“El derecho a la protesta no es ningún delito”

Sebastián Romero, militante del PSTU, fue detenido el sábado en Uruguay luego de estar más de dos años prófugo de la justicia tras haber participado de la marcha contra la reforma previsional, en diciembre de 2017. Martín Alderete, su abogado, habló con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia, y repasó los hechos que determinaron la persecución contra Sebastián, pero también los procesos judiciales contra Daniel Ruiz (compañero de Sebastián y preso durante un año y un mes en Marcos Paz), Cesar Arakaki, Dimas Ponce y Mariano Stansiola. (Por La Retaguardia)

📷 Foto de portada: Agustina Salinas

El 18 de diciembre de 2017, dentro del Congreso de la Nación, tenía lugar el último intento de aprobar la reforma previsional impulsada por el gobierno de Cambiemos. Adentro había gritos, empujones e incluso represión de las fuerzas de seguridad contra diputados opositores para evitar que votaran negativamente. Afuera, decenas de agrupaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos y personas independientes colmaban no sólo la Plaza del Congreso sino también un amplio tramo de Avenida de Mayo y las calles aledañas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había comenzado a desplegar el dispositivo de seguridad alrededor del Congreso el 13 de diciembre, utilizó toda la violencia represiva. Los miles de manifestantes que ocupaban la plaza recibieron gran cantidad de gases lacrimógenos (incluso arrojados desde techos y helicópteros), balas de goma, golpes y atropellos de la división motorizada.
Sebastián Romero, junto a sus compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), estaba en la plaza y sufrió el embiste represivo. Alguien le tomó una fotografía manipulando un lanzador de pirotecnia casero, la foto se replicó en redes sociales y medios tradicionales, en general con un discurso estigmatizante, en algunos casos con cierta idolatría; lo cierto es que Sebastián se convirtió en el símbolo de la violencia. Después de estar más de dos años fuera del radar, Romero fue detenido el sábado último en Uruguay. Acerca de su situación actual, Martín Alderete, abogado de Sebastián e integrante de CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), le dijo a La Retaguardia: “Sebastián fue detenido y llevado a la delegación de INTERPOL en Uruguay. En el día de ayer tuvo la audiencia ante la fiscalía uruguaya y ahí hizo saber que no se iba a negar al pedido de extradición del Estado argentino. Fue alojado en el Penal de Libertad, en Montevideo, hasta que se formalice el pedido del Estado argentino, que tiene 30 días para efectivizarlo. Así que estamos en contacto con el juzgado y con Cancillería para que se efectivice lo antes posible y sea trasladado a nuestro país”.

Alderete agregó: “Afortunadamente Sebastián está bien. Fue bien tratado al momento de la detención y está alojado en un lugar donde hay personas que están esperando por la extradición. Es un pabellón donde él está en condiciones de relativa tranquilidad, más allá de la privación de libertad. Y por lo que sabemos, que nos transmitió el abogado defensor de allá, toda su energía está puesta en volver acá y enfrentar a la justicia argentina en este contexto donde, más allá de la complicación de no haber estado a derecho más de dos años, lo que él sostiene es que, si bien nunca están dadas todas las garantías, en el momento en que el macrismo estaba en el gobierno, claramente él era un perseguido político puntual, no solamente por lo que decían los propios funcionarios y medios de comunicación, sino porque se puso precio a su cabeza y el ofrecimiento de recompensa era superior incluso a los ofrecidos en casos de genocidas prófugos. Claramente no había ningún tipo de garantía de poder defenderse”.
La persecución tuvo otros objetivos. Además de Sebastián, Daniel Ruiz, César Arakaki, Dimas Ponce y Mariano Stansiola también fueron judicializados y acusados por intimidación pública, resistencia a la autoridad y agresiones. Ruiz, compañero de partido de Romero, fue el que pagó el precio más alto: pasó un año y un mes privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, denunciando que era un rehén de la justicia, que buscaba de ese modo que Sebastián Romero se entregara. Ruiz aún está imputado junto a Arakaki, militante del Partido Obrero.
Al respecto, Alderete expresó: “Lo único que se utilizó contra Ruiz, y mucho más fuerte contra Sebastián Romero, es esa imagen donde le endilgaban disparar contra las fuerzas de seguridad una especie de arma tumbera. Cuestión que nosotros pedimos durante más de un año que se perite a ver qué era lo que habían utilizado, y finalmente en la instancia de juicio se pudo determinar que era un elemento pirotécnico que no genera ningún proyectil, que el riesgo más alto es para la persona que lo manipula y que, efectivamente, como se vino diciendo desde el 18 de diciembre de 2017, utilizaron esa imagen de Sebastián Romero. A algunos les podrá parecer una provocación, una actitud poco agradable, pero lo cierto es que lo único que estaba haciendo Sebastián Romero era manipular un elemento pirotécnico poniendo cara a una situación en la que, viendo todos los videos de la causa, se puede determinar que estaba ocurriendo una feroz represión policial con balas de goma hacia todos los manifestantes que estaban en la plaza ese día”.

