Sueco Lordkipanidse
Carlos “Sueco” Lordkipanidse estuvo desaparecido en la ESMA y pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dicte una medida de no innovar sobre el campo de deportes, porque el lugar fue utilizado para incinerar cuerpos de personas secuestradas. Otro tribunal autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que le otorgue el uso del terreno al Club Atlético River Plate para que construya una serie de instalaciones deportivas. Texto: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero El Sueco Carlos Gregorio Lordkipanidse estuvo secuestrado en la ESMA desde noviembre de 1978 hasta principios de 1981. El 6 de septiembre de 2023 volvió a declarar en un tramo del megajuicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. En esta oportunidad, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires que dicte una medida de no innovar sobre el campo de deportes de la ESMA porque el lugar fue utilizado para incinerar cuerpos de personas secuestradas. El Sueco explicó que los miércoles los genocidas de la ESMA realizaban los traslados de detenidos y detenidas hacia el “destino final”: los vuelos de la muerte que salían del Aeroparque Jorge Newbery. Desde ahí eran arrojados con vida al mar. Pero si las y los secuestrados eran asesinados antes del miércoles se modificaba el método para su desaparición. “Si una víctima llegaba muerta al centro clandestino un día viernes no iban a esperar hasta el miércoles. Lo mismo quienes fallecieron producto de la tortura y de los maltratos un día lejano al día de traslados”, detalló Lorkipanidse. “La Escuela de Mecánica de la Armada nunca tuvo morgue por lo tanto (al cuerpo) nunca se lo pudo preservar más allá del espacio del edificio de oficiales y la solución era que se utilizaba el campo de deportes como lugar de cremación”, explicó el testigo con la sencillez de quien cuenta algo que ya se sabe. El Tribunal no lo ignoraba tampoco porque en la inspección ocular Ana María Soffiantini y Ricardo Coquet, sobrevivientes del genocidio, le relataron lo ocurrido en ese predio lindero a la ESMA y la importancia de recuperarlo como Sitio de Memoria. La urgencia de este pedido radica en que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Lijo, autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a otorgar al “Club Atlético River Asociación Civil” un permiso de “uso precario y gratuito” del Campo de Deportes de la ESMA para que modifique el terreno y construya una serie de instalaciones deportivas. Además de mancillar la memoria de las víctimas del último genocidio, entorpecerían a la Justicia ya que se trata de “un lugar de prueba” judicial. Lordkipanidse dijo que al menos 12 personas podrían haber sido incineradas en ese lugar en el periodo que estuvo secuestrado. Recordó además que, al momento de los hechos, no era un campo de deportes. “En aquel entonces no había actividades deportivas, era un campo de entrenamiento. Se desarrollaban actividades de entrenamiento de combate”, explicó. El sobreviviente estuvo en una inspección ocular en el campo de deportes y pidió que se preste especial atención a dos lugares: “Una plancha de cemento de concreto, que nunca fue investigado lo que hay abajo y que las fotos de la época y el testimonio del conscripto (y sobreviviente) Aníbal Prado Marín dice que en ese lugar no estaba tal plataforma. Y un garage, o galpón semicilíndrico, que tampoco fue investigado ahí abajo. Independientemente de estos dos lugares, pedimos que se declare la medida de no innovar en todo el predio”, aclaró. “Hago un pedido de que se promueva una medida de no innovar en todo el predio”, reiteró Lorkipanidse, porque existe la posibilidad de encontrar restos de personas secuestradas por el único imputado que tiene este tramo del juicio, el exteniente de navío del Servicio de Inteligencia Naval, Jorge Luis Guarrochena El pedido fue acompañado también por la Fiscalía y el Tribunal ahora deberá tomar una decisión. Los 12 nombres de las víctimas:Daniel EchevarríaJorge Salvador GulloRaimundo VillaflorRicardo SáenzGuillermo AmarillaHugo PalmeiroGraciela AlbertiRicardo SoriaSilvia DameriOrlando RuizAlcira MachiJulio Villar
Carlos “El Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, brindó su opinión sobre la película Argentina-1985. Expuso la ausencia en el relato del film del poder económico y de la Iglesia. Describió la relación que tuvo con Víctor Basterra, con quien compartió cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada: “Estuvimos juntos y solos durante un año y medio, y fuimos los últimos en salir”, contó el programa radial La Retaguardia. Se enojó por cómo se muestra el testimonio de quien aportara tanta información a la Justicia. Y sumó una crítica por no haber contactado a los familiares o sobrevivientes. Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez OteroRedacción: Nicolás RosalesEdición: Fernando TebeleFoto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia “Lo ocurrido con el Juicio a las Juntas me llegaba por los medios de comunicación de esa época. Estaba al tanto aproximadamente. Entre otras cosas yo no conocía a Adriana Calvo todavía, la conocí recién en 1987 cuando fui a declarar en la causa ESMA. Al que sí conocí fue a Víctor Basterra, con quien compartí cautiverio en la Escuela Mecánica de la Armada, más precisamente en el “sótano” durante una año y medio, en soledad, los dos solos. O sea que lo conozco muy profundamente. Estos son los antecedentes que puedo marcar antes de ver la película”, comenzó la charla Carlos “El Sueco” Lordkipanise. Además agregó: “También vi las opiniones a la salida del cine de las hijas de Adriana y de Víctor. O sea que ya fui a ver la película con esto también. Lo que más me impresionó es que una de ellas es Teresa Laborde, que es la nena que nace en el patrullero, y cuando sale del cine lo primero que dice es: ’Me extraña que a mí no me hayan llamado para preguntarme nada, ni siquiera para avisarme de que me iban a nombrar en la película’. Esas libertades se las puede tomar cualquier cineasta, lógicamente, pero bueno esto al tratar de ser una película de carácter documental ficcionada merecía digamos de que los partícipes directos hubiesen sido consultados”. Algo similar dijo sobre la opinión de la hija de Basterra: “En el caso de Eva Basterra, lo