Quieren expulsar a históricos habitantes de la Isla Martín García

Rosaura Barletta es periodista y pasa el verano allí. Pasó por el programa radial La Retaguardia y habló de las situaciones de hostigamiento contra habitantes de la Isla Martín García por parte de autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que incluyen homo y lesboodio.

Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero
Redacción: Gabriela Suárez López
Edición: Fernando Tebele
Fotos: Rosaura Barletta

La isla Martín García cuenta con 168 hectáreas y tiene aproximadamente 170 habitantes. Algunos y algunas con muchos años de residencia en el lugar. Fue declarada  parque y reserva creativa provincial por el Decreto-Ley 7580/69. A su vez, a través del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo que se firmó entre Argentina y Uruguay en 1973, se estableció el cese del uso militar de la isla y el marco legal para la preservación de la flora y la fauna autóctonas, como así también la regulación de los usos y recursos de la zona para un desarrollo sostenible. Por último, el 7 de abril de 1998 la Provincia de Buenos Aires declaró a la isla reserva natural de uso múltiple a través de la ley 12.103.

Posee un valor histórico fundamental. Para resaltar algunos hechos, fue espacio de disputas y negociaciones en la época de la colonia y escenario de combates ante el surgimiento del Estado argentino. En su prisión fueron confinados presidentes e importantes políticos derrocados como Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi e Hipólito Yrigoyen. La visita obligada es pasar por el Museo Histórico y por la panadería que funciona en una casa construida en 1913, donde se hornea todo a leña.

Desde que asumió Diego Simonetta en la Dirección de Gestión Integral de Islas del Delta e Isla Martín García, la violencia y las amenazas con intenciones expulsivas para los habitantes de la zona no tienen descanso. Incluso la situación se agudizó por intimidaciones a integrantes del colectivo LGTBIQ+. Estas persecuciones se dieron sin ningún tipo de respuesta ni contención efectiva por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ante las denuncias de las personas afectadas.

Desde el momento que la isla se declaró como reserva de usos múltiples “todos los inmuebles, todas las construcciones, todo lo que hay en la reserva pertenece al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todas las personas que viven ahí, renuevan periódicamente un convenio para residir. Cada 4 o 5 años duran una gestión de gobierno esos convenios y todos los habitantes, mejor dicho todas las familias que viven en la isla llevan ya varias décadas renovando periódicamente esos convenios”, afirmó Rosaura Barletta en diálogo con La Retaguardia. Barletta está en pareja con Rocío, una joven que creció en la Isla y es la hija de quienes llevan adelante la panadería que fundaron.

Esta situación se da en un contexto donde las personas que viven en la isla pueden trabajar haciendo algún servicio para los residentes, en algún proyecto para el turismo o de conservación de la reserva. La mayoría de sus habitantes son trabajadores del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: “Algunos son guardaparques, la gran mayoría son trabajadores de mantenimiento de la reserva, de los senderos. Esto lo aclaro porque a lo largo de los años esos convenios de residencia se fueron renovando de formas más o menos precarias y el Estado tiene una responsabilidad de las condiciones de vida de quienes viven en la isla”, afirmó la periodista. 

Desde el año 2019 hubo cambios en la relación de los habitantes con las autoridades de la provincia y Rosaura Barletta explicó: “A partir de la gestión de Axel Kicillof, del comienzo de esta última gestión de gobierno en 2019, asumió como director de Gestión Integral de Islas del Delta e Isla Martín García, Diego Simonetta, que es una persona que desde el momento en que asumió tuvo un trato muy displicente, de mucho desprecio por quienes viven ahí. Por ejemplo, muchos trabajadores de la Provincia de Buenos Aires recibían calificativos como ‘sos un negro de mierda’, ‘mirá qué feo que sos’; o una persona que tiene dificultades para escribir y se burlaban ‘¿vos firmás así?’, risas y amenazas”, graficó. “En particular empezó a incrementarse la hostilidad cuando una docente de la isla empezó a ser hostigada por él con esta costumbre, esta frecuencia y el mismo método de acorralar mujeres. Esta mujer terminó yéndose por miedo. Tenía un local de café y él la apretaba con esto planteando que no podía tener ese local por ser docente y citando restricciones formales que nunca vimos escritas en ningún lugar”, ejemplificó. La docente finalmente se vio obligada a irse: “Esta docente terminó pidiendo el pase y yéndose por su propia voluntad, por miedo. Le rompieron el local, quiero que se entienda la actitud de patota de estas situaciones. Algo similar sucedió en plena pandemia con una guía turística con más de 30 años de experiencia, que recibió demandas sin justificación legal por parte de Simonetta y la expulsaron de la isla y quedó en la calle”.

