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Noelia Viola es integrante de Giramundo TV. La comunicadora popular pasó por el programa radial La Retaguardia y habló acerca de la suspensión del concurso para acceder a licencias de Televisión Digital Abierta en Mendoza. También se refirió la situación del canal comunitario y las acciones que llevan adelante para intentar revertir la situación. Entrevista: Fernando TebeleEdición: Pedro Ramírez Otero A través de la Resolución 212/2023 publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) suspendió el concurso público convocado para acceder a licencias de Televisión Digital Abierta (TDA) en algunas localidades de la provincia de Mendoza. Giramundo TV es un canal de televisión comunitario, alternativo y popular de Mendoza, que transmite desde hace 13 años. Ante la convocatoria que el ENACOM publicó a fines del 2022 a través de la Resolución 2065/2022, se llamó a concurso para acceder a licencias de TDA en varias provincias y localidades. Cabe mencionar que en el mismo concurso competían “personas humanas, personas jurídicas con fines de lucro —en formación o regularmente constituidas— y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas”, según el texto de la normativa. Al respecto, la integrante de Giramundo TV, Noelia Viola, explicó: “Nosotros vamos a competir con empresarios, grandes empresarios de nuestra provincia por un lugarcito en la grilla de programación, en la grilla de Mendoza de los canales que te podés encontrar en la televisión digital terrestre”. Ante el llamado del ENACOM en noviembre de 2022, Giramundo TV realizó un gran esfuerzo para completar la documentación y poder concursar. “Nosotros hacemos todo, desde la producción periodística, nuestros programas, cámaras, sonido, pensamos nuestra programación, la ponemos al aire, compramos nuestros propios equipos. Nadie nos contrata, somos nuestros propios jefes, los que participamos del canal. Y ha sido un esfuerzo descomunal y también nos ha implicado una erogación de dinero, una inversión importante porque hay cuestiones que son muy técnicas, muy específicas y también tiene que evaluar la carpeta técnica un especialista, un ingeniero en telecomunicaciones. Entonces ya obviamente hemos pagado los honorarios por este servicio y también hay un servicio contable, una contadora que nos ha preparado todo lo que tiene que ver con el balance de la asociación civil. Somos una organización sin fines de lucro, entonces hemos ahorrado para que llegado este momento pudiésemos tener este dinero para pagar los honorarios correspondientes y no quedarnos afuera de un concurso”, planteó Viola. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) además de reconocer a las entidades sin fines de lucro como un tipo de licenciatario, debe también reservar para este grupo el 33% del espectro radioeléctrico “de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro” (art. 89 inciso f. de la Ley 26.522). Los y las integrantes de Giramundo TV siempre trabajaron para regularizar su situación y avanzar respecto a la solicitud de licencia. “Hemos pedido formalmente y en distintas oportunidades a través de la delegación de ENACOM de Mendoza, vía TAD (Trámites a Distancia) la apertura y la reserva del espectro para un canal, de una señal para el canal comunitario, alternativo y popular que en este momento tiene Mendoza”, aclaró Viola. La comunicación es un derecho humano, y entendida como tal implica muchas aristas que están relacionadas a la libertad de expresión, la fijación de temas de agenda, la pluralidad de voces, la inclusión y la diversidad en las representaciones que circulan y construyen sentido social. Pero también existen otros aspectos esenciales que es necesario contemplar, como la propiedad de los medios, la concentración, la sostenibilidad, la distribución de la pauta publicitaria, la organización del trabajo y las adjudicaciones de licencias, entre otros, que influyen directamente sobre el ecosistema de medios de comunicación. Acerca de Giramundo TV, la comunicadora contó: “Es un canal comunitario, alternativo y popular. Allí trabajamos desde hace 13 años, empezó como una tele itinerante, que iba por los barrios visibilizando algunas problemáticas sociales y siempre con el interés de poder ofrecer un espacio de comunicación alternativa a los medios concentrados, a los medios hegemónicos, a los medios que dicen transmitir ‘la verdad’. Y también con el espíritu de poder cuestionar alguna de esas cosas”. El trabajo que hacen en su