Alfredo Arrillaga
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“En ese ataúd se pensaba que estaba Provenzano. Había dos fémur derechos. Uno era de Sánchez. Se pensó por coincidencia genética que era Ruiz. El otro fémur era de Burgos, que era el cuerpo que estaba en el lugar que se creía estaba Provenzano. Los restos estaban en bolsas negras, en algunos casos con vestimentas. Estaban esqueletizados pero no completos. Habían sido sometidos a agentes térmicos”. Son palabras de Luis Fonderbrider, el director ejecutivo del mundialmente reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Lo relató con la frialdad de aquellas personas que conviven en su tarea cotidiana con el análisis de restos óseos; lo que para todo el planeta puede resultar escabroso, para ellos/as es cotidiano. En el recorte que antecede, en tan solo cinco líneas de texto que no tardó más de dos minutos en expresar, se entremezclan las historias de 4 militantes del MTP que hoy no están. 2 fueron asesinados (Roberto Gordo Sánchez y Carlos Alberto Quito Burgos). Los otras 2 también, pero sus cuerpos están desaparecidos (Iván Ruiz y Francisco Pancho Provenzano). Pero además de la impunidad con la que actuaron los militares, aquí se suman las “desprolijidades” de los forenses.En ese ataúd, entonces, no estaba Provenzano, por eso se sumó recién en 2010 a la lista de desaparecidos. Coincide con la fecha en la que el EAAF realizó una segunda intervención, pero ya con su técnica que no es sólo genética. En ese año, el equipo asumió el trabajo desde una perspectiva integral, explicó Fonderbrider en su testimonio. Allí se reconocieron a 6 militantes entre los restos que faltaban identificar: Roberto Sanchez, Juan José Tosi, Juan Manuel Murúa, Carlos Burgos, Roberto Gaguine y José Mendoza. Y otros 2 que se creía identificados, pasaron a engrosar la lista de desaparecidos: Iván Ruiz y Francisco Provenzano.Irene Provenzano, hija de Pancho y de Claudia Lareu (que también murió en La Tablada) lo contó desde su lugar de familiar: “En el caso de mi papá, es de los que negocia la rendición con Arrillaga. Todos relatan que luego de las torturas, de los simulacros de fusilamiento, de no saber si efectivamente iban a lograr seguir con vida aun después de la rendición, lo que hacen es escucharse las voces y saber quienes están, además de los que saben que se rindieron con ellos, porque estaban encapuchados. Nosotros como familia siempre supimos que él se había entregado con vida el 24 y que después había sido fusilado”, pero creyeron que su cuerpo estaba sepultado, “hasta el 2009, que interviene el equipo de antropología forense con la hipótesis que el cuerpo estaba mal identificado en su momento. Luego de hacer un análisis de todos los cuerpos que todavía estaban sin reconocer para ese momento llegan a la conclusión antropológica y genética de que hay 4 compañeros que no están”. Uno de ellos es su papá.Otra cuestión que encierra la intervención de ayer de Fonderbrider con la que comienza este texto, es el error en la identificación de los restos de Sánchez y Ruiz, que el EAAF corrigió. “Ruiz tenía 20 años. Estaba emparentado con Sánchez (era su sobrino), que tenía 40. Nos podríamos haber quedado con los análisis genéticos que dieron positivo cuando se cruzaron con las muestras de familiares de Ruiz, pero al realizar un análisis más integral, nos dimos cuenta de que esos restos no pertenecían a una persona de 20 años, sí a una de 40”, por lo que al realizar el análisis genético con las muestras de familiares de Roberto Sánchez, también dio positivo “el famoso 99,999999%”, explicó el antropólogo, que también dio cuenta de la impunidad con la que trataron los cuerpos de los integrantes del MTP, tanto en vida como después de muertos. “2 de los cuerpos estaban completos, otros 2 tenían pérdidas importantes. En un caso creo que faltaba el cráneo. Esto puede ser por dos razones: o producto de la acción (golpes, amputaciones, todo tipo de torturas) o por el mal levantamiento