derechos humanos
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El primer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo todavía no tiene sentencia firme. En 2009 se condenó a los responsables de la desaparición de Floreal “el Negrito” Avellaneda, el niño de 15 años, militante del Partido Comunista y secuestrado en su domicilio junto a su madre, Iris Pereyra. Después de una serie de apelaciones el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que intentó beneficiar a los genocidas con la ley del 2×1. Ocho años después, devolvió el expediente a la Cámara de Casación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Paulo Giacobbe 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Paloma García El caso de Floreal Avellaneda es emblemático. Se trata de uno de los primeros casos conocidos de los Vuelos de la Muerte. Rodolfo Walsh, en la mítica Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, denunció las torturas que sufrió el Negrito y que su cuerpo fue encontrado en la costa de Uruguay. Pese a eso, continúa desaparecido. En diálogo con Oral y Público, Iris Pereyra de Avellaneda, su madre también secuestrada en el mismo operativo, dijo: “En la Corte Suprema se burlan de nosotros”, en referencia a la reciente decisión de mantener el expediente sin sentencia firme. “Después de ocho años encajonaron la causa en la Corte y ahora la mandan a Casación; es una burla. No nos respetan a nosotros, los sobrevivientes, el dolor que uno siente por la pérdida de un hijo”, señaló. Sucede que 3 de los acusados recibieron penas bajas y las querellas apelaron. Se trata de los represores Alberto Aneto, Raúl Harsich y César Fragni. “No estábamos de acuerdo con las condenas, y no quedaron firmes y quedaron sueltos”, detalló. El caso llegó a la Corte Suprema y ahí quedó hasta que lo devolvió a Casación. “Los genocidas se están muriendo. Los testigos ya estamos grandes, seguimos perdiendo tiempo, que te llaman a declarar. Yo declaré ocho veces. Entonces no puede ser esto, por eso vamos a exigir que pongan las barbas en remojo y que los metan presos”, exigió. 15 de abril de 1976 Iris relató su secuestro y el de su hijo como si no hubieran pasado 45 años, con la entereza de quien lucha, milita y persigue justicia. “En el 76 fueron tan siniestros los casos. Lo que pasó con tanta desaparición de gente y el caso nuestro que fue a los pocos días, el 15 de abril”, arrancó. “Justo al mes del secuestro nuestro, que El Negrito cumplía los 16 años, aparece en los vuelos de la muerte. Yo estaba presa todavía, porque yo me comí más de tres años en distintas cárceles, y recién me entero cuando salgo que El Negrito había sido asesinado y tirado en los vuelos de la muerte”, recordó. Madre e hijo fueron torturados en Campo de Mayo. Iris piensa que se llevaron a ellos dos porque no se pudieron llevar a Floreal, el padre del Negrito, que se escapó por los techos de la casa. El cuerpo del Negrito apareció en las costas uruguayas junto al de otras nueve personas, en bolsas negras. Se lo reconoció por un tatuaje con sus iniciales. “La FA y un corazón en el brazo, igual que su papá”, graficó Iris. “Imaginate cuando salgo en libertad y me entero de todo esto. Mi desesperación de saber el porqué, dónde están, pero estábamos con el golpe militar. Hasta el 83 que vino la democracia, recién pudimos movilizarnos un poco, viajamos al Uruguay tres veces. Los jueces se declararon incompetentes”, detalló Iris. “Cuando salgo en libertad para mí fue una desesperación. Han pasado 45 años y no sabemos que pasó con el cadáver”, agregó. Iris contó que solo tiene del Negrito unas fotos escalofriantes, que un fotógrafo tomó de casualidad paseando por la playa: “Y de ahí, como apareció, desapareció. No se sabe si fue a fosa común o lo enterraron en algún lado. Por eso exigimos que nos abran los archivos para saber qué pasó con nuestra gente”. Las empresas Iris Pereyra también exige a la Justicia que se juzgue a los empresarios que fueron parte del genocidio. “Queremos hacer juicio a las empresas” que tenían vínculo directo con el Ejército Argentino que comandaba el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio El Campito, montado en Campo de Mayo. “Varios militares estuvieron en Tensa. Imaginate si nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que esta gente que se enriqueció en forma, a costilla de nosotros, los secuestrados. Eso no se puede perdonar”, dijo. En Tensa trabajaba Floreal padre. Por último, Pereyra de Avellaneda sostuvo que el camino para revertir la impunidad y lograr algo de justicia es el mismo de siempre: “Nosotros queremos hacer una movilización porque la lucha se gana en las calles, no queda otra. Nosotros lo que queremos es eso”.
Este viernes desde las 15 horas se realiza la 7ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, espacio que aglutina a familiares que luchan para que no exista ni un solo caso más. En esta nota nos cuentan sus vivencias personales, pero también el aprendizaje que les ha dejado tantos años de organización. Además reflexionan acerca de los caminos para terminar con este flagelo. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net) 📷 Fotos: Reinaldo Ortega “La Marcha sirve para visualizar todos estos crímenes que cometen las fuerzas de seguridad , y que muchas veces los medios y la misma justicia tapan. En todos los casos terminan en nada, la mayoría de los casos no son condenados y si los condenan, es una burla para los familiares. Los jueces y fiscales que tienen que investigar las pruebas, no lo hacen, es más fácil archivar el expediente y todo termina en ‘suicidios’. Si no hubiera jueces corruptos, esto no pasaría”. La que habla es Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. El 13 de junio de 2014 su hijo fue asesinado por Gendarmería Nacional en un control caminero mientras se dirigía en su auto por la Ruta 7, a la altura de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. La causa está catalogada como homicidio agravado. Están implicados los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, pero por ahora “el juez federal Walter Bento los ha dejado libres”. Ahora, como el juez está procesado por una causa de corrupción, lo sacaron, “pero me quieren poner al juez Marcelo Garnica que fue su secretario y mano derecha”, y por lo tanto Mónica espera que no lo acepten. “El que mata tendría que tener condena perpetua, así dejarían de matar por matar y se buscaría profesionalizar a las fuerzas de seguridad, capacitarlas, hacer test psicológicos cada seis meses, y prepararlos como corresponde”, agrega Mónica. Un día especial Para Inés Alderete, mamá de Marcos Sebastián Acuña, “la Marcha es un día especial, no porque no luchemos todos los días, sino que es un día especial donde podemos estar juntas y lograr que el Estado vea que no somos un caso aislado como dicen ellos, esto es sistemático: están matando a los pibes. Así que la experiencia es grande y sirvió para que las mamás, los papás, los familiares