Esto fue posible porque cuando asumió Simonetta discontinuó la renovación de los convenios y los habitantes y comerciantes de la isla prácticamente no tienen derechos porque nada respalda su permanencia en el lugar, por más que lleven décadas residiendo ahí.

Barletta detalló que estas prácticas extorsivas continuaron con el caso de sus suegros y de una pareja de jubilados de la Provincia de Buenos Aires: “Mi novia Rocío es panadera en la Isla Martín García. Ella vivió ahí desde sus 6 meses cuando sus papás fundaron la Panadería Rocío. Su papá panadero, su mamá, directora de la Escuela primaria de la isla durante varias décadas, ellos llegaron en el `88, son ya 35 años. Mis suegros fueron citados a una reunión en plena pandemia, sin barbijo ni distancia, por Diego Simonetta y dos personas más que tenían toda la actitud de matones pero no se identificaron y se presentaron como abogados del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, explicó. También dio detalles de la persecución: “Los presionaron y los amenazaron para hacerlos firmar que abandonaban la casa y la panadería. En esa reunión mis suegros plantearon que no se iban a ir, que no entendían cual era la razón. La explicación que le dieron es que la panadería no sirve para el proyecto que el gobierno provincial tiene en la isla. Con el otro matrimonio de jubilados que lleva más de 50 años en la isla pasó exactamente lo mismo y ellos plantearon la misma negativa por lo tanto las dos familias recibieron una carta documento intimando a abandonar su casa y en el caso de mis suegros también la panadería en el plazo de 10 días”.

Ante el intento de expulsión, los suegros de Barletta contrataron a un abogado para responder las cartas documento que fueron recibiendo desde octubre de 2021, “y obtuvieron una medida cautelar que les permite permanecer y trabajar en la panadería hasta que se resuelva la cuestión de fondo velando por su derecho a permanecer. Esta medida indica básicamente que el Estado no puede tomar ninguna acción arbitraria que cambie las condiciones que se tenían previamente”, agregó la periodista.

Hay una particularidad de la vida y las costumbres de la isla que sí está reglada: como es una reserva no tienen permitido ingresar con vehículos particulares. Todos los vehículos en los que se trasladan las mercaderías e insumos básicos para isleños e isleñas pertenecen al gobierno provincial. Pero a partir de la denuncia de los suegros de Barletta la relación se hostilizó y se les empezó a negar el transporte para los insumos de la panadería o a realizarlos de modo intermitentes. “Mi suegra siendo directora de la escuela primaria en funciones fue impedida de subir a la lancha para docentes y residentes de la isla”, contó Rosaura.  

Entonces decidieron exponer la situación y hacerla pública. Recibieron apoyo de muchos vecinos de la isla, que a su vez sufrieron intimidaciones y amenazas por haber acompañado a sus vecinos. 

Ante el incumplimiento de la cautelar por parte de las autoridades, se contactaron con el Ministerio de Gobierno que es una instancia superior a la Dirección de Simonetta y también con el Ministerio de las Mujeres de la Provincia. Barletta explicó que en ambos casos las respuestas y el acompañamiento han sido ineficientes para frenar la violencia hacia la familia. 

