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La crisis política en Perú está lejos de terminar

Escrito por el febrero 7, 2023


Con el objetivo de visibilizar la crisis política y social que atraviesa Perú y promover la solidaridad internacional con el pueblo peruano contra el régimen autoritario de Dina Boluarte, la Fundación Rosa Luxemburgo organizó la charla “¿Qué está pasando en Perú? Crisis, golpismo y desborde popular”. Para difundir lo que está pasando allí analizar la crisis en clave regional, participaron Anahí Durand Guevara, socióloga y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el gobierno de Pedro Castillo en Perú; Dina Sánchez, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular; y Hernán Ouviña, politólogo e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.

Redacción: Julieta Galera
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto de portada: Julieta Galera

La Fundación Rosa Luxemburgo organizó en su sede en la Ciudad de Buenos Aires la charla “¿Qué está pasando en Perú? Crisis, golpismo y desborde popular”, que contó con la participación de Anahí Durand Guevara, socióloga, investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el gobierno de Pedro Castillo en Perú. También estuvo presente Dina Sánchez, mujer peruana migrante en Argentina y secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); y de Hernán Ouviña, politólogo, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-UBA) y co-coordinador junto a Durand Guevara del grupo de trabajo “Estados en disputa” de CLACSO. La actividad fue moderada por Víctor Castillo, migrante peruano en Argentina y coordinador de comunicación de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Anahí Durand Guevara y Hernán Ouviña compartieron claves de lectura histórica y regional para comprender lo que sucede hoy en Perú y enmarcaron la crisis peruana como un fenómeno que emerge como respuesta a la crisis del régimen neoliberal que inaugura el exmandatario Alberto Fujimori con la imposición de una constitución autocrática en 1993, en el marco de la expansión regional del neoliberalismo durante la década de los 90 bajo la égida del Consenso de Washington, que consolidó el régimen económico que se impuso en los países del Cono Sur mediante el Plan Cóndor.

En ese sentido, Durand Guevara dijo: “El régimen neoliberal que inaugura en 1993, cierra de manera autoritaria con una crisis. Los primeros 10 años del fujimorismo fueron fundamentales porque los proyectos neoliberales necesitan del autoritarismo para poder implementarse con profundidad. Al igual que en Chile, en Perú el modelo se constitucionaliza porque no basta imponer un par de gobernantes o un par leyes, hay que amarrarlo a una constitución para que luego sea muy difícil hacer cualquier cambio”. En 2000 el fujimorismo empezó a caer debido a sus escándalos de corrupción, lo que significó un momento de deterioro de la dictadura pero no del régimen neoliberal. Las elites se deshicieron de la parte más incómoda de su propio régimen y dejaron caer al triunvirato cívico militar de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos. A partir de ese momento solo hubo una sucesión de cambios de nombres en el poder pero el régimen se profundizó porque generaron condiciones para que sucediera. “Esa transición de 2001 es la que se va desmoronando y va trayendo la crisis de este régimen que arrastramos hasta hoy”, explicó la exministra de la Mujer.

Hernán Ouviña planteó que en Perú “hoy no solo hay un régimen en crisis en descomposición, sino que hay un gobierno cívico-militar, en una dinámica donde se está pasando de la militarización al militarismo, como en otros procesos donde conviven lógicas progresistas con militarismos agudizados”, que no sólo se evidencia en Perú, se viene visibilizando en toda América Latina con la exacerbación de las derechas, la promoción de la xenofobia y la masificación de los discursos de odio, que en Perú son parte de la vida política desde tiempos inmemorables. “Estas lógicas de militarismo, de terrorismo estatal, de estas masacres que están sucediendo en Perú, lamentablemente no son una anomalía a escala regional. En parte son una respuesta a levantamientos populares”, dijo el politólogo.

Ouviña enmarcó la crisis peruana en una lógica política continental que se niega a llamar “fin del ciclo progresista” y denomina “ciclo de impugnación neoliberal”, porque el ciclo de caída de aniquilamiento de las fuerzas progresistas en la región trasciende lo gubernamental, “involucra una dinámica societal que no involucra un quiebre de la relación de fuerzas porque las relaciones de fuerza que no se agotan en los gobiernos de turno, pueden declinar o pueden ser desplazados por lógicas golpistas.”

El investigador de IEALC-UBA dijo que “es importante plantear un ciclo de impugnación neoliberal porque sino hasta 2019 quedan afuera buena parte de los territorios del Pacífico, como Perú, donde durante todos estos años hubo resistencia enconada, con la fortaleza y la limitación que es el fuerte anclaje territorial y situado de ese tipo de luchas campesinas, indígenas y antiextractivistas” que constituyen esas resistencias.

