Por LR oficial en Derechos Humanos, Lesa Humanidad - publicado el 13 diciembre 2025

Se cumplió un nuevo aniversario de la lectura del veredicto de este proceso judicial que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Fue la primera vez que se juzgó a los altos mandos de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Apenas habían pasado dos años de la restauración democrática. Luces y sombras desde la mirada de uno de los periodistas que cubrió aquel juicio y hoy integra el equipo de La Retaguardia.

Redacción: Carlos Rodríguez
Foto: Eduardo Longoni

Desde hace años, La Retaguardia transmite en vivo los juicios de lesa humanidad. La contundencia de los relatos de familiares y sobrevivientes, está a la vista de quienes quieran conocer la verdad. En 1985, el momento político que se vivía en el país redujo de manera sustancial la difusión del Juicio a las Juntas Militares, de cuya sentencia se cumplieron 40 años. 

Para las y los periodistas que cubrimos ese juicio, aunque algunos conocíamos las denuncias por escrito, escuchar a quienes sobrevivieron y a sus familias, tuvo un impacto que marcó nuestras carreras en el oficio de informar. Al menos eso es lo que me ocurrió a mí. 

Una democracia incipiente, frágil, contradictoria, impidió en 1985 que las imágenes de la televisión llegaran a millones de hogares. Privó el miedo a la reacción que pudieran tener los rezagos vigentes de la reciente dictadura. 

La agencia Noticias Argentinas (N.A.), para la que cubrí el juicio, publicó cada día, al instante, los 839 testimonios. Pero, claro,  la información le llegaba a los medios abonados, no a los lectores ni a los oyentes, y mucho menos a los televidentes. 

Los relatos se podían leer, al día siguiente, en resúmenes de diarios de todo el país o completos en el Diario del Juicio. 

Pero el relato escrito no tiene el mismo impacto que la transmisión en vivo, con imagen y sonido, como ocurre ahora. 

Desde N.A. las crónicas del juicio salían minutos después de cada testimonio, pero no llegaban en forma directa al público en general. Las radios y la televisión recibían esas crónicas, pero en la TV sólo podían mostrar algunas imágenes breves y nada de audio. 

La frágil democracia era atosigada por personajes funestos que seguían trabajando en las sombras o a plena luz del día. Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA y testigo del Juicio a las Juntas, recordó que sus abogados les recomendaban no decir que militaban en Montoneros o en el PRT: “Decíamos que éramos de la Juventud Peronista”. Pesaba sobre las víctimas del genocidio la falaz teoría “de los dos demonios”, que pretendía equiparar la resistencia con el Terrorismo de Estado. Esa falacia que hoy pretende ser reeditada por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. 

Recuerdo como el primer día los testimonios de Adriana Calvo,  Miriam Lewin, Iris Avellaneda y Víctor Basterra. 

Siempre que hablo del Juicio a las Juntas, menciono el testimonio de un entrenador de básquet que no tenía militancia política, pero igual fue secuestrado en Córdoba y trasladado a La Perla. 

Ese hombre, conmovido, recordó a un joven militante de la Juventud Guevarista que siempre enfrentaba a sus torturadores. Como represalia, los represores se ensañaban con él a la hora de la tortura. El testigo, con la voz entrecortada, relató que ese chico “cuando salía de la tortura, siempre cantaba La Internacional”. 

El ejemplo de ese chico anónimo para mí, y el de los 30 mil compañeros y compañeras, me lleva a seguir cubriendo los juicios de lesa humanidad, para que sigan las condenas a los genocidas. 

El país de 1985

En abril de 1985, cuando comenzó el Juicio a las Juntas Militares, la Argentina se debatía entre dos fuegos. Por un lado, la presencia monolítica de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, acompañadas ahora por millones que exigían “nunca más” Terrorismo de Estado.  

Por el otro lado estaban las acechanzas de quienes, desde las sombras o a plena luz del sol, querían la impunidad y reivindicaban el genocidio. 

Desde 1980, fui redactor de la agencia Noticias Argentinas. En N.A. se escribía sobre todos los temas, sin censura. 

Un cambio notable, luego de pasar por Télam y la agencia Saporiti. 

En 1975, cuando llegué a Télam, la discusión política, la participación de las y los trabajadores de prensa era explosiva. Después del golpe, con la asunción de Carlos Marzano como director periodístico, Télam se convirtió en un sitio donde estábamos en libertad condicional. 

Ni hablar de Saporiti, intervenida por la SIDE en 1979. 

Mi primer rescate fue colaborar, en 1980, en la revista del Servicio Paz y Justicia, gracias a la generosidad de Adolfo Pérez Esquivel. 