localidad genera un ida y vuelta con la población, y así lo detalló Noelia Viola: “Transmitimos para la comunidad tratando de accionar para que el ejercicio del derecho a la comunicación sea una posibilidad para la comunidad en la que estamos insertos y hemos ido apostando también en hacer mejoras en ese sentido tanto desde lo educativo, de poder acercar herramientas del audiovisual a distintos grupos que lo han requerido. Todo esto gestionado y llevado adelante por un grupo humano, en este momento somos apenas siete compañeros y compañeras que día a día luchamos para que este medio siga al aire. Transmitimos las 24 horas del día, los siete días de la semana, y en esta instancia estábamos muy entusiasmados porque se abría el concurso para poder tener nuestra licencia definitiva”. Luego de tanto esfuerzo económico y humano para preparar las carpetas y poner a punto la documentación, se enteraron a través del Boletín Oficial que el ENACOM suspendía este concurso, que es un concurso viejo, “reflotado” de 2015. No debería pasar tanto tiempo para llamar a concurso de otorgamiento de licencias y, además, debería ser un ejercicio para el ente nacional que es el encargado de garantizar “que la pluralidad de voces y los beneficios de la sociedad de la información estén disponibles para todos los que habitan el territorio nacional, en especial a los que viven en zonas rurales, extremas y de bajos ingresos”, según afirma en su página web. Luego de la cancelación del concurso, los y las integrantes de Giramundo TV han tenido nuevos contactos con autoridades del organismo regulador. “No está muy claro cuándo volverían a abrir el concurso. En el Boletín Oficial ya está oficialmente parado alegando que tienen que

Lo dijo Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, durante la celebración por la obtención de la personería gremial del SiPreBA, que continuó con dos hechos: un acto político el jueves, y una fiesta el viernes en el Complejo Art Media para el encuentro de quienes están afiliados y afiliadas. Texto / Fotos en SiPreBA / Videos en Complejo Art Media: Natalia Bernades / La RetaguardiaVideos en fiesta: Camila Cataneo / La RetaguardiaEdición: Fernando Tebele La alegría por el logro de una lucha colectiva le ganó al calor. Después de 8 años de intensa lucha, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires ganó la compulsa de afiliados frente a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, el ahora antiguo sindicato. En la jornada del jueves en la sede del SiPreBA/FATPREN estuvieron presentes Raquel Cecilia Kismer, la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social más conocida como Kelly Olmos, referentes de las tres centrales obreras y otras personalidades políticas del Frente de Todos y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Agustín Lecchi, secretario general, emocionó cuando realizó una mención especial para dos personas: Rubén Schofrin, trabajador de Perfil quien fue el primer secretario adjunto y falleció sin poder ver este logro; y Diego Paruelo, quien fue vicepresidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), y abrió las puertas de ese sindicato para que se realizaran las primeras reuniones del SiPreBA. Los principales desafíos a futuro que mencionó Lecchi fueron la recomposición salarial, la equidad de género y la democratización de la distribución de pauta publicitaria, destacando la labor de los medios comunitarios. “Sepan que vamos a estar como un sindicato de puertas abiertas que va a estar en cada medio organizándose, y que va a estar en lucha cuando tenga que estar en donde sea para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y para una vez por todas terminar con la precarización laboral que tanto daño nos hace, a nosotros como trabajadores y a un oficio tan importante como el de la comunicación, concluyó. La semana cerró con una multitudinaria fiesta en el Complejo Art Media. Allí, entre la celebración, la Comisión Directiva ocupó el escenario un breve momento para resaltar el logro colectivo. Dijeron unas pocas palabras Francisco Paco Rabini (delegado de Clarín), Ana Paoletti (Página 12), Carla Gaudensi (Secretaria General de FATPREN) y Lecchi. Después de unos sorteos, llegó la música en vivo a través de la Orkesta Popular San Bomba. La alegría que circuló fue notoria. Ahora llega el tiempo de la difícil tarea de representar a trabajadores y trabajadoras de una profesión precarizada, tanto en las empresas como en nuestros medios comunitarios, alternativos y populares.