Ouviña planteó que en los últimos años Perú asistió a “una erosión de la hegemonía neoliberal a partir de las luchas callejeras, las movilizaciones masivas, que se relacionan con las de 2000 en término de la radicalidad de las exigencias. Algo que también se da en otras latitudes, como Chile en octubre de 2019 con el paro. Después en Ecuador, luego en Colombia, y en 2020 en Perú, en plena pandemia, donde también se da un cimbronazo por una movilización callejera de masas que luego quedó eclipsada por el ascenso al gobierno de Castillo”.

En sintonía con Ouviña, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del presidente Castillo, dijo que el estallido social en Perú no fue previsto por la miopía que tienen las elites políticas limeñas y el establishment económico peruano, por “la desconexión de la realidad del régimen centralista de las regiones”.

En ese sentido, Durand Guevara explicó que la población peruana más excluida, la más afectada por el modelo neoliberal, desde 2006 venía votando sistemáticamente por una opción de cambio. “Cuando varios no veíamos qué estaba pasando, había una población que dijo ‘vamos a votar por una opción de cambio otra vez, pero esta vez va a ser diferente porque vamos a votar por uno de los nuestros’. Eso fue algo fundamental porque representó un voto que ni las encuestas registraban. Dos semanas antes Pedro Castillo no aparecía en ninguna encuesta. Ni siquiera en los programas de televisión tenían su foto. Todo el mundo en Lima se preguntaba de dónde salió, cuando en realidad Castillo había estado en Lima en 2017 encabezando una protesta de casi 200 mil maestros que pedían reivindicaciones salariales”, contó.

Ante el giro inesperado que da la política peruana con el triunfo de Castillo, desde el primer día las elites tomaron la decisión de no dejarlo gobernar y destituirlo. “Durante los 7 meses que fui ministra, vi un boicot permanente desde el parlamento para no dejar pasar ninguna ley y para hacer que toda medida pase por el Congreso. Eso es una perversión de la democracia que termina siendo una camisa de fuerza, ¿De qué democracia hablamos? Esa decisión deliberada de boicot permanente tiene detrás una coalición de poderes que termina tratando de dirimir esta crisis de régimen de forma autoritaria forzando la salida de Castillo, vertiendo nuevamente las fuerzas militares y policiales, disparando y asesinando a la gente”, dijo Durand Guevara.

Con la destitución de Castillo, dijo la exministra, las elites políticas y económicas peruanas creyeron que, como en otros momentos, iban a poder cerrar la crisis del modelo poniendo un nuevo aliado de turno. Al asumir la presidencia, Dina Boluarte no tuvo la capacidad de comprender el estallido social porque no entendía de dónde salía toda esta gente y por qué protestaban.
“El congreso está pugnando por una salida autoritaria para cerrar esta crisis de régimen y darle un nuevo aire al modelo. Y la población que ha salido masivamente a la calles, sigue en las calles en estos momentos para que no se cierre esta crisis de esta forma y por abrir un nuevo momento en la historia peruana. Lo positivo dentro de todo este estallido es que está en disputa la posibilidad de una salida más democratizadora, que pasa por la asamblea constituyente y por una nueva constitución”, planteó Durand Guevara.

Dina Sánchez y Anahí Durand Guevara coincidieron en que lo más significativo de este estallido social es el nivel de politización de las masas populares de Perú. Durand Guevara dijo: “Perú era una sociedad altamente despolitizada y ahora tenemos prácticamente a todo el país convulsionado con cuatro demandas muy políticas: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del congreso, la nueva constitución, y libertad a Castillo. Esas cuatro demandas constituyen una plataforma política consensuada a nivel nacional”.

Ante este consenso popular y la articulación política social popular, las elites en alianza con los medios hegemónicos promueven un relato que deslegitima la protesta social. El gobierno, las elites y los medios hegemónicos se esfuerzan por deslegitimar a las masas populares acusándolas de “terroristas”, aunque su reclamo es pacífico.