puedan darse cuenta de que tienen derechos y que la voz de ellos y de sus seres queridos que ya no están necesita ser escuchada”. Marcos fue asesinado el 28 de Agosto de 2015 por el Prefecto Juan José Silva en el barrio La Cañada, Partido de Quilmes. Y aunque ya va para dos años que su causa está elevada a juicio oral, “por diversos motivos se ha suspendido cuatro veces, la última porque dicen que el prefecto estaba con Covid-19, por lo que hasta hoy estamos esperando una respuesta a ver si vuelven a darnos una nueva fecha”. Inés sostiene que, a pesar de que “a los pibes los siguen matando, creo que hoy con la 7ª Marcha las familias se animan a salir a la calle y reclamar por justicia”. También arremete contra quienes señalan con el dedo a las víctimas: “Todos juzgan el pasado del pibe, si era o no delincuente, si cometió o no un delito, si era o no adicto, miran el pasado y no miran el hecho. Porque cuando mataron a Marcos, yo le contesté a un juez: ‘¿para qué quiero un abogado? si lo mató la policía a mi hijo, por algo fue’, esas fueron mis primeras palabras. Hasta que el tiempo me hizo cambiar, y comprendí que no es lo que él pudiera ser, sino el hecho a partir del disparo que le provocó la muerte. Porque si no quiere decir que una persona que tiene el uniforme tiene derecho a disparar y hacer lo que sea. Eso cambió, hoy salen las madres y los familiares, y aunque empezamos con 100 o 200 mamás, hoy están unidas todas las provincias y eso es muy importante”. Los reclamos y consignas “Los principales planteos que hacemos en esta Marcha son exigir justicia, basta de impunidad del aparato represivo, que las causas lleguen a un juicio y a una condena, que se pueda mejorar la situación del grupo de familiares de las víctimas, ya que estamos muy solos en esto”, nos cuenta Paula, cuñada de Ariano Biza. A sus 22 años murió junto con Emanuel Gallardo en la Brigada Norte de Tucumán, en un motín, el 15 de junio de 2015. “Aún estamos sin avances en la causa”, denuncia Paula. “Creo que aún hoy continúa vigente este tipo de violencia porque el aparato represivo que es la policía se maneja con total impunidad, avalados por jueces y fiscales” agrega. Balas y justicia “En esta Séptima edición los reclamos son los mismos que la primera marcha, no ha cambiado nada, no ha variado nada. Los métodos son los mismos: el gatillo fácil, el encubrimiento del poder político, judicial y policial, la responsabilidad del Estado frente a estos casos no solamente de gatillo fácil sino de represión estatal, desapariciones forzadas, causas armadas, encarcelamiento a los que luchamos, a compañeros que salen a la calle día a día a reclamar los derechos que tenemos”. La que habla es Emilia Vassallo, mamá de Pablo “Paly” Alcota, fusilado el 18 de mayo de 2013 por el policía Diego Ariel Tolaba de un tiro en la cabeza, y fallecido el 6 de diciembre de 2013 después de una cruel agonía. La causa está elevada hace dos años, a la espera de un tercer juicio fallido y una pericia de la Corte Suprema de Justicia que todavía no se hizo. “Nuestros derechos son vulnerados todo el tiempo, ni hablar de lo que son las causas judiciales, sabemos que el Estado es el responsable y el que garantiza la impunidad para que esto siga sucediendo”, agrega Emilia. Marchar para que no haya ninguno más “Hace 10 años que estoy peleando por una justicia que sé que nunca voy a tener,
Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con el programa radial La Retaguardia. Habló de los casos de represión policial en el contexto de pandemia, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la relación entre la situación económica, la campaña electoral y los discursos emergentes que intentan justificar la represión estatal. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia —El año pasado a esta altura del año hablábamos casi todos los días de nuevos casos de represión policial a personas que salían a la calle en medio del aislamiento. ¿Cuál es la situación actual? —Lo que se nota en relación al año pasado es un manejo diferente de la cotidianidad en la calle. El año pasado a esta altura estábamos explorando nuevas formas de poder comunicar toda la cantidad de denuncias que nos llegaban de situación de vulneración de derechos, de hostigamiento, de verdugueo, de aplicación de torturas, de detenciones arbitrarias con la implementación en los primeros meses entre marzo y mayo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) más rígido, sin estar acompañados de las medidas asistenciales necesarias. Cuando sabíamos que era una medida útil que permitió sostener el sistema sanitario y evitar un colapso como hemos visto que ocurrió en muchísimos otros países del mundo. Y en este momento, desde el fin del veranito en relación a la pandemia que tuvimos en la época estival y con el rebrote de casos en el otoño-invierno, fue distinto el manejo que se implementó en materia de controles. Evidentemente ahí hay un cambio relacionado a la gran repercusión pública, no por los grandes medios hegemónicos, sino a través de la publicación de videos en redes, al laburo impresionante que hizo todo el sistema de comunicación autogestiva, alternativa, comunitaria, independiente. Lo que sí tiene algo de desatención es que al haber mayor circulación de personas, mayor reactivación del conjunto de las tareas de las personas, se han incrementado los casos de gatillo fácil. Seguimos teniendo números bastante más altos que lo habitual de muertes en lugares de detención. En particular, muchos casos de muertes en comisarías en los últimos meses. Y hemos tenido momentos muy duros como por ejemplo en junio tuvimos una semana en la que en siete días tuvimos siete casos, de los que conocimos. Siempre remarco que los casos que vamos conociendo a lo largo del año son muchísimos menos que los que finalmente recolectamos para el archivo, porque justamente el laburo fino de búsqueda y de sistematización lo hacemos en la segunda mitad del año y se termina a contrarreloj sobre el cierre de datos para la publicación a fin de año. En esta tarea de todos los días sólo trascienden los casos que de por sí llegan a los medios o que tienen repercusión porque hay un corte en un barrio o porque la familia tiene la posibilidad de lograr el contacto y de vincularse para que podamos tomar intervención. Es muy importante la cantidad de casos que tenemos en este año. La violencia como estandarte —Situaciones como las de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que apareció bien represiva, queriendo distinguirse e intentando diferenciarse de otras por ser la más violenta de todas, en año electoral, ¿podemos pensar que se puede potenciar o mostrarse más duros ante ese sector de población que vota? —En la Ciudad de Buenos Aires desde el 2019 hasta hoy no cambió nada porque seguimos con la misma gestión de gobierno. Recién ahora con la candidatura de (Diego) Santilli en provincia va a haber un cambio de dirección del Ministerio de Seguridad que lo viene