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“Se viene un lugar sin salida para los que menos tienen”

Por LR oficial en movimientos sociales, Otras

Lo dijo Marina Joski, referenta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). En diálogo con La Retaguardia, habló acerca de la propuesta del Gobierno nacional de eliminar el monotributo social y explicó cómo afectaría a quienes trabajan por cuenta propia o forman parte de cooperativas. Además, se refirió a otras medidas que afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras. 

Redacción: Nicolás Rosales
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Antú Divito Trejo / La Retaguardia

El monotributo social tiene subsidiado el 100% del pago del componente impositivo y del previsional, y el 50% de la obra social. Está dirigido a aquellas personas que trabajan por cuenta propia sin continuidad, como por ejemplo quienes hacen changas o forman parte de cooperativas, y tienen ingresos por debajo del haber previsional mínimo. Las estadísticas hablan por sí solas. Según datos de la Secretaría de Trabajo, los y las titulares del monotributo social superan los 620 mil, más del doble que una década atrás. 

“Todo lo que está viviendo el pueblo argentino es de un dolor profundo. El Gobierno nacional se mete y rompe con las familias más humildes de nuestra patria, trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, dijo Marina Joski, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). 

Acerca de la propuesta del Gobierno nacional de eliminar el monotributo social,  la dirigente contextualizó: “Esto se da a partir de la primera resolución, congelando el salario social complementario, que simplemente es un complemento salarial a una tarea ya realizada desconociendo las tareas de salud, educación ambiental, cuidados. Todo lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, emergencia alimentaria, la producción de la economía popular. A la vez que congela eso que llaman plan social que es un salario por una tarea realizada”. 

Para Joski, existe una persecución hacia quienes integran este sector de la economía informal: “Comienza una persecución política, económica, y física a los trabajadores y las trabajadoras con la implementación del paso a dos programas, o sea, la disolución del programa Potenciar Trabajo y el paso al ‘Acompañamiento Social’ y ‘Volver al Trabajo’. De esta manera, desconoce el trabajo de los compañeros y compañeras que construyen economía popular y que se han inventado su propio trabajo. Pasa a mujeres de más de 50 años al ‘Acompañamiento Social’, como si ya no tuviéramos más productividad”. 

Además, sobre estas medidas del Gobierno nacional, dijo: “Congela todos los plus que tienen que ver con la emergencia o con la coordinación de espacios cooperativos. Y remata con esto de la Ley de Bases. Aniquilando no solamente hoy la capacidad remunerativa de ese salario, sino las condiciones reales y objetivas de nuestros compañeros y c esompañeras con la disolución del monotributo social. El monotributo social es un derecho, es la garantía de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que están sometidos a la informalidad económica por culpa de un Estado que no abre fuentes de trabajo, sino que cierra permanentemente”.

Además, la referenta de la UTEP planteó: “Da lugar a que no tengan acceso a la obra social y a una jubilación. Congela a 78 mil pesos el salario social complementario, y somete a pagar un monotributo que representa más del 40% de este salario social complementario”.

Para Marina Joski, esta medida castiga y persigue a los trabajadores y trabajadoras de la vía pública. “Y sobre todo de los trabajadores migrantes dentro de la economía popular. Lo cierto es que el Gobierno nacional, en su máxima crueldad, no ha recibido a ninguna de las organizaciones de la economía popular. Ha hecho caso omiso de la legitimidad que tienen en la construcción de la democracia argentina. Otro de los castigos tiene que ver específicamente con las mujeres y cuerpos feminizados y a la capacidad de jubilación con el PUAM (Pensión Universal para Adulto Mayor), agregó.

Por último, dijo: “Toda la ley de flexibilización laboral implica el sometimiento a la informalidad económica. Somete a aquellos que no tienen 30 años de aportes y aumenta la edad jubilatoria de las mujeres a 65. Por lo tanto, no reconoce las tareas de cuidado, el trabajo productivo que realizan las mujeres. La precarización que se viene para graficar es como una encerrona. Es un lugar sin salida para los que menos tienen”.