Despidos
Lo dijo María Eva Gorojovsky, una de las personas despedidas de la Secretaría de Cultura de la Nación. En su paso por el programa radial Estás muteadx, contó la situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras estatales y la pelea que vienen dando frente a los recortes del Gobierno nacional. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Valentina MaccaroneFoto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia María Eva Gorojovsky trabajaba en la Secretaría de Cultura de la Nación, hasta el viernes 5 de abril, cuando se enteró que ya no formaría parte de ese equipo. Su caso se suma a una larga lista de personas que fueron despedidas de sus puestos en el Estado desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación. La trabajadora era parte del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA). En sus palabras, “una especie de INDEC de la cultura nacional”, un organismo público que ofrece información sobre el comercio, producción y divulgación cultural del país. “Los despidos en Cultura están siendo a través de un mail, que yo nunca recibí. Es una manera muy irregular, porque además esos mails no los firma nadie. En el caso particular de la Secretaría de Cultura, que funciona físicamente dentro del Centro Cultural Kirchner (CCK), vivimos una situación muy violenta. El miércoles 3 de abril, bajamos al hall para hacer una asamblea y, cuando llegamos ahí, nos encerraron. Cerraron el CCK completo con cadenas y candados. Nos sentimos secuestrados, estuvimos 20 minutos privados de la libertad. Y eso fue lo que más nos dolió. No solo estás despedido, sino que, peor aún, te violentan”, contó Gorojovsky. Desde que María Eva fue despedida, aún no recibió ninguna notificación. No sabe cómo sigue su situación. La mayoría de esta tanda de telegramas de despidos comenzaron a llegar el miércoles antes de Semana Santa, así como el año pasado, llegaron el día anterior a Navidad y Año Nuevo. “Además, te mandan el telegrama a la una o a las tres de la mañana, en horarios muy irregulares”, detalló. Y agregó: “En el sector de Cultura no han reincorporado a nadie. No reciben a nadie. Queremos la reincorporación de los 248 compañeros que echaron de la Secretaría de Cultura. Han echado a una compañera que está embarazada de ocho meses. No tienen piedad, son monstruosos. No entienden nada de Cultura, ni del trabajo, ni del Estado”. El discurso de que las y los trabajadores estatales son “ñoquis” o no trabajan caló hondo en la sociedad argentina. Hay gente festejando despidan gente y cierren programas del Estado. Gorojovsky se refirió a esta situación: “Ya con los salarios que cobramos los estatales, que no cobramos dos palos como piensan algunos, estamos por debajo de la línea de la pobreza. Ese discurso hay que empezar a romperlo, porque la gente cree que somos ‘ñoquis’, que somos militantes, y no es así. Yo me despertaba a las cuatro de la mañana para llegar a las seis al laburo. No creo que eso sea ser un ñoqui. Hay que desmitificar lo que dicen del empleado público, sino no funcionaría nada. Nosotros somos los que hacemos el Estado, el Estado funciona por nosotros, los laburantes, no por los gobiernos”.. El sábado 6 de abril se realizó el festival ARDE en la explanada del CCK con el objetivo de recaudar fondos para los trabajadores y trabajadoras despedidas. Hubo más de 20 mil personas presentes. “Ahora, estamos preparando una actividad artística de denuncia y difusión, con un cortejo fúnebre de la cultura”, concluyó Gorojovsky.
