Por LR oficial en Aborto legal, Educación Sexual Integral, Feminismo, Género y Diversidad

Lideresas indígenas y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina presentaron el Monitoreo Sociocultural y Lingüístico de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Derechos Sexuales y Reproductivos en Pueblos Indígenas y Poblaciones Campesinas en Argentina en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 

Redacción: Chechu Rodríguez
Edición: Valentina Maccarone
Fotos: Gabriela Franchini – CDD Argentina

El jueves 12 de diciembre, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, se presentó el Monitoreo Sociocultural y Lingüístico de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Derechos Ssexuales y Reproductivos en Pueblos Indígenas y Poblaciones Campesinas en Argentina. El informe fue dirigido y coordinado por la abogada Mónica Menini, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD). Incluye 480 encuestas realizadas a personas indígenas y campesinas, pertenecientes a 20 pueblos originarios, y 48 encuestas a equipos de salud que brindan atención a población indígena y campesina. El equipo de monitoreo recopiló datos de 12 provincias de nuestro país y está compuesto por 25 mujeres indígenas y campesinas. Se trata del primer monitoreo realizado por mujeres indígenas y campesinas, para hablar de salud sexual y reproductiva, desde su propia cultura y en su lengua. Las integrantes del equipo de monitoreo destacaron durante la presentación del informe que realizar el relevamiento ellas mismas les permitió transmitir información sobre derechos sexuales y reproductivos y desnaturalizar situaciones de  violencia. 

Los resultados del monitoreo presentan una visión actualizada sobre la atención integral de la salud sexual y reproductiva de sus poblaciones. La barrera lingüística se destaca como un factor crucial de la desigualdad. Un 35.1% de las personas entrevistadas no recibió información sobre salud sexual y reproductiva. Del 64,9% que dice haber recibido información sobre el tema a través del sistema de salud, sólo un 19.9% la recibió en su lengua. Por la falta de materiales informativos en lenguas indígenas y de una adecuación cultural de los existentes, el 59.2% de las personas entrevistadas consideró que estos no eran adecuados para su realidad como mujeres indígenas y campesinas. Todo esto se suma al escaso porcentaje de equipos de salud que cuentan con profesionales que hablan la lengua indígena de ese territorio o con intérpretes: el 95% refirió que los médicos no hablan su lengua y el 87.8% dijo que no le permiten elegir ser acompañada por un intérprete cuando esto sucede. Incluso, la presencia de estos últimos no garantiza el acceso a la salud: el 73.2% de quienes mencionaron que fueron acompañadas por intérpretes, señalaron que éstos no tienen conocimiento suficiente sobre derechos sexuales y reproductivos. 

El acceso a la atención médica sexual y reproductiva es desigual en las diferentes regiones del país, especialmente, en lo referido a exámenes ginecológicos, mamarios y de detección de infecciones de transmisión sexual, y al acceso a métodos anticonceptivos. Sin embargo, todos los territorios comparten demoras excesivas para poder acceder a consultas médicas, sumado a las distancias, el transporte y su costo, la falta de insumos médicos en los centros de salud, la responsabilidad de las tareas de cuidado y el costo económico de delegarlas y distintas formas de violencia en la atención sanitaria. 

En relación con el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el 78.8% de las encuestadas dijeron desconocer cómo solicitarlas. El 84.1% de las mujeres entrevistadas que solicitaron ILE o IVE, no recibieron el procedimiento del plazo legal establecido y un 20% de ellas reportaron dificultades y demoras en el acceso a las consultas médicas y al Misoprostol. A las demoras del sistema, se añaden las demoras intencionales de turnos y análisis por parte del personal de salud y el maltrato: un 37.5% se sintió juzgada, un 27.5% fue derivada a un especialista en salud mental para convencerlas de no seguir adelante con el procedimiento y un 17.5% dijo que fue obligada a escuchar los latidos del feto en la ecografía. El 80.2% indicó que no se les permitió estar acompañada durante la realización de la ILE o IVE ni durante el parto. 

Además, el 46.8% de las personas entrevistadas sufrió discriminación durante la atención médica, por la ropa que utilizan, por sus costumbres y por sus creencias ancestrales. Un 34.7% de las mujeres refirió la necesidad de realizar prácticas rituales o ceremoniales para despedir la sangre al realizar una IVE o ILE y un 98.9% de las personas entrevistadas respondió que el equipo de salud no le ofreció entregarle la placenta de su hija o hijo después del parto. El 98.4% de esas personas no se atrevieron a pedirla ni a explicar la importancia ritual de la placenta, por miedo a las respuestas del personal médico. 

A su vez, se registró que un 21.3% de las encuestadas sufrió prácticas médicas sin consentimiento, entre ellas, ligaduras tubarias, colocación de implantes subdérmicos, administración de medicamentos y diferentes formas de violencia obstétrica durante el parto. Los consentimientos informados no están redactados en lenguas indígenas, por lo tanto, no resultan comprensibles para todas las personas. 

La lucha de los pueblos indígenas por sus territorios ancestrales y la preservación y transmisión de sus saberes ancestrales, también, está estrechamente vinculada con la salud sexual y reproductiva: los grupos económicos que tienen un interés en los bienes naturales allí presentes ponen en riesgo la medicina y los saberes ancestrales de estos pueblos, el monte nativo, los bosques y las reservas de agua potable. Además, los conflictos incluyen persecución, desalojos, relocalizaciones, amenazas, amedrentamientos, judicializaciones, criminalizaciones e, incluso, torturas. 

El informe cierra con algunas propuestas para mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva. Entre las dirigidas al sistema de salud pública de nuestro país, se destacan la formación con perspectiva intercultural de los equipos de salud,, incorporar formación en medicina ancestral indígena en las universidades, la implementación de políticas que reduzcan las barreras económicas y de distancia en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y brindar apoyo a las organizaciones comunitarias en la promoción y defensa de dichos derechos.