En ese sentido, Dina Sánchez dijo: “Toda América Latina está en peligro por una derecha neoliberal facista, porque lo que está pasando hoy en Perú pasó acá durante el gobierno de (Mauricio) Macri, cuando el pueblo salió a protestar por la reforma previsional. Esto es mucho más grave porque el pueblo se moviliza y un Gobierno nacional avala los disparos con bala de plomo, matando personas, cuando la protesta social es un derecho”. Además, agregó: “Es importante que en toda América Latina, desde las organizaciones y todos los espacios políticos posibles aliados de todos los organismos, levantemos una sola voz y demos la pelea de manera conjunta. Y es importante resaltar que estamos haciendo bien las cosas en América Latina, porque si hay una derecha que está avanzando fuertemente es porque ya no somos cualquier pueblo: es un pueblo que está siendo protagonista”.

Por su parte, la exministra señaló: “El silencio de la comunidad internacional es lo que le ha permitido a este gobierno cívico militar poder actuar con tanta impunidad. Hemos escuchado a varios mandatarios (en la Cumbre de la CELAC) y también a la sociedad argentina que se movilizó junto con la comunidad peruana diciendo las cosas como son: que hay un gobierno dictatorial que está asesinando compatriotas y pisoteando la democracia”. Pero “es necesario que los gobiernos de Latinoamérica se expresen de manera conjunta, de forma clara y concreta”, agregó.
“Hoy más que nunca tenemos que apelar a la articulación transfronteriza para recrear un proyecto emancipatorio”, dijo Hernán Ouviña. La crisis de Perú constituye una forma de resistencia de la fuerza societal del ciclo de impugnación al modelo neoliberal al neofacismo, a } “la ultraderecha, la xenofobia, el odio como catalizador y motor político” que hoy comienza a ser “un movimiento con arraigo de masas con capacidad de politización” y que tiene mayor capacidad de organización y de articulación transnacional que las fuerzas progresistas y de izquierda. Hoy las derechas regionales “apelan a la represión para construir consensos, incluso en términos electorales”. Perú nos viene a mostrar un fenómeno que afecta a toda la región y que busca instalar los mismos mecanismos represivos en todo el continente. Por eso un pronunciamiento enfático, contundente y la articulación y la acción transfronteriza regional hoy es fundamental para frenar el avance de este neofascismo del régimen neoliberal y disputar la correlación de fuerzas regionales.

Los pronunciamientos de la comunidad internacional acorralan a Dina Boluarte

Durante la última semana, salvo por el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobierno de Perú ha sido duramente cuestionado por la comunidad internacional y por organismos de derechos humanos locales y extranjeros.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su canciller, Ana Gervasi, le prohibieron la entrada al país a Evo Morales y mantienen relaciones diplomáticas tensas con varios países de la región, como México, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras y Argentina, que se pronunciaron contra la violencia estatal en Perú y cuestionaron a su mandataria durante la Cumbre de Buenos Aires de CELAC.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó al gobierno de Perú por la gestión de la crisis, lo instó a que “evite la estigmatización de las víctimas” y manifestó su “gran preocupación” por la situación en el país y por el número de muertes producidas en medio de la represión a las manifestaciones.

Por su parte, la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género y organizaciones feministas y de derechos humanos de toda América Latina y el Caribe pusieron en circulación un documento para sumar adhesiones. Allí manifiestan su preocupación frente a la masiva violación de derechos humanos contra el pueblo peruano. Las organizaciones de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género demandan al Estado peruano que respete y garantice el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, una herramienta imprescindible para el ejercicio de la democracia, y que atenga su accionar a los estándares de derecho internacional sobre el ejercicio de derechos en el marco de estados de excepción o emergencia.

A nivel local, mediante un informe que será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció al gobierno de Dina Boluarte y calificó como “crímenes de lesa humanidad” a las masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes, violencia sexual contra los detenidos, amenazas y hostigamiento contra los abogados de quienes son arrestados y contra activistas de derechos humanos, ejercidos por el aparato del Estado. La CNDDHH también cuestionó la militarización del país y el aval del gobierno a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población, y denunció que en el país no hay garantías para que se haga justicia por los crímenes cometidos por el gobierno y las fuerzas de seguridad porque la Fiscalía y el Poder Judicial están alineados con el régimen.

Manotazo de ahogado de un régimen con los días contados: los últimos anuncios de la presidenta de Perú

En un intento desesperado por sostenerse en el poder, ganar legitimación social y lograr la pacificación, luego de las manifestaciones en la que el pueblo pedía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y de la sesión del Congreso donde se negaron a aprobar el adelantamiento de las elecciones para 2023, que culminaron con un nueva víctima fatal por la represión estatal, el domingo 29 de enero, la presidenta peruana dio un volantazo y cedió a las dos principales demandas sociales de los y las manifestantes: el adelanto de elecciones para 2023 y la reforma constitucional.

