Comienza este lunes Puente 12 III y se espera la resolución sobre la TV
Escrito por La Retaguardia el abril 1, 2023
Desde las 9:30, en vivo a través de LR, se leerán los cargos contra 2 militares y 4 policías. El TOF N°6 todavía no definió si autorizará a nuestro medio a televisar las testimoniales. El juicio abordará 185 casos ocurridos entre 1974 y 1977. Al menos la mitad son casos que no fueron tratados en los dos tramos anteriores. Entre ellos están los ocurridos antes del golpe y también quienes fueron secuestrados en el ataque a la quinta La Pastoril.
Redacción: Fernando Tebele
Edición: Pedro Ramírez Otero
El próximo lunes es un día que muchas personas esperan desde hace años. Para algunas de ellas esos años han sido la vida entera. Es el comienzo, después de varias postergaciones, del tercer juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12. A la ansiedad que una instancia así les genera a las familias de las 185 personas (secuestradas entre 1974 y 1977) cuyos casos fueron tomados como víctimas, se suma otra cuestión que genera una mezcla de impaciencia con impotencia: a menos de 48 horas del comienzo del juicio, el TOF N°6, conformado por Daniel Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Fornari, todavía no comunicó si va a permitir que La Retaguardia transmita los testimonios del juicio. Aunque todo indica que la respuesta será negativa, hasta el lunes nadie lo sabrá oficialmente.
Casi en paralelo, el 19 de abril, comenzará el juicio Contraofensiva III. No solo será televisado entero, sino que es posible afirmar que no habría juicio si Contraofensiva I no se hubiera visto a través de La Retaguardia. Es que este tramo que tendrá como imputado al excomisario Roberto Álvarez es consecuencia del reconocimiento que realizó la sobreviviente Aixa Bona mientras el ahora imputado canchereaba como testigo. Bona no era una asistente habitual a las audiencias en las prehistoria de los juicios sin TV, por lo que se podría pensar que quizá no hubiera presenciado la audiencia y por lo tanto Álvarez se hubiera ido a su casa como si nada. Lo cierto es que Bona estaba viendo la transmisión de La Retaguardia y lo reconoció como la persona que la sacó de Campo de Mayo para llevarla a la departamental de la Policía Federal en San Martín. Mientras algunos jueces y juezas comprenden el valor de la publicidad de los juicios, hay quienes no parecen tener intenciones de aggiornarse.
El empuje de las querellas
El grupo querellante de la Comisión Vesubio/Puente 12, que viene empujando a la Justicia desde atrás como si fuera una vieja camioneta, pesada y sin arranque, consiguió que finalmente se le pusiera fecha al comienzo del juicio. El 28 de febrero, durante la audiencia preliminar en la que las partes intentan ponerse de acuerdo en algunas de las reglas de convivencia jurídica, se oyeron sus gritos de indignación. El tribunal decidió impedirles el ingreso a esa instancia. La discusión sólo finalizó cuando el presidente del TOF, Daniel Obligado, se comprometió a recibirlas luego. Se fueron sin fecha de comienzo. Unas semanas después se conoció la del 3 de abril.
La Retaguardia presentó el habitual pedido para obtener el permiso y así televisar todas las instancias del juicio. Esta vez fue con la compañía y el excelente trabajo de la Defensoría del Público, quien tomó el tema y lo fundamentó con la experiencia que les da defender los derechos de las audiencias. El organismo que dirige Miriam Lewin y La Retaguardia realizaron la presentación conjunta el 28 de diciembre del año pasado. No era necesario que lo estudiaran durante la feria judicial de enero, pero transcurrieron febrero y marzo completos sin novedades sobre el asunto; sí hubo en ese lapso un antecedente a tener en cuenta: los mismos jueces y jueza negaron la televisación en el juicio Coordinación Federal que comenzó en febrero. Sonó a un anticipo. Era esperable el no para Puente 12 III, pero nunca llegó. La última resolución sobre el tema la dieron a conocer ayer, 31 de marzo: en el punto 1 comunica que las personas del público que quieran asistir a la audiencia no podrán hacerlo ingresando a la plataforma virtual: o van a la Sala AMIA o lo siguen por La Retaguardia, que sí puede transmitir las instancias no testimoniales del juicio. En el punto 2 dice: “En cuanto a la petición efectuada por las querellas para que el debate oral sea transmitido en su totalidad, pasen los autos a despacho para resolver”. Es decir que todavía no resolvieron y tendrán que fundamentar sus votos en las respuestas a las querellas particulares y a las de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, que se presentaron en la semana para que este medio pueda transmitir en vivo las audiencias. Ya en la preliminar, la fiscal general Ángeles Ramos había respaldado la solicitud que realizó allí Pablo Llonto, quien representa a 38 querellantes.
Esta semana, una fuente judicial aseguró a La Retaguardia que el tribunal estaría dividido en la decisión. Obligado votaría a favor, pero perdería ante Namer y Fornari, quienes lo harían en contra de garantizar la publicidad del juicio. Pero no deja de ser una información extraoficial. Más allá de la confianza en la fuente, la realidad es que aparecen a la vista dos posibilidades: el TOF ya tomó la decisión pero demora la comunicación por alguna razón desconocida; o lo que está sucediendo es que la discusión permanece abierta. Si tuviéramos que apostar, iríamos por la primera opción; pero siempre es saludable tener a mano algo de esperanza. Deseamos perder la apuesta.