mismo, tampoco la consultaron en lo más mínimo. Y eso, lamentablemente se refleja en la película. Y las chicas lo dicen. Esto redunda en las inexactitudes respecto a los actores centrales en todos los juicios, que son los sobrevivientes”, continuó. También insistió con que “Tergiversa los hechos al punto de que, no es que hace increíble al testimonio, si no que pone en duda un montón de cuestiones. Por ejemplo, la decisión de carácter político tanto de Adriana como de Víctor de no salir del país después de haber estado secuestrados en condiciones de detenidos-desaparecidos. Es de un valor inconmensurable, y lo digo yo que me fui a Suecia. Había que tener mucho ovario y mucho huevo para decir: mi decisión es quedarme. En la película esto no está reflejado en estos términos. Es más, dicen que Adriana se va fuera del país con toda su familia y eso es una falsedad”. Tergiversa los hechos al punto de que, no es que hace increíble al testimonio, si no que pone en duda un montón de cuestiones. Por ejemplo, la decisión de carácter político tanto de Adriana como de Víctor de no salir del país después de haber estado secuestrados en condiciones de detenidos-desaparecidos. Es de un valor inconmensurable, y lo digo yo que me fui a Suecia. Había que tener mucho ovario y mucho huevo para decir: mi decisión es quedarme” Lo que falta “Creo que esta hubiese sido una película ideal para proyectar en 1986, considerando que se narran hechos de 1985. Hoy está completamente desactualizada. El hecho en sí delJuicio a las Juntas, nos costó a los argentinos en general, y sobre todo a los que en particular luchamos contra la impunidad, muchos años de lucha para revertir una situación en la que se pretendió justamente con ese juicio condenar a Massera y a Videla, penas leves para Galtieri y compañía, penas ridículas para Agosti de 4 años y excarcelaciones. Y el resto de la oficialidad joven y partícipe del genocidio como torturadores, secuestradores, y los actores que no aparecen en la película como los económicos y civiles del golpe cívico militar eclesiástico como nosotros lo llamamos. Tampoco aparece la Iglesia, no están en la película”. El valor de 150 negativos Por último y respecto al testimonio de Víctor Basterra en la película expresó: “Con Víctor compartí desde el momento que lo capturaron junto con el grupo “Villaflor” hasta el día que yo me fui de la ESMA. Eso fue durante un período de 2 años, de los cuales 1 año y medio estuvimos solos. El resto de los prisioneros los habían trasladado (eufemismo de la muerte en los CCDTyE) o liberado. La conducta de él fue siempre ejemplar, dentro de los que en aquellos tiempos se pretendía de un militante político y sobre todo de uno que abrazaba un proyecto revolucionario. Muestra de ello, y que en la película no queda claro, son esas fotos que aparecen arriba de una mesa. Es que Víctor tuvo el valor de exponer su vida 150 veces, que fueron las veces que sacó 150 negativos del centro clandestino de la ESMA para ponerlo a buen resguardo afuera. Aquellas fotos que permitieron identificar a todo y cada uno de los represores de allí y que fueron a juicio. En la película muestran que Víctor hacía eso porque la Marina le pagaba, lo cual es una cosa absurda”, recordó. También señaló que se eligió mostrar la estrategia de las defensas: “Además, en los juicios, todas las defensas de los milicos hacen el mismo planteo con respecto a todos los sobrevivientes: que todos sobrevivimos porque encima nos daban un sueldo. Y eso me parece insultante, sobre todo agraviante a todos aquellos que sobrevivieron como Víctor. Y no hay réplica a lo que ahí hay expuesto”, se quejó. El próximo martes, Lordkipanidse participará del Cine-Debate de la
Se trata de Horacio Ferrari, quien aguarda juicio por su participación en los crímenes del Terrorismo de Estado. Había quedado libre durante el ESMA IV. Luego zafó del veredicto recusando a los jueces. Ahora tiene un nuevo tribunal solo para él. Le cambiaron su libertad por prisión preventiva con domiciliaria. Ahí comenzó la odisea por colocarle el dispositivo electrónico de control, que incluyó la alternativa de que la pagara una querella. El último episodio del culebrón fue la semana pasada, cuando según su abogado Guillermo Fanego, desatendió el llamado para la colocación por miedo a un robo. El abogado querellante Ariel Noli repasó toda la trama. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Paulo Giacobbe/Fernando Tebele 💻 Edición: Fernando Tebele “Cuando a Ferrari lo llaman desde la Instrucción le decretan la prisión preventiva. Lo que logró su defensa, (el abogado Guillermo Fanego), a través de una recusación, es un fallo de Casación respecto de Daniel Obligado y Adriana Palliotti (juez y jueza del TOF N°5 a cargo de la megacausa ESMA). En virtud de eso pidió que se morigeren las condiciones en las cuales se iba a continuar bajo proceso y le hicieron lugar, ordenando el cese de la prisión preventiva”, explicó Noli a La Retaguardia. Ferrari, alias Pantera, no había sido llamado por la Justicia en ningún tramo de la megacausa ESMA y así quedaba en libertad. “Cuando nosotros recurrimos, vamos a Casación, llegamos a la Corte y el 12 de agosto la Corte hace lugar a nuestro recurso de queja y dispone que se revoque la libertad. A partir de ahí empezó una odisea con el tribunal, porque ahí se dieron cuenta de que este hombre no tenía jueces que integren el nuevo tribunal desde noviembre del año pasado”. Así pasaron casi tres meses más a la espera de que se integre el tribunal solo para juzgar a Ferrari y se cumpla el fallo de la Corte. Finalmente, el 1 de noviembre se efectivizó la revocación. Pero entonces, Gabriela Illarregui, desde la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informó al tribunal que cuentan con “un número limitado de dispositivos electrónicos” y que “se dará prioridad a aquellas personas que se encuentren detenidas en una unidad penitenciaria”. También recordaron que, “en atención a la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles, la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria a través de la NOTA N°2/2019 remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los dispositivos electrónicos no resultan necesarios en todos los casos”. Noli calificó de asombroso lo ocurrido. “Llama poderosamente la