Lo particular del caso y lo general en la isla Martín García convergen en las amenazas y discriminación sobre el colectivo LGTBIQ+. Con respecto a este tema la periodista detalló: “Hace unos meses recibimos en la puerta de nuestra casa primero una estampita con un rosario y también lo recibieron los otros vecinos que habían querido echar. Un mes después, encontramos que la fachada de la casa estaba orinada, manchada, y nos alarmó pero no tanto”. Los ataques no quedaron ahí: “Al mes siguiente, cuando Rocío se levantó para ir a la panadería a las 6 de la mañana, se encontró en la puerta de su casa una bolsa del pan dulce de la panadería muy particular que tenía una inscripción que decía ‘para la torta’ y adentro tenía un juguete sexual, lo que se conoce como consolador, con la misma inscripción: ‘para la torta’”. Además, según Barletta, hay personas que no quieren exponerlo ni hacerlo público. También pertenecen al colectivo LGTBIQ+, y son agredidas y amenazadas duramente en la isla. “Sabemos que a partir de esta gestión hay habilitado un contexto de violencia y que hay conductas mafiosas de parte de esta persona y de algunas personas que tiene bajo su ala. Nos han encadenado la puerta de la panadería con la medida cautelar vigente, nos han cortado la luz, me refiero a este tipo de prácticas. Entonces tenemos la seguridad de que hay un contexto que habilita estos niveles de violencia y en particular con una familia con la que Diego Simonetta tiene una fijación bastante importante,” afirmó.

A las acciones realizadas por la familia, se sumaron una denuncia ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y otra en la Defensoría del Pueblo, pero aún así no han logrado el cese de las hostilidades.

Ante la pregunta sobre las causas de fondo de los conflictos, Barletta declaró: “Creo que hay un gran interés muy marcado e indiscutible del Gobierno de la Provincia, no solo en la Isla Martín García, sino en todo el Delta de Tigre y San Fernando, especialmente en la tercera sección. La Retaguardia habló con una vecina del Delta que contó que también tuvieron movilizaciones a la Dirección de Islas por cuestiones relacionadas a la precarización de su vida, con el acceso a servicios”. La periodista aseguró que hay un interés muy concreto que es un interés económico y que el comienzo de las persecuciones tiene que ver con eso, con un proceso que todavía está en marcha. “Realmente no sabemos cómo es el plan pero sí hay un interés muy fuerte de promocionar y publicitar la isla como un lugar de ensueño cuando la isla es un lugar que tiene tanto contenido de parte de nuestra historia y va mucho más allá de ser un lugar turístico y ‘divino’. Existe un interés muy marcado de parte del Gobierno de la Provincia en sitios, en proyectos que llevaban adelante o que ocupaban estas personas que fueron paulatinamente expulsadas, hasta que mis suegros y este otro matrimonio dijeron que no y ahí se detuvo la intención de echar y expulsar personas, pero no así las amenazas. Estas cartas documento están firmadas por Diego Simonetta y por su superior Eugenio Liggesmeyer, pero son totalmente inválidas, no están acompañadas de ningún trámite iniciado en ningún circuito administrativo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. O sea, son dos funcionarios que firman querer expulsarnos a título personal en una carta documento”, aseveró Barletta.

Entre el fuego y la Ley de Humedales

La dificultad de vivir en una isla y depender del Gobierno de la provincia para el abastecimiento y traslados ejerce una presión sobre los habitantes que complejiza la cuestión: “El círculo de silencio es algo muy concreto, la gran mayoría de las personas en la isla dependen, trabajan para el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o dependen del Gobierno de la Provincia para abastecerse de sus bienes básicos, eso por un lado. Por otro lado, las personas que están en la isla que sostienen el lugar porque están en armonía con la naturaleza, en realidad son personas que ponen mucho en juego para sostener eso. Los convenios son precarios y no hay médico en la isla. Estamos hablando de personas que tienen más de 70 años y que eligen quedarse ahí y seguir construyendo su vida ahí a pesar de que pueden ver al médico solo los fines de semana. No hay una lancha en la que puedan viajar sus familiares, hay solo una lancha por día en la que pueden viajar isleños e isleñas. El pasaje para que alguien te visite sale más de 10 mil pesos. La lancha sale a las 7 de la tarde y vuelve a salir al otro día a las 9 de la mañana. Es una vida realmente sacrificada la de las personas en la isla y hay un discurso de parte del gobierno de la provincia y de Simonetta, que tiene que ver con esta idea de que son planeros, que no pagan la casa, que no pagan nada y encima usan los recursos de la provincia. Bueno, estamos hablando de personas que sostienen una isla, a 3 horas del continente, una isla evidentemente estratégica para el gobierno y que está como está gracias a esas personas que viven ahí hace décadas en esas condiciones que les cuento”, finalizó.