El diario que defiende a los genocidas marca la cancha

Los reiterados pedidos del diario La Nación para garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Quién escribe los editoriales sin firma del diario? El rol que cumplió el medio durante la dictadura y su coherencia. El repaso de una charla con Guadalupe Godoy. 

Redacción: Paulo Giacobbe
Edición: Fernando Tebele
Foto: Jaime Lamont Smart leyendo el diario La Nación en una audiencia del juicio Brigadas. El juez Basílico le llamó la atención.

“Es preciso regularizar la situación de quienes están ilegal e injustamente privados de la libertad desde hace ya muchísimo tiempo”, publicó el diario La Nación, en un editorial sin firma, el 14 de diciembre del año que se nos fue recién, el 2023. “La venganza debe cesar” fue el título elegido de esta repetida arenga en defensa de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.  Apenas habían pasado cuatro días de la asunción de Javier Milei. El hecho pasó casi desapercibido quizá por estar siendo arrastrados en un remolino de caos, sufrimiento y locura a la Argentina previa a 1916; o tal vez porque ya no sorprenden esos pedidos de impunidad del diario La Nación.

¿Es acaso la coherencia una virtud?

Depende. Ser coherentes, por ejemplo, en mantener posturas antidemocráticas no merece estar ligado a cualidades que puedan estar relacionadas con el comportarse debidamente. 

El diario La Nación fue parte de los medios de comunicación que durante la dictadura publicaron noticias falsas como parte de una serie de acciones psicológicas contra la población. Necesarias dentro del plan de exterminio. Existen pedidos judiciales para que rectifiquen las mentiras que publicaron durante esa época “como un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria”, tal como lo expresó la fiscal del juicio ESMA, Mercedes Soiza Reilly.

Causa ESMA: piden a medios gráficos que rectifiquen mentiras publicadas durante la dictadura

“Estos reportes gráficos eran parte de la propaganda totalitaria para agitar en la población los fantasmas del miedo y del odio. Con claras intenciones de instalar, aún más, la división social entre los ciudadanos”, señalaron Soiza Reilly y Guillermo Friele en el cierre del alegato en 2015. 

Ya en democracia, los editoriales del diario pidiendo el fin de los juicios por crímenes de lesa humanidad le han valido todo tipo de repudios. Incluso de los propios trabajadores del diario. 

“La persecución que, con apoyo de gobiernos kirchneristas, montaron organismos de derechos humanos contra civiles y militares por hechos de los dolorosos años 70 ha continuado sembrando fragmentación y conculcando derechos y garantías de numerosos adultos mayores privados de su libertad”, falsea en su introducción el último editorial del diario La Nación. No existe tal persecución y en los juicios de lesa humanidad se respetan todas las garantías del debido proceso. Por el contrario, son los imputados los que no respetan a los tribunales, desconociéndolos y en algunos casos insultándolos o protagonizando acciones repudiables que merecen llamados de atención y sanciones. 

“Un caso paradigmático de persecución es el del doctor Jaime Smart”, continúa el editorial de La Nación, que dedicará el resto del texto a la defensa de ese condenado por crímenes de lesa humanidad, que fue Ministro de Gobierno bonaerense en la dictadura y desde ese lugar impartía órdenes a la Policía. dictadura

En este punto debemos dar paso a las premonitorias declaraciones que la abogada querellante, Guadalupe Godoy, brindó el 30 de agosto del año pasado, a La Retaguardia y Pulso Noticias, al finalizar una audiencia del Juicio Benavides. “Muchos de los editoriales de La Nación, si uno los mira, son la pluma de Smart. De hecho, en uno de los últimos que vi, había párrafos de uno de los alegatos de Smart. Me resonaron muy sencillamente”. Para ahorrar disgustos a quien lea estas líneas no ahondaremos en el editorial del diario, solo unos detalles menores. 

En esa oportunidad Godoy decía que a “Smart le cuesta aceptar, al día de hoy”, el criterio de juzgamiento que “no es sólo a quiénes fueron los responsables directos de los delitos, sino a quiénes planificaron y propiciaron el exterminio, a quienes lo llevaron adelante. Los famosos autores de escritorio. Eso es lo que más le pesa, esto de pensar que él solamente era un burócrata estatal. En realidad, y eso lo mostramos en el (juicio) Circuito Camps, la policía y todo el aparato represivo respondían a órdenes. Y esas órdenes no sólo las dio el Ejército, sino que también se dieron desde ese aparato ‘legal’, entre comillas”.

