Por LR oficial en abuso sexual, carceles, Comisión Provincial por la Memoria, Derechos Humanos - publicado el 29 agosto 2026

Torturas, malos tratos y “abuso sexual con acceso carnal”, son los cargos que enfrentan como autores o partícipes necesarios 15 penitenciarios/as bonaerenses ―8 mujeres y 7 hombres―, por hechos ocurridos el 3 de junio pasado en la Unidad Penal 51 de de Magdalena. 

Redacción: Carlos Rodríguez

Las y los penitenciarios fueron detenidos por haber sometido a métodos propios de la dictadura militar a cuatro mujeres privadas de su libertad. Las víctimas fueron golpeadas, rociadas con gas pimienta arrojado sobre sus rostros y sometidas al llamado “submarino húmedo”. 

El abuso sexual cometido contra dos de las víctimas por los penitenciarios varones fue presenciado por las jefas del penal y alentado por una de ellas.  

Una de las víctimas de violación, a la que ni siquiera le brindaron contención psicológica, intentó suicidarse horas después de sufrir el abuso. El caso fue denunciado ante la justicia por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. 

La CPM se entrevistó en la cárcel con las víctimas y, como primera medida, las y los penitenciarios involucrados fueron pasados a disponibilidad por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 

La detención de las y los autores de los hechos fue solicitada por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta y ordenada por el juez de Garantías Juan Pablo Masi. Las detenciones incluyen al personal jerárquico: la jefa de vigilancia y tratamiento Daiana Belén Balmaceda; la subjefa de vigilancia, María Belén Toledo; la jefa de requisa, Antonela Belén Cingolani; la encargada de turno, Agustina Ailen Orona, y la inspectora de Vigilancia, Florencia Anahí Ortiz. 

También se dispuso la detención de Daiana Ayelen Villafañe, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguaran, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas German Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena. Algunos de los imputados varones son integrantes del personal de Sanidad, del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y de la Brigada Penitenciaria Contra Incendios (BPCI). 

Las y los involucrados están considerados como autores o partícipes necesarios de los delitos de tortura, abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por personal de fuerzas de seguridad durante sus funciones. 

La noche del 3 de junio, mientras las calles se llenaban de mujeres manifestando contra la violencia de género, en el penal se desató una represión a partir de una pelea entre dos mujeres. 

Un grupo de penitenciarios ingresó a uno de los pabellones de la planta alta arrojando gas pimienta y encerró a las detenidas en las celdas, donde quisieron “revisarlas”. Como varias se negaron a desnudarse frente al personal masculino del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), les arrojaron gas pimienta directamente en la cara, las sacaron a golpes del lugar y las llevaron a distintos espacios de la Unidad.

En la acusación fiscal se señaló que las y los agentes ejecutaron “de manera deliberada y coordinada una serie de actos destinados a castigar a las internas por los hechos ocurridos y por los reclamos formulados”. La violencia tuvo como finalidad “intimidarlas, quebrantar su resistencia (…) imponiéndoles graves sufrimientos físicos y psíquicos”.

“Besame las botas”, le ordenaba la jefa Daiana Balmaceda a sus víctimas. En forma simultánea, las internas eran golpeadas, les sumergían la cabeza en una pileta de agua (el llamado “submarino húmedo”), las asfixiaban apretando sus caras contra colchones impregnados con el gas pimienta y las amenazaban e insultaban. 

En ese dantesco escenario de violencia dos de las mujeres fueron víctimas de abuso sexual. Como cierre de la perversión, en el informe oficial de la Enfermería del penal, no se hizo mención a ninguno de los daños sufridos por las víctimas. 

El fiscal sostuvo que se “infringieron castigos fuera de todo protocolo de contención (…) aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraban” las víctimas “sobre las que tenían un poder asimétrico de hecho en virtud de encontrarse privadas de la libertad”. 

La acusación se fortaleció con pruebas documentales como las constancias médicas, las videograbaciones, las constataciones reunidas en el lugar de los hechos. A eso se sumó el testimonio de las víctimas, de personal de sanidad, de otras personas privadas de su libertad e incluso del personal penitenciario. 

Las pruebas demuestran que hubo “esposamientos (para) dejar a las víctimas inmovilizadas boca abajo, hacerlas tomar frío durante horas en las leoneras”, además del maltrato verbal de las jefas. Ellas alentaron la violencia desenfrenada: “¡Vamos! Que sepan que al penal lo manejamos nosotras”. La que alentaba era la la jefa para continuar con las torturas: “Esto es Magdalena… acá mandamos nosotras”. Una de las víctimas de violencia sexual gritaba: “Ya está, ya está, déjenme”, pero la tortura continuó sin freno. 

La mañana siguiente a la violencia, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades penitenciarias con sus bienes personales rotos, rasgados por los propios penitenciarios con un elemento cortante y ensuciados con basura en forma intencional. 

La víctima que permaneció en la unidad de Magdalena intentó suicidarse, devastada por lo sucedido, abandonada a su suerte y sin recibir la más mínima asistencia psicológica. 

La CPM reunió el testimonio de las víctimas y presentó la denuncia penal que terminó con la detención de las y los 15 responsables de un accionar propio de lo que sucedía en las cárceles argentinas durante la dictadura militar.