocantes somos organizaciones de lucha que nunca nadie nos regaló nada, ningún gobierno, hemos conquistado todo en la calle y hemos pensado y refrendado esta actividad parlamentaria con una movilización que vamos a hacer próximamente si no nos dan respuestas”, advirtió.

La crisis cuantificada

“En el Playón de Chacarita tenemos alrededor de 500 chicos, es en la villa de Fraga. En el último año se han duplicado las raciones, veníamos en 270. Mucha gente ha perdido su trabajo. En lo que va de este año, todos los que venían con changas, las mamás que trabajaban por hora, los pibes que trabajan en la construcción, han dejado de tener changas. En este último período con la inflación no han podido ni comprar la leche en el supermercado. Entonces se arriman a los comedores y merenderos para poder resolver el problema de sus chicos”, aseguró la dirigente de la CCC. “Nosotros tenemos un comedor y merendero de chicos menores de 12 años. Es un tema… porque después podés tener uno de 14 o 15 que come más que uno de 10 y no tenés para darle de comer. Si no tenés trabajo, tenés un problema. Como es un lugar que damos vianda a veces puede servir para mezclarlo y ponerlo en la mesa de la familia”, ejemplificó.
Rosales consideró, de todos modos, que aquellos que hoy están en esa situación tan extrema “venían muy mal. Una changa en la construcción el año pasado podía cobrarse cinco o seis mil pesos por mes, una mujer que trabaja por hora y cobraba setenta pesos traía 300 pesos a la casa. Es un poco de plata que servía para parar la olla, pero ahora si le subió la tarifa a 1200 y tenía una empleada a la que le pagaba 300 pesos por semana seguro le dijo que no vaya todas las semanas sino cada quince días”, reflexionó. “Es un problema, afecta al punto más vulnerable que son las personas carenciadas. Incluido el tarifazo, porque aunque en las villas no pagamos la luz, porque lo paga el gobierno de la ciudad, pero, primero que es precaria y se corta a cada rato, pero además el tarifazo afecta a un sector de la población del que nosotros vivimos”, aseguró.

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