Por iniciativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se realiza hoy una jornada de lucha contra los despidos masivos en oficinas públicas. En ENACOM fueron cerradas todas las oficinas menos la de CABA, en la que se registrarían un centenar de despidos. En el INaDi trabajadores/as consiguieron ingresar. Esta modalidad se replicó en otras dependencias. En otros lugares, como el Ministerio de Salud, quienes tienen sus contratos vencidos a fines de marzo continúan trabajando sin que nadie les dé alguna precisión. https://www.youtube.com/watch?v=GNDBe3ISDg0
Trabajadores de la empresa EMA Servicios, tercerizados de Edesur, fueron despedidos en plena pandemia y sin respetarse el DNU presidencial que lo prohíbe. Reclaman ser reincorporados a sus puestos de trabajo y que se los encuadre dentro del convenio de Luz y Fuerza. El 14 de mayo se manifestaron en una de las sedes de Edesur y en las puertas del sindicato al que piden ser incorporados. El Ministerio de Trabajo los citó a una reunión con Edesur para la próxima semana para intentar resolver el conflicto. La Retaguardia entrevistó a Silvio, uno de las personas despedidas, para más detalles del caso. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier / Pedro Tato ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur Silvio, trabajador despedido de EMA S.A., empresa tercerizada de Edesur relató: “Nosotros venimos trabajando hace más de dos años prestando servicios a Edesur. Somos tercerizados por la empresa contratista EMA. Hace tres meses y medio empezamos una lucha sindical reclamando un cambio de convenio que nos corresponde ya que la empresa (EMA) y Edesur, nos tenían encuadrados en el convenio UOCRA, como empleados de la construcción. Hoy un empleado de Edesur cuenta con el convenio del sindicato Luz y Fuerza y —realizando las mismas tareas, trabajando menos horas y cumpliendo menos tareas— gana el triple que nosotros”. El mayor sueldo que Silvio llegó a cobrar fue de entre 40 y 49 mil pesos en dos quincenas (trabajó horas extras de producción para llegar a esos números). Ese salario está muy por debajo de la canasta básica: “Cuando comenzamos esta lucha sindical hace 3 meses y medio la empresa empezó a hacer una persecución laboral. Empezaron a hacer despidos sin causas. Primero a 6 personas. Después nos suspendieron a todos. Tuvimos que ir a hacer quilombo a la empresa para que nos reincorporen de la suspensión porque era sin goce de sueldo. Hace dos semanas tomaron la decisión de echarnos a todos. Nos echaron. Así, de la nada, de un día para otro. EMA, en conjunto con Edesur, decidieron informar que se terminó el contrato que EMA tenía con Edesur”, denunció. En plena crisis sanitaria y rompiendo con el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial que prohíbe los despidos en este contexto, los trabajadores perdieron su única fuente de ingresos: “Entonces acá estamos, peleándola, para que nos reincorporen de vuelta, porque dejaron a 60 personas en la calle, sin trabajo, en plena pandemia, siendo que no se puede despedir. Además nosotros somos trabajadores esenciales, prestando nuestro esfuerzo para mejorar el servicio de la gente”, afirmó Silvio. La mañana del viernes se manifestaron en las puertas del sindicato de Luz y Fuerza para elevar un petitorio exigiendo la reincorporación: “Nosotros hace tres meses venimos pidiéndole al sindicato y ellos hacen la vista gorda. Para nosotros es responsable de que nos terminen echando, porque nunca nos dieron bola. Hace 3 meses y medio empezamos a juntarnos, hicimos asambleas, elegimos representantes, votamos delegados y lo notificamos por telegrama, con los nombres de los compañeros elegidos, certificado por escribano público. También nos respondieron con la negativa, no lo reconocieron. Dadas todas estas medidas que decidimos hacer, los echaron a todos. Ni uno quedó”, sentenció Silvio.
Lo dijo Nadia Polanco, delegada general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con el programa radial Otras voces, otras propuestas, Polanco denunció despidos y brindó detalles sobre las precarias condiciones de trabajo del sector y las acciones de lucha para hacer más visible el conflicto. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: La Izquierda Diario “El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat encabezado por María Migliore, que es una de las figuras que viene resaltando el Pro en la Ciudad de Buenos Aires, nuevamente arremete con políticas vinculadas a ajuste, desfinanciamiento, a recrudecer las condiciones de empleo, y que también se ligan intrínsecamente con las posibilidades de alcance de políticas públicas en las cuales nosotres trabajamos. Que son aquellas vinculadas a las problemáticas de mayor sensibilidad en la Ciudad. Durante todo el año pasado, en distintas oportunidades en varios meses hemos tenido que sufrir un recorte del 5% del Ministerio, que ya es bastante. El Ministerio de Hacienda, de quien dependemos, considera que es excesivo el gasto, por ende el recorte”, comenzó explicando Nadia Polanco, delegada general de la Junta Interna de ATE en Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esenciales, y no tanto “Recordemos que este es un Ministerio (el de Desarrollo Humano) que fue declarado esencial por el propio Gobierno. Porque acompañamos situaciones de vulnerabilidad extrema y justamente en el contexto de pandemia es donde más ha quedado a las claras los fundamentales que son nuestras tareas de cuidado. Es decir, lo que realizamos día a día por ejemplo en hogares donde viven niños y niñas que están privados de sus cuidados parentales, todas las situaciones de ambivalencia machista que acompañamos. Además niños y niñas son víctimas de situaciones de abuso o de explotación sexual”, remarcó Polanco. “En este caso arremetieron contra una dirección que tiene un enorme trabajo territorial y que detecta directamente en campo cuales son las problemáticas más angustiantes que se viven en los barrios. Irónicamente se llama de ‘Inclusión Social’ la Gerencia, y deja sin trabajo desde el recorte de este 5% a una compañera que nos parece un caso emblemático. Porque padece de una enfermedad respiratoria con lo cual no tiene posibilidades de salir a buscar un trabajo en el recrudecimiento de los contagios, y es único sostén de su hija de dos años”, agregó. Precarizades Nadia Polanco dio a conocer una preocupante cifra de trabajadores y trabajadoras precarizadas: “Hay alrededor de 18 mil compañeros y compañeras en todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contratados bajo lo que denominamos modalidades fraudulentas. Porque no tienen ningún tipo de acceso a derechos fundamentales establecidos por ley: obra social, aguinaldo, o ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo). Cobran sueldos que hoy se encuentran por la mitad de lo que establece en la canasta básica. Por sus características de fragilidad, es hacia el sector donde se apunta cada vez que hay que realizar los despidos. Entonces, esto no solo deja sin empleo a los compañeros y compañeras reduciendo las posibilidades de atender de una mejor manera desde las políticas públicas, sino que además generan mecanismos de disciplinamiento y de control muchos mayores”, explicó. “De esta forma se está trabajando en una relación desigual de poder, la que se tiene con quienes ocupan cargos jerárquicos diferenciados. Tenemos contratos tercerizados con convenios por ejemplo con la UBA (Universidad de Buenos Aires) por lo tanto el Gobierno se desliga de toda responsabilidad. A otros y otras se les paga por horas a través de una ONG, sin derechos y garantías. Tienen que hacer turnos de 12 horas consecutivas 4 veces a la semana para lograr un sueldo”, continuó describiendo. Hacer más con menos “Nosotres trabajamos en lugares que tienen denuncias de posibles derrumbes. Donde hubo que salir a inventar espacios de transición, de aislamiento y condiciones mínimas acordes para hacer frente a la pandemia. Esto se expuso contundentemente desde el año pasado. A pesar de haberse tratado una ley de emergencia en la legislatura supuestamente para fortalecer este tipo de ministerios, lo cierto es que nosotres no solo no vimos ningún tipo de inyección presupuestaria o mayores contrataciones, sino todo lo contrario. Vemos despidos, ajustes y desfinanciamiento. Cada vez más pedidos de hacer más con menos”, aseguró Polanco. Acciones de lucha La delegada general de la Junta Interna de ATE en Promoción Social contó también con qué herramientas trabajan frente a esta situación. “Venimos elaborando desde la junta interna un conjunto de acciones que tienen que ver con una variedad de instrumentos a los que podemos acudir, no solo digamos a nuestra capacidad de fuerzas, de lucha y acciones en las calles, sino también que lo que tiene que ver con los distintos organismos de control que deberían monitorear el desarrollo de las políticas públicas entre ellas la Legislatura. También articulando con todos los bloques que no son del Pro. Pudimos sacar pedidos de informes, pero en estos términos el alcance de la Legislatura es limitado”, dijo. “Si bien desde lo judicial se pueden acompañar algunas acciones, creo que el mayor peso está en la lucha política, en función de cómo se puede generar una interpelación social del drama que estamos viviendo. Hay también un blindaje mediático tremendo como para poder hacer oír algo de estas voces. Hay que dar una discusión importante de ‘para quién es esta Ciudad’. Porque en definitiva termina siendo accesible para unas pocas personas que tienen determinadas condiciones y las poblaciones vulnerables siguen siendo sepultadas bajo alfombras”, destacó.
