gervasio muñoz

Lo dijo Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados en diálogo con el programa radial Viernes Culturales. Muñoz hizo una evaluación a un año de la sanción de la Ley de Alquileres. Además, admitió que es difícil la implementación y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir lo que el Congreso decidió. También se refirió al rol del Estado y la necesidad de una política de acceso a la vivienda. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Nicolás Berenstein/Mara Laporte ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Inquilinos Agrupados —A un año de sancionada la Ley de Alquileres, ¿qué balance podés hacer? —Se me ocurre hacer dos análisis: por un lado lo que tiene que ver con la implementación de la ley porque sabíamos que iba a ser difícil y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir con lo que el Congreso o el Estado decide. Sabemos que hay ahí una pelea muy importante. Creíamos que el Estado nacional iba a tener un rol un poco más activo, y no lo tuvo. Lo esperamos, porque no nos cansamos de creer que lo va a tener en algún momento. El otro análisis es político, porque la Ley de Alquileres ha planteado una discusión importante que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Discutir el fondo y no tanto si hay que construir una vivienda o no, sino qué modelo de acceso a la misma y qué modelo de Estado podría garantizarla. Este derecho, entonces, no puede estar en manos del mercado. Es fundamental un marco regulatorio y para nosotros la Ley de Alquileres es el comienzo.  Campañas en contra de la Ley “Las empresas de los medios de comunicación llevan adelante una campaña en contra de la Ley muy fuerte, pero creo que la gran victoria es que se esté hablando del índice en los contratos de alquiler, que está en el 43%, cuando antes no había ningún tipo de discurso acerca de lo que sucedía con la regulación del Estado”, dijo el referente de la organización Inquilinos Agrupados.  —¿Hubo alguna campaña mediática o del Estado en favor de la Ley? —No hubo una sola campaña planteando e informando los derechos conquistados en  la ley. Es una forma de darle la señal al mercado inmobiliario de que pueden seguir haciendo lo que quieran y que el Estado no se va a meter mucho. El negocio del mercado inmobiliario es transversal a la clase política, al poder judicial, a los medios de comunicación y al sector de los grupos económicos más fuertes de Argentina. Pero además la propiedad privada se ha constituido en los sectores populares, y ahí nosotros tenemos un desafío muy importante, que es disputar el sentido.  —¿Es lo que querían o le falta algo? —No era lo que queríamos. Nosotros negociamos esta ley que hoy está vigente con el macrismo, con la Cámara Inmobiliaria y con el apoyo en esa negociación del Frente de Todos. Queríamos que los alquileres se actualicen por salarios y por promedio entre inflación y salarios, pero el macrismo y la Cámara no querían, entonces cedimos. El gobierno de turno y otros sectores políticos querían que los alquileres se actualizaran cada seis meses. Cuando llega este gobierno, desde nuestra asociación le presentamos a la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, el proyecto de ley que verdaderamente queríamos. onde planteamos, entre otras cosas, un plazo mínimo de contrato de alquiler de siete años, para que los pibes puedan terminar la escuela viendo en la misma casa. También que los y las inquilinas tenemos voz y voto en las reuniones de las administraciones de consorcio, que el precio del alquiler está regulado por salarios, y un esquema de impuestos a las viviendas vacías. Cuando vieron todo esto apuraron la ley para que salga con lo que habíamos negociado con el macrismo y la Cámara Inmobiliaria. Entonces no era lo que nosotros queríamos, pero fue por lo que nosotros entendíamos el mejor proyecto para el momento político que estábamos viviendo. Así y todo, esta ley es la mejor posible en este gobierno también.  —Un 40% de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es inquilina, ¿existe un estimado de cuántas viviendas disponibles son alquilables? —En la Ciudad somos 3 millones de habitantes desde 1947, sobre eso hay 1,5 millón de viviendas, una vivienda cada dos personas. El exceso de oferta es importante. De esa disponibilidad de viviendas, 500 mil están en alquiler y se calcula que alrededor de 200 mil están vacías. Además, el 36% de la población alquila en el mercado formal y alrededor de un 5 o 6% alquila en villas, hoteles, pensiones, inquilinatos. En el 2000 esta población era de un 20%. Hoy, 20 años después, se duplicó llegando al 40%. Estimamos que en el 2030, 2035, más de la mitad de la población en la Ciudad va a vivir en viviendas alquiladas y la concentración de las mismas va a ser mucho más profunda.  —¿Hay alguna forma de controlar que las inmobiliarias cumplan con la Ley de Alquileres? —Creo que ahí el rol del Estado es clave. Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad tiene dos políticas de vivienda que son profundamente complementarias para los fines que persiguen: garantizar grandes negocios inmobiliarios vendiendo tierra pública, construyendo barrios en la periferia, dejando las ciudades al mercado, desregulando el suelo, el metro cuadrado, el precio del alquiler, precios de viviendas dolarizadas. Y la otra política es el subsidio para los que se cayeron del mapa y nunca más van a volver. Subsidios que terminan en manos de los propietarios y en el medio no hay nada. La Ley de Alquileres golpea esa lógica para plantear que nosotros no queremos subsidios. No porque tengamos prejuicios, sino porque no creemos que sea una política de vivienda. Por supuesto, no queremos construcciones de barrios a 60 kilómetros de las ciudades o que se venda y regale tierra pública. Lo que queremos es que