Sergio Berni

Un acto con la presencia de Axel Kiciloff, junto a Sergio Berni y al intendente de La Matanza Fernando Espinoza, sumó malestar a familiares de víctimas. Las medidas de no innovar del juez Rafecas que nadie atiende. Mientras tanto se realizan los juicios Puente 12 III y ABO V, que investigan hechos ocurridos dentro de ese predio, hoy base de grupos especiales de la Bonaerense. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Fernando Tebele  Un acto oficial en el predio donde funcionaron los centros de tortura y exterminio conocidos como “Puente 12” y “El Banco”, corroboró una realidad repudiable: las botas policiales siguen pisando la Memoria, la Verdad y la Justicia. El viernes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, entregaron 90 patrulleros a la Policía Bonaerense. El despliegue de tropas y móviles se hizo sobre un predio que debe ser “sitio de memoria” y fue modificado brutalmente, cuando es prueba fundamental en dos juicios por crímenes de lesa humanidad.  “Las obras para modificar el predio se hicieron sin cumplir la orden de no innovar del juez Daniel Rafecas”, afirmó Alejandra Cravello, de la Comisión Vesubio y Puente 12. “Por supuesto, tampoco se pidió autorización a la Municipalidad de La Matanza, que pareciera que avala todo lo que se está haciendo”, recalcó Cravello. De hecho, en el acto realizado el viernes, estuvo presente el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que aportó 40 de los nuevos móviles policiales. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de DD.HH. de la provincia de Buenos Aires colocaron recientemente nuevos carteles de señalización en la puerta del predio, pero no han impedido el avance de las obras. Alejandra es hija de Ricardo Cravello, torturado y asesinado en Puente 12. Con lógica indignación, señaló que los patrulleros policiales estarán estacionados “sobre las capachas” donde eran cremadas en forma clandestina las víctimas del Terrorismo de Estado que pasaron por los dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En la orden de “no innovar”, repetida hasta el cansancio desde 2010 por el juez Rafecas sin eco en las autoridades, se señaló la particular importancia de esas “capachas”. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) viene realizando tareas destinadas a la identificación de los restos óseos humanos ya encontrados y los que debe haber en los sitios que falta examinar. Los amplios sectores de tierra del predio fueron tapados con cemento por decisión de las autoridades bonaerenses.  Los logos del Municipio de La Matanza se observan en las fotos de la visita a las barracas para los policías “alineados sobre esa ‘platea’ de hormigón de cincuenta metros por veintipico”, que tapa los lugares donde se encuentran las “capachas”. Cravello puntualizó que en distintos lugares del predio “se hicieron movimientos de suelos, excavaciones y no se dio intervención al EAAF. ¿Y si ahí hubo restos? No se informó a nadie, parecen las topadoras de diciembre de 1983 excavando en los cementerios, es el mismo nivel de salvajismo”.  La “seguridad” como excusa El acto oficial se realizó en el hoy llamado Centro de Coordinación Estratégico de la Policía Bonaerense al que se señala ubicado en “Puente 12”. Las “nuevas instalaciones” forman parte del edificio de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y la sala de monitoreo de la Fuerza Barrial de Aproximación. Según Kicillof, es “un centro de primer nivel” que sirve “para reducir el delito”.  La UTOI fue inaugurada el 31 de mayo de 2017 por la exgobernadora macrista María Eugenia Vidal, acompañada por su entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Hoy siguen su huella Kicillof y Berni. De 300 efectivos en el gobierno anterior, se pasó a 2700 en septiembre de 2021; y ahora se anuncia que serán 8000 para las que se están construyendo toda la infraestructura sobre un espacio que debería preservarse para la memoria. Como todo aumenta, las cifras de la “seguridad” crecen: de las 280 mil personas detenidas en 2019 por hechos menores o por nada, se trepó en la gestión Kicillof-Berni a más de 410 mil, según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).  De acuerdo con Kicillof, la UTOI y la Bonaerense son las encargadas de garantizar “seguridad”. En los últimos años, solo en La Matanza hubo 17 casos de gatillo fácil policial. Por otro lado, en mayo de 2022, unos jóvenes que estaban haciendo compras en su barrio fueron agredidos por policías que se movilizaban en varios patrulleros.  La CPM presentó una denuncia penal y administrativa contra esos efectivos. Luego de rodearlos, uno de los policías le dijo a un chico de 14 años al que obligaron a tirarse al suelo: “¿Qué pasa si te tiro un tiro y quedás tirado acá?”. Esto pasó en el barrio Nicole, de Virrey del Pino. Los móviles policiales, vaya casualidad, eran de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). A uno de los chicos lo golpearon, le sacaron la gorra y las zapatillas. Luego las arrojaron a un zanjón. La denuncia fue presentada ante la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa.  En una encuesta realizada por la CPM en La Matanza, se determinó que sobre 100 entrevistados, sólo uno no tuvo nada que decir en contra de la Policía Bonaerense.  Hay más de la UTOI. En Quilmes, en un caso de robo, se secuestró una pistola 9 milímetros que pertenecía a esa fuerza de seguridad. Se abrió una investigación interna y se constató que faltaban 15 pistolas y escopetas, entre ellas la 9 milímetros secuestrada en Quilmes.  En junio de este año, en una nota remitida al ministro de Seguridad, Sergio Berni, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunciaron que la Bonaerense sigue realizando acciones de espionaje e inteligencia ilegales. Eso afecta a las asambleas, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. En esto, también se sigue la huella del gobierno anterior. Esto pasa, a pesar de las denuncias realizadas ante la Justicia y los organismos de gobierno