Hace varias semanas que Matías Paradiso cerró la fábrica de alfajores La Nirva. Para mantener sus puestos e impedir el vaciamiento de la empresa, los trabajadores y trabajadoras iniciaron un acampe en la puerta de la fábrica en Lomas del Mirador, haciendo ollas populares, vendiendo golosinas y productos para tener ingresos. El último lunes tras semanas de acampe, también reclamando en el Sindicato de Pasteleros y el Ministerio de Trabajo, y 7 meses sin cobrar sus sueldos, obtuvieron respuesta y la empresa se dispone a pagar los sueldos adeudados y retomar la producción en junio. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Agustina Salinas/Andrés Masotto 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Agustina Salinas/Andrés Masotto En Lomas del Mirador se escuchan aplausos. No son programados, ni desde balcones. Son en respuesta a las donaciones que reciben las y los 65 trabajadores de Alfajores La Nirva, que acampan en la puerta de la fábrica, sobre la calle Dorrego al 800, desde hace ya tres semanas, cuando el dueño Matías Paradiso decidió cerrar las puertas. La empresa que produce el alfajor Grandote arrastra su primer conflicto desde hace casi dos años, cuando el actual dueño la compró y echó a más de 80 trabajadores y trabajadoras, reduciendo turnos. En noviembre del año pasado dejó de pagar los sueldos y en diciembre entregó cheques a 90 días que resultaron no tener fondos. Estas maniobras de Paradiso son respaldadas por el Sindicato de Pasteleros, dirigido por Luis Hlebowicz, que a lo largo del conflicto no dio respuestas en defensa de sus afiliados hasta este lunes que, con intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, se instó a la empresa a abonar los sueldos adeudados. Luego de tres semanas de acampe, mientras exigían respuestas tuvieron que hacer venta ambulante por el barrio y asegurarse algunos ingresos. Hace unos días atrás fueron presionados por una patota, con amenazas diciendo que iban a “pegarle dos tiros a cada uno” si no levantaban el acampe. Pese a esto, siguen resistiendo, turnándose para las guardias cuidándose entre todas y todos porque no confían en la patronal y, más allá del cobro de sueldos, temen que el dueño quiera llevarse las maquinarias de la planta. En una de las banderas que cuelgan en las paredes de la fábrica se lee: Ocupar, Resistir, Producir. Y con apoyo de muchos trabajadores y trabajadoras que se solidarizan con su lucha, van en ese camino.
El sábado 2 de mayo, 14 trabajadoras del Área de Fortalecimiento Familiar de la Municipalidad de Tigre fueron despedidas. En este contexto complejo, el Intendente Julio Zamora (Frente de Todos) decidió recortar un área sensible y clave para el abordaje de situaciones de violencia, que se han incrementado por el aislamiento social obligatorio. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Cicop Que el día del trabajador y trabajadora tiene un sentido diferente según las banderas ideológicas que flameen en cada corazoncito es harto conocido. Sin embargo, no se puede negar que siguen apareciendo conmemoraciones originales. Despedir trabajadoras en el fin de semana inmediato posterior al recuerdo de los mártires de Chicago difícilmente tenga parangón con nada. Al massista rosarino Julio Zamora le corresponde la cocarda. “El sábado las compañeras reciben un llamado de un particular, que no identificaban entre sus coordinadoras o autoridades municipales”, comienza el relato de una trabajadora del Programa. “Ahí, les avisan que su contrato, ya vencido porque debía renovarse el 1° de Abril, no continuaba. Por supuesto, ellas habían consultado qué estaba sucediendo. Pero las respuestas de sus superiores eran evasivas, desentendiéndose de la situación”. Conviene recordar los nombres de quienes toman o avalan decisiones. El quinteto está conformado por: Cecilia Ferreira en la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de inclusión, Natalia Reynoso en la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidades, Graciela Basso en la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento Familiar, Aldana Aguirre en la Dirección General de Políticas de Género y Violencia laboral y Nadia Olivieri en la Dirección y Coordinación de Infancia Adolescencia y Familia. El testimonio de la trabajadora tigrense continúa. “A esto se suma que existen 21 