Con la ayuda de unos colegas bolivianos, pude acreditarme y asistir a la Asamblea General de la OEA 1980, en La Paz, Bolivia. Allí se dio a conocer “El Caso Argentino”. Así se denominó el informe elaborado en 1979 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su visita a Buenos Aires y otras ciudades para recibir el testimonio de familiares y sobrevivientes del Terrorismo de Estado. 

El secretario general de la OEA era Alejandro Orfila, un mendocino que había sido embajador argentino en la Unión Soviética en 1948. De fuerte vínculo con los Estados Unidos, Orfila había sido expulsado de la URSS, acusado de espionaje. En ese entonces, todo era una de cal, otra de arena. 

La CONADEP

Cuando empezó el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con la ayuda de Susana Caride, sobreviviente, y de Augusto Conte, abogado del CELS, acompañé a los sobrevivientes que recorrieron para dar testimonio sobre los crímenes ocurridos en El Olimpo, en El Banco, en la comisaría de Olavarría, y lo poco o nada que quedaba del Club Atlético y El Vesubio. Recorrer esos lugares fue un impacto muy fuerte. 

En N.A., junto con Osvaldo Gazzola, cubríamos derechos humanos. En la agencia conocí a Nora Cortiñas. Norita era quien llevaba los comunicados de las Madres de Plaza de Mayo, en ese momento nucleadas todas juntas en la Asociación. De la mano de Norita conocí a Hebe de Bonafini, a María del Rosario Cerrutti, a todas las Madres. 

En diciembre de 1984, salió a la calle el primer ejemplar del periódico Madres de Plaza de Mayo. Durante 15 años escribí la Galería de Represores, que se publicaba en la contratapa. 

Tuve el honor de trabajar junto a Osvaldo Bayer, Alipio Paoletti, Eduardo Luis Duhalde, Gabriel Fernández, Vivian Elem, Alberto Guilis, Raquel Angel, Ana Paoletti, Rodolfo Luna, Herman Schiller y Liliana Samuel, entre muchos compañeros y  compañeras.  

El periódico de las Madres no se llevaba muy bien con Raúl Alfonsín. El segundo número, publicado en enero de 1985, le respondió duro al presidente radical, quien había dicho que las Madres estaban “contra la Nación” por sus cuestionamientos a la política de DDHH. 

La volanta de la tapa de ese periódico decía: “Mientras Alfonsín protege a los genocidas, acusa a las Madres de ser ‘antinacionales’”. El título era: “¿Quién está contra la Nación?”. 

Juicio a las Juntas: que sí, que no

En abril de 1985, tras la separación de las Madres y la creación de Línea Fundadora, me quedé con la Asociación, liderada por Hebe y María del Rosario, sin romper mi vínculo afectivo y de reconocimiento eterno a Nora Cortiñas. 

Las “Madres de Hebe”, como solían llamarlas, eran muy críticas de la política de derechos humanos del gobierno de Raúl Alfonsín. 

El entonces Presidente era un histórico integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y solía concurrir, antes de asumir el cargo, a conferencias de prensa que comenzaron a realizarse en forma reiterada, desde 1980/81, para denunciar casos de violaciones a los derechos humanos. Es cierto que Alfonsín asistía a esas conferencias de prensa, tan cierto como que siempre se ubicaba en las últimas filas del público y se retiraba antes de que comenzaran las preguntas a los abogados y figuras políticas presentes. 

Uno de los hechos más graves que provocaron críticas al gobierno de Alfonsín, en ese año 1985, fue la existencia del el llamado Grupo Alem, creado por el alfonsinismo para “cuidar la democracia”. En ese engendro estaban infiltrados personajes nefastos como Raúl Guglielminetti, el “Capitán Guastavino”, o Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, junto con otros torturadores y secuestradores convocados por el gobierno. 

Las contradicciones abundaban en esos tiempos. Se hablaba en los corrillos políticos de una inminente amnistía de los genocidas, lo que se concretó, después del Juicio a las Juntas, con el disfraz del Punto Final y la Obediencia Debida. 

Como resultado de las idas y venidas del gobierno, las Madres lideradas por Hebe fueron críticas del Juicio a las Juntas, aunque algunas integrantes de la Asociación dieron testimonio en la audiencia. 

Aunque desde mi lugar compartía las dudas, consideraba que el juicio era muy importante, a pesar de todo. La decisión fue seguir escribiendo en el periódico de las Madres, y al mismo tiempo cubrir para N.A. el Juicio a las Juntas, desde el 22 de abril hasta el 9 de diciembre de 1985. 

