Bullrich deberá volver a la Justicia por el protocolo antipiquetes

La semana pasada, en el medio de la celebración por la caída del tratamiento en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Ley Ómnibus y su pase a comisión, la diputada porteña por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), Cele Fierro, comunicó que el juez federal Sebastián Casanello tomó la resolución de intervenir en el pedido que había hecho la diputada por la aplicación del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Casanello, en un principio, pidió que se respeten los estándares de Derechos Humanos a los que la Argentina suscribe a nivel internacional, y citó a una audiencia a las partes . Ayer fue la primera audiencia, donde estuvieron presentes Bullrich y otros funcionarios y funcionarias del Ministerio. 

“El martes pasado llegó esta resolución del juez Casanello justo cuando estaba cayendo la Ley Ómnibus. Para nosotros fue muy importante porque después de 50 días que estuvo dando vueltas nuestra presentación, alguien la había tomado y no solo eso, sino que inició la causa. Y en esta resolución planteaba cosas que para nosotros son muy importantes, en términos de que el cumplimiento a lo que decía al Ministerio que se tenía que adecuar tanto a la Constitución Nacional, como a los tratados internacionales, y plantea que no lo está haciendo. Eso es un gran primer paso”, dijo la legisladora porteña Cele Fierro.

Además, remarcó la importancia de haber logrado que la ministra de Seguridad y sus funcionarios se hayan presentado ante la Justicia. “Eso es un paso más, porque el protocolo está muy cuestionado. Pensamos que iban a querer bajarle el precio a la audiencia, pero la realidad es que, al iniciarse y tener tanta repercusión mediática esta crítica al protocolo, no iba a poder no dar la cara y tuvo que ir. Después se retiró antes de la audiencia, diciendo que tenía otro compromiso y que se había confundido con el horario. Pero estuvo, dio explicaciones y luego quedaron el resto de los representantes. Por otro lado, las preguntas fueron particularmente hacia el Ministerio de Seguridad, sobre explicaciones del protocolo, de la actuación de las fuerzas de seguridad. Porque hay un punto que Casanello pone en su resolución, y que fue casi el centro del debate, que es que el protocolo se toma atribuciones que le corresponden a los poderes legislativos y judiciales, que determinan qué es un delito y qué no. Eso lo definen las leyes del Congreso y lo interpreta la Justicia”, dijo Fierro. 

El protocolo va en contra de los Derechos Humanos citados en la Constitución Nacional y en diferentes tratados internacionales. Y contra uno elemental: el de la protesta social. “Toman como un hecho de ‘flagrancia’, cualquier movilización. Entonces, las fuerzas de seguridad sin consultar con la Justicia, pueden actuar directamente reprimiendo como vivimos la semana pasada. Entonces, están vulnerando nuestros derechos. Ese fue uno de los puntos de la audiencia”, planteó. 

La audiencia terminó antes de lo pautado y el juez federal llamó a un cuarto intermedio hasta el 21 de febrero. “Si bien no está la resolución y todavía no se ha suspendido el protocolo ni se declaró inconstitucional, creemos que es un paso importantísimo, porque demuestra que el protocolo está discutido, está cuestionado. Ellos le intentan bajar el tono a las críticas que hizo la ONU (Organización de las Naciones Unidas), pero acá lo que se tiene que cumplir son los acuerdos y pactos internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional”, concluyó Fierro.