Talleres clandestinos
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El rabino Damian Karo contó que hallaron 6 prostíbulos y 9 talleres esclavistas, uno de ellos ubicado enfrente de una comisaría. Esos fueron algunos de los resultados de este trabajo conjunto realizado por la Asamblea Once de Pie junto a la Fundación La Alameda en una de las zonas comerciales más concurridas de la Ciudad de Buenos Aires. (Por La Retaguardia) Un grupo de vecinos viene reuniéndose y elaborando este mapa del delito desde el mes de agosto: “más allá de las cuestiones electorales y partidarias los vecinos tenemos conflictos diarios que tenemos que ver cómo se resuelven y que evidentemente mucha gente que debiera ocuparse no lo hace, y no estoy hablando del gobierno saliente y del gobierno entrante, sino de todos a los que les corresponde ocuparse, conformamos un mapa del delito e hicimos las denuncias”, expresó el rabino Damián Karo, vecino de Once e integrante de La Alameda, en diálogo con La Retaguardia.El mapa fue presentado este martes 16 de diciembre en los Tribunales Federales de Comodoro Py, específicamente en la fiscalía Nª6 a cargo de Federico Delgado: “hicimos entrega formal de la denuncia, después pasamos por la Comuna, estuvimos tanto con la gente de allí como del Ministerio de Seguridad de la Ciudad y Prevención del Delito. A la tarde nos juntamos en la puerta de la sinagoga que tiene un bunker narco tremendo a la vuelta, enfrente tiene talleres clandestinos, a la vuelta está la comisaría que tiene talleres clandestinos enfrente, también marcamos en el mapa zonas de arrebatos, lugares de venta de los celulares robados que por ahí mismo se arrebatan, a la vuelta hay un lugar de venta de drogas, prostíbulos en los que además sabemos que generalmente también se vende droga”, especificó el rabino.Karo aclaró que los vecinos entienden el problema de inseguridad no como un tema que se resuelve solamente poniendo más efectivos en las calles: “creemos que debe hacerse efectiva la ley y el trabajo que a cada organismo le compete. Seguimos visitando los organismos correspondientes, tanto de ciudad como de nación, y entregando la denuncia en lo que queda de esta semana y la que viene para que todos se pongan a trabajar. Hacemos todo muy ordenado, muy pacífico, pidiendo que cada uno haga lo que corresponda. Esperamos prontamente volver a visitarlos para agradecerles que hemos visto los resultados y los cambios, o en su defecto para volver a recordarles y seguir incrementando la denuncia. No es la primera que lo hacemos en el barrio y seguiremos porque nosotros vivimos ahí”.Este mapa del delito es el segundo que los vecinos presentan en la zona de Once. Al ser consultado acerca de cuáles fueron las reacciones de las autoridades ante el primer mapa, Karo manifestó: “dijeron que se iban a ocupar, que estaban todos trabajando. La vez anterior marchamos a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que también está en la comuna. Nosotros tenemos un barrio bastante golpeado, tuvimos la masacre del 22 de febrero con los trenes, tuvimos Cromañón, AMIA, es un barrio en el que tenemos manteros, arrebatos, venta de drogas, talleres clandestinos, es un barrio muy complicado y la verdad que es muy difícil vivir. Ayer (por el martes 16) nos presentábamos algunos con máscaras por miedo, muchos vecinos que formaron parte de esta asamblea no vinieron, y algunos nos vestimos con unas chaquetas tipo presos para tratar de explicarle a la gente que nos sentimos presos en nuestro propio barrio. Salir a comprar el pan a veces es una aventura, es común que un marido llame a la mujer para saber a qué hora llega así la va a buscar porque cayó el sol y caminar por la calle es peligroso”. La fe no es zonzaRespecto a cuál es su expectativa ante esta segunda presentación del mapa, el rabino señaló: “soy un tipo de fe en que se puede hacer un mundo mejor y justamente por eso hacemos todo lo que hacemos, pero me cuesta creer que vayan a hacer algo, no veo que haya real voluntad, hemos escuchado al presidente (Mauricio Macri) anunciar que acabar con el narcotráfico es uno de los 3 pilares de su función y no es muy difícil saber dónde están porque están las denuncias. Además, él era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aquí se produce clorhidrato de cocaína y todos lo sabemos, se hicieron las denuncias, en la Legislatura se publicó un libro con las más de 100 denuncias que hizo Jorge Rodríguez trabajando para el gobierno nacional y nadie ha hecho nada, y esto crece y empeora, entonces si no nos movemos como sociedad