trabajadoras monotributistas que aún no renovaron contrato y siguen sin respuestas. A otras 2 trabajadoras, que están en planta transitoria, les dijeron que les iban a acortar las horas de trabajo, reduciéndoles el sueldo. Existen otras áreas con descuentos importantes en marzo, con eliminación del pago de horas extras y reducción de horas, Deportes y Cultura son las más afectadas. Por otro lado, todas las despedidas son mujeres y no está de más comentar que el 50 % de los trabajadores y las trabajadoras tiene contrato monotributista”. La decisión política de ajustar un 20 % de la planta de trabajadoras y trabajadores en un área tan sensible, si bien nunca es aceptable, no se toma en el momento más adecuado. “Si en nuestro laburo cotidiano, en contextos normales tenemos mucho trabajo, precario, con múltiples tareas, y contratos que no se renuevan cuando vencen, imagínense en un marco complejo y de excepción como el actual, porque somos un servicio esencial, que trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual, y con mujeres en situación de violencia, cuestiones agravadas en el contexto actual de aislamiento. Estas medidas afectan a 10.500 niños y niñas y adolescentes y a 17.500 mujeres ”, describe la trabajadora. Ante estas medidas adoptadas por el municipio, que incluso viola el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20 (Prohibición de despidos en cualquier área), las trabajadoras y los trabajadores ya comenzaron a pensar acciones para visibilizar y denunciar, tratando de modificar la decisión del intendente Julio Zamora. “Nosotras venimos haciendo un proceso de organización y de lucha con Cicop (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) desde hace tres años. Logramos remover en noviembre de 2019 a Víctor Molina, Director de Infancia, por maltrato laboral, violencia de género hacia las trabajadoras e incompetencia como funcionario público” explica la trabajadora consultada. Prosigue, realizando una lectura atendible y que se observa habitualmente por parte de las patronales: “Creemos que esto también debe leerse como una represalia en torno al trabajo sindical y de lucha que venimos llevando a cabo”. Y cierra, anunciando la jornada de lucha: “Estamos pensando una medida de fuerza para el Lunes 4 de mayo, a las 10 de la mañana. Una concentración frente al Palacio Municipal de Tigre, en Avenida Cazón 1514, para reclamar la renovación de los 35 contratos suspendidos, que abarcan el área de Fortalecimiento Familiar y otras, y la reincorporación de las 14 compañeras. Habrá una radio abierta, una asamblea y la participación de diferentes organizaciones de la zona junto con la comunidad tigrense”.
Se trata de una de las cadenas de kioscos más importantes de la Ciudad y el Conurbano, que despidió a 150 trabajadores/as que estaban en condiciones de contratación precaria. Esta decisión viola el decreto 329/2020 que prohíbe despidos por 60 días, y la patronal de OPEN 25 suma así más irregularidades a su historial. Hablamos con Alejo Caivano, abogado laboralista y representante de varios empleados y empleadas de la cadena. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Andrés Masotto✏ Redacción: Andrés Masotto💻 Edición: Rosaura Barletta El abogado se refirió, primero, a las condiciones de precariedad previas a la pandemia: “Si hoy hubiera una competencia de condiciones de hiper-explotación entre empresas que emplean a más de 3.000 laburantes en CABA y AMBA, la cadena OPEN 25 entraría en el podio con un probable primer lugar. Sus laburantes tienen un régimen que es bastante parecido al feudalismo: laburan doce horas de lunes a domingo y cuentan con un solo franco semanal. El total de las horas semanales que deben trabajar es de setenta y dos horas semanales. La jornada legal actual para el gremio de comercio (el que corresponde a la actividad) es de cuarenta y ocho horas semanales. En total hacen veinticuatro horas extras por semana, siempre en dos turnos, de siete a diecinueve horas y de diecinueve a siete”, enumeró Caivano. Y sentenció: “Si falta el reemplazo, deben quedarse hasta que los supervisores consigan algún otro. Si no consiguen, deben quedarse hasta completar el turno, laburando al menos veinticuatro horas”.Las lamentables condiciones laborales que pesan sobre los contratados por Juan Manuel y Jorge Damiani no terminan ahí. Muchas empresas vieron en la pandemia la oportunidad para profundizar la violencia contra sus empleados y empleadas, y los hermanos Damiani no fueron la excepción. “Alguien distraído pensaría que ganan fortunas de esa forma, trabajando todas esas horas: ganan $25.000 de los que tienen recibos de sueldo por menos de la mitad. Todo se los pagan en efectivo. En épocas de pandemia los están obligando a trabajar todo el tiempo o a permanecer en los locales cerrados ‘cuidando la mercadería’, sin ningún elemento de seguridad”.