de los cuerpos”.En el video que acompaña esta nota, durante una entrevista que El Diario del Juicio le realizó luego de su testimonial, Fonderbrider también explicitó aquello de que los cuerpos “fueron sometidos a agentes térmicos”; es decir: las altas temperaturas a las que estuvieron sometidos, o bien por el incendio de la Guardia de Prevención, o por efecto de la incineración intencional. Otro palo para la justicia Miguel René Rojas llegó a la Terminal de Ómnibus de Retiro por la madrugada. Se encontró luego con uno de los secretarios del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Martín, que lo llevó hasta el juzgado. Su declaración mereció la misma atención que todas. En este juicio, puede pasar cualquier cosa. Pero a esta altura lo inesperado se convirtió en esperable. Hay casi una pretensión de que todos los testimonios aporten algo significativo. La de Rojas fue una declaración de una hora. Entró a la sala vestido con un jean gastado, con los bolsillos traseros deformados por el uso, una remera con rayas horizontales grises y una mochila que rápidamente dejó apoyada en un costado del estrado en el que se sentó. Como dijo el exmilitar César Quiroga en la tercera audiencia que torció para siempre el rumbo del juicio: “Vengo a sacarme una mochila que llevo hace 30 años”. Rojas trajo la suya pero decidió también quitársela de encima. El vuelco en su declaración ocurrió exactamente en la mitad, cuando ya parecía que su testimonio no saldría de lo común. —Yo declaré dos veces antes -dijo con su tonada salteña cerrada e inconfundible-. Una en Morón y otra en San Martín. La de San Martín, nada que ver. La de Morón fue la última. —¿Usted recuerda haber declarado en el Regimiento? —le consultó Matías Mancini, presidente del Tribunal, ya dispuesto a escuchar cualquier cosa acerca de la instrucción de esta causa. —No, yo en el regimiento no. —Porque aquí dice que usted declaró en el regimiento el 14 de febrero de 1989 —agregó Mancini. Hasta ahí todo más o
El 10 de diciembre de 2018 comenzó el juicio oral y público por el asesinato de José Díaz, uno de los militantes del Movimiento Todos Por La Patria (MTP) que fue desaparecido junto a Iván Ruiz, Francisco Provenzano y Carlos Samojedny el 23 y 24 de enero de 1989, en el marco del copamiento del cuartel de La Tablada. El único imputado es el General Alfredo Arillaga, el responsable máximo del operativo militar. Como en tiempos de la dictadura, pero ya con 6 años de democracia, hubo torturas, fusilamientos y desapariciones. Las audiencias se reanudan mañana, martes 12 de febrero.Desde el inicio del juicio y a lo largo de las diez audiencias que se realizaron hasta ahora, declararon más de 20 testigos, la mayoría de ellos ex integrantes del MTP y militares. El interés por este juicio histórico fue creciendo con su curso, no sólo porque es la primera vez que quienes sobrevivieron al horror en La Tablada son escuchados cuando denuncian frente a un tribunal las torturas y atrocidades cometidas por los militares, sino porque las declaraciones de los propios integrantes del ejército hicieron caer, en la tercer jornada de juicio, la versión oficial sobre qué pasó con José “Maradona” Díaz. La ruptura del pacto de silencio y el vuelco de la causa En la tercera audiencia del juicio se esperaba el testimonio de José Almada, un exmilitar que desde 2004 denuncia que José Díaz e Iván Ruiz fueron sacados del Regimiento en un Ford Falcón Blanco, luego de haber sido torturados. Pero antes de su turno, fue la declaración del exsargento Cesar Ariel Quiroga, que en 10 minutos rompió el pacto de silencio que llevaba 30 años. El exsargento, que dejó la fuerza hace apenas 3 años, se desempeñó como ambulanciero en la “recuperación” del cuartel. Reveló que hace tres décadas, en el Juzgado de Morón a cargo del Juez Federal Gerardo Larrambebere, en el que era secretario un joven Alberto Nisman, fue obligado a firmar una declaración falsa: “Hay cosas que no son reales. Y firmé… hace 30 años que