Sucede que el día de la entrevista no fue un día más del Juicio Benavidez. Fue una audiencia donde Jaime Lamont Smart, imputado en ese momento y finalmente condenado a perpetua, había dicho sus últimas palabras. “En la Causa 13 (el Juicio a las Juntas) se absuelve al teniente General Videla y al General Viola por todos los hechos que estaban investigados en esa causa, arriba de 800, porque no ocupaban el comando en ese momento del ejército, sino que habían dejado de ser comandantes, eran simplemente presidente Videla y presidente Viola”, decía Smart en su defensa trazando un paralelismo con su caso  ya que Videla y Viola fueron condenados por haber sido Jefes del Ejército, no por su accionar como presidentes de facto. El editorial del diario La Nación, no obstante, dice lo mismo sobre Smart: “Resulta imprescindible recordar que el fallo rector en la sentencia contra los comandantes de 1984 también actúa decididamente en favor de Smart, ya que, en concordancia con todo lo probado, no responsabilizó a los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola por los hechos acaecidos mientras ejercieron el poder administrador del gobierno como presidentes de facto, sino exclusivamente por los ocurridos durante su desempeño como comandantes en jefe del Ejército por el dictado de órdenes de servicio militares contrarias a la ley en su carácter de jefes de esa fuerza”. 

Esto ya lo explicó Godoy: “A Smart le cuesta aceptar, al día de hoy, el criterio de juzgamiento”. 

“Hoy, a los 87 años, Smart asiste simultáneamente a cuatro debates orales que lo tienen como acusado y soporta otros diez procesos en espera. En ninguno de los procesos hubo testigos ni indicios que permitieran relacionar al acusado con los hechos investigados”, se queja insistentemente el diario La Nación. 

“El presupuesto de la Policía de la Provincia también dependía de él como Ministro de Gobierno. Ni hablar de todo lo que implicaron las designaciones de jueces y funcionarios judiciales, donde Smart operó y sigue incidiendo al día de hoy”, explicó Godoy sobre lo ocurrido en el juicio Circuito Camps. “En ese juicio, cuando Smart alegó, se llenó la sala de funcionarios judiciales que fueron a apoyarlo. Fue la única vez, que recuerde, en la que un alegato de un imputado tuvo una presencia tan masiva. Y ese día, ante esa multitud estaba, entre otras, Cecilia Pando; fue una audiencia muy impactante. Además, se negaban a pararse cuando entró el Presidente, cuando entró el tribunal”. Finalizado ese debate, Jaime Lamont Smart, también fue condenado a prisión perpetua.

Indultos genocidas

El primero en pedir públicamente un indulto al presidente Javier Milei, fue Leonardo Cositorto, detenido por asociación ilícita y estafas varias. Algo piramidal, también se ofreció a trabajar gratis en cualquier área del gobierno. 

Pero Cositorto no fue el único en pedir un indulto. El 3 de enero de este año, el diario La Nación publicó una carta firmada por familiares de genocidas donde le exigían al gobierno cumpla con las promesas que les realizaron: “¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por las vidas de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes? ¿Qué nos pasa compatriotas? ¿Es que ya no corre por nuestras venas una sola gota de sangre? ¿No son ellos de carne y hueso y nosotros la misma cosa?”. 

Las víctimas del terrorismo judicial serían las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, que ya se dijo, no sufren tratos crueles ni degradantes en sus lugares de detención. Incluso los pocos que no están en prisión domiciliaria permanecen en cárceles VIP como la Unidad 34 de Campo de Mayo, que supera con creces las comodidades de las cárceles comunes y cuenta hasta con cancha de tenis. 

A diferencia del caso Cositorto, frente a este pedido y de cara a la sociedad, el gobierno debe decir qué clase de acuerdo realizó a escondidas con estos sectores que braman por impunidad. O negar el acuerdo si no existió.