Puente 12 III -día 9- “Los crímenes comunes reciben penas más graves que los genocidas que le hicieron daño a la sociedad”

Al declarar como sobreviviente, María Claudia Fote reclamó justicia para su “familia diezmada” por el genocidio y para “los 30 mil desaparecidos”. Su padre, Fortunato Leandro Fote, fue uno de los fundadores del PRT-ERP junto con Mario Roberto Santucho.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Captura transmisión de La Retaguardia

María Claudia Fote declaró en el juicio Puente 12 III en nombre de su padre, Fortunato Leandro Fote, uno de los fundadores del PRT-ERP y exsecretario general del gremio de los obreros de los ingenios azucareros de Tucumán. Su padre fue secuestrado en Buenos Aires, en diciembre de 1976, y fue torturado en Puente 12, entre otros centros clandestinos de secuestro y exterminio. 

“Hace más de 40 años que estamos exigiendo justicia (pero no) las penas irrisorias” que se aplicaron en Tucumán “por crímenes triplemente calificados” en casos de “torturas seguidas de muerte”. Reclamó justicia por los asesinatos de su padre, su madre, sus hermanos, y otras 20 víctimas más de una familia que “fue diezmada” por el genocidio. 

“Se ensañaron con toda mi familia, porque mi padre era un gran dirigente y un gran militante por los derechos de los trabajadores”, aseguró.  

María Claudia Fote tenía seis años cuando el 2 de diciembre de 1976 secuestraron a su papá, Fortunato Leandro Fote. Era una familia numerosa, perseguida como pocas por su compromiso gremial, político y social. Una familia atrincherada entonces en su casa de José León Suárez, bastión popular en la zona norte del conurbano bonaerense. 

Ese 2 de diciembre, como era habitual, Fortunato salió de la casa a las siete de la mañana. Lo acompañaba Ana Díaz, prima de María Claudia. La joven y su tío se dirigían hacia la estación de trenes, cada uno rumbo a sus respectivos trabajos. En un momento, Ana perdió de vista a Fortunato, quien se había adelantado porque tenía que encontrarse con una persona. Con posterioridad, María Claudia supo que su padre tenía cita con un hombre de apellido Maldonado. Nadie sabe si ese día se encontraron en la estación. 

En su declaración en esta tercera etapa del juicio por los crímenes de lesa humanidad en Puente 12, María Claudia recordó sus seis años y el golpe que produjo el secuestro de su padre. 

“Yo la vi a mi mamá llorando porque decían que lo habían secuestrado a mi papá”, dijo. La noticia provocó una conmoción en la casa, fue una puñalada por la espalda que impactó sobre esa solidaria “familia numerosa”, que describió la testiga. Ella dijo ante los jueces que el grupo familiar estaba compuesto, hasta ese día, por su papá Fortunato, su mamá María Luisa Pacheco y sus hermanos José Leandro y Enrique Rafael Fote. Pero en la casa refugio vivían también su tía, Juana Angela Fote, con sus tres hijas: Ana, Angélica y Teresa Díaz. También tenían allí su hogar una señora a la que llamaban la Coca García y Mónica García, en ese momento la novia de uno de sus hermanos. Estaban Fredelinda Ferrer de García y su mamá, el Gringo Mena, Ani Lancelotto y su hijo Ramiro. Todos juntos bajo el mismo techo. 

Años después del secuestro, María Claudia supo que su madre presentó un hábeas corpus y realizó incansables gestiones para dar con el paradero de su esposo. 

La familia Fote, oriunda de Tucumán, venía sufriendo persecuciones desde la década del 60. Se habían mudado a la Provincia de Buenos Aires porque el clima tucumano era irrespirable para ellos. María Claudia le contó al presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, que su padre había sido “un gran dirigente, un gran militante por los derechos de los trabajadores” explotados por los dueños de los ingenios azucareros de Tucumán y el norte argentino. Por eso sufrió una persecución permanente. 

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(Entrevista en mayo de 1975 a Fortunato Leandro Fote en el periódico El Combatiente. Publicación del PRT-ERP)

“Eso pasó porque mi papá fue un gran dirigente”, insistió María Claudia ante preguntas del juez Obligado. Su padre, Fortunato Leandro Fote, en Tucumán fue trabajador del Ingenio San José, en 1961 delegado gremial del ingenio, en 1964 secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), y uno de los máximos dirigentes del PRT-ERP. En 1965 fue diputado provincial del bloque obrero del partido Acción Provinciana. Su gestión legislativa fue breve, porque el golpe militar de 1966, con Juan Carlos Onganía a la cabeza, cerró los fueros parlamentarios. 

María Claudia le aclaró al juez Obligado que la persecución a su padre y a su familia, se intensificó en 1965 y no en 1975, como había señalado el presidente del Tribunal Oral 6. Ella desplegó emocionada los antecedentes de su padre como obrero, dirigente y revolucionario. 

Sobre lo ocurrido con su padre después del secuestro, Fote dijo que se enteró que “él estuvo en Puente 12” por la información que aportó Eva Arroyo, de la Agrupación H.I.J.O.S. de Jujuy. Eva es hija de Juan Carlos “El Negro” Arroyo, quien fue secuestrado y asesinado en Puente 12. María Claudia recordó que Eva Arroyo declaró que “su papá estuvo con mi papá en ese lugar”, en referencia al centro clandestino de tortura y exterminio Puente 12. 

