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Jorge Auat: “hay una estrategia de impunidad en los juicios por crímenes de lesa humanidad”

Escrito por el julio 12, 2015


(Por La Retaguardia) El Fiscal General a cargo de la Procuraduría en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad se refirió a las constantes recusaciones a fiscales por parte de las defensas de los imputados en este tipo de procesos. A las realizadas por los represores  Jorge Eduardo Acosta  y Ricardo Cavallo al equipo de fiscales en el juicio por el tercer tramo de la Megacausa ESMA, se sumó en los últimos días el apartamiento de Gustavo Gómez de la causa que investiga el accionar de César Milani en Tucumán durante el Terrorismo de Estado. Según la Cámara de Apelaciones de esa provincia, Gómez fue separado “por pérdida de objetividad que se evidencia en un adelanto de juicio en entrevistas concedidas a medios locales”. Oral y Público dialogó con Jorge Auat sobre el rol público que deben jugar los fiscales para informar a la población sobre los juicios y el objetivo real de estas distintas presentaciones por parte de los defensores de represores.

Previo al pedido de recusación por parte de Jorge “Tigre” Acosta, otro imputado,Ricardo Cavallo, ya había acusado a los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly de haber perdido objetividad, basándose en declaraciones efectuadas por los funcionarios judiciales a distintos medios de comunicación, entre ellos La Retaguardia. 
Jorge Auat, titular de la Procuraduría en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad, consideró que estas medidas son estrategias de impunidad que vienen atravesando todos estos procesos y que el pedido de recusación es una de las herramientas más utilizadas en las causas por crímenes de lesa humanidad: “no recuerdo una patología de esta envergadura y tan diseminada a lo largo de todas las causas en materia de recusaciones, creo que ha sido un abuso; desde luego está dentro de las normas del Código Procesal, nadie puede pensar que se puede limitar ese derecho que tienen las partes a exigirle a los operadores judiciales la imparcialidad que teóricamente debe atravesar en cada uno de ellos, sobre todo el juez y el fiscal. Pero esto de la imparcialidad también es relativo porque hay un modelo de fiscal que ya no está más; ese es otro problema, el fiscal al que ellos recusan desde el punto de vista como sujeto procesal no existe más. El Código Procesal vigente creo que es de los años ’30, en las provincias ese régimen procesal está vigente desde la década del ’40; y en el año ’92 se incorporó al régimen federal ese código que ya era viejo en las provincias; durante la vigencia de ese código y que de algún modo hoy está vigente, el Ministerio Público Fiscal pertenecía al Poder Judicial, el fiscal era mirado como si fuese un juez. El código establece un número de causales de recusación y hay dos excepciones que tienen que ver con el rol nada más, inevitablemente hay que separarlas del nomenclador de causales porque tiene que ver con el rol del fiscal, independientemente de a quién pertenezca; pero ese fiscal que era asimilado al juez tenía su oficina, ese trámite meramente formal de la presencia del fiscal no existe más. A la luz de esa legislación vigente es que se permite esta cuestión de recusar no solamente a los fiscales, también se hace con los jueces”.

