Por LR oficial en bullrich, Derechos Humanos, Lesa Humanidad, Montoneros, Patricia Walsh - publicado el 13 diciembre 2025

El jueves pasado se realizó un audiencia ante la Sala I de Casación Penal. Un grupo de querellante pretende reabrir la causa por el atentado atribuido a Montoneros en el edificio de Coordinación Federal.

Redacción y transmisión en vivo: Fernando Tebele

Un expediente lleva el nombre de José Salgado. En una rara paradoja judicial, no investiga su secuestro, las feroces torturas que sufrió en el edificio de Coordinación Federal y en la ESMA en 1977. Tampoco su asesinato ocurrido meses después. Salgado no es un desaparecido porque el mensaje que quisieron dar los asesinos con su cuerpo fue otro: se lo dieron a la madre, para que quede como un trofeo su cuerpo con los ojos arrancados. Esto no lo cuenta Rodolfo Walsh, que para ese entonces también engrosaba la lista de asesinados. Lo describió Ceferino Reato en su libro Masacre en el comedor. Reato no llega ni a la suela de los zapatos de Walsh, pero tiene buenas fuentes entre los genocidas como para confiar en esa parte de su relato. La cuestión es que el expediente que lleva el nombre de Salgado investiga aquel atentado ocurrido el 2 de julio de 1976 en el edificio de Coordinación Federal. Allí funcionaba un Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. Los querellantes son Eduardo Kalinec, genocida condenado por ser un feroz torturador; varios hijos de genocidas recibidos de abogados, como Ricardo Saint Jean y María Laura Olea; y algunos familiares de víctimas del estallido.
Entre las personas imputadas «al azar», según la diputada nacional Myriam Bregman, estaba en el momento de la denuncia la actual senadora Patricia Bullrich. Pero ahora no está en el listado de personas a imputar si los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar decidieran reabrir por considerar algún tipo de imprescriptibilidad de los delitos. Si se permitiera juzgar este hecho, según Bregman, «se produciría una catarata de llamados a declarar en todos los juzgados del país de militantes de los 60 y 70 que resistieron a la dictadura».
Bregman, junto a la histórica abogada Liliana Mazea y a Matías Aufieri, representan a Patricia Walsh, quien ni siquiera era militante de Montoneros pero aparece denunciada «porque fue la autora de la ley que terminó con la impunidad. Mientras a la madrugada se votaba esa ley, horas después metieron esta denuncia. Si eso no es venganza…», señaló la diputada durante la audiencia que La Retaguardia transmitió en vivo.
La Sala I de Casación seguramente resolverá este tema luego de la feria judicial de enero.