En su declaración, señaló que también supo que su padre estuvo en otros centros clandestinos de detención: “La Escuelita de Famaillá, la Jefatura de Policía de San Miguel de Tucumán, en Nueva Baviera y su final fue en el Arsenal Miguel de Azcuénaga”. 

La testiga recalcó que su padre “siempre estuvo trabajando por los derechos” y precisó que en 1965 su lucha se enfocó “en acompañar a los trabajadores que quedaron en la calle por el cierre de 11 ingenios en Tucumán”. La situación se agravó aún más con el golpe de Onganía: “Mi papá luchó para que los ingenios se volvieran a abrir”, contó. 

Sobre Maldonado, la persona con la que su padre se tenía que encontrar el día de su secuestro, dijo que sabe que “eran compañeros y todos estaban luchando por la justicia social”. Aclaró que no sabe si Maldonado estaba trabajando en el ingenio. “Nosotros tuvimos que huir a Buenos Aires porque éramos perseguidos al punto que dos veces nos pusieron bombas en nuestra casa”, explicó. Agregó que “toda la familia fue diezmada a raíz de la militancia de mi papá, porque fue un gran militante, defensor de los derechos de los trabajadores”. Su llegada a Buenos Aires fue en 1975. En diciembre de 1976, cuando se produjo el secuestro, “mi mamá se enteró porque le avisaron los compañeros” de su padre. Y luego, por Eva Arroyo, se enteró de que su padre había sido llevado a Puente 12. Está comprobado que luego fue trasladado a Tucumán, pero se desconoce la fecha de ese traslado. En febrero de 1977 “lo habían visto en la Escuelita de Famaillá, también lo vieron en Nueva Baviera, en la Jefatura de Policía y en julio lo vieron ya en el Arsenal”, donde “lo obligaron a un careo con un compañero que comentó que estaba muy deteriorado, con un estado físico deteriorado porque estaba muy torturado, muy golpeado y muy flaquito”. En Buenos Aires, la familia vivió “en varios lugares distintos porque nos estaban pisando los talones”. Por temor a esa persecución implacable “en ocasiones teníamos que dormir en autos”, sin un lugar fijo. En ese momento, recordó a su mamá: “Ella me contaba historias de las estrellas”, porque esa era “una forma de poder pasar la noche”. En la casa de José León Suárez “vivíamos muchos porque todos éramos perseguidos, nos unimos para podernos cuidar”. También vivieron en una casa de la calle Guaminí 131 en Villa Pineral, en la localidad de Caseros, en el partido bonaerense de San Martín. En ese lugar “secuestraron a mi mamá, a mis hermanos, a Lucía Pintos que era la chica que me cuidaba, a Monica, la esposa de mi hermano que estaba embarazada, y seguimos pidiendo por su bebé para saber si nació y dónde está”. También fue secuestrado “Ramón Angel Pintos, el hijo de Lucía Pintos”. 

Sostuvo que todo eso fue el resultado de “lo que provocó este genocidio” ocurrido en la Argentina que “dejó marcas imborrables en nosotros”. Subrayó que “no solo diezmaron a nuestra familia, porque en mi familia tenemos más de 25 desaparecidos por el hecho de que mi papá era militante”. Ante preguntas de la Fiscalía dijo que “se ensañaron con toda mi familia, secuestraron a Ana Díaz (su prima), la violaron”. Fueron víctimas “otra prima, Teresa Sosa, Juan Fote, Angela Fote, que es mi tía”. Después del secuestro de su padre “mataron a mi mamá y a mis hermanos, a Mónica, a Lucia, me persiguieron a mí que era chica; cuando iba al colegio alguien me seguía y me decía ¿Claudia Fote, te estás portando bien?”. Recalcó que por toda esa historia de familia arrasada por el Terrorismo de Estado: “Nosotros merecemos justicia, porque hace más de 40 años que estamos exigiendo justicia. No pedimos venganza, pedimos justicia por todo”. Criticó las penas aplicadas por el Poder Judicial, en Tucumán y en el país, en los juicios por crímenes de lesa humanidad. “Algunos crímenes comunes reciben penas más graves que los crímenes del genocidio, los crímenes de los que se unieron para hacerle daño a la sociedad”, planteó. 

“Las penas fueron irrisorias en la causa de los Arsenales y de la Jefatura de Policía. Les dieron 18 años por asesinatos triplemente calificados por torturas seguidas de muerte, a veces es como una burla”, dijo Fote. 

“El comisario Morales y su mujer se llevaron a Ramón Angel Pintos (el hijo de Lucía Pintos) y cuando el niño fue recuperado, después murió como consecuencia del maltrato que recibió y por no haberle dado la atención médica que necesitaba”, declaró también. 

María Claudia, en un momento de su vida, quedó al cuidado de un juez cuyo nombre no recuerda, hasta que fue encontrada por una tía suya, hermana de su mamá, con la que vivió un tiempo. Luego se fue con su abuela materna. El calvario vivido fue porque su padre “junto con (Mario Roberto) Santucho fue uno de los fundadores del PRT”. Cerró su testimonio pidiéndole a los jueces: “Por favor, quiero justicia, fueron muchos años de todo esto que tuvimos que vivir. Pido justicia por mi papá y por los 30 mil desaparecidos”.