civil, si no nos juntamos los vecinos y empezamos a ejercer algún tipo de presión para exigir soluciones no creemos que vaya a solucionarse. Yo creo más en el movimiento popular, vecinal, que en la voluntad política que hasta ahora no hemos visto de ningún lado”. Como pedir seguridad sin convertirse en un pequeño fascistaDesde La Retaguardia le consultamos a Damián Karo acerca de cómo se hace para generar una movilización con los vecinos hablando de cuestiones de seguridad sin rozar el fascismo, es decir sin que se termine señalando a los pibes chorros o a las prostitutas como los culpables de estas problemáticas: “uno como rabino tiene un poco esa cuestión educativa, por eso nos venimos juntando desde agosto para este mapa del delito, porque primeramente hay que reunir a la gente, segundo hay que poder explicarle a los vecinos cómo son las leyes, cuáles son los organismos competentes, cuáles son los tiempos legales y políticos, y por sobre todo hay que hacer una tarea educativa profunda de poder entender que el mantero es un señor que no tiene trabajo y que está trabajando en pésimas condiciones por nada, pero que atrás hay grandes mafias y corporaciones apoyadas por un sistema que permite que todo esto suceda, entonces el problema no es la señora que está reducida a la esclavitud sexual o las personas que están reducidas en talleres
A propósito de la lucha contra el gatillo fácil y del año del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, los familiares y amigos del joven entrevistaron en su programa Desde afuera, que se emite por Radio La Retaguardia, a Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente para la Victoria, dirigente a nivel nacional de la JP Evita y uno de los principales impulsores de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, integrada por organizaciones, movimientos sociales y organismos de derechos humanos cercanos al gobierno. (Por La Retaguardia) “Nosotros hacemos una lectura nacional de la realidad política. En la Argentina, la perspectiva que viene para este domingo está ligada a dos posibilidades. Una es que continúe el Frente para la Victoria y que sea Scioli quien gane las elecciones, o que vuelvan candidatos que denostadamente dicen que son neoliberales. Tipos que plantean que el ejército tiene que rodear las villas o ir con topadoras”, planteó Grosso en relación a la inserción de su movimiento, la JP Evita, en la nueva gestión de gobierno. “Trabajamos fuertemente para que el Frente para la Victoria continúe con la posibilidad de ir viendo y avanzando en esta perspectiva que tiene que ver con la violencia institucional, la violencia policial, los problemas que todavía no hemos resuelto”, manifestó. El dirigente expresó que para resolver la problemática de violencia institucional “necesitamos mucho más tiempo de proyecto nacional. No es un problema que surge hace diez o veinte años sino que atraviesa toda la historia argentina y para resolverla necesitamos seguir articulando fuerza, poder popular, organización popular. La única perspectiva que hay de seguir trabajando este tema es que haya continuidad del FpV”. La violencia institucional Grosso entiende por violencia institucional a aquella que “por acción u omisión se ejerce desde el Estado hacia individuos o grupos de personas. Desde la Campaña hemos hecho un recorte de esa violencia para poder abordarla, porque si no es toda la violencia que se ejerce desde las instituciones, que es mucha y no está resuelta, y decidimos tomar la violencia policial y judicial”. La Campaña Nacional contra la Violencia institucional eligió uno de todos los abordajes sobre la problemática porque “es una perspectiva que nos atraviesa por la militancia barrial, en las villas, en las barriadas populares. Es esa violencia que ejercen las fuerzas de seguridad, las policías provincial, federal y la justicia provincial y federal contra los pibes de los barrios. Eso trabajamos nosotros”. El fenómeno tiene muy diferentes visiones, Grosso analizó una de ellas: “Hay compañeros que plantean que es una forma de ejercer el control social que tiene el Estado con los sectores excluidos. Nosotros creemos que eso es una parte de la realidad de la violencia institucional y de cómo se puede ir perfilando o pergeñando la construcción de un Estado en la Argentina que tenemos por ser un país autónomo o seguir siendo una colonia”.El diputado aseguró, ante las perspectivas de la nueva gestión presidencial del actual gobernador de Buenos Aires: “No sé si Scioli ha hecho algo en contra de la violencia institucional, sí es parte de