Comunicar no es intimidar
Por LR oficial en Género y Diversidad, Santiago Maldonado, Violencia institucional
El martes pasado, en una audiencia a la que acercaron todo el material fílmico y fotográfico recogido para demostrar la falsedad de las actas policiales, se solicitó desestimar los procesamientos de 22 personas detenidas en la represión de la marcha del primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, entre ellas dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Durante la audiencia en Comodoro Py, se realizó frente a los tribunales una concentración exigiendo la absolución. En diálogo con Luis Angió y Rosaura Barletta en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi, explicó la situación de los procesados y el planteo de sus defensores. (Por La Retaguardia)
Foto: imágenes de la radio abierta de la RNMA
«La jornada tuvo una repercusión realmente muy buena. A esta altura del partido, después de tantas experiencias anteriores como la causa de la Policía Metropolitana cuando balearon a los compas de la RNMA, la causa de Antena Negra. Ya están bastante aceitados los mecanismos de coordinación entre CORREPI y la Red y realmente cada vez salen mejor las acciones conjuntas. Tuvimos una radio abierta muy piola, muy dinámica, con una buena convocatoria. Pasaron por allí compañeros y compañeras de decenas de organizaciones, de organismos. Fue muy importante en particular por el tema en cuestión que era ni más ni menos que la represión contra los comunicadores populares, sean oficialmente trabajadores de prensa o simples sujetos que resuelven en una movilización registrar las imágenes cuando ven un policía pegándole a otra persona», explicó Verdú. La dirigente de CORREPI agregó: «Estuvo el SiPreBA haciendo el aguante y reivindicando a los medios alternativos, autogestivos, comunitarios de comunicación popular como trabajadores de prensa que no es un detalle menor. En ese marco estaban los 30 ex detenidos con muchos de sus familiares y amigos e hicimos la presentación de la apelación en el horario previsto. Ahora tenemos que esperar que los jueces de la Sala II resuelvan», aclaró. «Lo importante es que dejamos bien plantado en la puerta de Comodoro Py que comunicar no es un delito, no es intimidar, y salir a la calle tampoco», aseveró.
Un viejo conocido
Sobre el origen de los procesamientos, fue contundente: «El juez Martínez de Giorgi esperó que se resolviera la cuestión electoral y apenitas salió un resultado favorable al gobierno nacional decretó el procesamiento de estos 22 compañeros y compañeras por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Además, con embargos de hasta cinco millones de pesos y en el caso de los que menos, hasta un millón de pesos. Todo esto porque, por ejemplo, entre lo que les cobran, está la totalidad de la carpeta de pasto de Plaza de Mayo como si hubieran sido estos 22 compañeros y no las 250 mil personas que se movilizaron por Santiago las que arruinaron el pasto de la Plaza. No hubieran desaparecido a Santiago y no hubiera habido un cuarto de millón de personas caminando sobre la Plaza de Mayo un día que había llovido», recordó Verdú. «A todos nos dio un poquito de pena el pasto, pero qué se le va a hacer. Había que estar ahí. En ese procesamiento, elabora una serie de tesis sobre las cuales funda su decisión respecto de si esto fue una acción concertada entre los 22 para atemorizar a la población, para generar el pánico, y eso es lo que, con mucho método, hemos logrado sistematizar en esta fundamentación de la apelación. Hicimos un primer planteo y luego ampliamos los fundamentos ante la cámara. Lo que hicimos fue un trabajo al estilo de lo que presentamos como esta coordinación RNMA-CORREPI de tan buen resultado en el alegato del juicio a la Metropolitana», contó refiriéndose a la causa por la represión en la Sala Alberdi y continuó: «Hicimos un llamado general a todos los que tuvieran imágenes de la represión para que las pusieran a disposición, fotos, videos, etcétera. Sobre todo ese material se trabajó para identificar aquellos momentos de los cuales supuestamente hablaban los policías en las actas de detención y a los que se refería el juez. El único insumo para el procesamiento son las actas policiales. En ese trabajito de hormiga que llevó muchas semanas y noches sin dormir, lo que logramos fue demostrar que cuando el policía tal dice que detuvo a fulano en tal lado, está mintiendo asquerosamente porque tenemos a esa misma persona fotografiada o filmada una hora y media después en otro lugar de la Ciudad de Buenos Aires a diez o quince cuadras de distancia de donde el policía dice que estaba haciendo tal o cual cosa», señaló. «Así sucesivamente con los 22, hemos podido demostrar la falsedad absoluta de las actas policiales que por eso pedimos que sean declaradas nulas y que, a partir de esa nulificación, sean sobreseídos los 22 compañeros y compañeras», planteó Verdú.
