Por LR oficial en Otras, represión estatal - publicado el 25 junio 2025

Esta es la primera parte de una trilogía de artículos escritos por Carlos Rodríguez para La Retaguardia, en las que analiza el “parentesco” ideológico entre la política represiva de Javier Milei-Patricia Bullrich con la Doctrina de Seguridad Nacional. Esa doctrina, acuñada en Estados Unidos, fue implantada en el país en junio de 1966 por la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía. 

Redacción: Carlos Rodríguez 

“La reforma de la ley orgánica de la Policía Federal termina con todo nuestro sistema de derechos y garantías”, afirmó María del Carmen Verdú, en diálogo con La Retaguardia. La advertencia tiene relación con el decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que contiene una resolución anexa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El texto del decreto fue publicado el 16 de junio pasado en el Boletín Oficial. 

Verdú, fundadora y referente de Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), una organización que desde el retorno de la democracia denuncia los miles de casos de violencia institucional ocurridos en el país, precisó que la reforma de la ley orgánica de la Federal “modifica de manera sustancial” el accionar de la fuerza porque “a partir de ahora, la Policía Federal Argentina (PFA) deja de ser definida oficialmente como ‘policía de seguridad y judicial, para la protección de bienes y personas de particulares, funcionarios y empleados y bienes del Estado Nacional’”. De ahora en más, la Federal se convierte en “garante de la protección de la Seguridad Nacional”. 

Subrayó Verdú que ese nuevo rol de ejecutora de la “seguridad nacional indiscutiblemente no es lo mismo que la seguridad de las personas, más bien todo lo contrario”. Puntualizó que “la nueva norma autoriza a la fuerza a intervenir de manera espontánea sin más que el requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional”. 

A cargo de Bullrich, semana a semana el Ministerio moviliza a las fuerzas de seguridad para reprimir a jubilados/as, trabajadores/as, fotógrafos/as, periodistas y público en general, por el solo hecho de ejercer su derecho a manifestarse. Las acusaciones, desde el gobierno, son por presuntos “delitos” contra la seguridad pública y contra los poderes públicos. 

El flamante decreto “le otorga a la PFA facultades mucho más amplias que las ya existentes para realizar detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos a pura discreción; para realizar tareas de espionaje (ciberpatrullaje incluido) y ‘esgrimir ostensiblemente sus armas’, todo sin control ni aviso a la justicia”.

Por esas razones, Verdú denunció que la resolución del gobierno de Javier Milei “termina con todo nuestro sistema de derechos y garantías”. Lo que marcó la abogada de CORREPI, es la diferencia entre el concepto de “seguridad nacional” y “seguridad de las personas”. 

“Una cosa es garantizar la seguridad de las personas y otra es que el eje de la actividad institucional sea la defensa de sus políticas” de gobierno. 

Por eso marcó el peligro que constituyen las nuevas facultades que se le otorgan a la Policía Federal, porque atentan contra el sistema de derechos y garantías. 

Se habilita a las y los efectivos policiales a realizar requisas sin orden judicial sobre las personas, los vehículos en los que se movilizan y sobre sus pertenencias. De esa manera se pueden armar causas, “plantando” elementos que involucren a las personas en supuestos delitos. Esto ocurre desde siempre, como se ha comprobado en infinidad de causas judiciales, pero ahora la Policía Federal va a contar con más posibilidades de hacerlo. 

Los policías podrán realizar tareas de inteligencia y de espionaje sobre cualquier persona u organización no gubernamental. Lo podrá hacer por fuera de los límites que marca la Ley de Inteligencia Nacional. 

La Federal podrá recopilar datos en el mundo digital, siguiendo lo que publican las personas en las redes sociales. 

Todo esto constituye un brutal avasallamiento del ámbito privado sin ningún tipo de justificación y sin la orden y el control judicial. 

La Libertad Avanza sobre las libertades

La política autoritaria ya había sido expuesta en la plataforma electoral de La Libertad Avanza, meses antes de que Javier Milei asumiera el poder en diciembre de 2023. Entonces se proyectaba “promover una Doctrina de Seguridad Nacional”, definición ideológica emparentada con la doctrina que se aplicó en Argentina a partir del golpe de Estado de junio de 1966. 

La propuesta electoral consideraba necesaria “la creación e implementación” de “una Ley de Seguridad Nacional acorde a las clásicas y las nuevas amenazas, riesgos o conflictos” que involucren “a la nación y a su estilo de vida”. Eludieron decir, por obvio, que ese estilo es “occidental y cristiano”. 

Lo que se propicia desde entonces es la “reestructuración de los Sistemas de Defensa Nacional, Seguridad interior e Inteligencia Nacional” para conformar un organismo “macro” denominado “Sistema de Seguridad Nacional” con “subsistemas sectoriales del Poder Nacional, los instrumentos militares y no militares”. Eso llevaría a un “Subsistema de Seguridad Interior” instrumentado por “Gendarmería Nacional,  Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Servicio Penitenciario Federal”, más “las Policías y Servicios Penitenciarios provinciales y municipales (…),  Subsistema de Seguridad Exterior y Subsistema de Inteligencia Nacional”. 

El fundamento ideológico reflota la vieja Doctrina de Seguridad Nacional que proclamó en 1966 Juan Carlos Onganía y refrendó diez años después Jorge Rafael Videla. 

Por si quedan dudas, se expresaba en forma textual “la reafirmación soberana nacional en todas las áreas geográficas donde se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado garantizando y manteniendo la seguridad territorial y (los) estilos tradicionales de vida”.  

En nombre de esa “tradición”, los gobiernos autoritarios hambrearon al pueblo y cometieron crímenes de lesa humanidad.