El TOF N°2 escuchó a las víctimas de 3 genocidas que piden domiciliarias

Fue por el pedido que realizaron los condenados Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik para dejar la cárcel común y volver a sus casas. Los tres actuaron en el circuito represivo Club Atlético, Banco, Olimpo (ABO). Los jueces del TOF N°2 de CABA escucharon a las víctimas y ahora deberán tomar una decisión, que podría conocerse mañana.

Redacción: Paulo Giacobbe
Edición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele
Foto de portada: Captura transmisión de La Retaguardia y Radio Presente

El pasado 4 de abril, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 subrogando al TOF N°2 de la Ciudad de Buenos Aires escuchó a algunas de las víctimas de Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik, pues estos represores condenados por crímenes de lesa humanidad pidieron que se les otorgue la prisión domiciliaria.

A su turno manifestaron su repudio: Cristina Jurkiewicz Artero, Delia Barrera y Ferrando, Ana María Careaga, Miguel Ángel D´Agostino, Silvia Graciela Fontana, María Esther Basualdo, Silvia María Pía Ríos Armelin, Carlos Pisoni y Camilo Daniel Ríos; entre otros y otras víctimas, sobrevivientes y familiares de desaparecidos y desaparecidas.

“En los tres casos existen pericias médicas del año pasado que son todas coincidentes en que ni Kalinec, Avena o Donocik presentan problemas médicos que les impidan continuar la ejecución de la pena en prisión con debidos controles”, detalló en la audiencia Alejandro Alagia del Ministerio Público Fiscal. Eduardo Kalinec tiene 71 años y cumple su condena en la Unidad 33 del Servicio Penitenciario Federal; Donocik tiene dos años más; y Avena es el mayor con 75. Estos dos últimos cumplen sus condenas en la Unidad 31. Alagia subrayó que en esa unidad penitenciaria tienen atención “médica los siete días de la semana, las 24 horas. Consultorios, kinesiología, rehabilitación, sala de urgencia, ambulancia las 24 horas”, y en el caso de la unidad 33 cuentan con todas las “instalaciones para tratar enfermedades crónicas”.

Además, dijo que los condenados no comprendieron la gravedad de sus delitos y no existe una resocialización. “No hay ninguna constancia de que haya un registro en este sentido, de que hayan comprendido la gravedad, la falta de arrepentimiento, el silencio… no hay sobre ese punto un resultado positivo”, planteó. Citó también al Estatuto de Roma, que no prevé la prisión domiciliaria para estos casos: “Al contrario, tiene un régimen especial para crímenes de lesa humanidad”. Ese tratado también resalta la importancia de aportar información, más allá de nombres de otros represores, algo que sirva como reparación a las víctimas. “La apropiación de niños y niñas, información relativa a qué pasó con la desaparición de personas”, recordó el fiscal, quien pidió al tribunal que rechace los pedidos.

Un fragmento de lo manifestado por las víctimas

Silvia María Pía Ríos Armelín es hija de Juana María Armelín y José Ríos. Silvia María realizó un recorrido de su vida y su historia: “Yo me entero de la desaparición de mis padres cuando tenía tres años y vivo ese momento, pero no lo tengo como recuerdo”. Desde ahí fue reconstruyendo su historia con relatos y trató de asimilarlo. Sus sentimientos fueron mutando con los años. “Por ejemplo, cuando me explicaron lo que le habían hecho a mis padres yo tenía mucho rencor hacia las personas que le habían hecho tanto daño, que además estaban en libertad. Y entonces pude ir como transformando ese sentimiento en mis años de juventud en resistencia, juntándome con gente que le pasaba lo mismo”, dijo. Reclamó justicia luchando en las calles. Silvia repasó así el juicio a las juntas, las leyes de impunidad y la llegada, nuevamente, de los juicios. Y entonces explicó que, en lo personal, haber logrado la prisión para los genocidas significó que el recorrido no fue en vano. Para Silvia sería un retroceso político muy grande si les otorgan la domiciliaria. “No debería hacerse por una cuestión de responsabilidad”, consideró.

