Por LR oficial en Otras, represion - publicado el 25 junio 2025

Esta es la segunda parte de una trilogía de artículos escritos por Carlos Rodríguez para La Retaguardia, en las que analiza el “parentesco” ideológico entre la política represiva de Javier Milei-Patricia Bullrich con la Doctrina de Seguridad Nacional. Esa doctrina, acuñada en Estados Unidos, fue implantada en el país en junio de 1966 por la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía. 

La militarización de la vida de los argentinos, se promueve con la excusa del “avance del narcotráfico hasta sitios insospechados”. Eso es lo que viene afirmando la Libertad Avanza desde su plataforma electoral, mucho antes de asumir el poder. Ahora siguen avanzando, con medidas concretas y el objetivo es revertir “el profundo proceso de desprestigio y desmovilización generalizada” de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Ese desprestigio, aunque no se lo admita desde las esferas oficiales, tiene que ver —obvio— con los crímenes de lesa humanidad cometidos. Es preciso recordar que, desde la restauración de la democracia en 1983, hay registro de un interminable número de causas judiciales que involucraron a integrantes de esas mismas fuerzas armadas y de seguridad en delitos de corrupción, gatillo fácil, secuestros extorsivos y narcotráfico. En muchos de esos procesos judiciales se ha demostrado la participación directa o la complicidad de políticos, empresarios y jueces. 

Ahora le quieren dar a los lobos más instrumentos para la represión indiscriminada de los movimientos sociales, las y los jubilados,  trabajadores y trabajadoras, y de todos los que se manifiesten en contra de las políticas del gobierno.    

Lo que pretende Javier Milei, junto con su mano derecha, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es “reformular el sistema de seguridad interior” a fin de “modificar las leyes y procedimientos que dificulten el accionar policial y otorguen excesivas concesiones a los delincuentes”. Para el gobierno, como ya lo ha demostrado, la libertad de expresión es un “exceso”. Por eso, desde su plataforma electoral, vienen proyectando “promover una Doctrina de Seguridad Nacional y sus estrategias”. Esto incluye “promover la creación e implementación de una directiva de política de Seguridad Nacional”. 

Lo que se impulsa es “una Ley de Seguridad Nacional acorde a las clásicas y las nuevas amenazas, riesgos o conflictos” que involucren a la nación. Lo que se propicia es la “reestructuración de los Sistemas de Defensa Nacional, Seguridad interior e Inteligencia Nacional en otro macro, denominado Sistema de Seguridad Nacional que incumbe, entre otros subsistemas sectoriales del Poder Nacional, los instrumentos militares y no militares”. Eso llevaría a un sistema unificado, una especie de FBI criollo, integrado por todas las fuerzas represivas. 

El fundamento ideológico, reflota la vieja Doctrina de Seguridad Nacional que proclamó en 1966 Juan Carlos Onganía y refrendó diez años después Jorge Rafael Videla. 

En ese sentido, se promueve “la reafirmación soberana nacional en todas las áreas geográficas donde se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado garantizando y manteniendo la seguridad territorial y estilos tradicionales de vida”.  Para sustentarlo, será necesario reafirmar y mejorar las misiones subsidiarias y secundarias del Instrumento Militar de la Nación e Instrumento Policial nacional, en apoyo, sostenimiento y sustentabilidad de la Seguridad Nacional”. Se recalca que “ya no queda lugar para los tibios”.