conduciendo desde hace dos mandatos. La Policía de Buenos Aires viene funcionando de la misma manera, es algo increíblemente silenciado e invisibilizado por los grandes medios. Sobre las muertes en las comisarías, varias han ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y apenas hemos logrado visibilizar alguna, como el caso de (Daniel) Giovanni Yacquez Rodríguez en la comisaría 9 C (Comisaría Comunal 9) hace menos de un mes y medio, por influencia y por insistencia de CORREPI de estar llamando trabajadores y trabajadoras de prensa amigos para que nos hagan un rinconcito de dos renglones en algún diario. Y la cantidad de casos que no nos enteramos y recién cuando empiezan a aparecer algunos informes oficiales de la Procuración Penitenciaria o de otros organismos quizá podemos acceder. Pero cuidado, porque también en la Provincia de Buenos Aires seguimos con números altos y hay dos cuestiones que me parece interesante incluir en este mini balance. Por un lado, si observás los momentos de crecimiento o de pico de la represión en las barriadas populares, del gatillo fácil, de las muertes en comisarías en particular, porque las muertes en cárceles responden a otra lógica que tiene que ver con la lógica del encierro penitenciario, cuando lo comparás con la situación económica, esos picos coinciden con los picos de crisis económico-social. Lo vemos a grandes rasgos, cuando observás el año 89 con la hiper de Alfonsín o el período 2001-2002, o el 2008. Por supuesto lo vimos de manera repetida, año tras año los cuatro años de gestión de Cambiemos, y lógicamente la situación a la que nos ha llevado la pandemia en relación al aumento de la pobreza y de la indigencia también tiene ese reflejo. Porque ves mucha más gente teniendo que rebuscársela con ocupaciones y tareas precarias en la vía pública, con el cartoneo, con la venta ambulante, porque justamente se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo y tenemos una inflación galopante. Ahí venimos viendo que ese doble pico no es una casualidad ni una relación de causalidad inmediata y directa que uno pueda establecer pero sí que sistemáticamente hay una mayor dureza en el control y en el disciplinamiento social de los sectores más vulnerables cuando se agrava el
Lo dijo Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado. Señaló que la Corte Suprema dilata la causa y que “cada segundo se van perdiendo pruebas”. Heredia pasó por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de Radio Sur y La Retaguardia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia La abogada Verónica Heredia se refirió a la dilación en la causa judicial y lo que esto implica. “A veces perdemos la dimensión de los tiempos que se toma la justicia. Podemos estar toda la vida esperando. Cuántas madres y abuelas todavía siguen esperando justicia. Como Norita (Cortiñas), que todavía no sabe nada de Gustavo, y sin embargo deja la vida luchando por cada causa. Y hablamos de la época de la dictadura, pero la democracia todavía no responde”, dijo. “En el caso de Santiago van cuatro años, y aunque parece que no es mucho tiempo, pero para saber qué pasó y poder reconstruir los hechos, cada segundo se van perdiendo pruebas, se va modificando hasta la memoria colectiva de lo sucedido. Es difícil entonces aproximarse a saber realmente lo que sucedió en un determinado momento”, expresó. La Corte de los cajones La abogada denunció que hoy no se está investigando nada en la causa de Santiago. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que contestar: ¿Qué se investiga? ¿Quién investiga? ¿Cómo se busca a una persona desaparecida? Esas tres preguntas están hace más de un año en la Corte para que resuelvan”, detalló. En noviembre del 2018 Gustavo Lleral, el segundo juez de la causa, decide archivar la causa diciendo que Santiago había ingresado voluntariamente a las aguas del Río Chubut, y allí la muerte lo estaba esperando. “Entonces, bajo este relato, lo sucedido no equivale a ningún delito. Y como él es juez penal, tiene para sí investigar hechos que puedan ser delitos. Si no es así, no tiene por qué actuar un juez penal. Y por eso él archiva la causa”, dijo. Y agregó: “Él dice que no hay nadie responsable por la muerte de Santiago. En el 2019 las Cámaras revisoras (de Apelación) tanto de Comodoro, como de Casación Penal, dicen: ‘Es cierto que no hay desaparición forzada, pero algún delito hay, investigue’, y el juez Lleral vuelve a decir que por la desaparición y la muerte de Santiago no hay ningún responsable. No solo asegura que ‘no hay desaparición forzada’, sino que ‘no hay ningún delito para investigar, porque Santiago Maldonado se murió solo’”. Teléfonos pinchados Heredia señaló que la causa caratulada como ‘desaparición forzada’ no se modificó. Que así se archivó y así está en la Corte Suprema de Justicia. Y contó: “De las cinco querellas (cuatro son institucionales y una es la de la familia), la de la familia es la única que está reclamando que nos expliquen: ¿Qué se investiga, quién lo hace y cómo se busca a una persona desaparecida?, porque en este Habeas Corpus que se inicia con la denuncia por la desaparición de Santiago, se les pinchan los teléfonos no solo a los testigos, sino también a los propios familiares, como a Sergio. No puede ser que investiguen a las personas que denuncian, o que puedan aportar información sobre una persona desaparecida forzosamente”. Crimen de Estado “La Corte Suprema de Justicia no explica cuáles son los plazos, entonces, pueden pasar 45 años sin que se investigue. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha condenado a la Argentina por la violación del plazo razonable. Y esto va incluso más allá de Santiago, porque si la Corte Suprema dijera que existen desapariciones forzadas en democracia, pone sobre la mesa que se debe investigar quién dio la orden, porque esto empieza con la privación de la libertad de una persona por parte de fuerzas de seguridad”, sentenció. La abogada profundizó acerca de las responsabilidades desde el Estado: “Ahí hay responsabilidades para que esas fuerzas de seguridad, ya sean provinciales o federales, no hayan, como mínimo, prevenido que este acto no se cometa. Ahí hay responsabilidades del gendarme, de la ex ministra de Seguridad, del expresidente, porque era el jefe de esa fuerza de seguridad. El propio Estado rastrilló y estuvo ahí más de seis veces en el lugar donde después aparece el cuerpo de Santiago”. La autopsia que no responde Heredia denunció que la autopsia no responde dos preguntas básicas para la causa: “¿Santiago se ahogó el 1 de agosto?” y “¿Santiago estuvo todo el tiempo en donde encontraron el cuerpo?”. Y continuó: “¿Cómo es entonces que el juez cierra la causa sin responder esto? Un juez que dice: ‘A mí la familia me provoca violencia moral’, ¿puede ser un juez imparcial?”