Desde la Comisión Vesubio/Puente 12 alzan la voz otra vez. “Hay sobrevivientes y familiares de víctimas que viven en Jujuy, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Salta, España, Francia, Canadá, Suecia. ¿Cómo se les niega el derecho a ver un juicio que es oral y público?”, dijo a La Retaguardia Lucía Fariña, sobreviviente de Puente 12. Alejandra Cravello complementa la queja: “Hay muchos otrxs que vivimos en Buenos Aires y que por trabajo u otros motivos no podremos conectarnos a una reunión por Zoom o ir a los Tribunales de Retiro a presenciar la audiencia”. En los casos en que LR no está autorizado a transmitir en vivo, las personas del público que lo requieran deberían poder ingresar a la sala virtual, pero muy pocas saben cómo hacerlo y en general no tienen acceso al link. Ni hablar de tener la chance laboral de poder disponer de una jornada entera para asistir a Comodoro Py 2002. “Mi familia y yo llegamos por primera vez a juicio oral después de 48 años —siguió Cravello—. Demasiada espera para poder tener un poquito de reparación, con dos imputados que no eran los responsables intelectuales de los hechos. No poder presenciar todas las audiencias es como una bofetada. A mí me resulta imposible por cuestiones laborales ir a todas las audiencias. Estamos a 48 horas no hábiles del comienzo del juicio y no sabemos nada. Lo único que sabemos es que a las 9:30 es la lectura de imputación de cargos contra los imputados”.
Su hermana Laura vive en Barcelona, pero viajó para presenciar el comienzo del juicio. Quizá sea la única jornada que pueda ver. “María Cristina Lonardi y Ricardo Alfredo Cravello, mi mamá y mi papá, son casos en este debate oral por primera vez. Soy querellante. Tengo 49 años y después de 47 años, toda mi vida, van a formar parte de este camino de justicia. Estoy indignada. No entiendo que el tribunal decida que no sean públicos los testimonios de familiares y sobrevivientes que van a declarar para quien los quiera escuchar”, dijo.
El principal argumento de las pocas negativas que todavía se sostienen en pie es que las personas que dan testimonio podrían contaminar su declaración si tienen acceso a ver a quienes lo hacen antes. Alejandra Cravello lo consideró una ridiculez: “Como querellantes tenemos acceso al expediente, por lo que ya sabemos lo que van a decir los testigos. No es una novedad. La contaminación de la prueba es una cosa ridícula después de 48 años de sucedidos los hechos”. Su hermana Laura repite argumentos y suma nuevos: “Es absurdo pensar que los testimonios van a poder ser influidos. Llevamos 47 años en los que muchos pudimos conocernos, conocer nuestras historias, por lo que pensar que la televisación o no de un testimonio puede influir en nuestros testimonios es absolutamente ridículo. Más bien pareciera que el tribunal no quiere que lo que nos ocurrió sea público”.
Quien puede dar fe de cómo la no televisación lesiona el derecho que tienen las víctimas a la reparación de aquello reparable es María Santucho. Su caso se ventiló en Puente 12 II, durante la pandemia. En ese juicio se juzgó la persecución contra los niños y las niñas de la familia Santucho, una estrategia perversa para hacer caer al líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho. Como los llevaron a Puente 12, fueron parte del tramo anterior. “Muchísimos años después tuve la oportunidad de contar ante un tribunal aquella travesía de horror que vivimos. Estábamos en pandemia, no pude hacerlo presencial como hubiera querido, pero sí declaré. En aquella ocasión, lamentablemente, no pude compartir ese testimonio, después de tanto horror, con aquellas personas que me hubiera gustado que lo pudieran ver. Porque justamente no fue transmitido por televisión. Hoy, otra vez, niñas y niños que eran en aquel momento más pequeños que yo, están siendo sometidos a esta nueva crueldad. No hay razón alguna para que estos niños y niñas que vivieron los secuestros de sus padres, no puedan justamente dar a conocer tanto dolor sufrido y vivido. Por eso les pido a quienes tienen en sus manos resolver esta cuestión, que no nos sometan de nuevo a que el horror, el dolor, la pérdida y la angustia de no saber dónde están nuestros seres queridos, tengamos que pasar otra vez por el dolor de la pérdida”, dijo María.
Desde Ituzaingó, Corrientes, Alicia Olivera, querellante por su mamá Alicia López de Olivera, respondió a La Retaguardia con bronca: “Es todo una porquería. Nos tienen dando vueltas como niños en un carrusel. No les interesa hacer justicia y darnos la paz que necesitamos”. Además aprovechó para quejarse por la falta de conectividad, ya que están tan lejos del centro del universo. “La señal por estos lares sigue siendo malísima, así que no podría ni verlo”, reclamó.
María Carolina Llorens es hija de Sebastián Llorens y Diana Triay. “Ambos son parte de los 185 casos que finalmente serán tomados en el juicio que empieza el lunes. Como querellante, y como parte del pueblo argentino, consideramos que la transmisión pública de los juicios es un derecho. Los juicios son patrimonio de todos y todas, son patrimonio del pueblo. Los testimoniantes tenemos muchos años de contarnos nuestras historias. Es una aberración y una ridiculez que hablen de contaminación. Luego de tantos años de no respetar nuestros derechos, es fundamental que la transmisión sea pública y que todos y todas podamos acceder finalmente a la Memoria, la Verdad y la Justicia”, planteó. Habrá que esperar al lunes para conocer la decisión. “Esperar”, ese verbo que las víctimas del último genocidio conocen hasta el hartazgo.
