Por LR oficial en Derechos Humanos, Lesa Humanidad, Molinos Río de la Plata - publicado el 11 septiembre 2026

Emilio Parodi es juzgado por los secuestros de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto Rivolta Bonino. La fiscalía y las querellas lo señalaron como coautor y describieron el rol empresarial el operativo represivo. El juicio completo será transmitido por La Retaguardia y Pulso Noticias. 

Redacción: Ailín Bullentini (para la cobertura especial de La Retaguardia y Pulso Noticias)

El juicio contra Emilio Jorge Parodi, ex jefe de Personal de la planta de Molinos Río de la Plata de Avellaneda, comenzó este jueves en los tribunales federales de La Plata con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de las partes acusadoras. El Ministerio Público Fiscal y las querellas que representan a familiares de trabajadores perseguidos, secuestrados y desaparecidos, al Estado provincial y nacional, a organismos de Derechos Humanos y a agrupaciones gremiales coincidieron en calificar de crímenes de lesa humanidad a los secuestros de los obreros Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, ocurridos durante la última dictadura cívico militar. Y también en señalar a Parodi como coautor de esos hechos: en calidad de jefe de Personal de la planta que el gigante de la industria de la alimentación argentina tuvo en Avellaneda, Parodi no podía no saber que el Ejército ingresó y se llevó de allí a trabajadores militantes de quienes no se supo nunca más nada. Los tres ―y otra veintena― continúan desaparecidos.  

El juez Pablo Wilk ―uno de los tantos designados en los últimos meses por el Gobierno nacional― estrenó su puesto de presidente del Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata dando apertura a uno de los juicios más esperados del proceso de juzgamiento a genocidas dentro de la jurisdicción: el que se le sigue a Parodi es el primer debate oral y público dentro del proceso de juzgamiento a genocidas de la última dictadura en La Plata que pone la lupa sobre la complicidad civil empresaria con la persecución, el secuestro y la desaparición de trabajadores organizados. Lo acompañaron sus colegas Nelson Jarazo y Jesica Sircovich. 

Los tres, al igual que fiscales, abogados e integrantes de las diferentes querellas que participan en el debate, siguieron la lectura de las acusaciones cada quien desde sus respectivos hogares, oficinas y despachos. También lo hizo el acusado, a quien se vio   en muy buenas condiciones sus 85 años. Cumple prisión preventiva y domiciliaria desde 2023, cuando fue detenido en su casa de Olivos, al norte del Conurbano bonaerense.

Tras casi cuatro horas de lectura, Wilk indicó que la próxima audiencia sería recién a fin de mes y que estaría dedicada a la indagatoria del acusado quien, en instrucción, negó todos los cargos. Las partes acusadoras reclamaron más audiencias semanales y celeridad, a más de 50 años de los hechos que serán juzgados por primera vez.

Crimen de lesa humanidad y complicidad civil: una acusación de consenso 

La primera jornada del debate transcurrió en monótonas lecturas de requerimientos de elevación a juicio. Por pedido del abogado defensor de Parodi, el secretario del TOF debió leer la descripción de los hechos bajo juicio y su traducción en clave de Código Penal, que realizaron la Unidad Fiscal especializada en Crímenes de lesa humanidad platense; y las querellas de familiares; Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y su par bonaerense; del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera.

De manera coincidente, todas pidieron al juez de instrucción Ernesto Kreplak, quien investigó la denuncia por el secuestro y desaparición de más de 20 trabajadores de Molinos Río de la Plata durante la dictadura, que lo siente a Parodi en el banquillo de los acusados por su coautoría en esos hechos. Palabras más, palabras menos, los documentos leídos durante la audiencia describieron una acción coordinada entre las fuerzas represivas y distintos sectores jerárquicos de Molinos. Las listas con los nombres de quienes debían ser secuestrados, el retiro previo de sus tarjetas de ingreso, el acceso de los grupos de tareas a la fábrica, el conocimiento que la empresa poseía sobre la actividad sindical de sus empleados y el posterior ocultamiento de información son algunos de los elementos sobre los que se apoyan las acusaciones.

