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El gobierno no cumple los acuerdos internacionales sobre la lucha contra la trata

Escrito por el junio 22, 2024


En lo que transcurrió del año, en todas las áreas de prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento institucional respecto de la lucha contra la trata de personas, hay vaciamiento, parálisis y retrocesos graves. Facundo Lugo, excoordinador de equipos técnicos del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas habló con el programa radial La Retaguardia. Los y las trabajadoras despedidas apelan a los organismos de derechos humanos del país y el exterior para que reclamen al Estado argentino el retorno de las medidas que previenen y combaten la trata de personas.

Entrevista: Fernando Tebele / Pedro Ramírez Otero
Redacción: Valentina Maccarone
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Archivo La RetaguardiaValentina Maccarone

El Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas fue creado por la Ley 26.842, es decir, que no fue una intención de un gobierno en particular, sino que fue producto de una extensa discusión. Se trabajó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el oficialismo tenía mayoría en el Senado y la oposición en la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo tanto fue una ley muy consensuada, que salió en 2012 por votación de todos los bloques. 

El primer comité empezó a funcionar en 2015 y se convirtió en una suerte de política de Estado, porque se había iniciado durante el gobierno de Cristina Fernández, pero se le había dado continuidad durante la gestión de Mauricio Macri y continuó con el gobierno de Alberto Fernández. 

Sabemos que, en Argentina, todos aquellos temas que tienen que ver con la defensa de la vida, la dignidad y la libertad de las personas, tienen una historia y un peso importante. Los organismos que trabajan en este tipo de temas  funcionan, trabajan y gestionan más allá de los gobiernos. El gobierno de Javier Milei viene rompiendo con todas las lógicas que tiene nuestro país sobre esto. Facundo Lugo, excoordinador de equipos técnicos del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, indicó: “Estamos hablando de un delito, que no solamente lo dice la legislación nacional, sino también internacional, que ataca valores fundamentales del ser humano. Nosotros lo que habíamos empezado a trabajar primero en federalizar el comité para que no sea solamente una oficina ubicada en la Ciudad de Buenos Aires”. El objetivo se vincula con que el organismo tiene a su cargo la elaboración, diagramación e implementación de la política pública en materia de trata, que a su vez lo tiene que articular con cinco ministerios que integran este comité. “La impronta que le quisimos dar es, por un lado, federalizarlo, que haya un delegado o delegada por cada una de las provincias y secciones de la Provincia de Buenos Aires. Y, después, hacer fuerte hincapié en lo que tiene que ver con la restitución de derechos”, señaló Lugo.

—¿La acción del Comité  es desde el momento del rescate?  

No, el Comité tiene a su cargo, según como lo establece la ley tácitamente, cuatro ejes de trabajo que tiene que ver con la prevención y detección, persecución, asistencia y la articulación federal. Todo el proceso. Por eso es que nosotros  estábamos en la dirección del Comité Ejecutivo, pero estaba integrado por los cinco ministerios que tienen competencia primaria en materia de trata:  Ministerio de Trabajo, Justicia, Seguridad, Mujeres y Diversidad, y Desarrollo social. El Comité  diseñaba, elaboraba las campañas de prevención para todo el país y trabajaba conjuntamente el punto de vista judicial con el Ministerio Público Fiscal, y después la reparación inclusive a largo plazo, porque Argentina en eso es bastante avanzada. Tenemos un fondo fiduciario que lo que hacía era reparar económicamente. 

Además, el excoordinador señaló: “Queremos hacer hincapié en el desmantelamiento de la política pública de asistencia y protección a las víctimas o a las personas damnificadas por este delito, que hoy están siendo revictimizadas o están siendo vulneradas en su derecho. Habíamos generado una batería de recursos de corto, mediano y largo plazo. Hoy, lo más básico, como era un programa de asistencia económica directa, que básicamente rescatás a una persona en un campo, un taller clandestino o un prostíbulo y le tenés que dar alguna manutención para que pueda manejarse, no está. No nos están dando de alta ningún tipo de subsidio. Todos esos recursos quedaron prácticamente desmantelados, salvo honrosas excepciones que dependen del personal, como puede ser el acompañamiento terapéutico, porque hay un muy buen equipo en el Ministerio de Salud de Nación que lo sigue comprometido y a voluntad, pero no hay una decisión política de sostener este tipo de programas”.  