Maniobras dilatorias

De todos modos, Auat aclaró que actualmente “no está en crisis la credibilidad del fiscal”, sino que lo que existe es “una estrategia de impunidad”. “Lo hemos visto no solamente con las recusaciones, hay una maniobra dilatoria a lo largo de todos estos procesos que busca especialmente prolongarlos en el tiempo para que no haya sentencia, nosotros incluso le hemos pedido a los jueces que concentren, aceleren, traten de evitar esa malversación de las normas, incluso lo llevamos a la Cámara de Casación que sacó hace un par de años unas normas prácticas, especialmente en base a este planteo que nosotros hacíamos, a las quejas que nosotros llevamos a la Corte, a la Comisión Interpoderes, no dejamos agencia sin reclamar un compromiso para acelerar estos procesos. Todo esto teniendo en cuenta además que estamos hablando de hechos que tienen 40 años y, lo hemos dicho hasta el cansancio, además con imputados de avanzada edad, testigos también grandes, y esto compromete severamente la celeridad del proceso porque si no terminamos con impunidad biológica. Obviamente esto tiene un límite, que es el derecho del justiciable a utilizar todas las herramientas posibles sobre la base de que él entiende que está comprometida la credibilidad y la imparcialidad del juzgado y en este caso los fiscales”.
En este sentido, Auat explicó que hay un error conceptual que debe aclararse, el fiscal es parte del proceso pero su rol y función no pueden homologarse a las del juez: “obviamente no se puede aceptar un fiscal que tenga cierta animosidad con el imputado, pero de todos modos cualquiera fuera la situación aún en la hipótesis improbable, está el juez que es el que gobierna el proceso y resuelve esas tensiones. El problema aquí no es la recusación del fiscal, el fiscal lo único que tiene que hacer es cumplir un rol, obviamente si me preguntan qué es lo que puede o lo que debe hacer, cuáles son los límites, cuando hay mala fe procesal no hay ningún manual de funciones. El otro día yo estuve en la audiencia del juicio ESMA y lo que vi fue realmente kafkiano: las recusaciones se basaban en cuestiones prácticamente inexistentes, lo que están buscando no es que el fiscal no acuse porque eso es imposible, con esto están buscando que el proceso no avance. El objetivo es trabar el proceso. Frente a la mala fe no hay respuesta. Hemos tenido tantas dificultades a lo largo de todos estos procesos que la verdad que nos agota la posibilidad y el universo fáctico donde tenemos que ejercer nuestra función. Frente a la mala fe, no vamos a evitar los planteamientos y obviamente lo único que necesitamos es que los propios jueces que gobiernan el proceso pongan las cosas en su lugar, este es el problema central, no hay otra salida. Cuando a un fiscal le ponen un micrófono y cuenta cuáles son sus funciones y dice de qué se trata la causa, está comunicando, además estamos hablando de procesos orales, pero aunque no lo fueran, está comunicando la existencia de un proceso penal con un objeto del proceso y pruebas, pero esto no significa una valoración, porque la valoración de pruebas se hace en la etapa de alegatos, además estamos hablando de procesos que tienen una publicidad tan masiva, hechos tan notorios que tienen 40 años, no tienen el corset de causas comunes, el canon es otro, el paradigma de esos procesos es otro. Aquí lo que tienen hacer los jueces es limitar el abuso de algunas normas procesales para poder así alentar los procesos, cuando uno advierte claramente la mala fe, entonces el objetivo es espurio, no está en crisis la credibilidad”.