. La abogada desmintió la versión oficial, aportando algunos datos: por un lado, aseguró que el único lugar de escape que tenía Santiago en el momento de los disparos de la Gendarmería era el Río Chubut, “que es muy angosto, poco profundo, con aguas cristalinas y sin mayores movimientos”. Por otra parte sostiene que ella y la familia ya habían estado ahí antes del 17 de octubre (día en el que apareció el cuerpo), en ese mismo lugar, y el cuerpo no estaba. “Incluso el mismo 17, más temprano estuvimos ahí, y no estaba”, recordó. Por testimonios de la gente que estaba en el Pul Lof, describió que el cuerpo apareció río arriba. “Algo que por lógica no es posible”, señaló. Peritaje internacional “Hemos trabajado junto al Equitas (Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Piscosocial), organismo que trabaja a nivel internacional con Naciones Unidas, con la Corte Interamericana, y que tiene como especialidad las desapariciones forzadas en contextos complejos como son los ríos, ya que Colombia tiene sus ríos convertidos en cementerios, donde las fuerzas policiales y paramilitares han arrojado los cuerpos de las personas que desaparecen”, indicó. “Este equipo analizó la autopsia y reconoció que en el informe se puede ver otro ADN masculino en el bastón
Analía Kalinec es la hija de Eduardo Emilio Kalinec, genocida condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Es psicóloga y cofundadora del colectivo Historias Desobedientes, una agrupación conformada en 2017 por hijos, hijas y familiares de genocidas. Con motivo de la publicación de su libro “Llevaré su nombre: La hija desobediente de un genocida”, Kalinec pasó por el programa radial La Retaguardia y habló del proceso íntimo y doloroso de escribir sobre sus lazos más primarios y su historia personal. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Editorial Marea Los mandatos familiares actúan sobre los integrantes del “clan” como un legado emocional, como creencias y representaciones que suelen operar de modo inconsciente e influir en el recorrido de cada uno. Romper con ellos muchas veces significa autoexcluirse del círculo íntimo, de las relaciones primarias y más estrechas. Analía Kalinec, psicóloga e integrante del colectivo Historias Desobedientes, relató en primera persona este recorrido como hija del genocida Eduardo Emilio Kalinec: “Yo ignoraba completamente la condición de genocida de mi padre y había empezado a escribir de manera muy ingenua e íntima. Una especie de diario íntimo donde le iba contando a los hijos que alguna vez tendría. En esa época recién estaba conociendo a quien hoy es mi compañero, estábamos proyectando una familia y empezaba a querer registrar esto para cuando tuviera hijos. Casi sin darme cuenta, de un modo inconsciente, como una manera de subsanar aquello que a mí me faltaba. Porque yo no era consciente en esa época de que me faltaba reconstruir mi propia historia. Sin embargo, aparece ese deseo de que mis hijos la tengan narrada y entonces es muy genuino cómo se ve narrado en primera persona ese proceso que me va llevando a escribir en los años 2002, 2003, 2004 y en 2005. Aparece esto de que ‘te quiero contar’ y le decía a mi hijo que en ese momento era chiquitito, ‘que el abuelito está preso, yo no entiendo muy bien porqué’. Iba poniéndole palabras siempre a todo lo que me pasaba y esto se ve reflejado en el libro”, dijo. La portada del libro tiene una imagen impactante: se ve a una Analía adolescente en la rambla marplatense dándole un beso amoroso a su papá. Conmueve porque conocemos su historia y el relato tiene una distancia enorme con lo que se puede ver en la imagen. Ante la pregunta sobre esa elección, la autora contó: “Cuando en la editorial me proponen incorporar fotos al libro, yo empiezo a buscar las pocas que tengo de cuando era chica porque quedaron en mi casa materna. En la casa de mi mamá y mi papá, y ahí yo no tengo acceso. Encuentro esta foto de Mar del Plata, yo debía tener 12, 13 años. Año 92, 93, 94. Lo más gracioso es que cuando en la editorial me muestran el proyecto de tapa yo casi me infarto”. Kalinec le planteó su desacuerdo a la editorial, la foto le resultaba contradictoria y le daba “mucho pudor”. En un intento de suavizar el antagonismo entre imagen y narración, les propuso otras foto de ella jugando en la playa y, ante la duda y la mezcla de emociones, lo consultó con uno de sus hijos: “Gino, que es el más grande, me decía ‘Tiene sentido porque vos estás contando una historia entre él y vos, y está bien que los dos estén en la tapa’. Y ahí me terminó como de cerrar. Pero sí, entiendo que impacta”, afirmó. Analía es la hija desobediente de Eduardo Kalinec, condenado en el juicio sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Atlético, Banco y Olimpo, donde era conocido como el Doctor K, responsable de secuestros, torturas, asesinatos y otros crímenes. La autora escribe su libro como una declaración de principios, como un faro que la acompañe en esta búsqueda de la verdad y que le aporte la distancia necesaria para lograr la construcción y resignificación de su propia historia. En “Llevaré su nombre” incluyó una crónica de La Retaguardia sobre la audiencia de 2020 en la que Eduardo Kalinec solicitó que se le otorgue el beneficio de salidas transitorias. En esa ocasión se sumó a la querella la participación de Historias Desobedientes como amicus curiae y la voz de Analía se enfrentó al pedido de su padre. En este camino de resistencia al interior del universo familiar, Analía eligió la escritura como modo de expresión para dar a conocer esta historia rompiendo los pactos de silencio y también como parte de una trabajo introspectivo donde aparece el descubrimiento de una fortaleza en el lugar donde se señalaba una debilidad: “Yo creo que es todo un proceso de sanación. Tengo muchas faltas de ortografía y en mi caso siempre fue motivo de hostigamiento, esto de que yo escribía mal. Recuerdo en la escuela, cuando hacían un dictado siempre me sacaba nota baja o cuando escribía mi mamá me retaba porque escribía mal las palabras. Después estudié para maestra y siempre fue un complejo tener que escribir en el pizarrón o cuando corregía los cuadernitos o las carpetas de los chicos, y estar muy atenta de no tener faltas de ortografía. Esto lo fui leyendo después en mi análisis y en mis lecturas más amorosas conmigo misma como un síntoma de algo. Por eso, cuando empiezo mis lecturas universitarias en la Facultad de Psicología para mí siempre escribir era una traba y me sentía torpe escribiendo. En los exámenes escritos sentía que no reflejaba lo que quería decir, en los trabajos prácticos siempre encontraba alguna traba en esto de poder decir lo que quería expresar”, contó. Y agregó que hubo un momento en que hizo un click ya avanzada en la carrera de psicología donde pudo observarse con la escritura a partir de un reposicionamiento subjetivo propio: “Me llevaba a no estar
