Por LaRetaguardia en CABA, represion

Lo dijo Victoria Darraidou, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En diálogo con el programa radial Estás muteadx, habló acerca de los gases que recibió una niña de 10 años en la represión a la movilización de jubilados y jubiladas. Además, Darraidou se refirió a las denuncias que presentó el CELS ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián Bouvier
Redacción: Julián Bouvier
Edición: Valentina Maccarone
Foto: Antú Divito Trejo / La Retaguardia

El Gobierno nacional reprimió las manifestaciones de jubilados y jubiladas por varias semanas consecutivas. Con el veto al pequeñísimo aumento a las jubilaciones que había aprobado el Congreso, la manifestación fue mayor y, también, lo fue la represión. Allí, vimos cómo las fuerzas de seguridad gasearon sin discriminar edades y afectaron a dos niñeces.

“Venimos viendo la cuestión represiva de manera muy grave desde diciembre, que es el momento en el que el gobierno actual presenta esta resolución que entiende a un derecho básico de la democracia, como es el derecho a protestar y para eso interrumpir el tránsito, como un delito. Desde entonces, sistemáticamente las protestas son reprimidas y se criminaliza a las personas que son parte de estas manifestaciones. Hay una escalada ascendente y pareciera ser que sin ningún tipo de control de las intervenciones policiales en las plazas. Hay dos personas que perdieron la vista en lo que va del año por el uso de estas armas que nosotros llamamos ‘menos letales’ y desde el Gobierno las llaman ‘no letales’. En las últimas semanas, venimos asistiendo a algo que parecía inadmisible e intolerable, que es la represión abusiva sobre jubilados y jubiladas. Tiran gas a centímetros de los ojos y el pasado miércoles el escenario fue aún más grave, cuando vimos que la policía le tiraba gases a una nena de diez años”, dijo Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Darraidou se refirió a los ataques que, particularmente, vienen recibiendo los jubilados y jubiladas y a quiénes son los “enemigos” para el Gobierno nacional: “La respuesta del Estado a estas represiones es definitivamente el apoyo político. Es una decisión política hacer esto a quienes protestan, que obviamente son un grupo de la sociedad: son las organizaciones sociales, los jubilados, los sindicatos, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones feministas. Son esos los enemigos del Gobierno. Lo plantearon a través de esa resolución que vienen manifestando en sus redes sociales,  en su apoyo a la intervención policial y, también, construyendo estas narrativas contra las personas que usan el espacio público, que cada vez somos más, porque la situación en términos sociales, económicos, políticos, es insostenible”. 

Como respuesta a la anteúltima represión, el CELS presentó una denuncia frente a organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para alertar sobre la peligrosidad y la inconstitucionalidad de las represiones que viene llevando adelante el Gobierno y sobre la falta de respuestas la Justicia. “Usar gases a centímetros del cuerpo de una nena y de un nene está en contra de todos los estándares internacionales y hasta está en contra de la propia resolución ministerial, que nosotros entendemos de cabo a rabo como inconstitucional. Esa resolución dice que estas armas generan un daño agravado y hay que tener especial atención a no utilizarlas en adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Es decir, no solo usan esa herramienta que es pésima, sino que hasta se contradicen en su propia resolución. Esto es lo que sucede cuando no hay control sobre la intervención policial y cuando se avala una intervención absolutamente represiva. Para colmo, el Poder Ejecutivo, en lugar de reconocer esto como un problema político, porque claramente hubo una autorización de reprimir de esa manera abusiva, genera toda una artimaña para hacer pasar el hecho como una falta de los manifestantes, responsabilizando en este caso a la madre (de la niña afectada)”, dijo Darraidou. 

En relación con las fotos que circularon de el niño y la niña gaseados, la integrante del CELS indicó: “Por suerte, las imágenes son más que claras para todos y todas. Fue la represión y el abuso policial el que dañó a esta niña. Y es insostenible que el sistema de Justicia siga sin responder. Cuando vemos estos comportamientos policiales, la pregunta es qué escenario de mayor gravedad están esperando para que respondan”.

Los medios de comunicación tuvieron otra vez un rol central a la hora de contarle a la población lo que pasó en estas manifestaciones. Los medios tradicionales intentaron culpabilizar a las familias del niño y la niña gaseados. Inclusive, dijeron que quienes habían propagado esos gases habían sido manifestantes, aportando falsas pruebas que luego tuvieron que desmentir. “Primero, los niños y las niñas sí pueden acompañar a sus familias a las protestas sociales, eso es un derecho. No podemos olvidar el rol fundamental y la tradición en nuestro país que tienen los y las adolescentes en defender, por ejemplo, el derecho a la educación en el espacio público. Están queriendo instalar esta idea de enfriamiento del debate público, el ‘chilling effect’, como lo llaman en inglés, que es que ante estos hechos la gente va a tener cada vez más miedo de usar la calle y un padre o una madre va a tener más miedo de que sus hijos e hijas adolescentes vayan a una protesta social, porque efectivamente pasa esto. Justamente, esto es lo que tenemos que seguir defendiendo. La calle es de las personas que viven en Argentina, que tienen todo el derecho a protestar. La policía no puede hacer lo que quiere, pueden hacer un uso de la fuerza bajo un parámetro legal”, dijo Darraidou. 

“Lo que vimos es un uso ilegal de la fuerza. El Gobierno es responsable de esa intervención policial y tiene que aplicar sanciones a los responsables directos y jerárquicos de esa decisión. No podemos retroceder como comunidad. Desde el CELS, venimos haciendo denuncias sistemática y repetidamente ante los organismos de protección de derechos humanos internacionales, a mecanismos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde actualizamos la situación de Argentina, informando y detallando las situaciones graves que ocurrieron el miércoles pasado”, explicó. 

Estas denuncias ante organismos internacionales, van acompañadas de diversas presentaciones que también viene realizando el organismo frente al Poder Judicial de nuestro país y al Ministerio de Seguridad. Pero, la integrante del CELS indicó que estas presentaciones no son recibidas y que no hay canal de diálogo alguno con el Gobierno: “Nosotros vamos a seguir insistiendo para que exista ese diálogo y para que retrocedan en este tipo de medidas. Sin lugar a dudas, las presentaciones que nosotros hacemos ante los mecanismos internacionales son para que justamente el gobierno argentino escuche las recomendaciones que tienen para hacer esos mecanismos. En julio, tuvimos una audiencia con la Comisión Interamericana, donde el Estado argentino tenía que rendir cuentas sobre lo que ha estado haciendo en relación con el derecho a la protesta. Recordemos que esos estándares forman parte de nuestro acuerdo y nuestro plexo normativo. Entonces, tendría que atenerse a su cumplimiento en Argentina”. 

El CELS realizó un informe junto con 23 organizaciones de América, titulado “De pies a cabeza”, donde registran los problemas de las armas que estos organismos llaman ‘menos letales’. “En contextos de protesta social, veíamos con mucha claridad y con mucho horror esos hechos que ocurrían en Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Bueno, ahora es Argentina el país que está mostrando casos de violencia institucional gravísimos con el uso de armas menos letales en contextos de protesta social. Y eso es lo que denunciamos ante los mecanismos internacionales”, concluyó Darraidou.