Vientos de impunidad

En diálogo con Oral y Público, Auat expresó que en nombre de algunas cuestiones de dogmática penal, procesal penal y constitucional se puede decir cualquier cosa: “nosotros hemos escuchado hablar tantas veces de independencia judicial y nunca estuvo en crisis la independencia judicial, no es cierto todo eso, pero forma parte de las estrategias que tienen que ver con este escenario donde está en juego una serie de factores, desde lo político, lo judicial y también en este caso todo lo que significa la decisión de avanzar e investigar y llevar adelante estos procesos de memoria, verdad y justicia. Este problema trasciende incluso al propio expediente, frente a esto no podemos ser ingenuos y analizar caso por caso y pensar en el comportamiento. Yo el otro día estuve en la sala de la causa de ESMA y los planteos que hacía Acosta son inadmisibles. El imputado siempre tiene frente al órgano acusador la sensación de que es víctima, hay un cambio, una inversión del escenario; la literatura también lo describe, cuando ya está en posición de sujeto imputado muestra un estado de debilidad y se victimiza, y le genera al escenario un cambio de paradigma.  De pronto aparece aquel que llevó a cabo un plan tan tremendo, tan horroroso, un plan criminal que se ve en lo que hacían con los soldados, lo que pasó en La Perla, y claro estamos hablando de hace 40 años, y esa víctima hoy re-significada, visibilizada hoy esa víctima tiene que enfrentarse hipotéticamente a otro que también se victimiza, y aparece diciendo, lo hemos escuchado con los imputados: ‘yo soy víctima de una persecución, soy un preso político’, esto lo han dicho en pleno debate. Es la circunstancia que venimos atravesando, son las dificultades que venimos enfrentando desde tantos años, estamos hablando en 2015 y todavía todo lo que falta por hacer…”.
“¿Cuántas sentencias firmes tenemos? –se preguntó el fiscal general–, esto es lo que nos tiene preocupados, cuántos imputados que se van muriendo, cuántas víctimas, estos son los vientos de impunidad que están soplando. El tema de las excarcelaciones, de las prisiones domiciliarias. No pretendemos nada fuera de las normas, pero tampoco vamos a aceptar la maniobra espuria para lograr el objetivo de la impunidad, me parece que ahí es donde tenemos que resistir por un imperativo moral del propio proceso, el proceso penal tiene un fuerte contenido ético, respetar la norma no es solamente una cuestión formal”
A modo de ejemplo vale remarcar algunos números del actual tramo de la megacausa ESMA que se encuentra en juicio. En el inicio de las audiencias, eran casi 70 los imputados y al momento de los alegatos llegan solo 60, ya que algunos fueron apartados por razones médicas, y otros murieron: “estamos hablando de gente de avanzada edad, previsiblemente hay que pensar que en un juicio que demora 2 o 3 años con gente de 70, 80 años, esto forma parte de la realidad. Biológicamente es gente que enfrenta una etapa de su vida que ya no está en condiciones de asistir a una audiencia, de entender de qué se trata, de escuchar a un testigo, terminan escuchando las imputaciones por teleconferencia en el hospital. Es la maniobra, forma parte de la estrategia. A nosotros lo único que nos queda por hacer es seguir en lo jurisdiccional, utilizar todas las herramientas, hacer presentaciones al juez, planteamientos, contestar las demandas de los imputados, obviamente nosotros tenemos nuestra propia estrategia ante eso, que no es otra que agotar y usar todas las herramientas procesales a nuestro alcance. Por eso los organismos viven permanentemente reuniéndose, organizando foros para seguir adelante, para darle sustentabilidad al viejo clamor porque todavía no ha sido satisfecho en su totalidad”, expresó Auat.

El gran sujeto olvidado

El titular de la Procuraduría en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad aseveró que “la justicia que no abarca la totalidad del crimen, deja el sabor de la injusticia. Este es el gran problema de los organismos, las víctimas y los familiares de las víctimas, tienen la sensación de impunidad y es muy doloroso. Estos procesos de memoria tienen algo fundamental, tienen la memoria, el dolor, tienen un fuerte contenido moral, y lo que está en juego aquí es la víctima, la resignificación, su visibilización, es el gran sujeto olvidado, donde el proyecto de olvido que tiene que ver con un crimen de esta magnitud porque viene imbricado, el proyecto del olvido no es que arrancó con el indulto o las leyes de impunidad, forma parte del diseño, incluso lo describe Primo Levi, siempre los crímenes de esta magnitud, del Terrorismo de Estado, los crímenes de masas, tienen en su propio diseño, ya vienen con el manual de instrucciones para generar el olvido al otro día. Lo que pasó en Argentina es un fenómeno que el mundo nos mira porque evidentemente ese proyecto de olvido fracasó, y esto es seguramente lo que más les preocupa, porque el objetivo de este proceso, ese discurso de que se mira el pasado no es cierto, es mirar al pasado para prever el futuro; para que la barbarie no se repita necesitamos ejercitar la memoria, esto es lo que está en juego”.
El Fiscal General a cargo de la Procuraduría en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad, Jorge Auat, y sus reflexiones respecto al rol de los fiscales en los juicios por los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado, los obstáculos que imponen las defensas de los represores con el objetivo de paralizar estos procesos, y las herramientas con las que cuenta la Justicia para lograr que la Verdad y la Memoria, las otras dos patas de la trilogía de estos tiempos, no le resulten inalcanzables.

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