Por LR oficial en CABA, desalojo, Marcha de las Escobas - publicado el 30 junio 2026

El viernes 19 de junio se realizó la “Marcha de las Escobas” en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron centenares de inquilinos, inquilinas y personas expulsadas a la intemperie. La organización estuvo a cargo de la “Coordinadora contra los desalojos” y marcharon desde Avenida Corrientes y Callao hasta el Edificio del Plata (Carlos Pellegrini y Sarmiento), propiedad del Grupo IRSA presidido por Eduardo Elsztain, símbolo de la opulencia inmobiliaria. 

Redacción: Sergio Zalba
Edición: Pedro Ramírez Otero

“Vivienda SI, desalojo NO”, fue la consigna principal de la “Marcha de las Escobas”. Pedido que incluyó un manojo de reclamos: impuestos especiales a las viviendas ociosas, control en el precio de los alquileres, construcción de viviendas sociales, y otros muchos vinculados al mudo laboral y a la asistencia social.

Huelga de Inquilinos

El 22 de octubre de 1907, la policía de Ramón Falcón asesinó a Miguel Pepe, joven anarquista de 15 años que resistió el desalojo del conventillo “Las Catorce Provincias” en el barrio de San Telmo. Con un balazo incrustado en la cabeza de Miguelito llegó el final de la “Huelga de los Inquilinos”, cuya expresión callejera llevó el nombre de “Marcha de las Escobas”.  Una vez más, la sangre militante selló un logro popular: freno a los aumentos, rebaja sustancial de los alquileres y mejora de las condiciones habitacionales y de higiene que se padecía en los conventillos.

Aquella huelga comenzó en agosto. Hartos de aumentos insostenibles, más de 100 mil inquilinos e inquilinas dejaron de pagar las rentas. Y mientras los varones sostenían sus trabajos, muy precarios en su mayoría, las mujeres echaban a escobazos a los cobradores y a los policías. El protagonismo femenino fue total. Ellas, “las débiles”, se pusieron en primera línea para defender a sus familias, para no dejarse ahogar en el oprobio que proponían los propietarios.  

Más de un siglo después, aunque existieron tiempos muchísimo mejores, la situación se tornó bastante parecida. Por entonces, no había leyes que regularan los alquileres. Hoy tampoco. A principios del siglo XX no había créditos ni facilidades para construir o comprar viviendas. Hoy tampoco. En aquellos días, la cruel mishiadura arrastraba a los más empobrecidos; los llevaba bajo techos de ninguna dignidad, de cielorrasos enmohecidos, de paredes descascaradas, bajo aleros y balcones. Hoy también. Las calles de Buenos Aires, la ciudad más opulenta del país, está habitada por unas 12 mil personas que duermen en las veredas. Entre ellas, casi un millar y medio, son niñas, niños y adolescentes en edad escolar. 

Miles de casas vacías y sin lugares para vivir

En los últimos años confluyeron dos factores explosivos: por un lado, la escasez de trabajo y la extrema precarización de las fuentes laborales, por otro, el avance de un modelo de ciudad que pone a los negocios inmobiliarios muy por encima de las necesidades de sus habitantes. Políticas de la Nación y de la Ciudad que se asociaron para el bien de pocos y para el mal de multitudes.

Según un informe de la asociación “Inquilinos Agrupados”, unas 500 mil personas —el 17% de quienes viven en CABA— no logran acceder a una vivienda adecuada. Y afirman que la mayoría de esas personas “viven hacinadas en barrios populares y en degradantes hoteles e inquilinatos, expuestos a profundos riesgos ambientales, sin seguridad en la tenencia de la tierra y en una emergencia habitacional extrema.”

La misma organización declara que “durante los últimos 18 años, el gobierno del PRO impulsó un modelo de gestión urbana centrado en favorecer negocios privados. Para eso, avanzó en la venta y concesión de tierras públicas —más de 500 hectáreas— y transfirió al sector privado espacios y servicios que antes estaban en manos del Estado”. En estos años no se utilizó ni un centímetro de tierra para vivienda social, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad está virtualmente paralizado.

