masacre de monte
Fueron ocho las audiencias públicas para que un jurado popular dictara el veredicto de culpabilidad para cuatro policías bonaerenses acusados por lo que se conoce como la Masacre de Monte. Tras una decisión unánime, las y los policías fueron señalados culpables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abuso de su función. El 2 de junio se realizará la audiencia de cesura para el requerimiento de las penas y el 9 se dará lectura de la sentencia. Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria, habló con La Retaguardia acerca del juicio. Redacción: Julián Bouvier/Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero El juicio por el asesinato de cuatro jovenes en San Miguel del Monte duró ocho jornadas ante la jueza Carolina Crispiani, del Tribunal Oral Criminal N° 4. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), actuó como acompañante de los particulares damnificados, es decir, las familias de los y las jóvenes. El juicio estuvo basado estrictamente en las pruebas que aportó la Fiscalía y los particulares damnificados. La abogada integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, habló con La Retaguardia acerca del juicio. Ella fue una de las abogadas que llevó adelante la querella. Contó que las defensas de los policías no tuvieron prueba alguna para ofrecer: “Sí interrogaron a los testigos que fueron pasando y ejercieron su derecho de defensa, pero no presentaron ninguna prueba. En ese marco, considerando que esta era una causa que tenía diez veces más pruebas que las que pasaron por el debate y que por el derecho de tratarse de un juicio por jurado se intenta de algún modo simplificar eso, la treintena de testigos que pasaron, lograron reconstruir de manera cabal que fue lo que sucedió esa madrugada del 19 y 20 de mayo del año 2019. En esa reconstrucción surge claramente la persecución policial que realizaron los cuatro imputados y por otra parte su clara intención de matar, porque sino no se comprende cómo llegaron a registrarse en todo el periplo de esa noche 13 disparos en el contexto de la persecución. Y después, el derrotero final, que es el impacto sin salida que se le produce a quien manejaba el auto contra el camión acoplado que se encontraba estacionado en la colectora de la Ruta 3. Eso es lo que se estaba juzgando, el hecho que causó cuatro víctimas fatales y también los padecimientos físicos de Rocío, la única joven sobreviviente. Su mamá declaró que estuvo a punto de perder la vida, que tuvo consecuencias pulmonares y una cantidad de operaciones que tuvo que padecer. Por otra parte también el impacto, el daño psíquico que ella hasta el día de hoy atraviesa con todo el peso que implica ser la única sobreviviente de una masacre en la cual murieron sus mejores amigos”. La abogada comentó que todas las pruebas fueron muy claras en relación a lo que sucedió. Además, explicó las razones por las cuales la querella alegó que se condene a los policías: “Lo que planteamos en los alegatos y siempre le pedimos al jurado fue que tuvieran claro si esa persecución que se realizó tenía algún tipo de motivación. O sea, toda persecución o acción policial hacia las personas, hacia la sociedad civil, hacia los particulares tiene que tener un motivo legítimo. Aquí no había ningún tipo de motivo legítimo, fue una persecución simplemente por perseguir, que se terminó tornando violenta tanto por el uso del patrullero como si fuera un arma persiguiendo a corta distancia, no dejando opción a los chicos para otro tipo de decisiones. Por otra parte, abusaron de la función policial también a través del uso del arma de fuego. Entonces, de ese modo es que el delito encuadra para nosotros, y así lo pedimos en los alegatos para los cuatro imputados, como homicidio agravado por el abuso de la función policial cometido con arma de fuego”. Y agregó: “El jurado entendió que este encuadramiento era el que correspondía para dos de los imputados, (Rubén) García y (Leonardo) Ecilapé, que son los que iban en el móvil, que persiguieron a corta distancia al momento que el móvil impacta con el camión. Al momento que se produjeron los disparos, hubo testigos: el camionero, y cinco vecinos más que bajaron rápidamente de sus casas, a ver qué es lo que había sucedido y escucharon el impacto del choque y a su vez la balacera que desplegaron los policías”. Jarque contó que los otros dos imputados, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, apoyaron a los primeros disparando también. “Para el jurado fue considerado como una tentativa, es decir que, para ellos, con su accionar intentaron también matar a los jóvenes abusando de su función y lo hicieron usando armas de fuego. Y que no lo consiguieron por causas ajenas a su voluntad. En definitiva, porque el otro patrullero actuó antes, porque iba a menor distancia. Eso ya son consideraciones que uno piensa, pero entendemos que ese es el razonamiento que erigió el jurado. No lo sabemos porque el jurado no tiene por qué dar sus razones, solo da su veredicto”, explicó la abogada. Desde la CPM consideran que es un caso de violencia institucional y de gatillo fácil emblemático, y que es muy importante que haya sido un jurado popular quien haya dado este veredicto. “Fundamentalmente porque el jurado comprendió aquello que distinguimos en los alegatos, que tenía que ver con la combinación de dos elementos: por un lado, el patrullero utilizado como si fuera un arma, porque se coloca en peligro el conductor, que no podía manejar de manera certera. Por otra parte, el arma propiamente dicha, con los disparos. Esto es muy importante, no solo por la condena en este juicio, sino también porque esto puede, de algún modo, servir a que estos hechos no ocurran nunca más”, concluyó Jarque.