“No creo que nada pueda redimir el dolor que sentimos los damnificados. Ya no importa la violencia y crimen que se haya cometido contra mi madre, fueron muchos crímenes en un solo devenir. Pero sí importa que una vez que se ha logrado algo, no se baje de eso que se ha logrado. La justicia argentina pese a haber sido lenta tiene que estar orgullosa de lo que logró y tiene que mantenerlo. Eso significa una decisión diaria y me parece que hay gente que tiene que sostenerlo y tiene cargos de responsabilidad. No sería un acto de justicia, sería sostener una decisión. Y eso es lo que nos da a nosotros tranquilidad para poder transitar el resto de nuestras vidas, que no es una vida común, es el resultado de este terror”, expresó.

Delia Barrera y Ferrando estuvo 92 días secuestrada en el centro clandestino de detención tortura y exterminio Club Atlético, donde también llevaron a su esposo Hugo Alberto Scutari. En el Atlético pudieron charlar muy brevemente antes del traslado de Hugo. Delia se opuso “a cualquier libertad o arresto domiciliario”.

La sobreviviente contó que no fue fácil para ella la decisión de declarar: “Una de las razones principales es el cansancio que representa para muchos volver a tener que dar explicación de por qué no queremos salidas transitorias ni arrestos domiciliarios de los genocidas. No son pobres ancianos, no están arrepentidos, no rompen un pacto de silencio que nos traería a muchos saber cuál fue el destino de nuestros queridos ausentes. Nuestra lucha de hoy sigue siendo la misma de ayer. Mi lucha, a pesar de los años que voy teniendo, sigue siendo con el mismo compromiso que asumí cuando salí del campo de concentración y después de escuchar las últimas palabras de mi esposo cuando se despedía cuando era trasladado, que me pidió que fuera fuerte y que no lo abandonara. No los abandono. Por eso me tomo el atrevimiento de exigirles que no sigan brindándoles impunidad ni privilegios. Y si creen que no pueden cumplir con el pedido de tantas víctimas, de tantos familiares, de tantos ausentes, los señores jueces deberían renunciar porque su debilidad demuestra entonces que no están a la altura de esa lucha por ese ‘Nunca Más’ que venimos sosteniendo hace tantos años. Ese ‘Nunca Más’ significa ningún genocida libre, ningún genocida en su casa, ningún genocida caminando y pidiendo privilegios. Ese ‘Nunca Más’ significa para todos nosotros Memoria, Verdad y Justicia”.

María Esther Basualdo fue y es la compañera de José Daniel Tocco, secuestrado el 12 de junio de 1977. Habló por ella y por su familia. No saben dónde está el cuerpo de Daniel ni dónde fue secuestrado, solo que fue en la vía pública. Sus nietos, dijo, le hacen esas preguntas. Daniel tenía 20 años. “Quería agregar que este es un delito permanente continuo. Todos los días nosotros nos preguntamos. ¿Dónde habrá sido? ¿Qué habrá pensado en esos últimos momentos durante la tortura? ¿Cuántas veces le deben haber torturado, preguntándonos por nosotros dónde estábamos? Y él, con sus 20 años, nos cuidó, nos protegió. Y por eso agradezco su fortaleza. Su compromiso. Y nosotros estamos vivos por su entrega. Entonces, para mí, estar hoy aquí y participar y exigir que estos delincuentes, asesinos, torturadores, no pueden tener beneficios porque sino se transformaría en privilegio. Y yo no quiero que ellos tengan privilegios. Quiero que se cumpla la ley. Que cumpla la justicia. Y que sigan presos”, declaró. María Esther le dijo al tribunal que tiene el mismo dolor que hace 46 años.