El TOF N°1 de San Martín, que lleva adelante un tramo unificado de la Megacausa Campo de Mayo, resolvió rechazar el pedido de libertad condicional para Santiago Omar Riveros, quien fuera Jefe del Ejército de la Zona 4 durante el genocidio. Esta decisión la tomaron luego de la audiencia pública del martes pasado, en la que las víctimas expresaron sus opiniones. Riveros fue condenado en múltiples ocasiones por delitos de lesa humanidad y por eso las víctimas del represor expresaron su rotunda oposición a que se concrete ese beneficio. Después de escuchar a las víctimas, la jueza Silvina Mayorga, a cargo de la ejecución de la pena en este caso, decidió rechazar el pedido del genocida. (Por La Retaguardia) ✍️ Cobertura del juicio: Diego Adur/Lucrecia Raimondi/María Eugenia Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Lucrecia Raimondi/Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele ✍️ Textuales: Noelia Laudisi de Sa/Mónica Mexicano/Valentina Maccarone 📷 Fotos: Capturas Transmisión La Retaguardia Su defensa había argumentado que, como las condenas en la megacausa Campo de Mayo se habían unificado en 2017 a una pena única de 25 años, ya estaba Riveros en condiciones de pedir la libertad condicional. Sin embargo, la jueza Mayorga sostuvo que si bien eso es cierto, Riveros tiene otra condena a 45 años de prisión en el juicio conocido como Plan sistemático de robo de bebés, tramitado ante el TOF N°3 de la CABA. Esa pena está lejos de cumplir las dos terceras partes que le permitirían pedir la condicional. Riveros tiene 97 años y es parte de todos los juicios de la Megacausa por su rol de jefatura en el Área de Defensa 4 que tenía a Campo de Mayo como cabecera. La decisión de la jueza se dio después de que el martes pasado se celebrara una audiencia pública por el pedido de libertad condicional que realizó la defensa del genocida. En ella declararon víctimas del represor, quienes expresaron su rotunda oposición a que se concrete ese beneficio, con diferentes argumentos. Fue la primera vez que una audiencia pedida en torno de la Ley de víctimas es pública. La Retaguardia transmitió la jornada. A partir de la sanción en 2017 de la Ley 27.372 –de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos-, todas las partes querellantes tienen “derecho a ser informadas y a expresar su opinión y todo cuanto estimen conveniente”, cuando surja cualquier planteo en el que la persona condenada pueda ser beneficiada, por ejemplo, con la libertad condicional. Es decir, en consecuencia del pedido que realizaron los defensores oficiales Juan Carlos Tripaldi y Alejandro Arguilea sobre la libertad condicional de Santiago Omar Riveros, la jueza de ejecución Silvina Mayorga citó a todas las víctimas del genocida que quisieron expresar su opinión al respecto. Entre las personas que hablaron y manifestaron su oposición a la libertad del genocida estuvieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo ,Estela de Carlotto; José Schulman, Secretario general de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Iris de Avellaneda, sobreviviente y mamá del joven Floreal Avellaneda sobrevivientes del Terrorismo de Estado, familiares de víctimas y nietos y nietas que recuperaron su identidad. En la audiencia también brindaron argumentos en contra del beneficio para Riveros la querella de Pablo Llonto, en representación de familiares, y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, por medio de la abogada Carolina Villella. Santiago Omar Riveros era el jefe de Institutos Militares en Campo de Mayo, amo y señor de todo lo que allí sucedía. Fue condenado decenas de veces y recibió varias penas a prisión perpetua. Además, tiene una condena a la pena de 45 años de prisión por el robo de bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Entonces, tal como señalaron todas las víctimas que declararon en la audiencia, Riveros es un múltiple condenado por delitos de lesa humanidad que jamás demostró arrepentimiento por sus crímenes y nunca dijo dónde estaban los bebés apropiados de Campo de Mayo, ni cuál fue el destino de las personas desaparecidas. Campo de Mayo es un predio militar que sigue en funcionamiento y en manos del Ejército. La liberación de Riveros hubiera significado un retroceso enorme, no solo para los y las sobrevivientes y familiares de las víctimas, sino para toda la población argentina y la democracia. A continuación, reflejamos las palabras de las víctimas que expresaron su oposición a la libertad de Santiago Omar Riveros y que transmitimos por el canal de Youtube de La Retaguardia. Participaron Iris Pereyra de Avellaneda, Alicia Vattino, Juana Muñiz Barreto, Walter Meza Niella, José Schulman, Ramiro Nicolás Mena, Daniel Vicente Cabezas, Manuel Gonçalves Granada, Juliana García, Catalina De Sanctis Ovando y Marcos Avellaneda, más Pablo Llonto y Carolina Villella en representación de las querellas. Iris Pereyra de Avellaneda, mamá del ‘Negrito’ Floreal Avellaneda Soy Iris Pereyra de Avellaneda, sobreviviente del genocidio de Campo de Mayo, Campito. Hago, nuevamente, una nueva denuncia de que Santiago Riveros es el responsable de la muerte del Negrito Avellaneda. Santiago Riveros ha sido uno de los ideólogos de Campo de Mayo y por eso ha sido esa masacre, ese genocidio que ha pasado en Campo de Mayo. Por lo tanto, con el Negrito Avellaneda fuimos secuestrados por el Terrorismo de Estado en nuestro domicilio de la calle Sargento Cabral 2385, Munro. Fuimos llevados al Campito, Campo de Mayo, y ahí fuimos torturados terriblemente los dos. Al mes, justo cuando Negrito cumplía sus 16 añitos, aparece por los vuelos de la muerte en Uruguay. Entonces, nosotros, yo como sobreviviente de Campo de Mayo y querellante de esta causa, pido y exijo que a Santiago Riveros no se le dé la libertad. Es un genocida y por lo tanto tiene que estar en cárcel común porque ha sido un genocida de primera. Un tipo que ha querido asesinar a varias personas y tiene varias causas. Por lo tanto, necesito y exijo que a este hombre se le dé cárcel común y efectiva. Muchas gracias. Alicia Vattino, hermana de Daniel Omar Vattino Soy Alicia Vattino, hermana de Daniel Omar Vattino y