“Las condiciones de trabajo que se dan en esta cadena son lamentables incluso para nuestro mercado laboral. Me han informado todo tipo de manifestaciones xenófobas por parte de supervisores de esta empresa quienes vulneran a diario los derechos de los trabajadores de esta empresa. Estamos hablando de una expropiación por parte de los empresarios, cotidiana e ilegal. Los trabajadores tienen miedo porque los amenazan constantemente”, expresó Caivano.Sobre los recientes despidos, el abogado, que lleva adelante varias causas contra la cadena, detalló: “Ahora despidieron a 150, algunos que no habían cumplido los tres meses de prueba. De esa forma se ahorran aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales. ¿Alguna duda de quién va a pagar la crisis del sector? Es importante destacar que los locales están abiertos actualmente. A muchos que les ofrecen mantener el trabajo les piden que renuncien a las empresas que los contratan y les dicen que otras empresas los tomarán en otros locales, todos de la misma cadena, pero registrados por sociedades distintas para evadir responsabilidad”. ¿Y el Estado? Alberto Fernández firmó el 31 de marzo el decreto 329/2020, con Techint como caso insignia, que amenazaba con despedir a 1450 trabajadores/as. Se estableció entonces la prohibición de despidos por 60 días. A pesar del decreto, las personas despedidas, cesanteadas y suspendidas ya son 300 mil, dentro de los que se encuentra el grupo de Techint, cuyo accionar fue oficialmente convalidado por el Ministerio de Trabajo. Y esas 300 mil son solo las registradas.“Había una expectativa importante en diciembre pasado con la elección de las autoridades del ministerio de Trabajo respecto de que esta empresa tenga alguna fiscalización por parte del Estado. No se concretó cambio alguno. Lo mismo que con el cambio presidencial anterior. OPEN 25 goza del visto bueno del Ministerio y del Sindicato de Comercio: el Estado en su conjunto está unido para que estos laburantes estén en condiciones de explotación precapitalistas en comercios que están a metros de la Casa Rosada”, planteó el abogado. Y agregó: “Hace dos días la CGT y la UIA firmaron con el aval del propio Ministerio de Trabajo un acta acuerdo que recomienda reducir los salarios de los trabajadores para ‘solventar’ la pandemia. ¿Harán lo mismo para que los empresarios compartan sus ganancias cuando pase esto?”, interpeló. No quieren que se hable de ellos“El año pasado junto a un grupo de abogados denunciamos esta situación y la empresa me envió carta documento para que no realice denuncias públicas sobre las condiciones de esta empresa, amenazándome con acciones penales y civiles”, finalizó.
Karina Almirón, una de las militantes gremiales más activas dentro del hospital, trabajadora en el Posadas desde 2002 y despedida por la gestión macrista, fue reincorporada a su lugar de trabajo después del despido. Una noticia y una jornada que refuerzan que luchar sirve. (Por Karina Almirón* La Retaguardia)📝 Redacción 👉 *trabajadora del hospital despedida y reincorporada💻 Edición 👉 Rosaura Barletta📷 Foto 👉 Colectiva Fotografía a Pedal En estos días, los trabajadores despedidos del hospital Posadas fuimos tendencia en Twitter por segunda vez. La primera vez fué hace poco más de dos años, cuando 220 trabajadores fuimos desvinculados sin causa, sin telegrama, sin indemnización, después de 15 o más años de trabajo en diferentes sectores. Había médicos, enfermeros, técnicos, administrativos. Fue un disciplinamiento a todos los trabajadores del hospital. Al que reclama, despido. Se llevaba a cabo un plan macabro de ataque a los despedidos y de persecución a los no despedidos, con cámaras, gendarmes, patotas, amenazas, golpes. Intentaron quebrarnos, amedrentarnos, pero el ataque fue tan brutal, que