llevo esta mochila conmigo. Hay cosas que escribieron ahí que yo no viví. Me engancharon a mí porque yo tuve movimientos dentro del cuartel”, afirmó en una de las audiencias más importantes de esta primera etapa. La declaración de Quiroga fue reveladora porque durante muchos años la versión oficial del ejército, sostenida especialmente por los militares Jorge Varando y Alfredo Arrillaga, fue que José Díaz e Iván Ruiz habían sido entregados a Quiroga por Varando, y que, luego, Quiroga se los entregó al soldado Ricardo Esquivel. Como Esquivel apareció muerto, les adjudicaron su caída a Ruiz y Díaz, que -siempre de acuerdo a la versión oficial- después habrían escapado. La desmentida de Quiroga, más el aporte de Almada sobre la muerte de Esquivel: “Se cayó a quince o veinte metros de donde estábamos nosotros. Esquivel cayó delante del general Arrillaga, cayó adelante del Estado Mayor de las fuerzas de recuperación”, le dijo al Diario del Juicio en referencia al momento del combate y del intenso fuego de los militares, que disparaban incluso contra colimbas o propia tropa, según varios testimonios.La contundente declaración generó sorpresa, sobre todo porque Quiroga fue un testigo que aportó la defensa del General Arrillaga, a cargo del defensor oficial Hernán Silva. En su relato, Quiroga agregó: “Ahí me hicieron decir que yo me encontré con un tal mayor Varando, cosa que niego. No lo conocí, no lo crucé, no transporté ningún subversivo. No conocí a ningún Sargento Esquivel. Si me hubieran tomado mi declaración real, yo no estaría acá hoy, porque no serviría. No hice nada raro, solo traslados y llevar y traer heridos de la puerta. Nunca tuve contacto con subversivos vivos”. Además, agregó que González Roberts, el auditor del ejército que lo acompañó en aquel entonces, le ordenó firmar porque “había que hacerlo por la institución”, y le dio una copia “por si alguna vez alguien pregunta algo”. Quiroga mostró esas hojas y el tribunal ordenó que fueran sometidas a pericias para saber si el papel tiene la antigüedad que el testigo le atribuye.Luego de la declaración de Quiroga, los sucesivos testimonios de militares, plagados de contradicciones, fueron confirmando a lo largo de las siguientes audiencias las irregularidades del proceso que entre 1989 y 1990 se realizó en el juzgado de Morón a cargo del juez Gerardo Larrambebere. En esos testimonios, entre titubeos y permanentes “no recuerdo”, fue quedando en evidencia lo que Quiroga denunció: el accionar judicial fue clave para el encubrimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión militar. El juicio a 30 años de La Tablada El 23 de enero se cumplieron 30 años del intento de copamiento a La Tablada y no parece haber sido un aniversario más. Que se esté desarrollando el juicio, habilitó a que sean las propias voces de los militantes del MTP las que tengan entidad para contar lo sucedido en los medios tradicionales de comunicación. En los aniversarios anteriores, nunca antes se habían escuchado sus voces que, salvo contadas excepciones, permanecieron silenciadas.El juicio, aún sin tener la confirmación de la condena, está permitiendo que los hechos puedan ser mirados desde la lente de la violación a los derechos humanos y la desaparición forzada de personas, como se denunció en el largo camino de exigencia de justicia. A cada uno/a de quienes están vivos para hablar de esas jornadas y ser testigos en el juicio, como ex militantes del MTP (como subversivos, repetirán algunos mandos militares) se les va la vida en esto, y así se vivió en cada una de las declaraciones en la pequeña sala del TOC 4 de San Martín. El imputado, esta vez, es el represor Arrillaga, que ya tiene prisión domiciliaria y está condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata. Los familiares de los asesinados y desaparecidos, y los militantes del MTP que sobrevivieron, así como organismos de derechos humanos que están acompañando el proceso, esperan que la condena
