Por LR oficial en Derechos Humanos, desaparición forzada, Lesa Humanidad - publicado el 28 mayo 2025

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja aceptó la semana pasada el pedido de 26 familiares de personas detenidas desaparecidas para que sean querellantes en la causa Enterramientos, el expediente judicial que desde la década del 80 investiga dónde están los restos de desaparecidos y desaparecidas en Córdoba. 

Redacción: Adrián Camerano
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Prensa AnRed

El titular del  juzgado federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, víctima directa del terrorismo de Estado durante la última dictadura, aceptó un dictamen favorable de la fiscalía y oficializó al abogado Ramiro Fresneda como representante legal del colectivo peticionante. “Hasta tanto no se conozca el paradero de las personas desaparecidas, es decir, no se ubiquen los lugares de enterramientos clandestinos e identifiquen los cuerpos de nuestros familiares, el delito de desaparición forzada de persona se sigue cometiendo”, encuadró el abogado, quien no ocultó la satisfacción por la favorable resolución judicial.

En Córdoba hay tres lugares denunciados como posible escenario de fosas clandestinas: los campos de La Perla, el exGrupo de Artillería 141 José de la Quintana y las salinas del noroeste provincial. En esa búsqueda, el Poder Judicial Federal lleva décadas instruyendo la causa “Enterramientos clandestinos”, y en 2022 se realizaron escaneos aéreos con la tecnología Lidar, que habría marcado puntos de interés. Si bien luego el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó algunas tareas en La Perla, los y las familiares entienden que la causa estaba paralizada, y tomaron la decisión de presentarse como querellantes, “con el objetivo de participar plenamente en la búsqueda de sus desaparecidos” completó el abogado.

La excompañera del sindicalista desaparecido Eduardo Requena, Soledad García, señaló a su vez que la resolución de Vaca Narvaja “es un acto de justicia”, abogó por una búsqueda con todos los recursos materiales y humanos necesarios, e instó a los represores a que rompan el pacto de silencio. “Les exigimos que hablen”, dijo, y adelantó que más familiares podrían sumarse en esta querella masiva.

A su turno, la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba saludó la aceptación y consideró que “para construir un futuro mejor Córdoba debe dejar de ser un cementerio de cuerpos insepultos”.