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“En cada ciudad y en cada pueblo hay una Marita Verón”

Escrito por el diciembre 22, 2022


Lo dijo Sibila Camps, periodista y docente, autora del libro “La Red. La trama oculta del caso Marita Verón”. En su paso por el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas, habló acerca del entramado del juicio por Marita Verón, la red de trata y las complicidades provinciales de la impunidad. 

Entrevista: Luis Angió
Redacción: Gabriela Suárez López
Edición: Pedro Ramírez Otero

El 14 de diciembre María de los Ángeles Verón (Marita) hubiera cumplido 44 años. Pero Marita salió de su casa el 3 de abril de 2002 para una consulta médica y no regresó nunca más, y al día de hoy nada se sabe de ella. Desapareció en plena democracia en la provincia de Tucumán. Su secuestro y posterior traslado a la provincia de La Rioja con fines de explotación sexual generaron una trama compleja de complicidades policiales, judiciales y políticas que entorpecieron y ralentizaron el proceso del juicio que comenzó a los casi 10 años de la denuncia: “El juicio duró casi 10 meses. Y desde el primer momento se empieza a armar la trama de impunidad, ya con la instrucción. Fue algo de lo cual participaron tanto la Policía de Tucumán como el Poder Judicial de Tucumán o funcionarios del Poder Judicial y el Poder Político de Tucumán. Y después pudimos avanzar gracias a dos o tres investigadores de la policía que fueron honestos, aunque no sabían bien cómo manejarse porque nunca habían trabajado en tema de trata sexual. Cuando se empezó a determinar y saber que Marita estaba secuestrada y prostituida en prostíbulos de La Rioja, ahí participaron en el encubrimiento y en el desvío, funcionarios judiciales de La Rioja y también de la Policía de La Rioja”, explicó la periodista Sibila Camps, autora del libro “La Red. La trama oculta del caso Marita Verón”

Según la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” y su modificatoria (Ley N° 26.842), la trata de personas abarca todas las acciones previas que se realizan con la finalidad última de explotar a una o más personas. En este tipo de delitos, la clave está en el traslado de la víctima para alejarla de su entorno social y afectivo y propiciar un contexto para la producción y reproducción del sometimiento. Cuando se llega a este punto, el explotador o la explotadora efectúa un extremo control del tiempo, espacio y las actividades de la víctima que hacen casi imposible la salida de este círculo. Los protocolos indican que es de vital importancia la denuncia inmediata y la activación de búsqueda, constatación en hospitales y comunicaciones interjurisdiccionales que tienen un impacto profundo en las investigaciones de estos casos ya que existe una íntima relación entre la migración y la trata. 

En este caso en particular, entre la denuncia de la familia y la acción de la justicia pasaron 10 años. El juicio, oral y público, histórico por su extensión y por la cantidad de imputados, tuvo a la sociedad argentina pendiente de la sentencia que se pudo ver por televisión el 11 de diciembre de 2012. Y como todo juicio que desde el inicio tuvo sus detalles escabrosos como señala Sibila “no se grabó porque el tribunal no quiso grabar, no quiso filmar, no quiso registrar nada ni puso taquígrafos que eso es algo justamente importante para esa sentencia absolutoria y generalizada que hubo”, y finalizó con la absolución de los 13 imputados frente a la cámara de televisión desnudando ante la atención de toda la audiencia la corrupción del Estado en todos sus estratos. Una corrupción que era transversal a la provincia de Tucumán. Pero no estaban solos: la provincia de La Rioja también decía presente en toda la causa.

Para la periodista Sibila Camps, “el caso Marita Verón fue una bisagra, un antes y un después de la problemática de trata para que hubiera conocimiento por parte de la población en general de cuál es la situación de las mujeres prostituidas o explotadas en prostitución. Esa impunidad que estaba señalando durante la instrucción del juicio, se replicó después de una manera atroz ante las audiencias. El tribunal no tenía la menor capacitación en la problemática de trata sexual ni perspectiva de género”. Ante tanta impunidad e inexperiencia, más las amenazas y presiones políticas, judiciales y policiales, Camps contó que se encendió una señal de alerta para proteger y “que no se filtrara dentro del juicio a Rubén Ale, conocido como ‘la Chancha’ Ale, que junto con su hermano Angel, ‘el Mono’ Ale, han formado parte de una mafia tremendamente importante en Tucumán durante décadas”. 