Dora Molina, era militante del Movimiento Todos por la Patria (MTP) en enero de 1989. Si bien no integró el grupo de 46 que ingresaron al RIM 3 de La Tablada para intentar tomarlo, estaba en las afueras del predio. Allí la detuvieron el mismo 23 y fue condenada junto al resto de los y las sobrevivientes. Molina tiene la causa judicial en su cabeza. No fue testigo en la causa, por lo que está entre el público desde el primer día, siguiendo los viejos expedientes, con la esperanza de encontrar justicia por primera vez por los despararecidos en la represión posterior. Molina aseguró que la acción fue “abrir otra perspectiva en la lógica política”. Foto: Dora Molina levantando la pancarta de Iván Ruiz, junto al público que acompaña el juicio (El Diario del Juicio)—Diario del Juicio: Vos no participaste en el copamiento pero estuviste afuera. —Dora Molina: Nosotros fuimos detenidos. A un grupo nos detuvieron afuera, estábamos en las inmediaciones del cuartel. Éramos 5. Después de lo que fueron los hechos de la Guardia de Prevención, nos fuimos y ahí nos detuvieron. Eso fue el mismo 23. —DDJ: Todo el procedimiento y la represión duró del 23 al 24. —DM: Fueron 13 los detenidos que finalmente blanquearon. En realidad, el 24 se habían entregado 16 compañeros pero blanquearon a 13 más 5 que nos detuvieron afuera el 23. La semana siguiente a los hechos hubo 2 compañeros que se presentaron voluntariamente: Cyntia Castro y el sacerdote Antonio Puigjané. —DDJ: Durante fines de diciembre y todo enero se desarrolla el juicio contra el exGeneral Arrillaga, genocida con condenas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Está siendo juzgado por la responsabilidad por la desaparición de uno de los cuatro militantes que están desaparecidos desde ese momento.—DM: El juicio viene mucho mejor de lo que esperábamos. Recordemos que esta causa era por José Díaz e Iván Ruiz, que son los que se rindieron el 23 y se los llevaron. Es el único caso de desaparecidos que están fotografiados y filmados, o sea que hay prueba abundante. Además, intentó ser cerrada en un principio. Cerca de 2007, un juez dijo que estos son delitos de lesa humanidad por la prueba que había, y rápidamente la intentó cerrar la Cámara Federal de San Martín con otra composición que el tribunal que está ahora. Era casualmente la misma que nos había juzgado a nosotros en el primer juicio. O sea que llegamos con antecedentes no demasiado buenos. No sólo el primer cierre que hicieron Nisman y Larrambebere, que fue provisorio, sino que cuando otro juez intentó reabrirla, nuevamente intentaron cerrarla. Hicimos todo un recorrido y esto llegó a la Corte y la envió al tribunal originario a que se la investigue nuevamente. Llegamos con miles de maniobras para dilatarla y cerrarla. Haber llegado a este juicio es, de por sí, todo un logro. Como se vienen dando las cosas, esto de que hayan aparecido suboficiales que dicen “A mí me hicieron firmar algo que no había visto, que no viví”, y el testimonio de Almada, que ya lo teníamos porque viene desde mucho antes, que cuenta que vio cómo los torturaron, les pegaron y finalmente se los llevaron del cuartel el mismo 23. Estamos muy satisfechos porque esperábamos que los intentos siguieran la misma línea anterior, negar todo, tratando de deslindar de las responsabilidades a Arrillaga. Además, apareció otro suboficial más dando cuenta del encubrimiento que trató de hacer la justicia. Lo involucra al juez que participó en todo esto, Larrambebere, y al que era en ese momento su secretario, Alberto Nisman, que ha tenido otras participaciones en la historia del país del mismo tiempo. Siempre cubriendo al poder. —DDJ: ¿Cuáles fueron las acciones de Larrambebere y de Nisman que facilitaron que se cerrara la causa en su momento?