Próxima estación: la cárcel

Sobre la posibilidad de que Sebastián atraviese el proceso judicial en libertad, ya que los delitos que se le podrían imputar son excarcelables (al igual que la imputación de Ruiz, que sin embargo pasó trece meses preso), el abogado fue pesimista: “Por un lado lo que objetivamente complica la situación de la libertad son los dos años y medio en los que él no estuvo a derecho, como se dice normalmente. Existiendo riesgo de fuga, van a negarle la libertad. Igualmente, es una pelea que vamos a dar justamente porque lo que se pudo ir comprobando a partir del proceso que le hicieron a Ruiz y el juicio oral que está en trámite, es determinar que en realidad las acusaciones son absolutamente vacías de contenido”.

Sin Bullrich, ¿se acabó la rabia?

El cambio de gobierno, para muchos, podría ser positivo en la causa que tiene a Sebastián Romero como objetivo. Al respecto, el abogado de CADEP dijo: “En relación a Patricia Bullrich, lo que complejiza es el nivel de estigmatización de la situación. Si se fuera a la situación objetiva, más allá de que efectivamente en el marco de la causa se comprobó, a partir de la situación que se dio ese día, que hay personal policial con lesiones leves, normalmente por pedradas, lo cierto es que no hay ninguna filmación ni declaración donde se acredite de alguna manera que Sebastián Romero produjo algún tipo de lesión. Objetivamente estamos frente a una situación en la que se está imputando a alguien por la manipulación de un elemento pirotécnico que no se ha comprobado que haya lesionado a nadie. Entonces, utilizar un elemento pirotécnico en sí no es ningún delito. El problema no es ese, el problema es que se lo mostró como el emblema de la violencia y eso, desgraciadamente, sobre todo por la difusión y el ensañamiento de los medios de comunicación masivos, hizo que en su momento incluso se dificultara la solidaridad de organizaciones populares”.

El juicio

Acerca del proceso judicial que enfrentaría Romero, el abogado explicó: “Hoy por hoy esa situación y ese nivel de estigmatización necesariamente va a influir en los operadores judiciales que tengan que decidir, e incluso en algunos sectores, a nivel crítico. Entonces nosotros entendemos que el problema principal es ese. Después, desde el punto de vista de la causa, entendemos que no hay ningún delito que achacarle y van a intentar de alguna manera sostener la misma imputación que llevaron adelante contra Daniel Ruiz, que es la intimidación pública y la resistencia a la autoridad, y tal vez quieran agregarle alguna otra cosa. Pero lo cierto, como venimos diciendo, es una acusación vacía de contenido”.

Cambió el gobierno… ¿cambió la justicia?

Alderete cargó contra el Poder Judicial y encontró hilos conductores desde el regreso de la democracia. Consultado acerca de si los gobiernos operan en ella y si por lo tanto percibe algún cambio, expresó: “Cambia y no cambia, en el sentido que efectivamente, del ’83 a esta parte, todos los gobiernos han utilizado el Poder Judicial como forma de criminalizar, judicializar e intentar domesticar la protesta. En los últimos 20 años he intervenido en diferentes causas en diferentes gobiernos y lo que sí cambia es que el gobierno de Macri utilizó a Sebastián como objetivo político. De hecho, la detención de Daniel Ruiz entendemos que se dio como una forma de extorsión para que alguien dijera dónde estaba Sebastián Romero. Lo estigmatizaron, lo convirtieron en el símbolo de la violencia, y cuando lo quisieron ir a detener no lo pudieron detener. Entonces claramente se lo estaba persiguiendo y si hubiera sido detenido en el marco del gobierno de Macri entendemos que hubieran existido muchísimas menos garantías. Sobre todo porque salió a la luz el nivel de manipulación grosera de manipulación judicial en el gobierno de Macri. No porque otros gobiernos no lo hayan utilizado, pero claramente, y nosotros lo supimos con la detención de Ruiz, iba a ser mucho más complejo todo. Entonces, en este sentido, entendemos que Sebastián Romero no es el objetivo político del gobierno de Alberto Fernández, pero la lógica de funcionamiento del Poder Judicial y de las instituciones en general de intentar utilizar la herramienta judicial para criminalizar la protesta no va a desaparecer por arte de magia, por lo que entendemos que va a ser una dificultad. No es lo mismo que durante el gobierno de Macri, pero nos vamos a encontrar con los mismos problemas de siempre, intentando demostrar que el derecho a la protesta no es ningún delito”, finalizó Martín Alderete, abogado defensor de Sebastián Romero, que espera en Uruguay su extradición a la Argentina.