Los testimonios de las mujeres que también habían sido testigos-víctimas de trata es otro capítulo caracterizado por una nula asistencia y contención por parte del tribunal: “Los abogados defensores eran realmente feroces, porque estuvieron permanentemente arremetiendo y chicaneando contra las testigos que habían sido víctimas de la red de trata y que habían estado en contacto o que habían visto a Marita Verón. Mujeres que habían sido también víctimas 9 o 10 años antes, y declaraban lo que habían visto en penumbras, sin ver nunca la luz del sol, encerradas, a veces drogadas, a veces ebrias también porque las obligaban a beber alcohol, amenazadas, golpeadas, ellas mismas prostituidas”, detalló la periodista. 

El acto de testimoniar para una víctima de trata con fines de explotación sexual la ubica en un marco que alude directamente al género. La mayoría de las personas víctimas de este delito son mujeres, niñas y adolescentes y por eso la importancia de lo que Sibila subraya  sobre el abordaje desde una perspectiva de género. Las víctimas que volvieron a declarar 10 años más tarde sobre hechos que siguen estando ahí, que les remiten al consumo de sus propios cuerpos, que hacen grandes esfuerzos para olvidar lo imposible de poner en palabras debieron soportar “permanentemente a los abogados defensores que insistían en que repitieran o que se acordaran lo que habían dicho textualmente 10 años antes”. Camps, acerca de esto, profundizó: “Eso fue una humillación y una agresión permanente que el tribunal en todo momento permitió, en vez de crear un clima que permitiera que las mujeres pudieran recordar más datos para llegar a la verdad, permitió todos esos atropellos que fueron un motivo o una causa importante para esa impunidad”. 

Se puede asegurar, como afirmó la periodista, que el caso de Marita Verón fue un antes y un después, porque se reinstaló el tema de la trata de personas en la agenda mediática y política. Su mamá, Susana Trimarco ha buscado la verdad incansablemente y aún la espera. Y esta no fue la única consecuencia del caso, sino que se convocó a sesiones legislativas extraordinarias con el fin de impulsar el proyecto de modificación que ya contaba con media sanción del Senado de la Nación y el 19 de diciembre de 2012 se sancionó la Ley Nº 26.842. Con el nacimiento de esta ley, se crearon dos organismos de coordinación interinstitucional: el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que tienen el objetivo de fomentar políticas públicas para la prevención y persecución de los delitos, así como la asistencia y protección a las víctimas.

El objetivo central de la justicia tucumana de ese momento era ocultar los nombres de los referentes de la red en la provincia: “Lo que sucedió fue que la Chancha Ale fue mencionado, como también estaba María Jesús Rivero que fue pareja de la Chancha Ale y que en la época del secuestro de Marita también ella participó. Cuando la Chancha Ale y también María Jesús Rivero comenzaron a estar mencionados en todos los lugares donde había estado Marita Verón, incluso en La Rioja, entonces ahí el tribunal terminó haciendo el absurdo de absolver a todos y a todas. Y eran una mafia. Y lo digo en el sentido literal de la palabra: han tenido montones de negocios sucios, homicidios a cuestas, ataques de todo tipo. Finalmente después de este juicio hubo otro juicio contra el clan Ale donde fueron condenados ellos y otras 13 o 12 personas por lavado de dinero, dijo Camps.

Por último, la periodista aclaró que si bien se cumplieron 10 años del fallo que absolvió a todos los imputados en este caso, “la sentencia fue apelada por la querella y fue después a Casación”. Finalmente, en 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó parcialmente el fallo y declaró culpables de “retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución” a José Fernando ‘Chenga’ Gómez, a su hermano Gonzalo José Gómez, a Daniela Natalia Milhein y a Andrés Alejandro González. El resto de los condenados fueron declarados “partícipes necesarios”. 

Si bien este juicio ocasionó un volantazo para la justicia que inició otra etapa en el tratamiento de los delitos por trata de personas, la única certeza es que este problema se termina cuando dejamos de mirar para otro lado. Y hoy, a 20 años de su desaparición aún nos seguimos preguntando, ¿dónde está Marita Verón? 


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