—DM: Hasta ese momento habían declarado dos suboficiales, diciendo que se llevan a Ruiz y Díaz y los entregan al mayor Varando. Como existían las pruebas, filmaciones y fotografías, ellos armaron un cuentito diciendo que Varando los entregó a un suboficial que murió en los hechos. Para eso, hacen ir a ambulancieros, gente que estaba en el rescate de heridos y arman las declaraciones. No sólo aparece (César Ariel) Quiroga diciendo que todo lo que le hicieron firmar y firmó por presión de un auditor militar que lo acompañó, cosa que no puede hacerse, a un testigo no tiene por qué acompañarlo un auditor militar. También hubo contradicciones en otros testigos: les preguntaron si ellos fueron a declarar a Morón y dicen que no, pero están las declaraciones. Hay un montón de contradicciones que prueban este armado. El único que dijo de frente que le hicieron firmar algo que no dijo y no vivió es Quiroga. Hay dos o tres más que entraron en múltiples contradicciones que dan prueba de este armado que hicieron Larrambebere y Nisman. Muchas declaraciones están tomadas por Nisman, porque muchas veces te toma declaración un secretario, y llevaban las firmas de los dos. —DDJ: Mencionan que en el caso de Almada, ya sostenía este relato antes del comienzo del juicio pero, ¿qué explicación le encuentran a que se haya roto este pacto o se haya desintegrado la versión oficial en un juicio que llegó tantos años después? —DM: En parte, creo que esta sociedad ha cambiado. Los juicios, llevarlos adelante, han ido transformando en cierta forma a la sociedad. Se logra por la lucha de los organismos. También la justicia ha tenido pequeñas transformaciones en algunos ámbitos. Todo este tiempo atrás y estas políticas de verdad y justicia están actuando como trasfondo. También creo que hay otra cosa: estos dos suboficiales no venían de la dictadura, eran muy jóvenes. Puede haber ciertos cambios al interior de las Fuerzas Armadas. Estos oficiales jóvenes no cumplen a rajatabla con lo que sí se ve en los juicios de lesa donde no te encontrás con que nadie haya dicho algo distinto de lo que dice siempre. Hay una transformación social interesante. No nos olvidemos,
El juicio por los desaparecidos de La Tablada va entrando a su última etapa. Más de 20 testigos pasaron por las diez audiencias que se iniciaron el 10 de diciembre de 2018, cada una de ellas sumamente reveladoras, en las que se viene desocultando el encubrimiento de lo que sucedió el 23 y 24 de enero de 1989 en el Regimiento de La Tablada durante la represión posterior al intento de toma por parte del grupo de militantes del MTP. Foto: Carmen Lareu, la mamá de Claudia, que murió en La Tablada. Acompañana a su nieta en la búsqueda de saber qué pasó con su papá, Francisco Provenzano.El abogado José María Soaje Pinto fue uno de los 3 testigos que declararon en la última audiencia del mes de enero, el más impactante por el carácter fascista de sus dichos. Soaje Pinto, conocido por haber sido defensor de genocidas, fue llamado a prestar declaración testimonial a raíz de la grabación de una comunicación ocurrida el 23 de enero entre el actual imputado, Alfredo Arrillaga, y Francisco Gassino, en ese momento jefe del Ejército. En aquella cinta, cuyo contenido está incorporado de modo textual en la causa se pueden encontrar diálogos como el siguiente: —Gassino: Esperá un momento Arrillaga, esperá un momentito. Quiero que me aclares una situación. ¿Vos me estás diciendo que once y media puedo llevar al Presidente?—Arrillaga: 14 paquetes entregados. Faltarían 1 o 2 en una unidad. Cambio. Por paquetes, Arrillaga entendía a los y las militantes detenidos. Según afirmaron todos los integrantes del MTP que dieron testimonio en el juicio, fueron 16 las personas que se entregaron el día 24, incluidos Samojedny y Provenzano, a quienes luego separaron del grupo y desaparecieron. La otra persona detenida con vida a quién denuncian como asesinada es Berta Calvo, que murió asfixiada tras una orden: “Ponele la bolsita”.Si quedaban dudas sobre la existencia de esa comunicación, el entonces abogado de la compañía de seguros Excelsior, confirmó su existencia y entregó el casete al Tribunal: “Yo mismo lo grabé” y recordó el diálogo en el que Gassino, con un tono alterado le dijo a Arrillaga: “¡Arrillaga, cuidame a esa gente, no quiero que les pase nada!”