Si bien había tenido conocimiento de los testimonios por escrito, presenciar el juicio, escuchar en vivo a sobrevivientes y familiares, fue una experiencia rica y dolorosa. Tan fuerte como ver en el banquillo de los acusados a los nueve comandantes de las Juntas. 

La agencia N.A. difundió a sus abonados —entre ellos decenas de diarios de todo el país—, despachos con los 839 testimonios que se escucharon en el juicio durante más de 530 horas de audiencias. 

En la tarea fui acompañado por dos compañeros, Alberto Riobó, acreditado en el Palacio de Tribunales, y Juan Carlos Nori, quien recibía y publicaba nuestros informes en la redacción de N.A. 

Yo escuchaba uno o dos testimonios, y salía hacia la sala de prensa, mientras Riobó ingresaba a la audiencia para seguir escuchando a los testigos. Tomábamos apuntes a mano porque no se podía grabar dentro del recinto de sesiones. Salíamos y “armábamos” el despacho comunicándonos con Nori, quien permanecía en la agencia. Nosotros pasábamos la información y con la ayuda de Nori, le íbamos dando forma a la redacción final. Nos comunicábamos por teléfono fijo, no había celulares. Tampoco nos sentábamos a escribir. Eso lo hacía Nori, en la agencia, siguiendo nuestros relatos. 

Una vez escritos, los testimonios se iban difundiendo en forma inmediata, uno por uno, con una llamada en la línea final: “continuará”. Las radios o la televisión, abonados a N.A., podían dar la información en forma inmediata, pero muy pocos —o nadie— lo hacían. 

Nosotros íbamos pasando uno por uno los testimonios y cuando finalizaba cada jornada, Nori escribía una cabeza informativa general. Junto con ella, se “pegaban” todos los despachos anteriores, para facilitarle a los diarios la publicación, textual, de los despachos que transmitía la agencia al término de cada jornada de juicio. 

Entre otros, los diarios que recibían el servicio de N.A. eran el Río Negro, de esa provincia; La Arena de La Pampa; El Tribuno de Salta; El Día de La Plata; La Gazeta de Tucumán; El Diario de Entre Ríos; La Capital de Rosario; La Voz del Interior de Córdoba; La Nueva Provincia de Bahía Blanca; El Diario Popular de Buenos Aires, y Los Andes de Mendoza. 

Todos esos diarios, junto con otros de todo el país, no solo eran abonados sino que eran dueños de N.A. Hasta 1982, Clarín y La Nación eran abonados de N.A., pero dejaron de serlo luego de la creación de la agencia Diarios y Noticias (DYN). 

La agencia N.A. tenía carta abierta porque sus sucesivos directores periodísticos, Horacio Tato y Raúl García, eran periodistas en serio, que querían informar, cumplir con el rol del periodista. 

Podían hacerlo porque los dueños de la agencia eran radicales, peronistas, socialistas, por nombrar los casos del Río Negro, El Tribuno o La Arena. También había fachos recalcitrantes como los dueños de La Nueva Provincia. 

En el juicio se escucharon cientos de testimonios desgarradores, como los de Adriana Calvo, Miriam Lewin, Alejandra Naftal, Iris Avellaneda y otros que fueron también vitales para la continuidad de los juicios de lesa humanidad, como los documentos aportados por Víctor Basterra. Fueron muy largas las audiencias, sobre todo las relacionadas con los delitos de lesa humanidad ocurridos en la ESMA, en La Perla, en El Banco, El Vesubio, El Olimpo y tantos otros. 

La sentencia del juicio a las juntas, el 9 de diciembre, marcó un hito inicial, aunque algunas bajas condenas y las absoluciones dejaron gusto a poco. Los que estuvieron en el banquillo de los acusados fueron los nueve integrantes de las tres Juntas Militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983. 

Los jueces fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, miembros de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo. El fiscal Strassera quedó inmortalizado por su alegato final, escrito por el dramaturgo Carlos Somigliana. El papel de Moreno Ocampo fue secundario y como bien recordó Miriam Lewin en una charla de la que participamos en la sede de ATE Capital, cayó en grave desprestigio porque fue uno de los costosos abogados que defendió al cura Julio César Grassi, condenado por pedofilia. 

Coherente con su postura de siempre, La Nación rememoró los 40 años del juicio a las juntas con una entrevista a Luis Moreno Ocampo. 

Fueron condenados a reclusión perpetua Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, en ambos casos con destitución como miembros de las Fuerzas Armadas. 

Roberto Eduardo Viola fue condenado a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a 8, y Orlando Ramón Agosti a 4 años y seis meses de cárcel. Todos ellos también con destitución. 

Fueron absueltos Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Anaya.