un proyecto de país que ha resuelto un montón de problemas que eran parte de la urgencia. Cuando yo empecé a militar en el ’99 también había violencia institucional, lo que pasaba es que como había tanta hambre y desocupación nuestra tarea principal era armar los comedores y merenderos”. Así se metió Grosso en la problemática de la violencia del Estado en sus inicios como militante en los ’90: “No teníamos tiempo, primero porque éramos menos, porque la militancia en general era menos, de cualquier partido político. Se venía toda la crisis del 2001, era un panorama horrible, los pibes venían a morfar adonde nosotros hacíamos clases de apoyo, clases de circo”. El dirigente de la JP Evita aseguró que los casos de violencia institucional en ese entonces se suscitaban con la misma frecuencia, pero resultaba imposible organizarse para discutir esa cuestión. “El avance de los sectores populares en conquista de derechos, en niveles de conciencia y organización popular en estos últimos doce años permite que nosotros discutamos violencia institucional. Los genocidas andaban sueltos por la calle así nomás y la sociedad ni siquiera los cuestionaba, la teoría de los dos demonios…”, rememoró. ¿Campaña de gobierno o campaña militante?En sintonía con la discusión sobre los ministros anunciados por el gobernador, Grosso aseguró que “no se trata de las personas sino de la relación de fuerzas entre el pueblo y los enemigos del pueblo, que se puede ir construyendo con mucha más agilidad en la medida en que haya un gobierno popular, sea quien sea el presidente. No podrían ser palos en la rueda Casal, Berni o Granados en el gabinete, porque de hecho son los mismos que están ahora, esa es la realidad”, reflexionó. Según el militante, en la próxima gestión no habrá condicionamientos para desarrollar y seguir haciendo la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional a pesar de los funcionarios denunciados en materia de derechos humanos, ni para seguir sosteniendo públicamente las críticas a su accionar. “Tenemos claro qué intereses representamos, cuál es nuestra tarea y cuáles son los objetivos que buscamos, no hay duda. Salvo cuando Nilda Garré fue ministra -en ese tiempo que pudimos coordinar fuertemente las cuestiones de seguridad-, nosotros nunca pudimos coordinar fuertemente con el ministerio de Seguridad, ni de la Provincia, ni de la Nación, ni con el ministerio de Justicia ni de la Provincia ni de la Nación, con las diferencias de cada uno de esos ministerios y sus realidades”, aseguró. Grosso diferenció la gestión de gobierno de la Campaña: “Es una campaña militante que plantea construir organización, instalar el tema y empujar y empujar y empujar hasta que alguna vez los sectores de la política, de la realidad judicial, de la realidad policial, se hagan cargo de que no pueden hacerlo más”.Grosso también se pronunció acerca de las opiniones en el sentido que habrá más dificultades para emprender la militancia barrial y popular en los próximos cuatro años: “No veo
Dos niños murieron asfixiados en la esquina de Terrada y Páez el 27 de abril de este año. Estaban viviendo en el sótano de un lugar completamente cerrado, tapiado y oculto; un taller de costura clandestino que se prendió fuego. Pocos días después, el 7 de mayo, incluso con custodia de la policía, las llamas volvieron a aparecer en el mismo lugar: algo no se había llevado el primer incendio. Las responsabilidades detrás de las muertes de Rolando y Rodrigo son, fundamentalmente, empresariales, y se busca imputar a Lee Sung Yopen, propietario del taller. No es la única causa de estas características, tampoco es nueva; hace nueve años murieron un hombre, una mujer y cuatro chicos de nacionalidad boliviana en Luis Viale 1269. Los dueños del lugar: Jaime Geider y Daniel Fischberg. Imputar a los empresarios no sólo sería un avance fundamental para la reparación, sino también para avanzar en la investigación de las responsabilidades por el trabajo esclavo en todo el rubro textil. En diálogo con Luis Angió del programa Otras Voces Otras Propuestas por Radio La Retaguardia, estuvo Luis Fernando Rodríguez, padre de Harry, uno de los niños fallecidos en el incendio del taller de Luis Viale. Responsabilidades(Por La Retaguardia) “Tienen una cobertura judicial, política y mediática que permite que sigan impunes”, arrancó Fernando e informó que todos los empresarios responsables siguen viviendo del rubro textil, “seguramente con trabajadores no registrados y explotados”. “Que se impute a los verdaderos responsables, razón social Jaime Hele y Daniel