“Ha empezado un juicio importantísimo”, calificó Pablo Llonto, abogado querellante en representación de Analía Fernández, hija de uno de los trabajadores cuyo secuestro es eje del debate y una de las impulsoras de la denuncia que inició la causa. “Es un juicio inédito en la zona, esperamos que se pueda llegar a una condena”, coincidió Ana Oberlin, fiscal auxiliar. “Molinos representó siempre una poderosa multinacional que atacó y persiguió a sus militantes, a los trabajadores militantes sindicales, delegados, comisión interna. Pasaron muchos años no solo sin castigo a los autores de estos crímenes, sino casi sin mención a la participación de la empresa en esos crímenes”, amplió Llonto.  

Es el cuarto juicio dentro del proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura que se lleva a cabo en todo el país y que ya sentó en el banquillo a civiles jerárquicos o dueños de Ford, Las Marías y La Veloz del Norte. El debate que comenzó este jueves es el primero de la jurisdicción platense que se lleva a cabo. “Sentamos a la parte civil del golpe de Estado. Es diferente porque analizaremos la responsabilidad en los crímenes de aquellos que fueron beneficiados en sus negocios por la dictadura”, sostuvo Verónica Bogliano, de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. 

Se espera que en octubre comience en San Martín el juicio por secuestros de trabajadores de la Mercedes Benz contra Juan Rolando Tasselkraut, jerarca de la automotriz. El que debía comenzar este año contra directivos de Ingenio La Fronterita permanece suspendido a la espera de definiciones sobre la salud de los acusados. El proceso contra Jorge Lemos, el segundo en la cadena de mando de Ingenio Ledesma ―Carlos Blaquier murió impune amparado por el Poder Judicial― también quedó en el limbo. “Sabemos de esas causas, pero Molinos permanecía un poco oculta así que el juicio también tiene esa importancia: la de sacar de la oscuridad y del olvido a una de las empresas que más castigó duramente a los trabajadores que se organizaban para reclamar”, señaló Llonto. 

En ese sentido, el hecho de que entre las partes acusadoras esté participando el sindicato y la federación que representa y nuclea a trabajadores aceiteros es otro punto fuerte de este debate. “Somos querellantes a partir de que hemos investigado, de que hemos escuchado los relatos de los familiares de aquellos compañeros y compañeras que hoy no están, y consideramos que siguen siendo afiliados porque están desaparecidos”, explicó Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón. 

Tres trabajadores secuestrados en Molinos

Finalmente, Parodi llegó a juicio acusado por tres de los más de 20 secuestros: Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino. El operativo se produjo el 7 de julio de 1976 en la planta situada en Deán Funes 90, Avellaneda. Según la reconstrucción acusadora, integrantes de las fuerzas represivas llegaron a la planta en dos camiones del Ejército e ingresaron armados a la fábrica con listas que contenían nombres de trabajadores. Las víctimas fueron obligadas a subir a los vehículos. Desde entonces permanecen desaparecidas.

Francisco Fernández tenía 27 años, trabajaba en la sección Mecánica y desarrollaba actividad gremial. Esa mañana ingresó para cumplir su turno, que comenzaba a las seis. Cuando llegó al sector donde los trabajadores marcaban su entrada, descubrió que su tarjeta no estaba. Un integrante del personal de seguridad le indicó que se dirigiera a la oficina de los llamados “bomberos”, ubicada dentro del establecimiento. Allí lo esperaban las personas vestidas de civil que lo secuestraron.

Héctor Della Nave, que entró a la planta junto con él, declaró que dos hombres lo tomaron dentro del establecimiento y lo sacaron hacia la calle. Marcelo Flamenco aportó que la tarjeta había sido retirada y que Fernández fue enviado a la guardia de los bomberos. Otros compañeros vieron un vehículo fuera de lo habitual y escucharon, pocos minutos después, que se lo habían llevado.

Santos Ojeda tenía 24 años y era delegado gremial. Fue interceptado cuando salía de la fábrica. De acuerdo con el testimonio incorporado a su legajo de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), quienes participaron del operativo se presentaron ante el jefe de Personal como integrantes de Coordinación Federal. Le pidieron a Ojeda que se identificara, lo apuntaron con un arma y lo obligaron a subir a un vehículo. Su familia recibió inicialmente información de que se encontraba en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, pero cuando fueron a llevarle ropa negaron que estuviera allí.