atención. Da la sensación que no sería un criterio prioritario monitorear a un genocida por parte del Ministerio de Justicia, cosa bastante asombrosa”. Pero a su vez se dieron cuenta de que, anteriormente, cuando el TOF N°5 ordenó que tuviera un dispositivo de monitoreo, tampoco ocurrió. “Atento el contenido de la contestación de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica suscripto por Gabriela Illarregui, del que surge que el imputado Ferrari no cuenta a la fecha con un dispositivo de geolocalización colocado y, toda vez que ello se dispuso al conceder el cese de prisión preventiva revocado el día de ayer, venimos a solicitar se requiera a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica informe de manera urgente las razones del incumplimiento de la manda judicial por espacio de más de dos años”, dice el escrito que presentaron ante el Tribunal desde la querella unificada encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, y que también representa a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Pero fueron más allá y propusieron hacerse cargo de la compra de la tobillera: “En cuanto a la escasez de dispositivos para su colocación y la prioridad que tendrían las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios por sobre los imputados por crímenes de lesa humanidad que transitan su detención en sus domicilios, esta querella hace saber su disposición para adquirir por su exclusiva cuenta y cargo el dispositivo necesario para el monitoreo del imputado Ferrari, el cual en comodato gratuito y a su cargo le será entregado, ello con el objeto de evitar erogaciones al erario público y contribuir de esa forma a la recuperación económica del país, solicitando a V.S. tenerlo presente a sus efectos”, continúa el escrito presentado. Si bien la situación es insólita, que una querella pague el dispositivo, para Noli es “peor que no lo monitoreen. No deberíamos tener que hacer esto. Yo entiendo que deberían darle desde el ministerio prioridad a que un genocida esté monitoreado. Cuando uno ve situaciones de presos comunes, sociales, cuando los tribunales ordenan un dispositivo se lo ponen a las 24 horas, esto pasa nada más que con los genocidas”. Por último, el abogado querellante se refirió a las demoras en el comienzo del juicio. “Acá tenemos que entre los jueces que recusó (el abogado defensor Guillermo) Fanego, los jueces que se apartaron por la suya y los que aceptaron la recusación, ya llevamos diez jueces separados de esta causa”. El 5 de noviembre llegó la respuesta del Tribunal Oral en los Criminal Federal N5 conformado por los jueces Sabrina Namer, Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Pelloni: “Hágase saber a la Directora Gabriela Illarregui que por el presente se dispone la realización del informe técnico de viabilidad y, asimismo la implementación del mecanismo de vigilancia electrónica. Por lo demás, adjúntese una copia digital del requerimiento de elevación a juicio y de la resolución que concede el arresto domiciliario”. Pero además le informa: “Horacio Luis Ferrari ha sido imputado por el representante del Ministerio Público Fiscal como autor de 43 privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas; 180 privaciones ilegales de la libertad triplemente agravadas; 246 tormentos; 74 homicidios y 17 sustracciones, retenciones y ocultamiento de menores. Y estos delitos son considerados de Lesa Humanidad y habrían sido cometidos dentro de la estructura del Grupo de Tareas 3.3.2. que habría funcionado en
Se trata de Horacio Luis Ferrari, quien había sido liberado en 2019 durante el juicio ESMA IV, en el que además logró evitar que lo condenaran recusando al tribunal. Ahora la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar su libertad a partir del pedido de la querella que encabezan el sobreviviente Carlos Lordkipanidse y la hija de Rodolfo Walsh, Patricia, en representación de la querella de Justicia YA! (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: La Retaguardia. El informe que deja en evidencia que Ferrari estuvo destinado en la ESMA desde el 28 de enero de 1977 El camino de Horacio Luis Ferrari, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA y nunca condenado en los tramos anteriores, parece conducir a toda velocidad a la cárcel. Con los votos mayoritarios de Ricardo Lorenzetti, Horacio Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema de Justicia aceptó el Recurso de queja presentado por la querella colectiva de Justicia YA!, y ordenó al Tribunal que dictara un nuevo fallo. Ferrari, conocido con el apodo de Pantera dentro de la ESMA, afrontó el tramo IV del juicio como acusado. Incluso su abogado defensor, el histriónico negacionista Guillermo Fanego, llegó a alegar extensamente a su favor, mientras Casación tramitaba un pedido de recusación de los jueces Daniel Obligado y Adriana Palliotti. Cuando salió la resolución a su favor, a días del veredicto, Ferrari quedó fuera del juicio, a la espera de que otro tribunal lo juzgue. El tribunal de alzada también había rechazado el pedido de revocar su libertad, concedida por Tribunal Oral Federal N°5 en mayo de 2019, en pleno juicio. Entonces la querella encabezada por Carlos “Sueco” Lordkipanidse y Patricia Walsh, que representa al Colectivo Justicia YA! y también reúne a integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, decidió presentar una queja a la Corte Suprema. Incluso tuvieron que juntar 40 mil pesos para poder acceder al derecho al fallo. Ese pedido también fue acompañado por el Fiscal en la instancia de Casación Raúl Pleé. Para Ariel Noli, abogado de esta querella junto a Adrián Krmpotic “el fallo es lógico, porque además como fundamento del recurso utilizamos un fallo de la misma Corte en un caso análogo de poco tiempo atrás. La implicancia del fallo es muy buena porque necesariamente el TOF tiene que emitir una nueva resolución judicial respecto de la liberación de Ferrari en el medio del juicio, por lo que entendemos que corresponde que vaya a prisión”. Ahora los nuevos jueces del TOF deberán resolver sobre el tema. Si bien Ferrari cuando fue liberado contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria, sería esperable que llegue a juicio sin privilegios, y en una cárcel común. Así lo pidió la querella horas después del fallo de la Corte.