Fischer y Asociados”, denunció Fernando con contundencia. Sobre el accionar judicial en este tiempo, el padre de Harry, uno de los chicos muertos en el incendio del taller de Luis Viale, fue claro: “lo que podían hacer en cuatro meses lo han hecho en cuatro años”. Y recalcó que los que sufren son los humildes que vienen con sueños a la Argentina. El hombre expresó que sabe que hay presos por trata y talleres clausurados, pero no en la causa de la calle Viale: “no hay nadie preso, los empresarios se burlan de la justicia”. Sobre los responsables del incendio, además, efectuó una denuncia pública cuando se le consultó si quisieron “arreglarlo” con plata: “cuando hicimos la repatriación de los cuerpos a Bolivia, en el aeropuerto se me presentaron. Sí, han querido. Pero falleció gente inocente, niños, que no tenían la culpa de nada”. Sobre la situación judicial, Fernando se mostró disconforme, la causa no tiene un solo detenido, y los procesados ni siquiera son fabricantes, no son “gente de arriba”. “Basta con oír las declaraciones de las personas que trabajaban ahí para meterlos presos, no encuentro la razón”, se lamentó. Interpeló directamente al juez: “la mujer murió abrazando a los niños, tratando de cobijarlos. Sabe más el juez Julio Alberto Baños, y no hace nada”. El hombre atribuyó la falta de respuestas del Estado a su clase social, “la más baja”. “Fischberg y Geider no están ni citados como testigos”, volvió sobre los empresarios, “eran dueños de la fábrica y de la propiedad”. Tampoco fueron citados los inspectores del gobierno de la Ciudad, que hicieron oídos sordos a las denuncias de un vecino sobre la cantidad de gente que entraba y salía del lugar. ConferenciaEl lunes 31 a las 10 se convocó a una conferencia de prensa en La Cazona de Flores porque la causa por el incendio del taller en la calle Luis Viale en 2006 podría prescribir. Distintas personalidades exigieron que comience ya el juicio con la imputación a los responsables empresarios. Juan Vázquez, militante del Colectivo simbiosis cultural, abrió la mesa de debate agradeciendo la presencia a Fernando Rodríguez que vino desde Bolivia para participar de la actividad. Además formaron parte del panel Nora Cortíñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Myriam Carsen, abogada en lo penal del caso de Luis Viale; Gabriela Carpineti, abogada de Esteban Mur, el papá de los nenes que murieron hace cuatro meses y Lourdes Hidalgo, sobreviviente del taller de Luis Viale.Vázquez comenzó expresando su indignación porque, a pesar de los efectos de aquel caso paradigmático de 2006 y de la posibilidad de visibilizar la trata laboral en talleres clandestinos, las condiciones en que viven y son explotadas estas personas no han cambiado. “No se modificaron las estructuras que tienen que ver con la tercerización y las responsabilidades”, dijo Vázquez, y afirmó que la respuesta del Estado es “el cierre del taller, para que éste se traslade a la provincia de Buenos Aires”. En el caso de Terrada y Páez donde murieron Rodrigo y Rolando, pasaron cuatro meses y “no hubo ni siquiera una línea de investigación con los responsables de que ese sistema siga en esas condiciones”, aseguró. Ni siquiera, según Vázquez, el Estado puede colaborar en la regulación de un taller ilegal: “que se faciliten esas condiciones, que también se traduciría en un lugar seguro para trabajar”. En el artículo 4 de la Ley 12.713, explicó el militante, se delinea con claridad el grado de responsabilidades sobre los talleres clandestinos: las marcas. Pero esa definición no se aplica.“No se puede morir más nadie en un taller textil”, expresó, “tienen que mejorarse las condiciones de seguridad y El Estado tiene que ser parte de esa implementación”. Vázquez cuestionó el rol del Estado: “lo que se está haciendo es expulsarlos de Capital Federal”.Asesoría popular textil es un proyecto que lleva adelante el Colectivo simbiosis cultural y que busca “acompañar a esos talleres que tengan intención de regularizarse” y “ganas de discutir ese sistema de producción”. Vázquez destacó, finalizando su intervención, que “el hecho que venga Fernando para conseguir justicia en este caso, es decir que parte de la colectividad boliviana no está dispuesta a olvidar”. “Con eso podemos empezar”, concluyó.Luis Fernando Rodríguez agradeció el espacio dado en la conferencia para expresar su pedido de justicia por los seis muertos en el incendio del taller clandestino en Luis Viale 1269 hace nueve años. “Son nueve años que sigo pasando como si fuese el mismo día que lo he vivido: pidiendo justicia. No