El múltiple condenado por crímenes de lesa humanidad, Santiago Omar Riveros, presentó al TOF N° 1 de San Martín un pedido de libertad condicional. Ya cuenta con el beneficio de la domiciliaria. El martes 29 de junio a las 15, el Tribunal escuchará a las víctimas y se podrá ver en vivo. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Paulo Giacobbe 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Gustavo Molfino El escrito que presentaron su abogado Defensor Público Oficial, Alejandro Arguilea, y Juan Carlos Tripaldi, como Defensor Público Coadyuvante, solicita “que se disponga la libertad condicional de Santiago Riveros a partir del día 5 de julio de 2021” y que le quiten el dispositivo electrónico que lleva en la muñeca. El genocida goza del beneficio de la prisión domiciliaria. La presentación se hizo ante el TOF N°1 de San Martín, a cargo del Juez Daniel Gutiérrez y las juezas Nada Flores Vega y Silvina Mayorga, quienes lo juzgan en la causa que La Retaguardia transmite en vivo los miércoles desde las 10. De concederle la libertad condicional, resta saber si esa decisión alcanzaría para liberarlo o tendría que suceder lo mismo con los tribunales que tramitan otras causas que lo imputan o lo han condenado. “Riveros se encuentra condenado a la pena única de prisión perpetua como resultado del proceso de unificación de condenas dictado en el presente legajo y cumplió 20 años en detención”, es el principal fundamento del pedido. Su longevidad, indiscutida, también intenta sumar motivos a la cuenta de la impunidad: “Riveros tiene 97 años de edad, porque nació el 4 de agosto de 1923. En consecuencia, su libertad condicionada se limitará al poco tiempo que le resta de vida”. Hace unos días, el abogado querellante por víctimas de Campo de Mayo en todos los juicios del área había cerrado su alegato contra otro acusado, Mario Ocampo, pidiéndole al tribunal la cárcel común. Y citó como ejemplo que el genocidad nazi Herman Hesse murió en prisión casi a esa misma edad: “No se alzó ninguna voz en el mucho pidiendo que no estuviera en prisión”, señaló. Una de las condenas más emblemáticas de Santiago Riveros es por la tortura, asesinato y desaparición de Floreal Avellaneda, de 15 años víctima de los vuelos de la muerte. Curriculum El juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo está en pleno desarrollo. Santiago Omar Riveros es uno de los imputados; sucede que el longevo genocida ocupó un rol de alto rango durante el Terrorismo de Estado. Fue Comandante de Institutos Militares y Jefe de Campo de Mayo, incluido el centro clandestino de detención tortura y exterminio más grande del Ejército Argentino, “El Campito”. A su nombre queda ligada la Zona 4 del país craneado por el Ejército golpista argentino. Indultado por el fallecido expresidente Carlos Saúl Menem, supo saborear las mieles de la libertad desde 1990 hasta que cayeron las leyes de impunidad. Está condenado por todo tipo de crímenes. “El crimen de crímenes” diría Nora Cortiñas, haciendo referencia al robo sistemático de bebés. También por el Plan Cóndor, la represión y desaparición organizada por todas las dictaduras en el cono sur de América. Secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desaparición forzada de personas, encabezan la larga lista de etcéteras. En una oportunidad, Riveros tuvo un entredicho con otro genocida, Jorge Rafael Videla. “La aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar”, dijo Videla en relación al cuerpo de Mario Roberto Santucho, agregando que Riveros fue el responsable de ocultarlo. El longevo genocida que pide libertad lo negó, como todo. Riveros no dijo nada, absolutamente nada, sobre el destino de los desaparecidos de Campo de Mayo. En 2017 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la aplicación del privilegio de computar 2×1 a su condena. En ese momento se tuvieron en cuenta “las irrenunciables obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de efectivizar la investigación, juzgamiento y sanción adecuada de graves violaciones a los Derechos Humanos”. Hoy, Riveros, lo vuelve a intentar. El martes, el tribunal deberá escuchar a sus víctimas para luego tomar una decisión.
El trabajo de forenses determinó que uno de los cuerpos hallados en “La Barranca de la carnicería” corresponde a Jhosivani Guerrero De la Cruz. A casi 7 años de la masacre de Iguala, en la que fueron desaparecidos 43 estudiantes y asesinados 3 más, continúan los hallazgos, las investigaciones y la lucha de los familiares por la verdad y la justicia. ¿Por qué esta identificación rompe con la teoría del gobierno de aquel momento? (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Mónica Mexicano 💻 Edición: Fernando Tebele 🖍️ Ilustración: Brian Carlson 📷 Foto: Asamblea de mexicanxs en Argentina El 16 de junio el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer la identificación de los restos del estudiante desaparecido Jhosivani Guerrero De la Cruz. En octubre de 2020 habían sido recuperados varios restos óseos del lugar conocido como “La Barranca de la Carnicería”. Fueron analizados en el laboratorio de Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck. mediante el análisis del ADN nuclear, que dio como resultado una coincidencia genética del 99.99% con las muestras de ADN brindadas por la familia del estudiante. Cabe decir que ya en 2015 la Procuraduría General de la República, en México, había anunciado la identificación de Jhosivani, pero el EAAF resolvió que dichos resultados no contaban con condiciones de certidumbre técnica y jurídica, por lo que no eran concluyentes. Este análisis se realizó por ADN mitocondrial, lo que no arroja resultados determinantes para casos de desapariciones forzadas, como lson las de Ayotzinapa. Además, dichas muestras fueron recolectadas del Río San Juan en condiciones irregulares y en ausencia de investigadores/as independientes. En diciembre de 2014, en el mismo lugar y mismas condiciones, fueron encontrados y levantados los restos del estudiante Alexander Mora Venancio. Si bien se reconoce su identidad, los familiares y abogados resaltan las irregularidades del proceso de identificación. También la semana pasada dieron a conocer que se re-asoció otro resto óseo al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que en julio de 2020 ya había sido identificado por otro fragmento de hueso. Tanto la familia de Cristian como de Jhosivani ya han sido notificadas por los y las profesionales del EAAF. Esta nueva identificación del normalista Jhosivani, echa abajo la supuesta “verdad histórica” que elaboró el entonces presidente Enrique Peña Nieto, junto con el procurador Jesús Murillo Karam, quienes afirmaban que los estudiantes habían sido desaparecidos y asesinados por un cártel narco conocido como Guerreros Unidos, sus cuerpos cremados en el basurero de Cocula y los restos esparcidos en el Río San Juan. Sin embargo, los restos de Jhosivani, de esta segunda identificación, aparecen lejos del Río San Juan. Cada nuevo hallazgo evidencia la manipulación y el encubrimiento por parte del gobierno de Peña Nieto. La supuesta “verdad histórica”, fue cuestionada desde un inicio por los familiares, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes señalaron una serie de inconsistencias y alteraciones en la investigación. El dolor de los fragmentos La desaparición forzada es una forma de tortura continuada para los familiares y para el resto de la comunidad, pues al no tener respuesta acerca del paradero de la persona desaparecida, la incertidumbre y la pena se vuelven infinitas. Que la verdad venga a cuentagotas y que se obtengan sólo fragmentos, no sólo de lo ocurrido, sino sobre todo del cuerpo de los estudiantes desaparecidos, acrecientan la incertidumbre y la pena. Pero también fortalecen la lucha. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, quién visitó la Argentina en 2016, refiere lo siguiente: “Ayer nos llegó la noticia que salió positivo de uno de los 43. Los padres Margarito Guerrero y Doña Martina de la Cruz, pues para nosotros las madres y padres de los 43 nos sentimos muy tristes, muy doloroso la noticia que nos dieron porque nos pega a todos, como familiares, abuelos y abuelas, primos… pero pues es verdad en un 99.9% que sí. Tenemos mucho que buscarlos a los demás, tenemos mucho que hacer las búsquedas, así que nos encontramos tristes, pero vamos a seguir en pie de lucha hasta encontrarlos a los demás hijos, qué pasó esa noche del 26 de septiembre del 2014”. Las familias continúan su caminar por la verdad y la justicia. Aún faltan por investigar algunas de las líneas propuestas por el GIEI, como el trasiego de droga en alguno de los autobuses que los estudiantes habían tomado, la participación del ejército, y la localización de los celulares de los estudiantes. Desaparición en México México vive una crisis humanitaria. El inicio se remonta al 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los carteles de la droga. A partir de entonces se militarizó el país y comenzaron las violaciones sistemáticas a los DDHH, no sólo por parte de policías y militares, también por grupos del crimen organizado, que en connivencia con el Estado se han adueñado de grandes extensiones del territorio mexicano. La desaparición forzada de personas, las ejecuciones, la tortura se han convertido en una cotidianidad que ni la pandemia detuvo. Hasta el año pasado, el Estado mexicano reconoce como cifra oficial 77.171 personas desaparecidas; se han localizado más de 4 mil fosas clandestinas de las cuales se han exhumado más de 6.900 restos. A la fecha existen al menos 37 mil cuerpos sin identificar. No hay una política que alcance a resolver la enorme crisis en materia forense. Miles de familias mantienen la esperanza de que quienes desparecieron vuelvan a casa. Es obligación del Estado mexicano agilizar las políticas y los recursos para resolver esta crisis y dar respuesta a la pregunta que se repite por todo el territorio: ¿Dónde están?
El Encuentro Militante Cachito Fukman dejó en la casa de gobierno un comunicado dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Allí insisten con el pedido de apertura de los archivos del genocidio en la Argentina. A finales del 2020, se entregó un petitorio con miles de firmas. El mes pasado, sobrevivientes del Terrorismo de Estado que integran ese espacio se reunieron con la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, con la misma intención. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Encuentro Militante Cachito Fukman El jueves 10 de junio, integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman dejaron en la Casa Rosada una nota dirigida a Alberto Fernández. Es una nueva solicitud para que ordene la apertura de los archivos del Terrorismo de Estado en nuestro país. En el comunicado se le recuerda al Presidente de la Nación que el pasado 3 de diciembre se le presentó “un petitorio con miles de firmas solicitando la urgente apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura”. Semanas después, “recibimos una nota de la Secretaría de Derechos Humanos” de la Nación en la que “se nos sugería remitirnos al Archivo Nacional de la Memoria”. En la nota dan cuenta de que ese archivo está conformado principalmente por sus testimonios junto al que familiares, brindaron en juicios de lesa humanidad y en distintos organismos de derechos humanos a lo largo de estos años. Por lo tanto, consideran que la respuesta fue insuficiente. La carta insta a Fernández a que, en su carácter de Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, “disponga la apertura de los archivos del terrorismo de Estado, tanto del período 1974/75 como de la dictadura cívico-militar 1976/1983”. El mes pasado, mencionan también en el comunicado, hubo una reunión en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman . En esa oportunidad, Cristina Caamaño, actual interventora del centro de espionaje oficial, recibió a Carlos Sueco Lordkipanidse y a Carlos Loza. Ellos expusieron que “la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tuvo un rol importante a la hora de recabar información para los secuestros de personas y funcionó como aglutinador con los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas”. En ese sentido, le hicieron saber a Caamaño que “la actual AFI debe tener, en sus fondos, documentos producidos por la entonces SIDE, incluyendo los envíos de información de los demás elementos que conformaron esa ‘comunidad informativa’ al servicio de la represión”. En el cierre de la solicitud, se expresa la responsabilidad del Estado en seguir permitiendo que los genocidas y sus cómplices permanezcan impunes, y las trabas que significa la no apertura de archivos en la búsqueda de nietos y nietas apropiadas, y en saber qué sucedió con las 30 mil personas desaparecidas. “Cada día que pasa sin que el Estado salde la deuda que tiene en materia de apertura de archivos y sin que implemente políticas archivísticas serias, planificadas, que garanticen la preservación y el acceso a esos archivos de forma integral; es un día más que el Estado continúa perpetuando la impunidad y atentando contra el reclamo de memoria, verdad y justicia. Pasaron 45 años del golpe genocida y se cumplieron 37 años del retorno de la democracia. Los años pasan, los genocidas mueren impunes; madres y familiares fallecen sin saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos; cientos/as de jóvenes que nacieron durante el cautiverio de sus madres continúan apropiados/as, con su identidad sustituida, mientras sus abuelas, sus hermanos/as, nosotros/as los seguimos esperando”, cierran. El comunicado completo Buenos Aires, 16 de junio de 2021 Al Presidente de la República Argentina Dr. Alberto Fernández De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Ud. a efectos de solicitar se nos brinde una respuesta ante la solicitud iniciada el 3 de diciembre de 2020 y reiterada el pasado 4 de febrero, relativa al pedido de adopción de las medidas necesarias para la apertura de los archivos de la represión genocida. Al respecto, recordamos que: El 3 de diciembre pasado presentamos a Ud. un petitorio con miles de firmas solicitando la urgente apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura, tanto en virtud de los compromisos asumidos por el Estado para la investigación de los crímenes de lesa humanidad, como en sus atribuciones específicas en su carácter de Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación; Dicha presentación dio origen al Expediente Electrónico N° EX-2020-84314346- -APN-CGD#SGP, en el marco de la ley de derecho de acceso a la información pública Nº 27.275; por el cual el 29 de diciembre recibimos una nota de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; en la que se nos sugería remitirnos al Archivo Nacional de la Memoria. Vale destacar que la mayoría de la documentación que allí se encuentra y se puso a nuestra disposición, fue el fondo CONADEP. Dicha documentación no sólo es de público conocimiento y de vieja data, sino que además está compuesta mayoritariamente por información que hemos aportado los familiares y sobrevivientes al brindar testimonio dentro y fuera del país; siendo éste el insumo básico de acercamiento a la verdad, como ya advertía el mismo informe de la CoNaDeP. Conforme lo descripto en el punto anterior, resulta evidente que la nota recibida no dio respuesta al pedido realizado en diciembre de apertura de los archivos; y tampoco se hizo eco de la apelación a las atribuciones que nuestra Constitución le confiere a Ud. como Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación; Por esas razones, el 4 de febrero nos dirigimos a Ud. reiterando por nota nuestro pedido de que “disponga la apertura de los archivos del terrorismo de Estado, tanto del período 1974/75 como de la dictadura cívico-militar 1976/1983”. En dicha presentación reiteramos que “en su carácter de Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las FFAA, Ud. tiene la facultad de ordenarle formalmente a dichas