El Encuentro Militante Cachito Fukman dejó en la casa de gobierno un comunicado dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Allí insisten con el pedido de apertura de los archivos del genocidio en la Argentina. A finales del 2020, se entregó un petitorio con miles de firmas. El mes pasado, sobrevivientes del Terrorismo de Estado que integran ese espacio se reunieron con la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, con la misma intención. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Encuentro Militante Cachito Fukman El jueves 10 de junio, integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman dejaron en la Casa Rosada una nota dirigida a Alberto Fernández. Es una nueva solicitud para que ordene la apertura de los archivos del Terrorismo de Estado en nuestro país. En el comunicado se le recuerda al Presidente de la Nación que el pasado 3 de diciembre se le presentó “un petitorio con miles de firmas solicitando la urgente apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura”. Semanas después, “recibimos una nota de la Secretaría de Derechos Humanos” de la Nación en la que “se nos sugería remitirnos al Archivo Nacional de la Memoria”. En la nota dan cuenta de que ese archivo está conformado principalmente por sus testimonios junto al que familiares, brindaron en juicios de lesa humanidad y en distintos organismos de derechos humanos a lo largo de estos años. Por lo tanto, consideran que la respuesta fue insuficiente. La carta insta a Fernández a que, en su carácter de Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, “disponga la apertura de los archivos del terrorismo de Estado, tanto del período 1974/75 como de la dictadura cívico-militar 1976/1983”. El mes pasado, mencionan también en el comunicado, hubo una reunión en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman . En esa oportunidad, Cristina Caamaño, actual interventora del centro de espionaje oficial, recibió a Carlos Sueco Lordkipanidse y a Carlos Loza. Ellos expusieron que “la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tuvo un rol importante a la hora de recabar información para los secuestros de personas y funcionó como aglutinador con los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas”. En ese sentido, le hicieron saber a Caamaño que “la actual AFI debe tener, en sus fondos, documentos producidos por la entonces SIDE, incluyendo los envíos de información de los demás elementos que conformaron esa ‘comunidad informativa’ al servicio de la represión”. En el cierre de la solicitud, se expresa la responsabilidad del Estado en seguir permitiendo que los genocidas y sus cómplices permanezcan impunes, y las trabas que significa la no apertura de archivos en la búsqueda de nietos y nietas apropiadas, y en saber qué sucedió con las 30 mil personas desaparecidas. “Cada día que pasa sin que el Estado salde la deuda que tiene en materia de apertura de archivos y sin que implemente políticas archivísticas serias, planificadas, que garanticen la preservación y el acceso a esos archivos de forma integral; es un día más que el Estado continúa perpetuando la impunidad y atentando contra el reclamo de memoria, verdad y justicia. Pasaron 45 años del golpe genocida y se cumplieron 37 años del retorno de la democracia. Los años pasan, los genocidas mueren impunes; madres y familiares fallecen sin saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos; cientos/as de jóvenes que nacieron durante el cautiverio de sus madres continúan apropiados/as, con su identidad sustituida, mientras sus abuelas, sus hermanos/as, nosotros/as los seguimos esperando”, cierran. El comunicado completo Buenos Aires, 16 de junio de 2021 Al Presidente de la República Argentina Dr. Alberto Fernández De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Ud. a efectos de solicitar se nos brinde una respuesta ante la solicitud iniciada el 3 de diciembre de 2020 y reiterada el pasado 4 de febrero, relativa al pedido de adopción de las medidas necesarias para la apertura de los archivos de la represión genocida. Al respecto, recordamos que: El 3 de diciembre pasado presentamos a Ud. un petitorio con miles de firmas solicitando la urgente apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura, tanto en virtud de los compromisos asumidos por el Estado para la investigación de los crímenes de lesa humanidad, como en sus atribuciones específicas en su carácter de Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación; Dicha presentación dio origen al Expediente Electrónico N° EX-2020-84314346- -APN-CGD#SGP, en el marco de la ley de derecho de acceso a la información pública Nº 27.275; por el cual el 29 de diciembre recibimos una nota de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; en la que se nos sugería remitirnos al Archivo Nacional de la Memoria. Vale destacar que la mayoría de la documentación que allí se encuentra y se puso a nuestra disposición, fue el fondo CONADEP. Dicha documentación no sólo es de público conocimiento y de vieja data, sino que además está compuesta mayoritariamente por información que hemos aportado los familiares y sobrevivientes al brindar testimonio dentro y fuera del país; siendo éste el insumo básico de acercamiento a la verdad, como ya advertía el mismo informe de la CoNaDeP. Conforme lo descripto en el punto anterior, resulta evidente que la nota recibida no dio respuesta al pedido realizado en diciembre de apertura de los archivos; y tampoco se hizo eco de la apelación a las atribuciones que nuestra Constitución le confiere a Ud. como Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación; Por esas razones, el 4 de febrero nos dirigimos a Ud. reiterando por nota nuestro pedido de que “disponga la apertura de los archivos del terrorismo de Estado, tanto del período 1974/75 como de la dictadura cívico-militar 1976/1983”. En dicha presentación reiteramos que “en su carácter de Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las FFAA, Ud. tiene la facultad de ordenarle formalmente a dichas
