Toma de tierras, toma de conciencia

El 11 de septiembre, la policía bonaerense reprimió a las familias del barrio “22 de Enero”, en Ciudad Evita, que en este contexto crítico profundizado por la pandemia, tuvieron que dejar sus viviendas alquiladas y ocuparon este terreno ubicado en el partido de La Matanza. 

Numerosos testimonios de los vecinos y vecinas que sostienen el merendero “San Cayetano”, dan cuenta de cómo la policía llegó aquel viernes a la noche a reprimir. 

La situación dejó decenas de personas heridas y al menos ocho detenidas, que fueron liberadas al día siguiente, además de una joven de 19 años con la vista comprometida, quien se encuentra a la espera de una operación.

Balas, golpes y persecuciones por parte de la policía. Saqueo y golpes por parte de las personas de un sector con mejor situación económica de Ciudad Evita. 

Todo esto se da en el marco de los levantamientos policiales, con un paro inédito de la bonaerense, y con la postal de un oficial armado colgado de una antena. Con la Quinta de Olivos rodeada, y seguido por una nueva represión en Gregorio de Laferrere a familiares y amigos de Tahiel, un niño asesinado por una picada en Ruta 21, quienes se manifestaban pacíficamente para pedir justicia.

El intento de toma de los terrenos genera instantáneo repudio por parte de un sector de Ciudad Evita, que organiza marchas en sus autos defendiendo a la Reserva Natural, aunque la toma no esté en esos terrenos. 

Los chalets de estilo californiano se inauguraron en 1947 mediante el Decreto Nº 33221/47 del presidente Juan Domingo Perón, que expropió las tierras para la construcción de 15 mil “viviendas sociales”.

Muchas de esas viviendas hoy están habitadas por personas que amedrentan constantemente a las familias que se quedaron sin hogares en el barrio 22 de Enero, y que el día 11 de septiembre fueron a saquear el merendero San Cayetano y a golpear a la gente, quitándoles, entre otras cosas, todas las ollas con las que cocinaban.

El comedor, que es un pequeño rancho de dos metros cuadrados donde guardan alimentos y sostiene unas chapas donde se cocina todos los días a leña, alimenta desde hace seis meses a unas 200 familias.

La policía, antes de reprimir, miraba cómo se llevaban las ollas, cómo estos vecinos y vecinas golpeaban a un señor mayor referente del comedor e intentaban incendiar el rancho.

Al odio de clase se le sumó la policía envalentonada. Las familias del barrio 22 de Enero vienen intentando un diálogo con el Municipio de La Matanza hace tiempo. 

Una mesa de diálogo viene siendo la promesa. El 7 de octubre parecía que iba a llevarse a cabo, pero, un día antes, las familias amanecieron con topadoras en un sector del terreno, preparadas para zanjar todo la zona. Ante la advertencia de las familias que allí viven, pararon las máquinas y llamaron a la fiscal de turno, María Belén Casal, quien mencionó que nada podía hacer ya que cercar el lugar era una orden del intendente Fernando Espinoza.

En ese distrito existen varias tomas de tierras. Recientemente se desalojó una toma en Rafael Castillo,y crecen la violencia, el discurso de odio y la falta de empatía. Es responsabilidad del Estado implementar medidas inmediatas para resolver la situación habitacional de cientos de familias. Es la responsabilidad del pueblo organizarse e involucrase para seguir generando redes de ollas populares y de discusión política, para no olvidar de dónde venimos, y a qué clase pertenecemos. Los derechos humanos se respetan o se violan, no hay términos medios.