La derecha peruana no da el brazo a torcer con el llamado a elecciones en 2024 porque necesita tiempo para introducir reformas más profundas para sostener el régimen neoliberal y copar los organismos electorales para mantener su status quo. En este contexto, aunque no se lograron los votos necesarios para aprobar el adelanto de elecciones para 2023, en el Congreso se avizoró un quiebre de consenso al interior de las derechas cuando el fujimorismo decidió respaldar la medida. Al mismo tiempo, las bancadas de Perú Libre (PL), quienes llevaron a Pedro Castillo a la presidencia, y del Bloque Magisterial (BM), una escisión de este partido, votaron en contra de la medida porque habían condicionado su apoyo al adelanto de elecciones a la aprobación de un referéndum para una Asamblea Constituyente. Medida que en Perú hoy es ilegal porque durante el gobierno actual el Congreso derogó ese derecho constitucional.

Ante esta encrucijada, Boluarte pidió al Congreso que apruebe el adelantamiento de las elecciones para octubre de 2023 y que encarguen a la Comisión de Constitución una reforma total de la Constitución. Si el Congreso no actúa en consecuencia, Dina Boluarte aseguró que impulsará las reformas constitucionales para alcanzar ese objetivo mediante un proyecto de ley para que el próximo parlamento elegido delegue facultades a la Comisión de Constitución sobre la reforma total de la Carta Magna de 1993, impuesta por el gobierno de facto de Alberto Fujimori.

El anuncio de la presidenta de Perú se da en el contexto de casi dos meses de crisis política y de movilización social sin precedentes que el gobierno de Boluarte decidió frenar con represión y Terrorismo de Estado. Según la Defensoría del Pueblo de Perú, desde el 11 de diciembre de 2022, cuando el Congreso declaró la “inhabilidad moral para gobernar” del presidente Pedro Castillo, fue detenido y nombraron a Dina Boluarte para su reemplazo, 58 ciudadanos y ciudadanas fueron asesinadas y 1.658 fueron heridas por las fuerzas armadas y la policía. La violencia estatal, lejos de socavar la protesta social, no hizo más que avivar el fuego y generó mayor conflictividad social que provocó que las protestas se sostuvieran en el tiempo y no haya salida a la crisis.

La crisis política en Perú es muy dinámica y sorpresiva. Las y los analistas políticos no avizoraban una salida cercana por las características del conflicto: las protestas sociales no son orgánicas, están encabezadas por personas campesinas e indígenas del mundo rural no limeño que no están ligadas a ningún partido político.

Ante la crisis de representación en la sociedad peruana, aunque dialogan con sectores de izquierda, las personas que se manifiestan no encuentran representantes válidos en ningún sector de la política, no están emergiendo nuevos liderazgos desde ese movimiento de masas y no hay líderes políticos que puedan representar a las mayorías en una elección cercana que permita estabilizar el país. A esto se suma la desconexión con la realidad de la clase política peruana, que no puede percibir cómo se gestó y qué define a este fenómeno político y social que hizo emerger esta punta del iceberg que es el estallido social y el fenómeno de politización de las masas populares nunca visto en Perú e impensado hasta hace dos meses —e incluso cuando Pedro Castillo llegó a la presidencia— por quienes dirigen los destinos del país.

Ningún académico/a, analista, ni militante de izquierda ve posibilidad de apaciguar a la sociedad y frenar la crisis política e institucional por fuera de las instituciones y del orden democrático, ni es capaz de percibir el germen de un orden institucional nuevo aunque algunos coinciden en que esta crisis marca el fin de un orden histórico que da paso a que algo nuevo pueda emerger.

En ese sentido, la única salida real y posible a la crisis política e institucional en Perú es que el gobierno llame a elecciones adelantadas y se elija una presidenta o presidente legitimado por el consenso social democrático y que se restaure la posibilidad de un referéndum y de la convocatoria a una convención constituyente para una reforma constitucional para formular una Carta Magna democrática que represente a las mayorías peruanas, como sucedió en Chile, aunque el resultado terminara siendo adverso.

Por el momento, no hay una salida a la crisis visible y pronta a la crisis peruana. Por un lado, Dina Boluarte siente la necesidad de ceder a las presiones sociales para ganar legitimidad y poder terminar su mandato. Por otro, la derecha local deslegitima los anuncios de la presidenta como método coercitivo para que no se olvide que no está en el poder por mérito propio.


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