La Legislatura de Córdoba sesionó en un Sitio de Memoria y aprobó una capacitación obligatoria en Derechos Humanos

A escasos cien metros de uno de los lugares donde decenas de personas  estuvieron secuestradas, la Legislatura de Córdoba aprobó días atrás una capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todos los y las agentes del Estado. Además de especial, fue histórica la sesión que la Unicameral cordobesa desarrolló el 27 de marzo en el ex Grupo de Artillería, actual Refugio Libertad, una antigua guarnición del Ejército recuperada en clave de vida comunitaria.

La posibilidad de que el pleno legislativo ―70 parlamentarios― se trasladara a 60 kilómetros de la capital provincial fue gestionada por  Trabajadoras Unidas por la Tierra, una organización social que desde 2018 tiene permiso de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para utilizar una porción del predio, propiedad del Estado nacional. En estos cinco años, además de cultivar la tierra y criar animales, la organización social enrolada en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) desarrolló un galpón de reciclaje, una bodega y sala de extracción de miel, un merendero, un ropero comunitario, un espacio para infancias y una biblioteca y centro cultural. Además de un secundario para personas adultas y una granja para jóvenes en recuperación del consumo problemático de sustancias. Además es un Sitio de Memoria, porque el predio está reconocido como Centro Clandestino de Detención desde 2018 y fue oficialmente señalizado en julio de 2022.

Un jalón más en esta historia de recuperación material y simbólica lo aportó ahora la Legislatura de Córdoba, que con asistencia casi perfecta aprobó un proyecto del socialista Matías Chamorro para que, a modo de Ley Micaela, todos los y las agentes de los tres poderes del Estado y entes descentralizados tengan capacitación obligatoria en Derechos Humanos.

En el debate de unas tres horas, Chamorro expresó que la norma “busca asegurar que la dignidad humana siga siendo el pilar de nuestra sociedad y que los agentes del Estado estén debidamente preparados para proteger y respetar los Derechos Humanos fortaleciendo nuestra democracia”. El legislador del socialismo, aliado del peronismo encarnado en el gobernador Martín Llaryora, destacó: “Córdoba ha construido una política robusta en la materia, y esta iniciativa pretende seguir fomentando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, brindando herramientas con un profundo sentido pedagógico, que redunden en un fortalecimiento democrático y sus instituciones”.

La sesión se desarrolló en una de la exbaterías o cuadras donde dormían los soldados, con bancos escolares prestados por el IPET 265 de José de la Quintana, que dos días antes incorporó el nombre de “senador Luis Carnevale”, fundador de la escuela asesinado por el terrorismo de Estado en 1976. La ley aprobada lleva el nombre de Sonia Torres, referenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba y luchadora incansable por los Derechos Humanos hasta su muerte a fines del año pasado. La ocasión fue propicia para homenajear también a Luis Miguel “Vitín” Baronetto, exdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, expreso político, biógrafo de monseñor Enrique Angelelli, militante político y por los Derechos Humanos. Todos elementos que aportaron emoción a una instancia nunca antes vivida en el interior provincial.

Antes de la sesión, Mercedes Ferrero, de Trabajadoras Unidas por la Tierra, contó a los legisladores y legisladoras que el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana “no fue un predio menor en el marco del terrorismo de Estado, sino cabecera de la subárea 3117 dentro del área 311 del tercer Cuerpo de Ejército” que en los años de plomo encabezó el genocida Luciano Benjamín Menéndez. También dijo que existen denuncias judiciales por fusilamientos y enterramientos clandestinos de cuerpos de presas y presos políticos en un sector de las 880 hectáreas, y destacó el proceso de recuperación que se desarrolla desde 2018 en clave de buen vivir y comunidad rural organizada.

“Este predio permaneció muchos años en silencio, fue abandonado y después saqueado y vandalizado”, contó. Adempas, destacó que “una de las grandes deudas de la democracia tiene que ver con la ruralidad y con que quienes producen alimentos sanos en el país están bajo la línea de pobreza”, y aseguró que “en materia de Derechos Humanos es necesario legislar para fortalecer el arraigo rural”. 

Ferrero completó: “No se puede recuperar la tierra sin recuperar la Memoria”Entre el público, con emoción, estuvieron Margarita Zeniquel y Félix Rodríguez, quienes estuvieron secuestrados y declararon en varias de las causas judiciales que investigan lo que ocurrió en este lugar. Con un abrazo, celebraron esta reivindicación de la democracia en el exacto lugar donde antes hubo padecimientos, tortura y muerte.