Durante su testimonio en el juicio Brigadas, Valeria Gutiérrez Acuña, una nieta con la identidad restituida solicitó esta semana la sanción de una ley que penara el negacionismo respecto al genocidio ocurrido recientemente en Argentina. En marzo de este año, la diputada Patricia Mounier, del Frente de Todos, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto en ese sentido. La Retaguardia la entrevistó para conocerlo en profundidad. Allí, Mounier analizó las repercusiones sociales y políticas que traería su promulgación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: Lorenzo Dibiase/La Retaguardia La diputada nacional Patricia Mounier dialogó con La Retaguardia para brindar más detalles del proyecto de ley para sancionar penalmente la negación del último genocidio ocurrido en el país. Desde su rol como docente, dio cuenta de cómo construir un discurso educativo que deje poco margen de maniobra a quienes niegan o incluso minimizan lo ocurrido. Mounier contó cómo surgió la presentación: “Con motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo presentamos un proyecto que se propone sancionar el negacionismo en nuestro país: Hay discursos, actitudes, ideas y pensamientos que niegan todo lo ocurrido durante la dictadura militar, cívica y eclesiástica del ‘76 al ‘83 y me parece que es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que los organismos de derechos humanos, Madres, Abuelas, Hijos están haciendo al respecto, y que son, incluso, ejemplo de trabajo en derechos humanos en el mundo. Muchos países nos miran en ese sentido. Y cuando este tipo de declaraciones son de parte de funcionarios me parece que es más grave aún. Entonces, lo que plantea el proyecto es sancionar justamente ese tipo de conductas, que niegan, banalizan o vanaglorian lo ocurrido durante la dictadura”. —La Retaguardia: ¿Creés que esto debería haber estado contemplado desde hace tiempo? —Patricia Mounier: Creo que sí. Sobre todo este año hemos visto mucho de esas actitudes negacionistas en las redes, muchas veces en forma anónima y demás. Pero me parece que el avance de la derecha es peligroso en ese sentido, y en muchos otros más. Hay un discurso de la derecha que pretende negar a los 30 mil, pretende ridiculizar y ofender la labor de las Madres y las Abuelas. Y entonces me parece que es hora de que pongamos claridad en esta cuestión y que realmente el que niega lo ocurrido sea sancionado. Yo soy docente además de legisladora y aspiro a que también estos temas se charlen en las escuelas. Lamentablemente en muchas escuelas el 24 de marzo pasa totalmente desapercibido, hay muchos docentes que no quieren hablar. En Santa Fe ocurrió que una docente de Nivel Inicial hizo una actividad con los alumnos explicándole la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo y un legislador de la oposición no solamente la ridiculizó sino que la escrachó en las redes diciendo que estaba adoctrinando a niños de cuatro y cinco años. Me parece muy grave lo que plantea el legislador teniendo en cuenta su calidad de legislador elegido por el pueblo. No puede negar lo que ha ocurrido. —LR: Sin ir más lejos, nos encontramos en las últimas elecciones presidenciales con un personaje como Gómez Centurión que tuvo una bancada muy grande de una parte de la iglesia y que este 24 de marzo salió a vender un buzo que decía “Ni fueron 30 mil ni fueron inocentes”. —PM: Lamentablemente, además, con fotos con jóvenes. Uno siempre piensa que todas las nuevas generaciones tienen otras ideas, otro pensamiento y otra cabeza. Y este tipo de personajes como el que decís juntan gente que los apoya y que hasta los vota. Y me parece que es muy peligroso. Además declaraciones como las de Patricia Bullrich hacia Estela de Carlotto. Incluso gente de la prensa: algunos periodistas se han manifestado en ese sentido. Me parece que cuando se es funcionario, legislador o incluso un comunicador social, hay que tener mucha responsabilidad y seriedad en ese sentido. En el proyecto se plantea una sanción que en el caso de ser funcionario se duplica en cuanto a impedirle que sea funcionario por ese tiempo también. Tenemos que empezar desde esos lugares a dar los ejemplos. —LR: ¿Cómo fue recibido este proyecto? —PM: Muy bien. Ha tenido el acompañamiento de muchos legisladores e incluso hay un par de proyectos más en la cámara. Uno de Marcelo Koenig, también del Frente de Todos, y la idea es trabajar juntos esos proyectos para que puedan llegar a las comisiones y ser tratados. Obviamente que los organismos de derechos humanos han acompañado el proyecto. Estamos esperando que se pueda tratar en las comisiones. Como docente aspiro a que esto también esté en las currículas escolares, también sobre el 24 de marzo, se hable sobre los organismos de derechos humanos. Que se hable de las violaciones de derechos humanos que ha habido en la dictadura. —LR: En Alemania está penado reivindicar el Holacausto. Esto no impidió, por ejemplo, el resurgimiento de grupos neonazis, ¿lo contemplaron? —PM: Con el avance de la derecha que en nuestro país implica gran parte de la oposición y en países como Alemania ese avance del neonazismo y demás, me parece que tenemos que empezar a plantear más fuertemente la cuestión. Por eso confío tanto en la educación. Yo quiero una escuela con perspectiva en derechos humanos, y me parece que si eso lo trabajamos en edades tempranas vamos a tener generaciones mejor formadas y con otra cabeza, otro pensamiento e ideales. Incluso hasta otra militancia. Y me parece que es grave el avance de la derecha que no implica solamente defender lo que han hecho los gobiernos neoliberales y las dictaduras, no solamente en derechos humanos: en planes económicos, proyectos culturales. Todo lo que ha significado la dictadura en nuestro país. Y negar que son 30 mil es negar lo que ha ocurrido en la dictadura, y tenemos testimonios de miles de militantes que vivieron esa época de horror y nos dejan su testimonio para