Realizan pericias en El Vesubio en búsqueda de posibles rastros de personas desaparecidas

La Retaguardia presenció el barrido con un georadar para advertir si se removió la tierra, lo que sería señal de posibles enterramientos. También se buscan objetos que contribuyan a reconstruir la historia del centro clandestino ubicado en La Matanza.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Fernando Tebele
Fotos: gentileza Fernando Pérez Re

“El proyecto debe seguir adelante porque el Estado nos lo debe”. Verónica Castelli, querellante en la causa Vesubio por crímenes de lesa humanidad, reclamó que siga adelante el proyecto para convertir en Espacio para la Memoria al predio en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE). El pedido fue hecho en el inicio de la búsqueda, en ese lugar, de posibles inhumaciones clandestinas ocurridas durante la última dictadura cívico-militar. 

En el ex centro clandestino ubicado en Camino de Cintura y Riccheri, comenzaron las tareas de desmalezamiento y búsqueda de restos humanos. La tarea es realizada por personal de Gendarmería Nacional, por orden del juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que se avanza en la reunión de pruebas para realizar el juicio Vesubio IV. Ya se avanzó en el listado de víctimas y testigos, mientras se busca identificar a represores que deben ocupar el banquillo de los acusados. 

En los tres juicios anteriores hubo 21 represores condenados. Entre ellos Héctor Gamen y Hugo Pascarelli, mientras que Pedro Alberto Durán Sáenz, máximo responsable del centro de tortura y exterminio, falleció poco antes de recibir su condena. En el juicio III se produjeron ocho condenas por delitos cometidos contra cerca de 400 personas. Los jueces resaltaron que “la violencia sexual” sufrida por las mujeres secuestradas fue “específica, sistemática y planificada”. 

El predio fue cedido en el marco del convenio firmado en 2022 por la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires con la Secretaría de DDHH de la Nación para la creación en el lugar de un Espacio para la Memoria. El acuerdo incluye ampliarlo para incorporar a la provincia de Buenos Aires y al municipio de La Matanza, con la participación de la Comisión Vesubio y Puente 12, compuesta por familiares y sobrevivientes de los dos centros clandestinos que se distancian apenas por el cruce de la Ruta 4. En la actividad de ayer se hizo presente uno de los abogados querellantes por la Subsecretaría de DD.HH. bonaerense, Esteban Pereyra, quien comprometió todo su apoyo a la iniciativa. 

El proyecto será construido en un predio de una hectárea, pero la búsqueda que se inició este jueves se extenderá a otras cuatro, hasta llegar a un arroyo que desemboca en el Río Matanza. 

Este jueves, personal de Gendarmería Nacional comenzó la búsqueda con equipos de georadar rastreando lugares donde se advierta la presencia de tierra removida debajo de la superficie. Esto podría indicar la posible existencia de inhumaciones clandestinas. Por el campo de concentración pasaron unas 1.500 personas que fueron secuestradas y torturadas, en muchos casos hasta la muerte, en el centro clandestino de detención tortura y exterminio ubicado en Camino de Cintura y Autopista Riccheri, en el partido de La Matanza. 

El proyecto de Espacio para la Memoria incluye una tarea pedagógica para seguir fomentando la política de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy, aunque todavía no se han iniciado las obras que mejoren la accesibilidad al predio, ya tienen el acuerdo con dos escuelas secundarias de la zona para organizar visitas guiadas de alumnos y docentes. Las obras proyectadas incluyen la reconstrucción de veredas en torno a la Ruta 4 (Camino de Cintura) para facilitar y dar seguridad a los visitantes. 

“Las obras están demoradas como consecuencia del cambio de gobierno” a nivel nacional, explicó a La Retaguardia Verónica Castelli, querellante en la causa Vesubio. La paralización de las obras públicas alcanzaron también a este convenio.

El proyecto comprende la realización de excavaciones en un predio aledaño al terreno donde estuvieron las tres casas en las que funcionó El Vesubio entre marzo de 1976 y septiembre de 1978. En esa fecha fue desactivado y los edificios demolidos, para que no pudieran ser inspeccionados por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a la Argentina en 1979 para corroborar las denuncias sobre violaciones a los DDHH que eran cometidas en forma sistemática por la dictadura cívico-militar. 

El Vesubio, como se dijo, constaba de tres edificaciones y una pileta de natación. La demolición se hizo a las apuradas, luego de trasladar a los sobrevivientes a otros centros clandestinos, de manera que quedaron los cimientos de las casas. Por eso se podría realizar la reconstrucción en los mismos lugares en los que estaban. También había un tanque australiano. 

En el año 2006, un grupo de arqueólogos hizo una búsqueda con el georadar en el predio donde estaban las casas y no se hallaron restos humanos. De todas maneras, también se harán excavaciones allí porque los integrantes de la Comisión Vesubio y Puente 12 creen que se puede “reconstruir, con los hallazgos, parte de la historia de lo que fue este lugar y parte de la historia de nuestros seres queridos”, recalcó Verónica Castelli, hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, secuestrados en febrero de 1977. 

En los años 80, cuando seguía vigente la dictadura, se inició una causa judicial y se hicieron excavaciones sin contar con los elementos ni los avances logrados en estos 40 años. Sin embargo, “se encontraron utensilios de cocina con la inscripción del Ejército Argentino y el carnet de fútbol de un desaparecido”, recordó Verónica. Por eso se cree que, de hacerse un trabajo a conciencia, podrían recuperarse pertenencias de enorme impacto emocional para los familiares y los sobrevivientes. Castelli recalcó que fue “el Estado quien cometió los crímenes de lesa humanidad y por lo tanto, le exigimos que se siga adelante con el proyecto porque nos lo debe”.   

Silvia Saladino, sobreviviente de El Vesubio, recordó que el pedido de investigación y justicia viene desde el año 1983, con la denuncia que hicieron entonces Jorge Watts y otros sobrevivientes del centro clandestino. Desde el principio intentaron señalizar El Vesubio, pero no se pudo hasta que lograron instalar las pancartas con los rostros de los compañeros desaparecidos, con la intervención de la Asamplea Permanente por los Derechos Humanos(APDH) de La Matanza, una intervención artística en el parque central de la Ruta 4. 

En 2006, con la intervención del juzgado de Rafecas, “se hicieron excavaciones, que estuvieron a cargo de Pablo Giorno y Antonella Di Vruno”, dos arqueólogos que este jueves se hicieron presentes para acompañar a los familiares y sobrevivientes. 

Los pedidos al juzgado de Rafecas se intensificaron luego de la realización, con aviones, de búsqueda de restos en el Centro Clandestino de Campo de Mayo. “Siempre pedimos que se rastreara toda la zona, el lugar donde estuvieron las casas, el tanque australiano, incluyendo Puente 12 y hasta Transradio, pero Rafecas nos dijo que era imposible por el costo” que insumía esa operación. “Lo que si se podía hacer era pasar el georadar, llevado en forma personal, caminando sobre el predio, por una persona”. En algún momento, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se ofreció a realizar la tarea “con un dron, pero el dron se les rompió, de manera que el EAAF le pidió a Gendarmería que se encargara de pasar los georadares”. Silvia Saladino admitió que no hay seguridad sobre la presencia de restos humanos “pero, de todas maneras, nosotros queremos despejar cualquier duda al respecto”. Recordó que hubo apariciones de cuerpos de cuatro compañeros y compañeras que estuvieron en Puente 12. Los encontraron sepultados a orillas del Río Matanza, en el barrio Sarmiento, en el partido de Esteban Echeverría.