no nos quedó otra opción que ponernos de pie, unirnos a pesar de las diferencias políticas y luchar, en defensa de nuestros puestos de trabajo y de la salud de la población más vulnerable de nuestro país. Contradictoriamente, la traición, la entrega y la canallada sin límites fortalecieron nuestro coraje y dignidad para luchar. Así hicimos fondo de lucha (dónde en cada organismo contábamos de nuestra pelea contra la precarización), festivales, peñas, unimos nuestra lucha a todos los estatales y también a cada trabajador que tomaba las calles para luchar. Teníamos además un equipo de abogados laboralistas especializados en defender trabajadores porque estábamos decididos a dar la pelea en todos los ámbitos. Hicimos de nuestra lucha una causa nacional en defensa de la salud pública gratuita y de calidad. Gracias a los trabajadores de los medios de comunicación llegamos a cada hogar. Denunciamos el vaciamiento y los negociados de la gestión macrista. En el camino perdimos tres compañeros que fallecieron sin llegar a la reincorporación. Finalmente conseguimos la decisión política del nuevo gobierno de reincorporar a los trabajadores despedidos, medida indispensable para el buen funcionamiento del hospital. Todo se decidió en asamblea. Entramos los primeros 60 trabajadores a los que luego seguirán otras tandas mensuales, hasta que volvamos todos.Hoy yo, Karina Almirón, me permito festejar y agradecer. Cuando sentí que el mundo no tenía sentido, me sostuvieron mi familia, amigos, compañeros de militancia, Norita Cortiñas, pero también gente que no me conocía, pacientes, el curso de huerta orgánica del botánico de Marcos Paz, el taller de cerámica, la Feria Verde. Este triunfo se gestó sobre la lucha pero también sobre la solidaridad y esa experiencia acumulada me va a acompañar toda mi vida ¡Gracias y arriba los que luchan!
Son entre 80 y 100 desvinculaciones, y fueron afectados todos los trabajadores que se organizaron gremialmente luego de la muerte de Cinthia Choque. La agente de tránsito fue atropellada por el periodista Eugenio Veppo, que intentaba sortear un control de alcoholemia. Como consecuencia, quedó herido otro agente Santiago Siciliano que aún se recupera en el hospital Fernández. Marcos Gómez, uno de los despedidos, dialogó en el programa Otras Voces, Otras Propuestas. (Por La Retaguardia)Entrevista: Rosaura Barletta y Luis AngióEdición: Rosaura Barletta Foto: Agustina Salinas Luego de que Eugenio Veppo embistiera a Cinthia y Santiago, los trabajadores de la dirección general de Tránsito, dependiente del gobierno de la Ciudad, se organizaron por sus condiciones laborales. Además de contratos basura (como monotributistas, por 25 mil pesos), no cuentan con ART y trabajan en condiciones de precariedad. “En esa noche trágica, muchos de nosotros tomamos consciencia de a lo que estábamos expuestos en nuestro trabajo. A partir del pedido de justicia por Cinthia y Santiago y para que Eugenio Veppo esté en la cárcel y cumpla condena, surgieron un montón de reclamos en cuanto a la seguridad y en cuanto a la metodología de contratación. De un total de 2700 agentes, 1900 estamos en modalidad de locación de servicios, pagando el monotributo. Una modalidad basura que le deja al gobierno la chance de no pagarnos aguinaldo, no tener ART y todas las prestaciones que debería tener un trabajador que se expone todo el tiempo como Cinthia y Santiago a los peligros que conlleva el trabajo. Conocemos los peligro del trabajo, lo que pedimos son mejores medidas de seguridad y que se termine la precarización laboral”, planteó Gómez. “En base a esto, después de ese día empezamos a organizarnos. Primero, a conocernos porque somos muchos. Empezamos a elevar el reclamo y a denunciar al gobierno de la ciudad por la situación de precarización a la que nos somete. Esta organización surge de las bases, haciendo asambleas en cada turno. Cada referente elegido por sus compañeros empezó a juntarse con los otros y a idear pedidos hacia el ejecutivo. Nos encontramos, primero, con un ejecutivo abierto, buscando diálogo, pero a partir de que fueron pasando las semanas se cerró completamente. Nuestro gremio es SUTECBA, poco presente siempre, pero esperábamos que después de lo de Cinthia y Santiago nos respaldaran, que reclamaran lo mismo que nosotros que estamos en la calle