La construcción, sin embargo, no se detuvo. La edificación de los últimos quince años está en el orden de las 100 mil viviendas, pero los precios siguen subiendo, tanto para la compra como para el alquiler. La ley de “la oferta y la demanda” no parece ajustarse a esta realidad. Porque no se construye para vender ni para alquilar. Se construye, en muchísimos casos, como inversión financiera. De otra forma no se explica que más de 200 mil viviendas estén vacías. Y mientras tanto, cerca del 40% de los hogares son alquilados, lo equivalente a un millón doscientas mil personas imposibilitadas de acceder a la vivienda propia.

Desalojos

Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 se registraron en CABA 621 desalojos que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas. Así lo señala un reciente informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo. El mismo documento, titulado “Desocupaciones y desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Mayo 2026) indica que en 2024 el 98% de los desalojos porteños tuvieron origen judicial, sin embargo, en lo que va del 2026 el 58% fue de carácter administrativo, desalojos impulsados “mediante clausuras de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias”. De este modo, bajo el pretexto de riesgos de derrumbes, se desalojaron a 222 familias que incluyen a 215 niños, niñas y adolescentes. “Este cambio evidencia una expansión del uso de mecanismos administrativos originalmente previstos para situaciones excepcionales y de riesgo inminente, hoy aplicados con una escala creciente y un fuerte impacto sobre familias en situación de vulnerabilidad habitacional”, plantea el informe. En forma simultánea, “se suma el crecimiento de las clausuras totales, que implican la evacuación de la totalidad de las personas que habitan el inmueble. Sobre 386 clausuras registradas entre 2024 y 2026, las parciales representaron el 42% y las totales el 25%. La desagregación anual revela un crecimiento exponencial de las totales: del 2% en 2024 al 56% en 2026”.  Las medidas administrativas y el número de personas afectadas manifiestan claramente el recrudecimiento de la intención expulsiva del Gobierno de la Ciudad. Cuanto menos pobres habiten en la Reina del Plata más grande es el regocijo del círculo rojo capitalino. Lo mismo que se observa en el atropello a los vendedores ambulantes, la estigmatización de los barrios populares o la cárcel prometida a los “trapitos”.   

Orden y Progreso

“La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden”. Así sentenció Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su mensaje de apertura de las 29ª sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. “Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el estilo de vida de los porteños que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano”, concluyó.

El binomio de Orden y Progreso acuñado por Augusto Comte nos remite necesariamente a la Generación del 80 y su conservadurismo, no obstante, es innegable que buena parte de la población porteña adhiere plena y gozosamente. Esto no es nuevo. Casi veinte años consecutivos de liberalismo explícito en la Ciudad son un claro signo de esa adhesión. Hoy la novedad se juega en una suerte de competencia con el gobierno nacional por mostrar cuál de los dos ejerce el poder con mayor violencia.

Mientras en la ciudad se avanza con operativos como “Tormenta Negra” o la “Operación Muro”, en un combo que incluye decenas de desalojos administrativos, clausuras y tareas constantes de “limpieza social”, en la Legislatura nacional, no sólo se eliminó la Ley de Alquileres, sino que se discute la “Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada”. 

En marzo de este año, a instancias del ministro Federico Sturzenegger, ingresó en el senado un proyecto de ley cuyo objetivo se expresa así: “Eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.  El citado proyecto no sólo diluye la capacidad del Estado frente a posibles expropiaciones y elimina el límite de tenencia de tierras por parte de extranjeros, sino que avanza sobre el Código Procesal Civil modificando los procesos de desalojo. 

La sanción de esa ley incluiría tres nuevas medidas que complicarían aún más la vida de los inquilinos:

• Permite el desalojo inmediato con sólo 10 días de deuda de alquiler.
• Elimina la posibilidad de saldar la deuda para evitar ese desalojo.
• Elimina las garantías que inquilinos e inquilinas pueden usar para defenderse en un juicio de desalojo.

La imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios populares, el aumento desregulado de los alquileres, la facultad de efectuar desalojos inmediatos y la libertad absoluta para mantener viviendas ociosas, junto a la escasez laboral y la depreciación de los salarios, no parecen evitar que, por algún tiempo más, siga habiendo mucha gente sin casa y muchas casas sin gente.