La actual interventora de los servicios de inteligencia, Cristina Caamaño, recibió ayer por la mañana a Carlos Lordkipanidse y Carlos Loza, integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman. Fueron en representación de miles de firmas que apoyaron un petitorio entregado al presidente Alberto Fernández el 3 de diciembre pasado exigiendo la apertura de archivos de los años del genocidio. Les mostraron varios muebles con fichas, entre ellas una de espionaje, siempre ilegal, al sobreviviente de la ESMA Enrique Fukman, fechada en 1986. El mensaje de Nora Cortiñas para Caamaño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista y redacción: Nicolás Rosales 📷 Fotos: Natalia Bernades/La Retaguardia 💻 Edición: Fernando Tebele Los dos Carlos caminan con pasos firmes dejando a sus espaldas el fondo de la Casa Rosada bajo un sol otoñal. Uno de ellos es Carlos “Sueco” Lordkipanidse y el otro es Carlitos Loza. Ambos son sobrevivientes de la perversidad de la ESMA durante el genocidio, e integran el Encuentro Militante Cachito Fukman. Desde este espacio, habían convocaron a una conferencia al mediodía en la Pirámide de la Plaza de Mayo, que también derivó en charla con La Retaguardia. Lordkipanise y Loza se reunieron ayer a las 11 de la mañana con Cristina Caamaño, interventora de la AFI (Agencia Federal de Informaciones ex SIDE), en la sede de los servicios de inteligencia, apenas a 40 metros de la Casa de gobierno. La cita es una respuesta del gobierno nacional a una rápida y nutrida juntada de firmas que el EMCF entregó en la Rosada hace algunos meses con la exigencia de la apertura de todos los archivos de la dictadura. Al culminar la reunión, en diálogo con La Retaguardia, bajo la sombra de la pirámide, El Sueco, claramente conmovido y algo ansioso por expresar sus primeras sensaciones dijo: “Nosotros vinimos acá con una premisa clara que es la que se manifestó en el petitorio que le habíamos presentado previamente al Presidente Fernández, que como ya se sabe nos mandó a contestar en primera instancia por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, con una respuesta absolutamente insuficiente. Por lo tanto presentamos una nota, y en lo que consideramos un salto cualitativo, nos llamó la interventora y nos citó en la AFI. Si bien no nos agradó, concurrimos a la cita. Respecto al petitorio presentado exigimos saber el paradero de los desaparecidos, los lugares donde estuvieron detenidos, quiénes son los responsables, y dónde están los niños y niñas apropiados”. En referencia a la respuesta recibida contó: “Ellos tienen esto que han encontrado que son los famosos archivos, y que nos mostraron. Son tres muebles grandes, de un conjunto de trece en total, o sea que faltan diez. Nos dijeron que supieron de estos faltantes por unas fotos viejas que encontraron. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está la información faltante? Por ahora no sabemos”. Por otro lado hizo referencia a ciertas limitaciones burocráticas: “La información que ellos nos brindaron a nosotros fue de carácter personal. Lo que quiere decir que tiene que venir una víctima o familiar a buscar su información. No dan información por el cumplimiento de una ley, que desconocemos. Esta respuesta, entre otras cosas, fue la que esperábamos. También les entregamos el petitorio que habíamos hecho en mano y que lo firmaron como recibido. Además nos transmitieron que, a pedido de la justicia, este material está disponible”, y en varias ocasiones fue utilizado en juicios por crímenes de lesa humanidad. Para acceder a esa información personal se puede escribir al correo electrónico informacion.publica@afi.gob.ar El mensaje de Norita para Caamaño En el transcurso de la reunión, El Sueco puso sobre la mesa un mensaje muy especial para Caamaño. “Cuando le conté a Nora Cortiñas que íbamos a venir, me dijo: `Bueno, haceme un favor, cuando hables con ella decile que en la información que le hicieron llegar a Madres de Plaza de Mayo, me encontré con una ficha mía que dice que me espiaron cuando yo estaba entrevistando a una delegación internacional. Decile a la doctora que sé que me han espiado en cada uno de mis pasos, pero que lo que yo quiero saber es el destino de mi hijo”. Hace algunos meses, el gobierno entregó a varios organismos de derechos humanos carpetas de espionaje a sus integrantes. En ese paquete estaba la ficha a la que se refiere Norita. Expediente Fukman Lordkipanidse hizo una pausa, y visiblemente emocionado detalló que le mostraron una ficha con material de espionaje sobre su querido compañero de militancia, Enrique Cachito Fukman, quien falleció en 2016. “Cuando nos muestran el material, que fueron tres personas, uno de ellos me dice: ‘Acá tengo algo que te puede interesar, la ficha de Cachito Fukman’. Que está elaborada en el año 1986, en plena democracia. Se nota que hay una investigación, un seguimiento a él y a un grupo de personas. Investigaron todos los viajes que hizo al exterior, con quien se reunió, donde militaba en esa época”, dijo acongojado como cada vez que pronuncia su nombre. Lordkipanidse dejó ver cierta disconformidad por el resultado de la reunión: “Sigue habiendo una confusión de qué es lo que queremos. Por eso en el petitorio lo dejamos claro”, pero remarcó una diferencia con gestiones anteriores: “Esta administración puso mucho esmero en deslindarse de todas las administraciones anteriores en función de la tenencia de este material, y que el mismo no se haya hecho público nunca. Lo que implica una situación compleja, porque pasaron gobiernos que responden a la línea política, o fueron muy cercanas o iguales a la del actual”. Carlos Loza agregó: “Además de los archivos metálicos como los mencionan, está el álbum de fotos que estaba ahí adentro en un armario, que salió en los medios. Y en el altillo encontraron material deteriorado, sucio, viejo, comido por ratas. Lo que nos dijeron además, es que ellos no tienen otros archivos; y que los que están, los están digitalizando. Nos entregaron una carpeta sobre este trabajo que vienen haciendo”. Por último, ambos coincidieron en una misma sensación: perciben que se
Lo sostuvo el abogado Ariel Noli en la audiencia de este lunes. La querella de sobrevivientes del Terrorismo de Estado encabezada por Carlos Lordkipanidse y Patricia Walsh, e integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, hizo uso de su derecho a réplica para contestar algunos de los polémicos planteos del defensor particular Guillermo Fanego en las audiencias pasadas. Noli hizo un repaso histórico sobre el Terrorismo de Estado en nuestro país y corrigió muchos de los términos que utilizó el abogado defensor para agraviar tanto a sobrevivientes como a fiscales, querellas y miembros del Tribunal. Junto a él, replicó también Adrián Krmpotic, quien dejó en claro que el alegato del abogado defensor no sirvió para refutar la prueba nueva que presentó la fiscalía, que sitúa a Horacio Luis Ferrari en la ESMA en el año 1977. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: transmisión audiovisual en vivo Fernando Tebele/Diego Adur Este cuarto tramo de la Megacausa ESMA, que se estimaba corto, ya lleva más de dos años. Algunas audiencias se suspenden —como fue el caso de la anterior, debido a un problema de salud de Fanego— y otras se atrasan, como la de este lunes, que comenzó por lo menos cuarenta minutos después de su hora estipulada, las 14:30. Las dilaciones en los juicios de lesa humanidad no hacen más que garantizar la impunidad biológica para los genocidas. De hecho, uno de los 10 imputados en este tramo, Néstor Eduardo Tauro, falleció en febrero del año pasado sin la posibilidad de ser condenado por sus crímenes de lesa humanidad. Apenas comenzó la audiencia, una nueva intervención de Fanego devendría en un cuarto intermedio. El abogado defensor quiso impedir la exposición de la querella, aduciendo que ya habían replicado. Diez minutos después, el presidente del Tribunal, Daniel Obligado, comunicó que de manera unánime, junto a las juezas Adriana Pallioti y Gabriela López Iñíguez, había decidido darle continuidad a la réplica de la querella. Ariel Noli, en representación de la querella que encabezan Carlos Sueco Lordkipanidse y Patricia Walsh e integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), respondió algunas de las cuestiones planteadas por Fanego en las audiencias anteriores. Dijo que estos juicios no eran de venganza, sino que eran “juicios de Memoria, Verdad y Justicia, resultado de la lucha inclaudicable del pueblo argentino contra la impunidad, lucha encabezada por los sobrevivientes al horror, por nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por los hijos de las víctimas, por los diversos organismos de derechos humanos y todas aquellas personas que han hecho una forma de vida la lucha contra la impunidad”. También destacó que estas causas son necesarias para que el Terrorismo de Estado no vuelva a suceder nunca más. Denunció los términos utilizados por el abogado defensor en su alegato de semanas anteriores, y que tuvieron como destinatarios a todas las partes: desde jueces a fiscales, pasando por sobrevivientes y fiscales o abogados querellantes: ”basura humana”, “artista payaso”, “mentirosa e ignorante”, entre muchos otros, que no hacen más que mostrar “la calidad moral del agresor”. Noli también sostuvo que “los imputados no son presos políticos”, como Fanego los describe. El abogado querellante explicó que “la ausencia de motivación personal es el elemento típico de los delitos políticos y su correlato es la reivindicación de los mismos, no su negación”. Y agregó: “Por el contrario, no hemos escuchado en el transcurso de este debate a ninguno de los acusados hacerse cargo de los hechos cometidos y reivindicarlos como un hecho político o colectivo que respondiera a sus ideas o creencias”. Además, el abogado de la querella hizo un repaso histórico en el que enumeró los distintos episodios en los que el Estado, a través de las fuerzas represivas, atacó, secuestró, torturó y asesinó a trabajadores, trabajadoras y estudiantes en todo el país. El punto central de estos hechos aberrantes ocurrió con el genocidio provocado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica y empresaria, lo que Fanego en sus alegatos justificó porque “las Fuerzas Armadas debieron tomar el poder para defender a la población civil de estos dementes que venían asolándolos con la lucha armada”, recordó el querellante. También leyó algunos artículos de periódicos de más de 100 años de antigüedad en los que se podía observar una similitud discursiva con la expresada por Fanego durante sus alegatos e intervenciones. Noli llegó a la conclusión que “el lenguaje justificador del Terrorismo de Estado utilizado por la defensa como sus ironías respecto del lenguaje inclusivo atrasan más de 140 años”. La carrera de Ferrari Después fue el turno del doctor Adrián Krmpotic, por la misma querella. Se ocupó de los detalles sobre la prueba nueva que presentó el Ministerio Público Fiscal, un registro de embarcación que sitúa a Horacio Luis Ferrari destinado a la ESMA desde el 28 de enero 1977. Krmpotic indicó que los intentos de Fanego por refutar esa prueba fueron en vano, ya que “de su legajo de servicio no surge ninguna navegación a partir del 26 de enero de 1977”. Los libros de navegación que mostró el abogado defensor situaban al genocida en distintos puertos del país, pero no hay registro de esos viajes entre enero de 1977 y principios del 78. El abogado defensor, en su alegato, presentó “lo que supuestamente sería la foja de concepto de Ferrari durante el año 1977”. Al respecto, Krmpotic explicó que “en el contexto represivo, debe entenderse que el entramado burocrático se encontraba especialmente dispuesto para encubrir los movimientos y destinos del personal afectado de manera directa a las tareas represivas, dando cierta apariencia de legalidad al funcionamiento de la maquinaria genocida”. Además, mencionó testimonios de sobrevivientes que reconocieron a Ferrari en la ESMA: Ricardo Héctor Coquet, secuestrado el 10 de marzo de 1977 y cautivo en la ESMA hasta 1981, declaró en este juicio e identificó al imputado como el Teniente de Fragata Horacio Luis Ferrari; “Resulta verdaderamente absurdo suponer que Coquet, en el año 1987, inventara el nombre y el cargo completo de
Son alrededor de 50. Aquello que parece obvio, sólo podría llegar a cumplirse a partir de un pedido de la querella encabezada por Patricia Walsh, hija del periodista desaparecido en la ESMA, y Carlos Lordkipanidse, que sobrevivió al terror de ese centro de torturas y exterminio, que fue aceptado por el TOF N° 5. Los querellantes le habían expresado al tribunal la preocupación por la ausencia de controles a los genocidas que cumplen prisión domiciliaria. Como consecuencia, el TOF consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos si cuenta con dispositivos, por lo que se supone que, de estar disponibles, ordenaría que sean utilizados para los imputados de la megacausa. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Diego Adur/Fernando Tebele💻 Edición: Fernando Tebele Desde que comenzó la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que dirige María Ángeles Ramos, 180 genocidas condenados o imputados por crímenes de lesa humanidad han solicitado acceder al beneficio de la prisión domiciliaria en todo el país. Fueron concedidas 35, de las cuales 26 ya fueron efectivizadas y 9 están pendientes. 131 fueron rechazadas.En la megacausa ESMA, la querella iencabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, a través del doctor Ariel Noli, solicitó al TOF que se controlen las prisiones domiciliarias de los genocidas. Las que fueron otorgadas en 2019 y 2020, en muchos casos se concedieron sin el uso de los dispositivos electrónicos de control, que suelen ser tobilleras o pulseras. La excusa suele ser “la falta de disponibilidad de dispositivos”. Sólo en esta causa, la más voluminosa de las vinculadas a crímenes de lesa humanidad, son cerca de 50 quienes cuentan con ese beneficio.En el escrito presentado esta semana en Comodoro Py, una de las querellas de la megacausa ESMA señaló que, además de volver a destacar su postura en contra de que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad, “resulta imprescindible se efectúe un estricto control de dichas prisiones domiciliarias”. Por lo tanto, mandó a consultar al Programa de Asistencia a personas bajo vigilancia electrónica, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si hay disponibilidad de tobilleras o pulseras “antes de resolver”. Pero cabe suponer que si el tribunal que preside Daniel Obligado, hace la consulta, es porque tiene la intención de responder al pedido de la querella y que se les coloquen a los genocidas los dispositivos de monitoreo electrónico correspondientes. El escrito de la querella fundamentó este