y conocemos los riesgos. A pesar de eso, SUTECBA, históricamente aliado del poder ejecutivo de la Ciudad, nos dio la espalda”, denunció el agente despedido. Sobre el gremio, insistió: “Se alió a la patronal y desconoció a los trabajadores en su reclamo legítimo. Tuvimos que agruparnos sin apoyo del gremio y pelear los dos frentes. Con el ejecutivo por las mejores condiciones laborales y con el gremio porque nos atacaron con patotas, aprietes, diciendo que éramos mentirosos. Muchos de los que ese día levantamos la voz y empezamos a denunciar al ejecutivo, a Larreta en este caso, para que nos brinde mejores condiciones laborales, fuimos echados después del 31 de diciembre. Se vencía nuestro contrato anual pero es encubierto, ellos dicen que no lo renovaron pero yo hacía cuatro años que estaba en el cuerpo de agentes, nunca tuve problemas con la renovación de contratos y ahora me encontré con que me echaban por teléfono y sin ningún motivo”, explicó.Algo huele a persecución Gómez no fue despedido por cualquier razón, igual que muchos de sus compañeros a quienes no les renovaron el contrato, formaba parte del reclamo que se suscitó con más intensidad luego de la muerte de su compañera Cinthia: “De los doce referentes que éramos originalmente, sólo quedaron tres. Dos de ellos son planta y la otra chica tiene hijos y tuvo un problema de que no le pagaban, trascendió la noticia de ella y no la tocaron. A los demás, nos despidieron injustificadamente a todos, inventando que pasamos médicos truchos, que nos excedimos de médicos. Un montón de arbitrariedades y nos dejaron afuera a entre 80 y 100 compañeros. Nos organizamos, presentamos un recurso de amparo junto a ATE y junto a ellos presentamos un amparo ante la justicia. El amparo sigue su curso, tarda. Además, presentamos una medida cautelar para que, hasta que se resuelva el amparo, el gobierno no despida ni desvincule a ningún agente. Fue aprobada a fines de noviembre y a pesar de eso, nos desvinculó. Otra vez, vuelve a estar fuera de ley, no sólo en la modalidad de contratación sino haciendo caso omiso a lo que dictó la jueza”, contó sobre las faltas que comete el gobierno de la Ciudad. “Hay un total de nueve bases operativas más algunas plazas de grúa donde trabajan pocos chicos. Están distribuidas en puntos neurálgicos de la Ciudad. Todos laburábamos de la misma manera, cumplíamos la misma función, los mismos horarios, yo podía salir un día con un agente de planta, un día con un monotributista, y teníamos la misma función. Pero no teníamos aguinaldo, ART, todo lo que debería tener un trabajador”, denunció Gómez. Sobre las condiciones laborales a partir de los reclamos, el agente despedido explicó: Después de la muerte de Cinthia no cambió nada. Al gobierno le llegó un amparo de un ciudadano planteando que cómo alguien que es monotributista va a llevar adelante una tarea de fiscalización. No es un funcionario público. Con toda razón, el ciudadano presentó esta demanda hacia el Estado. En una primera instancia, la jueza lo aprobó, el gobierno apeló y se aprobó esa apelación”, lamentó.“Cuando murió Cinthia, el diálogo arrancó, fue directo, tuvimos conversaciones con el ministro de Transporte, de Trabajo, pero después de tres mesas de diálogo en las que no hubo soluciones, cortaron todo tipo de vínculo con nosotros y directamente se empezaron a manejar con sus amigos del sindicato (SUTECBA) y dejaron de tener diálogo con nosotros. Por eso tuvimos que organizarnos por fuera, afiliarnos a ATE, otro gremio, para poder tener un respaldo legal para reclamos gremiales. Muchas de las despedidas son mujeres, sostenes de familia, algunas
Esta mañana, trabajadores de Télam acompañados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) montaron un acampe en la puerta de la Cámara Nacional del Trabajo. Demandan una “justicia independiente” que resuelva su situación laboral ante los mas de 350 despidos que aplicaron en la agencia estatal a mediados del año pasado. Además denuncian “maniobras del Gobierno y presión ante el fuero laboral”, lo que implica que no se resuelvan las situaciones judiciales de los despedidos. El acampe se mantiene vigente hasta que reciban una respuesta concreta, y advierten que Hernán Lombardi planea nuevos despidos. Compartimos un fotoinforme. (Por Agustina Salinas para La Retaguardia)