Martínez de Giorgi no solo no reconoce a nuestros medios sino que los criminaliza cada vez que puede. Es el mismo juez que ordenó el allanamiento contra Antena Negra y procesó a dos de sus integrantes por interferencias en las comunicaciones.
¿Por qué 22 procesados de 31 detenidos?
«No tuvo más remedio el juez que decretar ocho faltas de mérito que tienen que ver con personas que ni siquiera aparecen, ni de lejos, ni personas parecidas a ellas, en ninguna filmación, ninguna escena mínimamente confusa como para decir ‘este hizo algo’. En esos ocho casos, que incluyen al famoso docente de la pizza, dictó, en lugar del sobreseimiento, la falta de mérito. En algunos casos de manera azarosa. Lo que no fue azaroso es que todos aquellos que están beneficiados con una falta de mérito como José Domingo Morales, el docente, estuvieran hoy en la actividad desde el principio hasta el final acompañando solidariamente a los que han tenido menos suerte que él», destacó Verdú. «Aún así, esas ocho causas tampoco están cerradas porque se trata de una falta de mérito que no es lo mismo que el sobreseimiento. El único que fue sobreseído por Martínez de Giorgi es el pobre colombiano que sigue preso pero por la utilización de un documento apócrifo», recordó.
Violencia en las organizaciones
Consultada acerca de ‘Las pibas no nos callamos más’, la denuncia pública de un grupo de ex militantes de Marcha Guevarista del Pueblo en la que se detallaron casos de violencia ocurridos con militantes de esa organización y, en dos casos de CORREPI, que fueron rápidamente expulsados, Verdú reflexionó: «Es un comunicado que nos llegó a nosotros en las primeras horas de la tarde del día domingo hace dos semanas. Nos dejó pasmados al tomar conciencia, no sólo de la gravedad de los hechos que estas compañeras denunciaban sino, por sobre todas las cosas, de la actitud vergonzante, realmente escandalosa de encubrimiento por parte de la dirección de su organización que hacía meses, en algunas oportunidades, que conocía la existencia de las denuncias y las banalizaba y las minimizaba», subrayó. «De allí el título del comunicado: Las pibas no nos callamos más. Porque decidieron, desde una respuesta colectiva, que es lo más importante y no me he cansado de destacar. No fue una respuesta individual de una, dos o tres pibas que se pudrieron y salieron a hacer un escrache público sino un trabajo de respuesta colectivo de quienes fueron violentadas y quienes no lo fueron pero que se sumaron en ese grito conjunto, fraterno, sororo de las compañeras», consideró Verdú sobre la decisión de las militantes de alzar la voz y aclaró: «Naturalmente, esa misma noche estaba publicado en todos lados el comunicado oficial de CORREPI poniéndonos a disposición de las pibas, sumándonos a todas las actividades que decidieran llevar a cabo y comunicando la expulsión de CORREPI de estos dos individuos que, por supuesto, han dejado de ser nuestros compañeros. Más allá de este hecho concreto que reivindicamos totalmente y seguimos estando en contacto con el grupo de compañeras para apoyar sus iniciativas, también fue un hecho que generó tal sacudimiento en muchísimos ámbitos que permitió visibilizar un montón de situaciones que estaban como banalizadas, naturalizadas o silenciadas», reflexionó la dirigente de CORREPI. «Cada organización va a tener que mostrar hasta qué punto sus actos y sus acciones se condicen con lo que uno escribe en los volantes, en los documentos, en las publicaciones. Si en la cancha se ven los pingos, las organizaciones que nos definimos antipatriarcales tenemos que mostrar cuáles son nuestras prioridades en este tipo de situaciones. Es una gran prueba, y el que esté a la altura de las circunstancias la pasará y el que no, no», sentenció.