  

—¿Qué respuesta recibieron por parte del Gobierno nacional cuando reclamaron por el desmantelamiento?

Nosotros hemos hecho un caminito formal y de presentaciones de tipo administrativas desde diciembre del 2023. Con la asunción de las nuevas autoridades, esperamos un tiempo prudencial. Siempre los cambios de gestión generan demoras y demás. En enero, febrero, marzo, abril, fuimos haciendo presentaciones ante jefe de Gabinete o en la órbita en la cual funcionaba el Ministerio ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lo que tiene que ver con los recursos de asistencia. Hemos recibido respuestas de reuniones o promesas. En el caso concreto de los subsidios de tipo económico, el argumento es que se estaba haciendo una auditoría y que, una vez que se termine, se iba a volver a garantizar. Hay determinados temas que se pueden cortar por un cambio de gobierno. No es lo mismo un Potenciar Trabajo para una persona que está en una situación de emergencia porque no tiene trabajo, que una víctima de trata que tiene otras otras necesidades. Por eso llegamos al punto de tener que presentar una denuncia penal.

Hemos hablado con infinidad de funcionarios que a la semana renunciaron. Nosotros siempre tratamos de  dejar en claro que había vidas de seres humanos  que se encontraban vulneradas en sus derechos más vitales.  

—La mayoría de ustedes pasaron de laburar el tema desde la sociedad civil a laburarlo desde el Estado, ¿cómo transitan el regreso a trabajarlo desde la sociedad civil?

Nosotros, en realidad, nunca dejamos de pertenecer a  la sociedad civil. De hecho, parte de la gestión le dimos una fuerte impronta de trabajo con los sindicatos, con organizaciones que venían trabajando el tema, con organizaciones políticas, sociales. Siempre se mantuvo la línea, obviamente, de la sociedad civil. Por darte un ejemplo muy concreto, nosotros creamos, junto con el Ministerio de Trabajo, un programa de formación e inserción laboral que tenía un presupuesto concreto. Habíamos logrado explicar y que así quede reflejado en el programa, la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en el tema de manera seria con alguna trayectoria, pudieran tener una derivación por medio de este programa, algo que en general no se daba. Siempre volvemos o seguimos, mejor dicho, a las organizaciones de la sociedad civil, no solamente con aquellas organizaciones que tienen este tema como su objetivo, sino también involucrando a otras que se comprometieron, como los sindicatos. Trabajamos mucho con camioneros, peajes y taxistas, comprometiendo a los trabajadores y trabajadoras con este tema. 

Dar continuidad con el gobierno en contra 

Acerca de cómo están sostiendo hoy la asistencia a sobrevivientes de trata de personas, Lugo dijo: “Es un gran problema. Hoy lo que hay es un incumplimiento de los deberes que tiene el Estado, que tiene que garantizar asistencia jurídica, médica y educativa. Todo lo que subsiste está dependiendo básicamente de la voluntad de los funcionarios. No hubo ningún alta, por ejemplo, de Potenciar Trabajo desde el 10 de diciembre a la fecha, ni del Programa Acompañar. Lo que hubo sí fue regularización de gente que ya venía cobrando”. 

Además, el excoordinador señaló que “los rescates que se hicieron, por ejemplo en San Martín, Mendoza y General Alvear hace poquito, algunos no están cobrando ninguna asistencia económica”. Y planteó que el Estado tampoco está pagando los pasajes para el regreso de las víctimas. “Se está haciendo cargo el sindicato o la buena voluntad de una provincia o algún municipio. Son todos parches. Se está haciendo una asistencia muy artesanal y ante una fuerte presencia policial. Y esto lo remarco, porque es algo que ya vimos en su momento y es dejar la implementación de la política pública en manos de las fuerzas federales”. 

Finalmente, Lugo dijo: “Hoy lo que estamos viendo es que depende de la voluntad de los municipios y de las provincias. Habíamos hecho un trabajo fuerte con municipios, provincias y sindicatos, con lo cual hay una asistencia artesanal, por así decirlo, pero que de ninguna manera reemplaza la función que tiene el Estado”.


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