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El TOF 2 volvió a negar la televisación del juicio RIM 6/Imprenta del PRT-ERP

Escrito por el mayo 4, 2022


Por tercera vez desde que comenzó el juicio en diciembre del año pasado, el TOF N°2 de CABA volvió a rechazar un pedido para que La Retaguardia pueda transmitir en vivo lo que queda de las testimoniales. Esta vez la solicitud fue denegada a la Defensoría del Público que dirige Miriam Lewin, quien actuó en favor de los derechos de las audiencias de internet por primera vez. Este viernes declaran dos testigos clave del juicio contra excarapintadas.

🎤 Entrevista /✍️ Redacción: Fernando Tebele
💻 Edición: Pedro Ramírez Otero
📷 Foto de portada: Javier Feliciano Ríos, presidente del TOF N°2 de CABA (Captura de transmisión de La Retaguardia)

XI- Agréguese la presentación realizada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y estese a los dispuesto el 15 de noviembre de 2021.

Con esa breve mención, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°2 de la CABA, integrado por los jueces Javier Ríos, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó el pedido de la Defensoría del Público a cargo de Miriam Lewin para que La Retaguardia pudiera transmitir las testimoniales del juicio por crímenes de lesa humanidad RIM 6/Imprenta PRT-ERP de San Andrés, al que le quedan ya pocos testimonios. Ni siquiera argumentan. Mandan a buscar la resolución del 15 de noviembre, que resultó ser la primera negativa, justo antes del comienzo del juicio que fue el 3 de diciembre. En ella, el TOF hacía referencia a una vieja, caduca pero todavía usada cada tanto Acordada de la Corte Suprema de Justicia del 2008, que desaconseja la televisación de los juicios para que no se contaminen los testimonios entre sí. En la era digital, en la que por ejemplo La Retaguardia publica en vivo en su Twitter hilos con las testimoniales de este juicio, aquella decisión suprema debería marchar con fritas.

El pedido se la Defensoría

La Defensoría del Público interviene por primera vez desde su creación por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en defensa de las audiencias de internet. En su pedido muy bien fundamentado plantea la relevancia que implica la difusión de estos procesos judiciales y cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

La Corte IDH sostiene que la concordancia entre las limitaciones a la libertad de expresión y la Convención Americana se debe evaluar con la referencia a los hechos del caso en su totalidad y a las circunstancia y el contexto en el cual ocurren, no sólo sujetándose al estudio del caso en cuestión. Por lo cual, factores como el contexto de los juicios de lesa humanidad en el país, la trascendencia y la relevancia social de su difusión, su vinculación al proceso de memoria, verdad y justicia, así como el aporte al debate democrático que significa el acceso a esta información, son elementos que los tribunales deben considerar al decidir peticiones de transmisión como la formulada por el medio comunitario La Retaguardia.

Tan superada está esa resolución cotesana en la que atrincheran los jueces, que cuando este medio solicitó hace algunas semanas autorización para televisar el juicio por la extradición del militante popular Facundo Molares, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, cuestionado por la no investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, no solo autorizó la difusión en vivo, sino que aclaró que el Artículo 287 del nuevo Código Procesal Penal se impone como la normativa a seguir:

A mi entender, la limitación que fijaba la Acordada nro. 29/08 de la CSJN, en cuanto establecía que los medios de comunicación no podían “tomar registros de audio o de imágenes durante la etapa de prueba, ni de los testimonios” (apartado III.g), ha sido superada en función de lo normado en el art. 287 del nuevo Código Procesal Penal Federal, en vigencia a partir de la resolución nro. 1/20 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación Del Código Procesal Penal Federal (B.O. 03/12/2020).

Este mediodía, apenas conocida la nueva negativa, Bárbara García, querellante en el juicio, mostró toda su indignación. “Es insólito, porque la Defensoría del Público se presentó, se solidarizó con el tema e hizo una presentación no improvisada sino elaborada, con el grupo de abogados de la Defensoría. Y bueno, ni siquiera eso le notificaron todavía. O sea, Miriam Lewin se enteró por mí que habían rechazado con el mismo mínimo argumento de dos líneas”, señaló García, con toda la bronca que le genera que no se pueda ver la jornada de este viernes, que resulta clave en el juicio. “Este viernes vamos a tener el testimonio de la pieza clave y fundamental por la cual se pudo armar esta causa, que es el exconscripto Hugo Travi. Gracias a Travi, que fue el primer testigo que se presentó de motus propio a decir: ´Tuve un infarto y no me puedo morir sin contar todo lo que yo vi y viví´ tenemos este juicio. Y ese es es un testimonio súper clave, contundente, la gente no lo puede escuchar, no lo puede ver. O sea, sí pudimos ver todo lo que hicieron ellos, todas y todo lo de ellos pudimos escucharlo. Ahora todo lo de nosotros y lo de lo de los restos de los testigos estamos censurados“, cerró Bárbara García.

Martín Sánchez Zinny; el ex diputado nacional por el MODIN, Emilio Morello; Luis Brun; Horacio Linari y Osmar Andrade, se encuentran a las puertas de conocer su destino. Los dos primeros ya recibieron un golpe duro con la declaración de la semana pasada, en la que el exmilitar Omar Barbieri los ubicó en el secuestro de Ángela Martínez Borbolla, la mamá de Bárbara y Camilo. Esta semana tienen otra prueba complicada con los testimonios de dos exconscriptos. Quizá celebren que no se pueda ver lo que vayan a decir, pero la verdad encontrará por dónde colarse para ser pública.


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