. Soaje Pinto afirmó con crudeza: “Yo los hago fusilar en el acto!”. El público presente en la sala pareció quedar paralizado por la impunidad de sus declaraciones. Se escucharon por lo bajo los repudios y algunas exclamaciones de horror. Una vez finalizado su testimonio, pidió la palabra para provocar una vez más. “Nosotros (la Asociación de Defensores de Derechos Humanos Latinoamericanos) sostenemos que estos juicios y los de lesa humanidad son ilegales, se están violentando principios y garantías de la Constitución. A nosotros nos resulta muy violento y vergonzoso que este tribunal continúe acatando una Corte Suprema dirigida por un montonero”. El Presidente del Tribunal, Matías Mancini, lo interrumpió, marcando que su testimonio había finalizado. Otro testigo que podría ser imputado El segundo testimonio fue el de Hector Horacio Gasquet, quien era parte, junto con Jorge Halperín (que ya declaró), del Estado Mayor General de la Brigada X. Entró a la sala con su abogado, por estar siendo investigado en instrucción; por esa razón la querella se reservó de hacerle preguntas, ya que considera que ambos deberían ser también imputados de esta causa junto con Arrillaga. Gasquet era parte de la Brigada X que fue convocada para recuperar el cuartel: “Recibí el llamado de Halperín y me dijo que el cuartel estaba siendo ocupado. Halperín, Arillaga y yo sobrevolamos la zona en helicópero y observamos con preocupación el cerco que era prácticamente nulo”. Gasquet confirmó que Halperín estuvo a cargo de los detenidos, y aportó de esta manera al señalamiento que hace la querella del alto grado de responsabilidad de la represión del 23 y 24 en La Tablada. Otro testigo esperado Durante la declaración más sorpresiva de este juicio, la del exmilitar César Ariel Quiroga, le preguntaron si recordaba alguien que hubiera participado, como él, en el traslado de militares heridos. Pudo recordar un solo apellido: Lara.El último testigo del día fue Luis Epifanio Lara, el camillero que estuvo con Quiroga, retirado hace dos años del ejército. Tanto el relato detallado de los hechos como la repentina desmemoria del testigo, generaron dudas en las partes. De algo no quedaron dudas: una vez más, se confirmaron las irregularidades que se dieron en el Juzgado de Morón a cargo de Gerardo Larrambebere:—¿Recuerda haber prestado declaración en Morón? —le preguntaron, como a todos después de Quiroga.—No.Durante 20 minutos las partes interrogaron a Lara que, a pesar de haber reconocido su firma en el documento con su declaración del 14 de agosto de 1990 en Morón, no recordó haberla realizado.Otro aporte significativo que hizo Lara en su testimonio, fue que aseguró haber visto a las personas que salieron vivas de la guardia de prevención, y reveló haber custodiado a un detenido el día 24, al que si bien no pudo reconocer, da cuenta de las irregularidades en las detenciones producidas durante el operativo. Balance Al final de la audiencia, la última de enero, Ernesto Lombardi y Pablo Llonto, abogados querellantes de la causa, hicieron un balance de esta primer parte del juicio: “Cuando iniciamos este juicio no sabíamos con la sorpresa que nos íbamos a encontrar. Han sido diez audiencias muy reveladores, donde personas que en su momento han sido amedrentadas para que declararan versiones falsas sobre la realidad de los hechos han venido acá y expresar que querían sacarse una mochila que llevaban hace 30 años -en relación a Quiroga-, ello ha demostrado la participación del juzgado de Morón cuyo secretario era Nisman y juez era Larrambebere que intervino en el primer momento de los hechos y a partir de ahí se ha caído todo un montaje tremendo que ocultó la verdad de lo que ha sucedido” analizó Ernesto “Coco” Lombardi. Por su parte, Pablo Llontó agregó: “Queremos que este juicio termine con una sentencia que condene al responsable máximo del operativo que es el general Arrillaga