Ahora le toca al Reprocann
Escrito por La Retaguardia el abril 22, 2024
El Gobierno nacional, en el marco de una auditoría impulsada por el Ministerio de Salud, decidió revisar los requisitos de acceso al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), además de denunciar irregularidades en la concesión de los permisos ya otorgados. Según Manuel Adorni, ahora secretario de Estado, esto se debe a que durante la gestión anterior “se aprobaron más de 90 mil solicitudes sin un diagnóstico respaldado por evidencia científica”. Matías Bregante, activista cannábico y parte de la cooperativa Lugannabis, habló con La Retaguardia acerca de lo que implica esta decisión.
Redacción: Agustina Sandoval Lerner
Edición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero
Fotos: Natalia Bernades / La Retaguardia
En 2017, se sancionó la Ley 27.350 que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Dentro del texto de la ley, se crea el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para que las personas, de forma voluntaria, se inscriban y reciban un permiso de acceso al cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos.
También, autoriza al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) al cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica. Además, establece que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) debe encargarse de regular las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento.
La dualidad de la creación del Reprocann y la persecución al consumo
Matías Bregante, activista cannábico y parte de la cooperativa Lugannabis, habló sobre lo anunciado por el secretario de Estado Manuel Adorni. “Nos parece una estocada más de todas las que está haciendo este gobierno y que, lamentablemente, las hace en función de que en los momentos que se tuvo la oportunidad de ir a fondo, no se fue”, dijo.
Acerca del retroceso en las políticas, Bregante aseguró que “la lectura que hace el Gobierno de (Javier) Milei atrasa tremendamente, porque está frenando todos los permisos y todos los pedidos de patentes y ordenamientos que hay para la industria en general y para la regulación de la venta de semillas y esquejes regulados por el Inase”.
Refiriéndose en particular a la problemática que trae la decisión del Gobierno, el activista puntualizó qué sucede con las personas consumidoras: “Para los consumidores están frenados todos los Reprocann, están todos sujetos a revisión desde hace meses, no se habilitan las renovaciones. Entonces, hay una ley que se hizo en un contexto, en un marco medicinal, donde hay un montón de usuarios y usuarias que por diferentes motivos la necesitan. Hoy el Estado no está dando respuesta y está frenando toda posibilidad de vinculación de los pacientes y de los cultivadores para tener su medicina, que en este caso es el cannabis”.
Además, planteó: “Si bien celebramos y agradecemos que exista la Ley de Cannabis Medicinal, hay una realidad que todo lo que tiene que ver con el cannabis está tejido bajo la sombra de la ley de drogas y que, como muchos dijimos desde un primer momento, se debería derogar esa ley o esa figura que hay sobre pensar el cannabis como una droga, cuando ya el mundo no lo considera así. El cannabis es un commodity que facturamos en la bolsa de comercio de los países más poderosos o mejor ubicados en esta economía capitalista”.
En tal sentido, la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes fue sancionada en 1989 y establece una serie de modificaciones al Código Penal, tipificando el consumo personal y la venta de estupefacientes. El problema que trae esta ley entre líneas es el similar tratamiento entre las personas consumidoras y las que trafican, ya que diferencia de forma muy sútil ambas figuras y, aún así, apunta a criminalizarlas por igual. Las penas van desde la prisión y multas, hasta el sometimiento a un tratamiento educativo/terapéutico. Esta última llama la atención (o no), porque obliga a las y los usuarios a realizar tal “tratamiento”, apuntando a la potencial criminalidad futura que tienen estas personas.
Una norma que se centra en la construcción de un tipo penal de autor, porque persigue a las y los consumidores, es una mera fachada de la famosa lucha y erradicación de las drogas. Sirve a los efectos de generar cierta tranquilidad en la sociedad, pero no resuelve el fondo de la cuestión. Al contrario, genera mayor criminalidad y estigmatización.
“Que aquí siga habiendo una dualidad, en la cual por un lado se permite una regulación a través de lo que tiene que ver con lo medicinal, pero por otro lado sigue habiendo una ley que te condena como narcotraficante si vos estás consumiendo un porro, ahí lamentablemente no encontramos la manera de avanzar o encontrar los caminos para conseguir las libertades que necesitamos los usuarios y usuarias de cannabis”, aseguró el activista.
Como respuesta a esta avanzada del Gobierno nacional, Bregante indicó: “Esto nos ha llamado a reorganizarnos, a seguir militando, a seguir defendiendo nuestros derechos. Seguramente que el primer fin de semana de mayo, la Marcha Mundial de la Marihuana en Argentina, sea un movimiento más que importante, como lo fue muchas veces y, en este contexto, más que nunca, trabajando todos codo a codo para seguir teniendo la planta libre”.
Lejos de las políticas de Reducción de Daños
Hace ya 10 años se sancionó la Ley 26.934 de Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos que define la Reducción de Daños como “acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”.
Las políticas de Reducción de Daños apuntan a aceptar que el consumo de sustancias existe, elaborando y pensando qué acciones se pueden realizar dentro de ese contexto de consumo. Lejos de prohibir, negar y criminalizar, se trata de una posición de ayuda y contención a las personas usuarias, otorgándoles información y herramientas para que no existan consecuencias graves sobre su salud.
Como ejemplos claros, tenemos al alcohol y el tabaco, que lejos de ser prohibidos, coexisten con campañas de concientización acerca del consumo, porque se reconoce que es imposible su erradicación.
Sería un éxito si además de la reducción de daños, se complementara con la concientización, con la atención y acompañamiento a las personas consumidoras, la promoción de hábitos saludables y prevención.
A pesar de existir una ley tan innovadora en materia de consumo de sustancias, legales o ilegales, hoy no podemos estar más lejos de promover esta política utópica.
Dentro de un Gobierno nacional que se jacta de respetar las leyes, con su famoso “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, y de promover la libertad (como ya sabemos, de unos pocos), la posición política en materia de salud y consumo es la de prohibicionismo, persecución y criminalización.
No hace mucho tiempo, Mauricio Macri, siendo presidente, había anunciado el plan integral de “Argentina sin Narcotráfico”, fijando “el problema de las drogas” como política de Estado. El objetivo principal era declararle la guerra al narcotráfico, promoviendo el accionar de las fuerzas policiales, brindando más facultades a la órbita del Poder Ejecutivo para el accionar de la erradicación del consumo y tráfico de estupefacientes, dejando en un segundo plano la cuestión de salud de las y los consumidores.
Actualmente, el Gobierno de Javier Milei no sólo sigue la línea ya impuesta de criminalización y persecución de las y los consumidores, haciendo una gran fachada de lucha contra el narcotráfico, sino que también avanza sobre políticas de salud, como lo es el acceso al Reprocann, negando la posibilidad de un consumo regulado y responsable, un derecho alcanzado con décadas de lucha y militancia.