Roberto Rivolta Bonino tenía 35 años. Fue secuestrado cuando se disponía a ingresar a la planta en medio del mismo despliegue represivo. Su caso fue reconstruido mediante el legajo de la Conadep, documentación laboral de Molinos y testimonios de sus compañeros.

Las acusaciones

Para la fiscalía, Parodi realizó desde su puesto jerárquico una contribución esencial para crear las condiciones que permitieron los tres secuestros. Su aporte habría incluido la obtención y entrega de información sobre los trabajadores, la confección o circulación de listas, la disposición de las instalaciones de la empresa para el operativo y el posterior ocultamiento de lo ocurrido.

Numerosos exempleados identificaron a Parodi como jefe de Personal o como responsable de tareas gerenciales vinculadas con Recursos Humanos. El propio acusado reconoció que ocupó la jefatura de Personal de la planta de Avellaneda entre 1974 y 1979, aunque negó haber tenido poder de decisión o contacto con las Fuerzas Armadas y de seguridad.

A esa admisión se sumaron documentos en los que su trayectoria aparece descrita de una manera más amplia. En un perfil profesional atribuido al acusado, incorporado al expediente, figuraba como gerente de Recursos Humanos y Asuntos Públicos de Molinos desde diciembre de 1974 y aseguraba haber tenido “responsabilidad total por la gestión de RR.HH. y RR.PP.”. Una publicación institucional de la empresa también lo ubicó al frente de Relaciones Industriales.

Uno de los núcleos probatorios está compuesto por los testimonios sobre las listas utilizadas por los secuestradores. Hugo Lasalle y Carunchio declararon que los integrantes del operativo llegaron con nóminas que habrían sido entregadas por Parodi. Guido Almaraz sostuvo que los nombres habrían pasado primero por el personal de seguridad, luego por Parodi y finalmente habrían sido entregados al Ejército.

La fiscalía consideró que dentro de Molinos se había montado “un sistema de inteligencia destinado a la obtención de información”, materializado en listas que permitieron identificar a los trabajadores por su actividad política y gremial. El área dirigida por Parodi tenía acceso a los legajos laborales, donde constaban sus datos personales y domicilios.

La mecánica del operativo constituye otro de los indicios centrales: los grupos represivos pudieron ingresar en la planta, permanecer dentro de ella y seleccionar a las víctimas mediante sus tarjetas. Fernández y Rivolta Bonino fueron capturados mientras ingresaban y Ojeda cuando salía. Para los acusadores, ese despliegue no habría sido posible sin autorización y colaboración interna.

El requerimiento fiscal también incorporó lo sucedido después de los secuestros. Los libros laborales contenían omisiones, contradicciones o datos que no reflejaban lo ocurrido. En el caso de Ojeda, por ejemplo, Molinos lo había registrado como trabajador solamente hasta 1975, pese a que los testimonios lo situaron trabajando en la planta el día de su secuestro. La fiscalía entendió que esas registraciones contribuyeron a ocultar la verdad y a impedir que las familias obtuvieran información.

La querella representada por Llonto señaló que el aporte de Parodi fue indispensable: sin la colaboración de quienes conocían a los trabajadores y controlaban el establecimiento, los secuestradores no habrían podido ingresar, identificar a Fernández y llevárselo en plena jornada laboral. 

El mismo análisis desarrollaron las demás querellas, quienes ampliaron su responsabilidad a los casos de Ojeda y Rivolta Bonino al igual que la Fiscalía. La acusación pública sostuvo que los tres secuestros fueron cometidos con intervención de personas físicas que dirigían la actividad empresarial, controlaban a los trabajadores y unieron el funcionamiento de la compañía con el aparato clandestino de represión estatal. Esos aportes, concluyó, formaron parte del plan sistemático de desaparición de personas y deben ser juzgados como crímenes de lesa humanidad.

“Determinadas acciones del imputado importaron una facilitación o favorecimiento, un actuar funcional para que pudieran llevarse a cabo los secuestros y la trama que acompañó a las desapariciones forzadas de las víctimas”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal.

Así los fiscales calificaron a Parodi como coautor funcional de las privaciones ilegales de la libertad de Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino. Según esa interpretación, no fue necesario que ejecutara personalmente las detenciones: su aporte desde la estructura empresarial constituyó una pieza del reparto de tareas que hizo posible el operativo.