Por LaRetaguardia en Derechos Humanos, Lesa Humanidad - publicado el 19 diciembre 2025

El TOF de Comodoro Rivadavia condenó a 5 militares, policías y prefectos retirados por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el Regimiento de Infantería 8 “General O’ Higgins”, el principal centro clandestino de esa ciudad de Chubut durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, y otros escenarios de la represión ilegal en la provincia de Santa Cruz.

Redacción: Ailín Bullentini
Foto de portada: Saúl Gherscovici

Con la lectura del veredicto condenatorio, que sucedió pasado el mediodía del jueves, culminó el primer juicio de lesa humanidad que revisó secuestros, torturas, homicidios, desapariciones y delitos sexuales cometidos en Comodoro Rivadavia y la provincia de Santa Cruz, desde que el proceso de juzgamiento a genocidas de la última dictadura cívico militar comenzó, hace más de 20 años. 

El debate se extendió durante tres meses y contó con decenas de testimonios de familiares de víctimas y sobrevivientes de secuestros y torturas que sucedieron en el centro clandestino “Las Casitas”, como fue bautizado el RI 8, y en otros escenarios como la sede de Prefectura y de la Policía provincial, además de algunos puntos en la provincia de Santa Cruz. 

“Acá, en Comodoro y en toda la Patagonia, pasó la dictadura y pasaron las ‘tres A’, pero la lejanía con la capital y del foco de atención hicieron siempre muy difícil traspasar la muralla del silencio”, evaluó Elena González, docente universitaria y militante comunista “desde siempre” en diálogo con La Retaguardia. 

González es cofundadora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), con sede en Comodoro, la agrupación desde donde surge el principal impulso al trabajo por la memoria, la verdad y la justicia —y el resto de las luchas en defensa de los derechos humanos— de la zona, y presenció gran parte de las audiencias del debate por la “Causa 8008” como se conoció popularmente al juicio que acaba de terminar. Desde el lugar de militante histórica, consideró que el juicio es “importante especialmente para la comunidad” ya que “tiene su aporte en la ruptura del silencio: hay gente en la ciudad que recién se está enterando de lo que pasó” en dictadura en la Patagonia. 

El debate comenzó a fines de agosto pasado y por decisión de la presidenta del tribunal, Ana María D´Alessio, y de sus colegas Enrique Baronetto y Alejandro Cabral, no fue televisado. El TOF rechazó el pedido de La Retaguardia para transmitirlo en vivo. La cobertura mediática fue escasa y estuvo a cargo de medios locales y comunitarios, como El Extremo Sur y La Posta Comodorense, que presenciaron y realizaron crónicas sobre algunos de los testimonios más fuertes, como el del exfiscal Ramón Torres Molina y Edita Rubilar, sobrevivientes de “Las Casitas”; o el de Mirta Silveira, sobreviviente y hermana de Guillermo, el único detenido desaparecido de la causa. Algunos testigos también participaron de la inspección al Regimiento de Infantería N°8, donde funcionó “Las Casitas”, algo que para la zona también fue histórico. 

Un juicio importante, aunque tardío

El expediente que se convirtió en eje central del juicio que culminó ayer, nació en 2008 y fue elevado a juicio en 2017, pero varios de los hechos núcleo de la investigación quedaron registrados en denuncias que recogió la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), apenas culminada la última dictadura. Entonces, sobrevivientes como Luis Porciel contaron las torturas que sufrían por las noches en “Las Casitas”, o las condiciones en las que Jorge Morgavi fue mantenido cautivo en esa dependencia del Ejército, tabicado, atado a la pata de una cama y brutalmente golpeado. 

La popularmente conocida “Causa 8008” comenzó a trabajarse en 2008 en la justicia federal chubutense. En 2017, el fiscal federal de primera instancia, Norberto Bellver, solicitó la elevación a juicio de parte del expediente: entonces consideró que unos 14 miembros del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía de Santa Cruz debían responder en debate oral y público por el secuestro y las torturas sufridas por 23 personas entre 1976 y 1983 en el centro clandestino “Las Casitas” y otras dependencias de fuerzas armadas y de seguridad en el territorio, además del homicidio de una de las víctimas y el abuso sexual sufrido por otras dos. 

Aquel requerimiento, que contaba con 11 exintegrantes de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales acusados de haber participado en el plan sistemático de represión ilegal desplegado en la región patagónica entre 1976 y 1978, fue unificado con otras dos causas más pequeñas. En total, de los 16 imputados en los papeles, solo 7 estuvieron en condiciones de transitar el juicio oral en su contra y llegaron a escuchar la conclusión del TOF: los militares Raúl Cruz, Eduardo Rodríguez y Fernando Pedernera; los policías de Santa Cruz Mario Pérez, Francisco Sevilla, y Rafael Manuelides; y el prefecto Alfredo Lisseri. 

Para casi todos ellos, la Fiscalía solicitó penas de entre 3 y 19 años de prisión. La excepción fue Manuelides, para quien el fiscal Nürnberg pidió la absolución. 

Jorge Chanfreau, quien fue jefe del Regimiento 8, y su segundo, Italo Pasquini, fallecieron antes de que la Justicia pudiera hacerlos responsables de sus crímenes. Con la misma impunidad biológica fueron beneficiados el prefecto Carlos Gómez Coll y los policías provinciales Roberto Blumetti, José Mercedes Muñoz y Carlos Seguel Páez, y el policía federal Carlos Moreno.

Según el requerimiento fiscal, todos integraron o colaboraron con el aparato represivo estatal que en Comodoro Rivadavia y la Patagonia austral operó bajo el control del Ejército, en coordinación con fuerzas de seguridad provinciales y federales, en el marco del plan clandestino de represión instaurado antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Veredicto histórico

En su veredicto, el TOF de Comodoro Rivadavia calificó a los hechos como crímenes de lesa humanidad. Las condenas se basaron en los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Fueron bastante más bajas que las solicitadas por la Fiscalía y para cinco acusados: Cruz, que se desempeñó en Inteligencia del Ejército en Comodoro Rivadavia, fue condenado a 11 años de cárcel, la pena más elevada de la sentencia; el policía Francisco Sevilla recibió 6 años de cárcel; su colega Mario Pérez, 7 años por el agravante de aplicación de vejámenes. Al prefecto retirado Alfredo Lisseri y al militar retirado Eduardo Rodríguez, se los condenó a 3 años y 6 meses. 

En tanto, el TOF absolvió al militar retirado Fernando Pedernera y al policía santacruceño Rafael Manuelides, para quien también la fiscalía había solicitado absolución. La desaparición de Guillermo Silveria, de cuyos restos aún no hay rastros, tampoco pudo ser traducida en pena alguna: su principal responsable, Chanfreau, el entonces jefe del RI 8, falleció antes de ser juzgado. 

Pese a estas diferencias, la comunidad que milita las banderas de Memoria, Verdad y Justicia en la zona confirmaron que el fallo es histórico: “En una ciudad sobre la que venimos intentando arrojar un poco de luz sobre el pasado reciente, en donde está instalado el ‘no pasó nada’, en donde lo que a nivel general hoy se ve como una estrategia discursiva negacionista es como aquí se narra la historia, este fallo es histórico”, apuntó la docente de Historia Natalia Álvarez.