Por LaRetaguardia en Derechos Humanos, pablo llonto

Lo dijo el abogado y periodista Pablo Llonto en entrevista con La Retaguardia, a propósito de su nuevo libro sobre el alegato del juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. También hizo referencia a la preocupante lentitud en el avance de los juicios de lesa humanidad y en cómo el Estado bloquea las áreas de asistencia.

Entrevista: Fernando Tebele
Redacción: Nicolás Rosales
Foto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia

No es común encontrar a Pablo Llonto en un juicio de lesa como público y no como abogado querellante. Pero eso ocurrió la semana pasada durante la declaración en Comisaría 5ª III de Miguel Laborde, el esposo de Adriana Calvo. Al finalizar, Llonto dialogó con La Retaguardia acerca de los juicios en general y también sobre el lanzamiento de su nuevo libro con el alegato en Contraofensiva. “Estuve siguiendo el testimonio de Laborde, después de tantos años de haber escuchado el primero judicial, en aquel momento, en 1985, en el Juicio a Las Juntas, para tener presente la coherencia y la templanza para seguir aportando más datos y más datos a fin de buscar no solo a los genocidas sino también identificar a todos que estuvieron como víctimas en los distintos Centros Clandestinos del Circuito Camps”, comenzó diciendo.

―En los juicios se te ve tomar notas habitualmente, ¿cambia algo en la escucha cuándo no estás trabajando como abogado querellante?

―Sí, en función de a veces querer preguntar algo, mando algún mensaje a algún abogado o abogada que está en el juicio para tratar de preguntar algo, pero en general son anotaciones. De hecho de cada testimonio uno anota. Acá hubo una mención a un hipotético profesor de filosofía en la Comisaría 5ª y tenemos ahí algún dato de un profesor de filosofía que estuvo dando vueltas por La Plata. Será cuestión de cruzar datos y ver si se trata de la misma persona.

―¿Cómo fue el pedido de reunión entre los organismos de Derechos Humanos y la Corte Suprema?

―La Corte Suprema hace dos meses atendió a dos pedidos de reunión de parte de organismos o grupos en la defensa de los Derechos Humanos. Uno de ellos es el “Colectivo Mario Bosch”, de abogados y abogadas de lesa humanidad en todo el país, y los otros son más de 240 organismos. La idea central de ambos pedidos es que la Comisión Interpoderes reciba a los organismos y abogados para explicarles la situación de las causas de lesa humanidad y su lentitud en todo el país. Esta Comisión Interpoderes fue creada por la Corte en el 2008, hace 16 años, para acelerar los juicios y para ver los problemas que tenían estas causas ya a 5 años de iniciados los juicios en aquel momento. Las causas de lesa humanidad hoy, con diferentes volúmenes, no como el de 2006, son cada vez más. Nosotros seguimos presentando querellas y denuncias de casos todos los años. Nos recibió el Director de Relaciones Institucionales de la Corte. Nos atendió y escuchó. Fueron cerca de 25 representantes de organismos, y un grupo de abogados y abogadas del grupo que integro “el Mario Bosch”, allí tomaron nota prometiendo trasladarle esto inmediatamente al presidente y miembros de la Corte. Ahora, solo queda esperar.

―Según el contexto, ¿Cómo analizás los juicios?, teniendo en cuenta también algunas absoluciones que generaron polémica y repudio.

―Habrá que ver si el indicador de absoluciones continúa el año que viene y aumenta mucho y entonces podremos hablar de impacto del contexto. Lo que sí está impactando en los juicios respecto de Milei, su hermana, Villarruel, del grupo de diputados libertarios que fue a visitar a los genocidas, es el bloqueo de ayuda de parte del Estado a los juicios. Esto se visualiza con distintas medidas, desarmando equipos de investigación, despidiendo a trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, de Sitios de Memoria, etc. Son acciones que se suman mes a mes siendo un indicador totalmente distinto, inclusive al gobierno de Macri.
Hace pocos días, por decreto, se dispuso la venta de algunos inmuebles estatales, entre los cuales se encontraba “La Perlita” en Córdoba, y un terreno, una porción de Campo de Mayo que tenía una medida cautelar. Tuvimos que presentar un escrito para decirle a la jueza Alicia Vence que le haga saber al Ministro de Defensa y al Ejecutivo que esa porción de terreno que apareció en el decreto tiene una medida cautelar. Por suerte, la jueza ordenó librar oficio para que se notificara al Ministro de Defensa y al Ejecutivo que ese inmueble no se puede vender. Nos llamó la atención también, que tras la intención de venta de ese terreno de Campo de Mayo, el intendente de Tres de Febrero en las redes sociales publicó un festejo al respecto. Ahí quieren hacer un Parque Industrial”.

―Por último, ¿de que se trata tu nuevo y último libro “Derecho a la Resistencia”?

―Esta es una idea de “Cooperativa La Minga”, que también está vinculada al movimiento de derechos humanos. Un tiempo después de la sentencia de la causa “Contraofensiva”, que ustedes cubrieron, pidió si era posible publicar el alegato de defensa del juicio. Ese alegato fue colectivo, en el sentido que se construyó con el aporte de investigaciones de años y años de familiares de víctimas y de abogados que le dimos forma de alegato. Nos pareció importante la publicación en tiempos que se habla de resistencias, tener los elementos para oponerse a todo lo que hay que oponerse y sobre todo a las violaciones de todos los derechos humanos que están siendo pisoteados por este gobierno.

El libro se encuentra en preventa en https://www.cooplaminga.com/shop. El 19 de noviembre a las 18:30 será la presentación oficial en la sede del SiPreBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la calle Solís 1158.