Por LR oficial en Derechos Humanos, Lesa Humanidad, Molinos Río de la Plata - publicado el 25 septiembre 2026

El empleado jerárquico de la empresa emblema del Grupo Bunge y Born dijo que no iba a declarar. Fue durante el día 2 del juicio que lo tiene como único acusado. Las audiencias continúan el próximo martes 29 de septiembre con el comienzo de las testimoniales.

Redacción: Ailín Bullentini

De prolijo traje oscuro, Emilio Jorge Parodi se sentó en el estrado de la sala de audiencias donde el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata lleva a cabo el juicio en su contra por el secuestro de tres trabajadores de Molinos Río de La Plata durante la última dictadura cívico militar. “¿Usted quiere declarar o no?”, le preguntó Pablo Wilk, presidente del TOF luego de leer un resumen de los delitos de lesa humanidad por los que se lo está juzgando. Sin descruzar los dedos de sus manos, que los mantuvo entrelazados durante los breves minutos que permaneció sentado ante la Justicia, el ex jefe de Personal de la planta que Molinos tenía en Avellaneda, dijo que no. “Por recomendación de mis defensores, por el momento no voy a prestar declaración indagatoria”, puntualizó. 

A pesar de que las querellas reclamaron que se programaran testigos además de la indagatoria de Parodi, no hubo más planificado por parte del tribunal para la audiencia que se desarrolló este jueves en el marco del histórico debate oral que comenzó hace dos semanas. Los testimonios comenzarán el próximo martes 29. 

Lo primero que dijo Parodi no bien se acomodó en la silla del estrado pasadas las 11 de la mañana fue que sufría de hipoacusia. Pidió disculpas y advirtió que solicitaría reiteración si no escuchaba bien lo que el magistrado le decía. 

Wilk le preguntó cuántos años tenía. “85 años”, respondió el acusado. Luego, a qué se dedicaba: “Jubilado y ejerzo de abogado con las limitaciones del caso (su edad, se sobreentendió). Y, por último, cómo consideraba sus condiciones de vida: “Digamos que vivo dignamente, puedo vivir bien desde el punto de vista económico”, respondió. Cuando fue consultado por su estado de salud enumeró escuetamente los “achaques de la edad” que sobrellevaba, por lo que se vio, más que dignamente: hipertensión, arritmia, problemas en la columna, hipoacusia. 

Al cierre de la audiencia, sus defensores solicitarían que “debido a su estado de salud” se le permitiera a Parodi seguir el juicio desde su casa, como si los “achaques de la edad” le impidieran trasladarse desde Olivos, en donde vive y cumple prisión domiciliaria, hasta la sala de audiencias.”Lo evaluamos y lo vamos a resolver”, respondió el presidente del Tribunal en relación a una decisión que deberá tomar junto a sus colegas Nelson Jarazo y Jesica Sircovich.

Tras la presentación y los datos de rigor, Wilk leyó al acusado los delitos que se le endilgan: coautor del secuestro de un grupo de trabajadores de la planta de Avellaneda de la empresa Molinos Río de La Plata, crimen de lesa humanidad. Según la reconstrucción de la fiscalía y las querellas, el 7 de julio de 1976, como parte de un operativo ilegal llevado adelante por fuerzas de seguridad que ingresaron a la fábrica armados y portando listas que contenían nombres de trabajadores, Francisco Fernández, Santos Ojea y Roberto José Rivolta Bonino fueron obligados a subir a un camión del Ejército argentino. Continúan desaparecidos. “Usted se desempeñó al momento de los hechos como jefe de Personal y también a cargo de tareas gerenciales o de dirección centradas en el área de recursos humanos” de aquella planta fabril, leyó el magistrado. 

Las acusaciones sostienen que el operativo no podría haberse realizado sin la colaboración de integrantes de la estructura jerárquica de Molinos. Parodi, que se desempeñó como jefe de Personal entre 1974 y 1979, tenía acceso a los legajos, los datos personales y la información sobre la actividad gremial de los empleados. Para el Ministerio Público Fiscal, desde ese lugar realizó un aporte esencial para identificar a las víctimas, permitir el ingreso de los represores y facilitar los secuestros.

Entre los elementos reunidos en la causa figuran testimonios sobre las listas utilizadas durante el operativo, el retiro de las tarjetas de ingreso de algunos trabajadores y el acceso sin obstáculos de hombres armados a las instalaciones. También fueron incorporadas las inconsistencias y omisiones detectadas posteriormente en los registros laborales de la empresa.

Parodi oyó serio. Detrás suyo, sentadas en primera fila de la sala, también lo hicieron Analía Fernández, hija de Francisco, y Roxana Freitas, hija de Avelino Freitas, otro trabajador de Molinos detenido desaparecido por el que, aún, Parodi no fue acusado. Las mujeres, que conocieron por primera vez el rostro en persona de quien es señalado como uno de los responsables de las violaciones a los derechos humanos de sus padres, que no pudieron contener la emoción al cierre de la audiencia, fueron las responsables de impulsar la denuncia contra los civiles de Molinos hace una década y media. 

“Fue muy fuerte para los familiares verlo ingresar a la sala”, apuntó Pablo Llonto, el abogado que los representa. En diálogo con La Retaguardia, Llonto remarcó la importancia de la presencialidad en los juicios de lesa humanidad: “Estamos acostumbrándonos a que todo sea por Zoom, pero la presencialidad tiene otra mirada. Ojalá los jueces entiendan que tiene que ser así, que se trata de juicios orales y públicos. Orales y públicos significa presenciales, y que la excepción tiene que ser la transmisión por Zoom o por cualquier aplicación”. 

Tras la negativa de Parodi a declarar, algo que esperaban las partes acusadoras, el TOF ordenó que se leyera el descargo que el acusado había presentado en julio de 2023, poco tiempo después de haber sido indagado. 

En aquel escrito planteó su “absoluta ajenidad” e “inocencia” en relación a los hechos. El escrito es un recorrido profesional del acusado. Planteó que entre 1974 y 1979 fue jefe de Personal de la planta Avellaneda de Molinos. Aclaró que “no participaba del directorio ni tenía ningún poder de decisión”. Hasta el 81 fue jefe de Relaciones Laborales y hasta 1991 jefe de Relaciones Industriales, cuando se desviculó. Desde entonces brinda “asesoramiento a empresas en materia de recursos humanos” y ejerce “libremente” la abogacía. También fue docente en UBA, en carrera de grado y maestrías, en la Universidad de Tucumán, en UCES y UAI.   

El proceso es el primero de la jurisdicción federal de La Plata que analiza específicamente la responsabilidad de un jerárquico empresarial en crímenes cometidos contra trabajadores durante la última dictadura. Las partes acusadoras lo inscriben dentro de una trama más amplia de persecución a delegados, activistas y militantes sindicales, de la que las empresas resultaron beneficiadas.