Por LR oficial en Abuso policial, Comisión Provincial por la Memoria, Derechos Humanos, policía bonaerense - publicado el 8 diciembre 2025

Tres policías bonaerenses fueron detenidos porque, como en los peores tiempos de la dictadura militar, sometían a torturas a los presos, aplicando métodos similares a la picana eléctrica. Las personas privadas de su libertad eran torturadas con pasajes de corriente eléctrica en el primer piso de la Comisaría 1ª de Moreno. 

Redacción: Carlos Rodríguez 

“Las torturas actuales ocurrieron en el mismo lugar y con la misma metodología que en la dictadura”, confirmó a La Retaguardia Martha Ibarra, referente de Moreno por la Memoria. La entrevistada sumó un dato que revela una situación inédita: la fiscal que impulsó la causa por las torturas ocurridas este año es hija de un represor que estuvo procesado, detenido y que falleció antes de recibir la condena. 

En la comisaría 1ª de Moreno, con la misma metodología, fueron atormentadas más de cien personas secuestradas durante la dictadura cívico-militar. Por esa razón, fue declarada sitio de memoria en 2013. 

Algunos de esos casos están siendo juzgados hoy en la causa Mansión Seré IV—RIBA II, cuyas audiencias son transmitidas en vivo por La Retaguardia. 

El circuito represivo de la zona oeste del conurbano estuvo integrado por los centros de tortura y exterminio Mansión Seré, Brigada Aérea de Palomar, VII Brigada Aérea de Morón, las Comisarías de Castelar, Haedo, 1ª de Morón, Destacamento de Paso del Rey, Subcomisaria de Francisco Álvarez y la Comisaría 1ª de Moreno. 

La historia se repite

Los imputados por las torturas ocurridas este año en la Comisaría 1ª son los policías Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito. Al menos diez personas fueron víctimas y ahora se trata de identificar a otros agentes que también participaron en las sesiones de tortura. 

“Los detenidos que fueron torturados ahora, igual que en la dictadura, fueron obligados a poner los pies en una palangana con agua, a la que los policías introducían un cable conectado a una batería”, contó Ibarra. 

“En ese primer piso hay dos habitaciones y, cuando los llevaban, les hacían poner los pies en el agua porque de esa manera no quedan signos del pase de corriente eléctrica”, explicó la entrevistada, que tuvo acceso a la causa en la que interviene como particular damnificado institucional la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). 

La causa comenzó el 1 de agosto pasado y la comisaría estuvo desde entonces bajo control judicial. Sin embargo, el 21 del mismo mes, un joven detenido de 21 años fue hallado muerto en su celda. Apareció ahorcado, en circunstancias que se investigan. 

La orden de detención de los tres policías fue dictada por la jueza de Garantias 1 de Moreno, Adriana Alicia Julián, por pedido de la titular de la UFI número 7 de esa localidad, Erica Chiessi. 

Los cargos contra los uniformados son por los delitos de “torturas, abuso de autoridad y vejaciones” en perjuicio de al menos diez detenidos. La jueza rechazó el pedido de excarcelación solicitado por los defensores de los policías. 

La información se conoció al principio a través de comunicados emitidos por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Como consecuencia de lo ocurrido, la comisaría se encuentra ahora incluida dentro de las medidas cautelares dictadas en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Los hechos, acreditados en la causa, ocurrieron entre el 5 de junio y el 1 de agosto de este año, con intervención directa de integrantes del Gabinete Técnico Operativo (GTO), nombre con el que se denomina al servicio de calle. 

Un hecho inédito

Martha Ibarra señaló que, el mismo 1 de agosto, cuando la CPM presentó la denuncia, la fiscal Erica Chiessi realizó un allanamiento en la comisaría 1ª, lo que posibilitó el secuestro de los elementos de tortura. 

La entrevistada reveló que la fiscal Chiessi es hija del comisario retirado Roberto Chiessi, ya fallecido, quien fue detenido por crímenes  de lesa humanidad el 16 de mayo de 2018. La detención fue ordenada por el juez federal Daniel Rafecas, en el marco de la causa por los crímenes ocurridos en la Mansión Seré. Al comisario se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria. 

Chiessi fue secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno durante las gestiones de Mariano West y Andrés Arregui. Al principio, estuvo alojado en la Alcaidía de los Tribunales de Comodoro Py, donde fue indagado por Rafecas. 

El padre de la fiscal, con el grado de oficial principal, cumplió funciones en el entonces Destacamento de Paso del Rey (hoy Comisaría 5ª de Moreno) durante los primeros años de la dictadura militar. El destacamento dependía de la Comisaría de Moreno (la hoy Comisaría 1ª), a cargo del comisario Omar Hernández, también detenido por delitos de Lesa Humanidad. El destacamento donde estuvo el comisario Chiessi formó parte del circuito represivo que giraba en torno de Mansión Seré. En esa dependencia policial se produjeron, al menos, cinco casos de secuestro y torturas en las que estaba involucrado Chiessi, de acuerdo con la causa judicial a cargo de Rafecas. 

Luego de la indagatoria, a Chiessi se le otorgó la prisión domiciliaria “en atención a su delicado estado de salud”. Poco tiempo después murió. 

