Por LaRetaguardia en Femicidios, Feminismo, Nacionales - publicado el 10 abril 2026

En Argentina se registraron 66 víctimas fatales por violencia de género en lo que va de 2026. Mientras tanto, informes locales e internacionales alertan sobre recortes en políticas de género y sus efectos en la protección de las mujeres. 

Redacción: Sofía Rossi Sauer
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto de portada: Natalia Bernades / La Retaguardia

En lo que va de 2026 se registraron 66 víctimas fatales por violencia de género en Argentina, según un documento publicado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”. En paralelo, datos de organizaciones sociales y organismos internacionales advierten que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se registraron recortes en políticas públicas y modificaciones en la respuesta estatal, que impactan de manera directa en la vida cotidiana de las mujeres argentinas. 

De acuerdo con el informe, entre el 1 de enero y el 29 de marzo se contabilizaron 66 víctimas fatales, de las cuales 57 fueron femicidios directos, 6 femicidios vinculados, 2 instigaciones al suicidio y 1 travesticidio o transfemicidio. La cifra equivale a 1 femicidio cada 33 horas. 

Los datos también señalan que durante marzo hubo 22 casos y que en lo que va del año se registraron 92 intentos de femicidio. Es decir, 1 cada 25 horas. 

En cuanto a las condiciones de los casos, solo el 18% de las víctimas había realizado una denuncia previa, mientras que el 68% de los agresores eran parejas o exparejas. Además, el 47,6% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 20,6% en un domicilio compartido. 

Como consecuencia de estos crímenes, al menos 56 niñas y niños quedaron huérfanos/as. A este panorama se suma una caída en la visibilidad mediática. Un informe regional detectó una disminución del 61% en la cobertura del Día Internacional de la Mujer, tendencia que se profundizó en 2026.

Informes de organizaciones especializadas también dan cuenta de una reducción en los recursos destinados a políticas de género. Tras la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se registró una reducción del 89% en el presupuesto destinado a prevención de la violencia y promoción de la igualdad. 

Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en 2026 la línea 144 perdió dos tercios de su financiamiento y estableció como meta atender solo el 30% de los casos que abordaba en 2023. 

La reducción de recursos también impacta en programas de salud sexual y reproductiva. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que entre 2018 y 2021 logró reducir un 50% el embarazo adolescente en las zonas donde se implementó, sufrió una caída del 85% en su presupuesto y actualmente recibe menos del 3% de lo invertido en 2023. Desde 2024 está siendo desmantelado.

A su vez, desde 2024 se registran faltantes de misoprostol y mifepristona, lo que afecta el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. También hubo una fuerte disminución en la distribución de métodos anticonceptivos.

En este contexto, organismos internacionales expresaron su preocupación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) advirtió sobre retrocesos presupuestarios, institucionales y normativos en Argentina e instó al país a implementar cambios en un plazo inferior a dos años para evitar consecuencias graves. Más allá de los casos registrados, los datos reflejan una problemática extendida en un contexto de un Estado ausente: 1 de cada 2 mujeres en Argentina declaró haber sufrido violencia en el ámbito doméstico, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y la existencia de situaciones que no siempre llegan a instancias judiciales o mediáticas.