Silvia Graciela Fontana tiene a su hermana Liliana desaparecida, fue secuestrada embarazada junto a su compañero Pedro Sandoval el 1 de julio de 1977. Silvia se concentró en la figura del desaparecido. “A veces escuchamos hablar de los desaparecidos, bajo un número, bajo algo que no está. Y no es así. Yo le preguntaría a los señores jueces. Que piensen sus padres o sus hijos. Sus nietos”, pidió. Silvia dijo que su padre dejó de respirar en 2016 pero en realidad fue muriendo de a poco el 1 de julio de 1977. “Buscando a su hija por todos los rincones, por todos lados, sin tener ningún tipo de respuesta. Pero él quería encontrar a su hija que de un día para otro pasó a estar secuestrada y desaparecida. Desaparecida. Hace menos de tres años partió mi mamá. La abuela Chela (Clelia Deharbe de Fontana) de Abuelas de Plaza de Mayo. Y también se fue yendo de a poquito con ese dolor inmenso que significa no saber nada durante más de 40 años”, contó. Agregó que los genocidas le quitaron a su familia la posibilidad de estar juntos, compartir la vida, y reivindicó la lucha de su hermana por un mundo mejor, más igualitario. “Esos que están pidiendo los beneficios nunca hablaron, nunca se arrepintieron. Que es mucho peor de lo que hicieron. Nunca nos dijeron dónde están nuestros familiares, ¿Dónde están todos los desaparecidos? ¿Dónde están sus cuerpos? Porque nosotros necesitamos hacer este duelo. Cada uno de nosotros tenemos una persona fallecida. Y hacemos nuestro duelo. Y quienes quieren ir al cementerio van. Yo les llevo flores a mis padres. Me siento bien. Porque aunque los extraño enormemente, sé que están allí y les prometí que iba a hacer todo para seguir logrando Justicia. Por Lily y por todos, porque nos faltan muchos nietos y ellos saben dónde están, pero se callan, no hablan”, declaró.

Ana María Careaga es sobreviviente del Atlético. Tenía 16 y estaba embarazada. Le recordó al tribunal que se trató de un plan sistemático de exterminio y que se trata de delitos de lesa humanidad. “Esto quiere decir que lesionan, ofenden la condición humana. Por lo tanto, quiero aclarar que esta opinión es respecto de todos los represores, las personas que son responsables y que han sido condenadas por estos delitos de lesa humanidad. Y quiero decir también que estoy profundamente conmovida y siempre digo que es saludable conmoverse ante lo que es digno de conmoción al escuchar las palabras de quienes me precedieron, de los familiares que dan cuenta cuando se habla de la desaparición de un dolor incurable. Es un dolor que podemos tomar la misma calificación jurídica del delito como imprescriptible para dar cuenta de lo imprescriptible del dolor. Respecto del efecto de la desaparición, decía que son delitos de lesa humanidad que ofenden la condición humana. Y a mí me secuestraron cuando tenía 16 años. Estaba embarazada de menos de tres meses y esa pregunta por la condición humana me la hice ahí, en el campo de concentración, con los ojos vendados, con cadenas en los pies. Me preguntaba cómo era posible que hubiera seres humanos que fueran capaces de tener a toda esa gente en un lugar en forma clandestina, de secuestrarla, de torturarla, de mancillar, de reducir su condición humana, de mantenerla en condiciones infrahumanas. De violarlas. De agujerearlas mediante la tortura, agujerear sus cuerpos”, dijo.

“La pregunta por la condición humana es de lo que puede ser capaz una persona en relación al mal, de traspasar todos los límites en relación a lo que son capaces de hacer. Y estas son las personas respecto de las cuales se están discutiendo estos beneficios, estos privilegios. Yo decía que traspasaron todos los límites en relación al mal de lo que no hay retorno sistemáticamente. Y en ese punto hay herramientas que se establecieron a nivel de la civilización, precisamente para sancionar, para acotar, para preservar a los seres humanos de estas expresiones del mal, del horror, de la crueldad. Son herramientas que diseñó la civilización, la humanidad y la herramienta que nos convoca. Por eso estamos acá. Es el derecho. Por eso me parece que es fundamental sostener la sanción a estos represores. Que sea efectiva y no retroceder respecto de todos los logros, otorgándoles privilegios que no son compatibles con los crímenes que cometieron”, expresó Careaga.

Las víctimas de Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik fueron muchas más personas que las mencionadas en esta nota. En la audiencia misma hablaron otras víctimas, contando sus historias y el recorrido personal y colectivo en busca de Memoria, Verdad y Justicia. Nadie en la audiencia se manifestó a favor de que los genocidas, ni estos ni otros, vuelvan a sus casas.