Los testimonios de las víctimas de 2025

Los relatos de los detenidos, dados a conocer por la CPM, dan cuenta de una práctica sistemática que consistía en el ingreso de varios agentes a las celdas, con el objetivo de aplicar violencia física, proferir amenazas y cometer humillaciones aberrantes. 

Los cargos contra los tres policías detenidos son por los delitos de “torturas, abuso de autoridad y vejaciones” en perjuicio de al menos diez detenidos. Por la gravedad de los hechos, la jueza rechazó el pedido de excarcelación solicitado por los defensores de los agentes. 

La CPM tomó conocimiento del caso a partir de una denuncia telefónica que derivó en la realización de un monitoreo sorpresivo –el 1 de agosto– en la dependencia policial.

Los relatos de las víctimas son coincidentes en cuanto a que sufrieron la aplicación de “pasajes de corriente eléctrica”, método impuesto en la Argentina en forma sistemática por la dictadura cívico-militar. 

La CPM sostuvo que la rápida intervención de la fiscal Chiessi permitió el secuestro de los elementos de tortura descriptos por las víctimas.  

Todo derivó en el procesamiento y la prisión preventiva de los tres policías, Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito.  

Uno de los testimonios, a cargo de un joven de 24 años, dio cuenta de los actos de violencia sufridos. En el informe difundido por la CPM, se señaló que el testimonio del joven “es escalofriante” porque “cuenta que si oía puertas metálicas cerca del calabozo en el que estaba detenido comenzaba a llorar por el terror que lo invadía”.

El olor le recordaba el traslado al lugar donde sufrió las torturas. 

Martha Ibarra explicó que en los hechos ocurridos durante la dictadura en la misma comisaría, los y las sobrevivientes “recordaron el terror que producía en ellos el ruido de las puertas metálicas que atravesaban los represores” cuando los trasladaban al primer piso de la dependencia policial para ser torturados con picana eléctrica. 

El joven de 24 años que declaró en la causa actual, recordó que en varias ocasiones “los tres agentes del Gabinete Técnico Operativo (GTO), vestidos de civil, lo habían sacado a los golpes” de su celda para llevarlo al primer piso. Una vez allí “lo golpeaban durante media hora en sesiones que incluían el pasaje de corriente eléctrica en los pies”. 

Al mismo tiempo “lo obligaban a desvestirse injustificadamente, lo amenazaban con abusar sexualmente de él y le rompían las pertenencias y la comida que le llevaba su madre”. Otros detenidos sufrieron, durante varios meses, la “violencia extrema y las torturas de los integrantes del GTO”.

Uno de los hechos más graves ocurrió una noche en la que “varios policías vestidos de civil” ingresaron en forma violenta a un calabozo colectivo. La excusa fue la búsqueda de un teléfono celular. Todos los detenidos fueron agredidos “con patadas y golpes de puño”. El relato coincidente describe así a los autores: Uno era “petiso, morrudito, y era el que más se ensañó con las golpizas”; otro era un “flaco, alto”, y un tercero “grandote, rubio”. La descripción tuvo otros detalles que concuerda con las características físicas de los tres policías detenidos. 

En el informe se aclaró que se sabe que “participaron otros efectivos policiales cuya identidad aún falta determinar”.

Otro de los presos denunció con detalle las torturas con pasaje de corriente eléctrica. Declaró que una noche 

“lo llevaron a la oficina del GTO (…) y lo obligaron a colocar los pies en el interior de una palangana con agua”. 

Acto seguido, tiraron dentro de la palangana “las pinzas conectadas a los cables de un cargador de batería de auto. Luego “empezaron a amenazar y a atormentarlo, exigiendo información sobre presuntos hechos delictivos”. 

Como la víctima no tenía información para darles, “le aplicaron pasaje de energía por alrededor de dos minutos. Esta secuencia con el cargador de baterías lo padeció al menos dos veces, y en una tercera ocasión lo amenazaron con sumergir en la palangana directamente un cable pelado conectado a 220 voltios”. Eso le hubiera producido una muerte inmediata. 

La investigación judicial determinó que el registro de las cámaras de seguridad fue borrado. Además de la causa judicial, ese punto es también investigado por la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

La CPM sostuvo que “la tortura y los malos tratos en dependencias policiales son un problema estructural y sistemático: no se trata de casos aislados sino de un modo de gestión policial mediante prácticas violentas”. En el caso interviene la CIDH, como resultado de una presentación que hizo la CPM en 2014. La CIDH, mediante una resolución, instó al Estado argentino a disponer “medidas para garantizar condiciones dignas de detención y evitar el riesgo a la vida y la integridad de las personas alojadas en dependencias policiales”. 

La comisaría primera de Moreno, a pesar de sus antecedentes, había sido habilitada en forma reciente por la Sala V del Tribunal de Casación.

En la inspección realizada en agosto pasado, además de las torturas, la CPM constató “las degradantes condiciones materiales de alojamiento en calabozos, buzones y demás espacios de encierro: falta de luz natural y artificial, mucho olor a orina y falta de limpieza, aislamiento prolongado y en espacios demasiado estrechos y constante presencia de violencia física”. 

Ante esta situación, se pidió al Tribunal de Casación que la comisaría sea inhabilitada, planteo que fue resuelto favorablemente. Pero, a pesar de esto, a los pocos días fue encontrado sin vida el detenido Gonzalo Federico Ruiz, de 21 años, detenido desde el 21 de agosto. Lo encontraron ahorcado en uno de los calabozos.