La etapa de investigación de los hechos que terminaron con la muerte de Camila López, de 13 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone, de 13; y Aníbal Suárez, de 22 años, está a punto de concluir. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contó en el programa Hasta que vuelvan los abrazos en qué estado se encuentra la causa y recordó cómo fue este hecho de gatillo fácil del que Rocío Quagliariello, de 13 años, es la única sobreviviente. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Natalia Bernades/Agustina Salinas San Miguel del Monte, ubicado a 110 km de la Ciudad de Buenos Aires, siempre fue considerado un sitio tranquilo. En los últimos años, el turismo en épocas de vacaciones o fines de semana fue convirtiendo el pueblo en ciudad, pero jamás perdió esa mística de lugar donde toda la gente se conoce. Su cercanía con la CABA, la facilidad para llegar y su maravillosa laguna, hacen de Monte un destino perfecto para cualquier visitante: para pescar, acampar en las orillas, hacer algún deporte acuático o pasear en bicicleta, los 11 km de extensión que tiene el perímetro de la Laguna de Monte son ideales. También lo es pasear por las calles de su pueblo que, cada vez con más comercios y ofertas gastronómicas, mantienen su atractivo histórico. Hace 1 año, el 20 de mayo de 2019, Monte fue noticia en todos los medios tradicionales de comunicación, y no precisamente por el atractivo de su laguna. Fue noticia por un caso de gatillo fácil, cuando cuatro adolescentes murieron al chocar su auto con un acoplado tras ser perseguidos a los tiros por dos patrulleros de la Policía Bonaerense. Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez fallecieron en el acto, mientras que Rocío Quagliariello sobrevivió con gravísimas heridas y el daño psicológico que implica perder a sus amigos en esta masacre.Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria que acompaña a las familias de las víctimas, relató lo sucedido esa noche: “En la madrugada del 20 de mayo del 2019, un grupo de adolescentes de entre 13 y 15 años se encontraron en la plaza. Allí decidieron dar unas vueltas con un joven, Aníbal Suárez, que hacía un tiempo que vivía en la localidad. En ese recorrido comenzaron a ser perseguidos por un móvil policial y luego por otro. Fue una persecución extensa. Desde una zona de la laguna hasta la Ruta 3, en el barrio San Bernardo. En las imágenes se vio muy claramente: a raíz de la persecución el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado en una suerte de calle colectora de la Ruta 3. En el acto murieron Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo. Rocío, como todos sabemos, pudo sobrevivir, no sin antes pasar por un estado grave de salud y con el daño psíquico que implica ser la sobreviviente de un hecho tan grave como este”. Si bien trataron de ocultar las evidencias y borrar las pruebas, el pueblo de Monte reaccionó rápido exigiendo justicia por los pibes y pibas. Con las imágenes que prueban que la Policía baleó el auto en el que se encontraban los adolescentes, los medios de comunicación tradicionales dieron, esta vez, la noticia a tiempo. La causa judicial está finalizando la etapa de investigación para dar lugar al juicio oral y público: “Hubo una investigación amplia y profunda. Es un tramo en el que ya está pedido por el fiscal el cierre de la investigación. La mayoría de las pruebas están producidas. Hay un plazo para que las partes terminen esa producción. Luego ya entrará el proceso del pedido de elevación a juicio por la fiscalía, la decisión del juez y, finalmente, el sorteo de un tribunal. Al ser una causa tan voluminosa va a llevar tiempo”, dijo Jarque. Los imputados por homicidio son los expolicías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez. Por delitos entre los que aparecen el encubrimiento, el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes de funcionario público están imputados los y las expolicías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco y José Alfredo Domínguez; el teniente Héctor Enrique Ángel; y el exsecretario de seguridad del Municipio, Claudio Martínez. Además, otro tramo de la causa investiga el accionar de la Policía científica la madrugada del peritaje, y la participación de la exintendenta de Monte, Sandra Mayol, presunta responsable de ocultar o demorar pruebas a la justicia: “El tramo fundamental de la causa tiene a once imputados: cuatro de ellos por el delito de homicidio y el resto por distintas acciones de encubrimiento. Luego, la causa tiene otros tramos que investigan, por una parte, el accionar de Policía científica respecto de una actividad pericial que realizó la noche del hecho, y otra, el involucramiento de la intendenta, Sandra Mayol, y del jefe de bomberos de la localidad de Monte en relación a acciones que podrían ser incumplimiento de deberes de funcionario público o encubrimiento, respecto de ocultamiento de pruebas y un retraso en la entrega de cámaras del municipio para poder identificar los distintos recorridos de los móviles. Eso fue lo que permitió identificar que uno de los policías iba con medio cuerpo afuera y disparando al automóvil en el que se trasladaban los jóvenes. La investigación está muy avanzada”, expresó la abogada de la CPM. Por último, Jarque destacó la labor del grupo de abogados y abogadas de las familias de los pibes y pibas involucradas en la Masacre. “Logramos que la justicia encamine un abordaje general e integral de la Masacre. Hay distintos planes y modalidades de acción. Todas ellas tienen una línea de investigación judicial. Tenemos la responsabilidad directa y la trama del encubrimiento, la revictimización de las víctimas a través de intimidaciones y amenazas, por lo cual existe una causa que está discutiéndose su competencia en relación a si hubo espionaje e inteligencia ilegal sobre las familias y la movilización del pueblo.
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