pedido considerando el riesgo que existe para la seguridad de los testigos si los represores no son debidamente controlados . Como ejemplo, citaron los casos de la segunda desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, ambos testigos y querellantes además de “decenas de otros hechos intimidatorios y amenazas recibidas a testigos y querellantes”.Uno de los antecedentes que figura en este escrito es cuando se le quitó el beneficio de prisión domiciliaria a Etchecolatz en 2006 por comprobar que el genocida, condenado en varios juicios a cadena perpetua, contaba con armas de fuego en su propiedad en Mar del Plata, donde llevaba a cabo su arresto domiciliario. También menciona otros antecedentes sobre la falta de control durante las prisiones domiciliarias: como el del médico de la Brigada de San Justo “Juan Antonio Vidal, que estuvo más de 8 años prófugo, la fuga del Jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk o los paseos prohibidos en bicicleta del represor del Destacamento 101, Carlos Hidalgo Garzón”.La querella “entiende que el beneficio otorgado, además de no corresponder a derecho, genera un peligro inminente que recae sobre la seguridad y la integridad física de las víctimas del Terrorismo de Estado”, por lo que las prisiones domiciliarias deben ser estrictamente controladas.Además solicitaron que hasta que no haya una eficaz colocación de los dispositivos electrónicos, “se efectúe un control diario del cumplimiento de dicha prisión domiciliaria a través de visitas diarias en diferentes horarios”.Este jueves, se dio a conocer la respuesta del TOF. Resolvió la “Del mismo modo, comuníquese con la coordinadora de esa repartición pública, a fin de recabar el estado actual de los trámites de olocación pendientes y, en su caso; informe lo relativo a la factibilidad de implementar su colocación con la mayor premura posible”. Algunos de los genocidas de la Megacausa ESMA que actualmente gozan con el beneficio de la prisión domiciliaria son: Rodolfo Agusti Scacchi, Juan Antonio Azic, Raúl Armando Cabral, Carlos Antonio Capdevila, Carlos Mario Castelvi, Miguel Conde, Daniel Cuomo, Alejandro Domingo D’agostino, Francisco Armando Di Paola, Ruben Óscar Franco, Miguel Ángel García Velasco, Orlando González, José Ángel Iturri, Luis Ambrosio Navarro, Jorge Luis María Ocaranza, Edgardo Aroldo Otero, Guillermo Horacio Pazos, Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Sabio, Hugo Héctor Siffredi, Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, Claudio Orlando Vallejos, Eugenio Bautista Vilardo y Ernesto Frimón Weber, entre otros.
Carlos Lordkipanidse y Patricia Walsh, querellantes en la megacausa ESMA, presentaron este mediodía un escrito en el que le solicitan al juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo temporalmente del Juzgado Nº12, que realice “una inspección ocular, en forma urgente, de los inmuebles denunciados”, en referencia a las dos últimas casas que formaron parte del circuito represivo de la ESMA y que fueron ubicadas en octubre de 2018 y en enero de 2020 por los testimonios de quienes sobrevivieron y con el acompañamiento de La Retaguardia. El sobreviviente y la hija de Rodolfo Walsh firmaron el escrito en tanto querellantes. También pidieron que se cite a declarar por este tema a los imputados en la megacausa. (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele ☝ Foto de Portada 👉 El documento presentado hoy, recién sellado por el Juzgado Nº12 📷 Foto de la casa 👉 Archivo La Retaguardia/Natalia Bernades A la izquierda Carlos Lordkipanidse, acompañado por el abogado Ariel Noli, en el momento de la presentación del escrito ante el juzgado a cargo de Canicoba Corral.(La Retaguardia) “La misma se encuentra en la calle Lugones 3649, de la localidad de Pacheco, Tigre, provincia de Buenos Aires. Pudo ser individualizada por varios sobrevivientes, por lo que tenemos la certeza que la misma formó también parte del circuito represivo de la Marina, como otro ‘anexo’ al CCD que funcionaba en la ESMA y su campo de deportes. Asimismo, esta parte tiene la certeza que dicha quinta resultaba, a la fecha de funcionamiento de dicho ‘anexo’ al circuito represivo de la Marina, de titularidad del padre de uno de los represores, de apellido Peyón”. De esa manera, Carlos El Sueco Lordkipanidse y Patricia Walsh le piden a la justicia que profundice la investigación en torno de la casaquinta que fue utilizada como centro de torturas por parte de los represores de la ESMA. Lo hicieron este mediodía ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, temporalmente a cargo del Tribunal Federal Nº12 en reemplazo de Sergio Torres, quien ahora integra la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Listado de secuestrados/as que fueron llevados/as ala casaquinta según consta en la presentación de hoy. El escrito lleva la firma de Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, quien relató a La Retaguardia que fue llevado a la quinta ubicada en General Pacheco junto a su entonces esposa, Liliana Pellegrino, y los pequeños hijos en común, como parte de una veintena de personas secuestradas de las cuales aproximadamente la mitad está desaparecida. Además del Sueco, suscribe el pedido presentado hoy Patricia Walsh, la hija del escritor Rodolfo Walsh, asesinado y desaparecido por los represores de la ESMA. Ambos comparten querella en la megacausa. El Sueco se acercó al juzgado hoy junto al abogado Ariel Noli. En el escrito solicitaron la urgente visita ocular, no sólo de la casa de Pacheco, sino de la anteriormente ubicada en la localidad de Don Torcuato. En este último caso, Lordkipanidse hizo la denuncia durante su declaración en el cuarto tramo oral y público de la megacausa. El 22 de octubre de 2018, sentado frente al Tribunal Oral Federal Nº5, mostró por primera vez las fotos de la casa ubicada en Richieri 1325, Don Torcuato, también Partido de Tigre. “Cumplimos con un paso más en cuanto a la planificación de lo que significa denunciar estos lugares. Digamos que esta es la etapa más burocrática en la búsqueda de la verdad”, le dijo El Sueco a La Retaguardia luego de la presentación. Además le piden al juzgado que “se solicite al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires informe el índice histórico de titularidad de dichas fincas”. Como ya anticipó La Retaguardia, se sabe que para febrero de 1980, fecha en la que las personas secuestradas fueron llevadas a la quinta recientemente ubicada en Pacheco, la casaquinta pertenecía al padre de Fernando Enrique Peyón, uno de los más feroces torturadores de la ESMA. Si bien el plazo para responder por parte del tribunal a cargo de Canicoba Corral sería de tres días, “esos plazos no siempre se cumplen”, nos señaló una fuente judicial. El frente de la casa junto a la pileta de forma irregular. Cuando las personas secuestradas fueron conducidas allí un domingode febrero de 1980, el inmueble pertenecía al padre del torturador Fernando Enrique Peyón.
