Un represor se negó a que le colocaran la tobillera electrónica por inseguridad

“Cuando a Ferrari lo llaman desde la Instrucción le decretan la prisión preventiva. Lo que logró su defensa, (el abogado Guillermo Fanego), a través de una recusación, es un fallo de Casación respecto de Daniel Obligado y Adriana Palliotti (juez y jueza del TOF N°5 a cargo de la megacausa ESMA). En virtud de eso pidió que se morigeren las condiciones en las cuales se iba a continuar bajo proceso y le hicieron lugar, ordenando el cese de la prisión preventiva”, explicó Noli a La Retaguardia. Ferrari, alias Pantera, no había sido llamado por la Justicia en ningún tramo de la megacausa ESMA y así quedaba en libertad. 

“Cuando nosotros recurrimos, vamos a Casación, llegamos a la Corte y el 12 de agosto la Corte hace lugar a nuestro recurso de queja y dispone que se revoque la libertad. A partir de ahí empezó una odisea con el tribunal, porque ahí se dieron cuenta de que este hombre no tenía jueces que integren el nuevo tribunal  desde noviembre del año pasado”. 

Así pasaron casi tres meses más a la espera de que se integre el tribunal solo para juzgar a Ferrari y se cumpla el fallo de la Corte. Finalmente,  el 1 de noviembre se efectivizó la revocación. Pero entonces, Gabriela Illarregui, desde la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informó al tribunal que cuentan con “un número limitado de dispositivos electrónicos” y que “se dará prioridad a aquellas personas que se encuentren detenidas en una unidad penitenciaria”. También recordaron que, “en atención a la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles, la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria a través de la NOTA N°2/2019 remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los dispositivos electrónicos no resultan necesarios en todos los casos”. 

Noli calificó de asombroso lo ocurrido. “Llama poderosamente la atención. Da la sensación que no sería un criterio prioritario monitorear a un genocida por parte del Ministerio de Justicia, cosa bastante asombrosa”. Pero a su vez se dieron cuenta de que, anteriormente, cuando el TOF N°5 ordenó que tuviera un dispositivo de monitoreo, tampoco ocurrió.  

“Atento el contenido de la contestación de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica suscripto por Gabriela Illarregui, del que surge que el imputado Ferrari no cuenta a la fecha con un dispositivo de geolocalización colocado y, toda vez que ello se dispuso al conceder el cese de prisión preventiva revocado el día de ayer, venimos a solicitar se requiera a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica informe de manera urgente las razones del incumplimiento de la manda judicial por espacio de más de dos años”, dice el escrito que presentaron ante el Tribunal desde la querella unificada encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, y que también representa a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. 

Pero fueron más allá y propusieron hacerse cargo de la compra de la tobillera: “En cuanto a la escasez de dispositivos para su colocación y la prioridad que tendrían las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios por sobre los imputados por crímenes de lesa humanidad que transitan su detención en sus domicilios, esta querella hace saber su disposición para adquirir por su exclusiva cuenta y cargo el dispositivo necesario para el monitoreo del imputado Ferrari, el cual en comodato gratuito y a su cargo le será entregado, ello con el objeto de evitar erogaciones al erario público y contribuir de esa forma a la recuperación económica del país, solicitando a V.S. tenerlo presente a sus efectos”, continúa el escrito presentado.

Si bien la situación es insólita, que una querella pague el dispositivo, para Noli es “peor que no lo monitoreen. No deberíamos tener que hacer esto. Yo entiendo que deberían darle desde el ministerio prioridad a que un genocida esté monitoreado. Cuando uno ve situaciones de presos comunes, sociales, cuando los tribunales ordenan un dispositivo se lo ponen a las 24 horas, esto pasa nada más que con los genocidas”.

Por último, el abogado querellante se refirió a las demoras en el comienzo del juicio. “Acá tenemos que entre los jueces que recusó (el abogado defensor Guillermo) Fanego, los jueces que se apartaron por la suya y los que aceptaron la recusación, ya llevamos diez jueces separados de esta causa”.

El 5 de noviembre llegó la respuesta del Tribunal Oral en los Criminal Federal N5 conformado por los jueces Sabrina Namer, Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Pelloni: “Hágase saber a la Directora Gabriela Illarregui que por el presente se dispone la realización del informe técnico de viabilidad y, asimismo la implementación del mecanismo de vigilancia electrónica. Por lo demás, adjúntese una copia digital del requerimiento de elevación a juicio y de la resolución que concede el arresto domiciliario”.

Pero además le informa: “Horacio Luis Ferrari ha sido imputado por el representante del Ministerio Público Fiscal como autor de 43 privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas; 180 privaciones ilegales de la libertad triplemente agravadas; 246 tormentos; 74 homicidios y 17 sustracciones, retenciones y ocultamiento de menores. Y estos delitos son considerados de Lesa Humanidad y habrían sido cometidos dentro de la estructura del Grupo de Tareas 3.3.2. que habría funcionado en la Escuela de Mecánica de la Armada. A tales efectos líbrese oficio”. 

El lunes 1 de noviembre durante el juicio a la represión en la quinta La Pastoril, que La Retaguardia transmite en directo, el abogado defensor Guillermo Fanego se puso a hablar por teléfono en medio de la audiencia. Los movimientos del defensor de genocidas llamaron la atención del juez Matías Mancini, integrante del Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín, quien estaba llevando adelante la indagatoria a Juan José Ruiz, un ex policía de la Provincia de Buenos Aires que exhibía su Documento Nacional de Identidad frente al tribunal, simulando tal demencia, que ni su propio nombre podía recordar. Ruiz todavía tenía el DNI en primer plano cuando Mancini dijo: “Doctor Fanego, ¿Puede cortar el teléfono por favor? No se puede estar en dos lugares al mismo tiempo”.

Probablemente, el motivo por el cual Guillermo Fanego intentó dividirse en dos fue porque otro de sus clientes lo requería. Horacio Ferrari, se enteraba en ese exacto momento del cambio de su situación procesal, para su pesar, como explicó Noli.

Luego vendría el enredo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con las tobilleras electrónicas y la respuesta de las querellas y el tribunal. Pero faltaba un escrito de la defensa con fecha 10 de noviembre y que Ferrari acepte colocarse la tobillera.  “Vengo a poner en vuestro conocimiento que, en el día de la fecha mi asistido recibió una llamada de una ignota empleada de un órgano del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) requiriéndole datos para colocarle una tobillera. Ante el desconocimiento de la situación ya que no fue advertido con anterioridad, mi asistido se negó ante el temor de ser víctima de un delito tan común en estos tiempos en que utilizan los teléfonos celulares”.  Temiendo ser víctima de un atraco, Pantera Ferrari les dijo que todo lo que quieran saber, “lo pregunte a esta judicatura y lo propio de la judicatura a él. Ustedes cuentan con toda la información necesaria y si algún dato les falta pues no duden en llamarlo o llamarme”, consignó Fanego, calificando a la jueza Namer como ejecutante de malas prácticas procesales, argumentando una falta de notificación:  “aún estoy aguardando que me notifiquen el decisorio por el cual la jueza Sabrina Namer dispuso un arresto domiciliario”. 

La historia de la tobillera de un represor de la ESMA continúa. Pero en estos tiempos que corren, vale resaltar que inseguridad es un genocida en su casa. En este caso, sin ningún tipo de control. Perpetuando sus crímenes, sin decir el destino de sus víctimas, ni brindar ningún dato sobre los y las menores robadas a sus verdaderas familias.