La casaquinta de General Pacheco que los y las sobrevivientes reconocieron como el lugar al que fueron llevados a pasar el día durante sus secuestros, pertenecía en 1980 a Raúl Enrique Antonio Peyón, el padre -también marino- del feroz torturador Fernando Enrique Peyón. Los documentos que prueban que la casa operaba como sucursal del terror de la ESMA. Los nuevos testimonios de Ana Testa y Daniel Oviedo, que reconocieron haber estado allí por fotografías, más el aporte de Liliana Pellegrino, Carlos Lordkipanidse, María Eva Basterra, Blanca García de Firpo, Osvaldo Barros y Víctor Basterra, más la fiscal Mercedes Soiza Reilly y el ex integrante de HIJOS, Pablo Iglesias, aportan otro trazo grueso al círculo de la memoria histórica que nunca se termina de cerrar. (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele 🔎 Investigación periodística 👉 Fernando Tebele 👉 María Eugenia Otero📷 Edición de Fotos documentales 👉 Natalia Bernades 💻 Edición de audios testimoniales 👉 Paulo Giacobbe ☝ Foto de Portada 👉 Aporte histórico de Víctor Basterra, que sacó fotografías desde su cautiverio. Sin esta fotografía, por ejemplo, sería quizás imposible conocer su rostro, ya que al no haber llegado al juicio, no se lo ha registrado fotográficamenente, salvo esta de Basterra. Noviembre de 1978 Hace pocos días que Liliana Pellegrino fue secuestrada. Está tirada sobre una de las camas del sótano de la ESMA, una especie de recepción del festival del horror cotidiano de ese lugar siniestro al que todavía no dimensiona. La venda en los ojos agudiza el resto de sus sentidos. Por eso puede sentir que alguien se le acerca, primero a través de los pasos; luego por el calor del cuerpo que se le sienta al lado, rodillas contra rodillas. —Levantate la capucha —dice el captor a su lado.—No, no quiero.—Levantate la capucha —ya es una orden. Cuando obedece, Liliana puede ver al hombre al que todos llaman el Giba o Quasimodo, por una suerte de joroba en su espalda. —¿Querés fumar? —le pregunta, volviendo al tono cómplice, que nunca deja de ser duro.—Sí. Fernando Enrique Peyón se saca el cigarrillo de su boca. Lo sostiene entre su pulgar y su índice derecho. Lo acerca a la cara de la cautiva. —Fumá.—Gracias, pero no quiero —dice ella cuando se da cuenta. El asco puede más.—Te digo que fumes —vuelve a ordenar el Giba Peyón y luego sigue con tono tranquilo, como si nada—. Quiero que sepas que yo tengo en mis manos la vida y la muerte de tu pareja. Lo podría haber matado cuando lo secuestré pero no quise. Todo depende… pero tengo el poder de hacerlo. Eso es lo único que quiero que sepas. El silencio sólo queda interrumpido por la respiración agitada de Liliana, que piensa en Carlos Sueco Lordkipanidse, su pareja. “Bueno, bajate la capucha”, le dice Peyón antes de irse. Con esa presentación, Pellegrino se acaba de enterar quién es el Giba, uno los más feroces del Grupo de Tareas 3.3.2. *** Casi 40 años después, Pellegrino está en Suecia, donde vive. Llegó desde Buenos Aires hace una semana. No puede dejar de mostrar asombro cuando le decimos que La Retaguardia pudo establecer que la casa que ella reconoció hace días como aquella a la que los genocidas llevaron a las personas cautivas en febrero de 1980, pertenecía en ese tiempo a Raúl Enrique Antonio Peyón, el padre del Giba. “Me conmovió muchísimo saber quién la había tenido, sobre todo el saber que la encontramos. Es esa. Me conmovió porque ahí estuvieron con vida compañeros que pocas semanas después desaparecieron completamente: el grupo Villaflor, el Pata Pared, la Gringa Ponti, Ardetti, Lepíscopo”, dice vía telefónica. La Retaguardia pudo confirmar, a través del documento que acompaña esta nota, que Peyón padre le compró la casa el 8 de julio de 1972 a Horacio Blas Berretta, un arquitecto que murió en 2010. No podemos registrar (al menos hasta ahora) que el hombre de apellido calificativo tuviera algún vínculo con Peyón. Por la época de la compra, habría que descartar que la quinta sea parte del botín de propiedades de las personas secuestradas, que en general eran sometidas a firmar falsas ventas en favor de genocidas, testaferros o empresas creadas con esa finalidad. “No hay que olvidar que junto a la operatividad estaban los negocios, y ellos hacían negocios”, dice Víctor Basterra desde una convalecencia que no le impide aportar datos a la memoria histórica. “Era un psicópata torturador. Estaba en inteligencia y operaciones. Tenía un resentimiento contra buena parte de la humanidad. Su nombre completo era Fernando Enrique Peyón”, dice el escribano de la memoria. “Fue el autor de mis primeras torturas”, señala. El documento que prueba que Raúl Enrique Antonio Peyón, el padre de El Giba, fue dueño de la casaquinta entre 1972 y 1984. (La Retaguardia) Peyón, el torturador Cuando La Retaguardia consulta quién era Peyón, todos y todas comienzan por el mismo lugar. Fue quien, en medio de la tortura de Basterra, salió a buscar a Eva, su beba de apenas tres meses, para torturarla junto a su padre, que se negaba a decir nada por más que le dieran máquina hasta ocasionarle dos infartos. Contamos ya en la nota anterior, que Peyón se topó con el acto heroico de la secuestrada Blanca de Firpo, que la tomó en sus brazos y la apretó contra su pecho para evitar que el Giba se la llevara al infierno. “Poné que soy La Betty, porque así me decía Cachito Fukman”, nos pide ella, que está de paso por Buenos Aires, porque también vive en Suecia. Junto a Carlos Lordkipanidse, hizo el primer reconocimiento de la casa que acompañó este medio, en junio de 2019. “A Peyón lo conocía de la tortura -nos cuenta-, pero mucho más cuando vino a buscar a Eva para torturarla y yo se la saqué y la cubrí con mi cuerpo. Así quedó mi columna… Era un sádico que disfrutaba de hacernos daño”. Cuando se refiere a su columna, da cuenta de la paliza posterior, consecuencia de su