El Mundial no solo fue una gran emoción, también fue un muy buen negocio para los medios comerciales especializados en deportes. Sin embargo, en la empresa monopólica trabajadores y trabajadoras pelean por recomposiciones salariales en el Diario Olé. Matías Arena, trabajador del diario deportivo y miembro de la comisión interna de Clarín, habló acerca de los pedidos de recomposición salarial. Lo hizo en diálogo con el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas, donde también denunció persecución sindical. Entrevista: Luis AngióRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Martín Bonetto “Las complicaciones empezaron a partir de las definiciones que tomó la Cámara Empresarial con la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) con respecto a lo que son los incrementos salariales del 2022. Por supuesto que fue un año muy difícil para toda la rama de prensa, y se recrudeció todo hace un mes aproximadamente. Los trabajadores y la asamblea del diario Olé tomó la decisión de realizar una serie de medidas de fuerza que comenzaron al mismo tiempo que transcurrió el mundial de fútbol”, comenzó explicando el trabajador Matías Arena, del diario Olé y miembro de la comisión interna de Clarín. Arena relató lo que pasó como consecuencia a las medidas de fuerza que tomaron los y las trabajadoras: “El 5 de enero, cuando fuimos a cobrar, más del 50% de los trabajadores nos enteramos que nos descontaron entre un 20 y un 25% de nuestro salario, teniendo en cuenta que muchos de ellos están por debajo de la línea de la canasta básica”. En línea con lo que contó el trabajador de Olé, parte del comunicado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) dice: Desde diciembre, las asambleas de Perfil y Diario Popular permanecen en estado de alerta por distintos y graves incumplimientos por parte de esas empresas. No pagan el bono decretado por el gobierno, adeudan parte del aguinaldo y, en Popular, incluso no cumplen con sus obligaciones en los aportes sociales. Situación similar aqueja a les compañeres de la Agencia NA, a quienes, sistemáticamente, se les depositan con demoras las cargas por jubilación y salud, afectando su cobertura médica. En Clarín, luego de las medidas por recomposición salarial realizadas durante todo el 2022, en diciembre los reclamos se focalizaron en el diario Olé. Pero el correlato por parte de la empresa fue la lamentable decisión de realizar descuentos salariales masivos que afectaron más del 25% del sueldo de les compañeres, que cobran muy por debajo de la canasta básica. En Página/12 también continúan los reclamos con paros y ceses de tareas. Y, a este panorama, se le suma la situación en elDiarioAR, redacción que atraviesa un contexto de incertidumbre ante el despido de la dirección periodística fundadora del medio. Por su parte, la asamblea de Crónica/BAE exige recategorizaciones, efectivizaciones y mejoras ante los magros sueldos. Por otra parte, el delegado de la comisión interna de Clarín declaró: “Dentro de las medidas tomadas hubo ceses de turnos de entre dos y tres horas de paro”. Las empresas a raíz de esto argumentaron para descontar la falta de trabajo. “Lo que estamos reclamando son mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos”, insistió Matías Arena. Es sabido que la inflación anual alcanzó el 94,8% y los acuerdos salariales de la prensa escrita quedaron muy por detrás alcanzado apenas un 56%. “Los salarios son míseros, y no se corresponden con el trabajo, con nuestra profesión, y con el lugar en que estamos”, dijo Arena. A raíz de esta difícil situación de los y las trabajadoras de prensa, el SiPreBA inició un “fondo de lucha” donde se puede colaborar económicamente a través de transferencias bancarias para solventar los descuentos sufridos.

Luego de seis meses de prueba, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) lanzó la Moneda de Intercambio Argentina (MIA). La medida apunta a fortalecer la economía popular del sector de las empresas recuperadas, a fidelizar clientela para mejorar la rentabilidad del sector y a combatir la lógica inflacionaria. Redacción: Julieta GaleraEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Julieta Galera Sustentada en el lema “la cooperación supera la competencia”, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) presentó la Moneda de Intercambio Argentina (MIA), el sábado 1 de octubre en el Mercado de Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una notoria concurrencia en una jornada festiva de feria con gastronomía, sorteos, juegos y música. MIA es una moneda avalada por la producción de cada empresa recuperada que la implementa para incentivar el comercio y promover el consumo de productos y servicios del sector cooperativo de empresas recuperadas entre los y las trabajadoras del sector y entre su clientela.  “Las empresas recuperadas desde 2016 veníamos en franca caída, fue una recesión total, se agravó el tema de la venta, los costos de servicios subieron y hace seis meses que sacamos la MIA como experiencia para los vecinos y para gente que no es de las empresas recuperadas. De esta forma, logramos la confianza en que nuestros productos y nuestra mano de obra valen. Con MIA empezamos a intercambiar y logramos que empresas recuperadas que no tenían contacto en el tema comercial lo tengan”, explica Pablo González, actual presidente del MNER.  Según Pablo González, la MIA ya lleva seis meses de prueba y 40 cooperativas del MNER ya realizan intercambios con esta moneda. Los y las trabajadoras del sector junto con sus retiros de excedente de la producción reciben un plus para gastar en MIA que les permite realizar compras en los almacenes de la distribuidora Recoop, ubicados en 50 empresas recuperadas de AMBA, o en cualquier empresa recuperada. El MNER, conformado por 100 recuperadas, y el Recoop “serían como el banco central, son los que avalan la moneda”, señala González.  El sector alimenticio y el gastronómico son los que  más adhirieron a la MIA. El gastronómico, además, tiene una participación importante en la promoción de esta moneda hacia afuera del movimiento porque le devuelve a sus clientes el 5% o el  10% del ticket en MIA como medida para incentivar el consumo de productos y servicios de empresas recuperadas, explica el presidente del MNER. “De esta forma logramos que la moneda se haga conocida entre personas por fuera de las empresas recuperadas y la fidelización de los clientes. Los gastronómicos lo están haciendo con buenos resultados. Y esas MIAS los clientes las pueden gastar a través de la página web o en algún almacén de Recoop, o en cualquier bar o restaurante recuperados”, dice. Por su parte, Eduardo “Vasco” Murúa, expresidente del MNER y actual director de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuenta que esta presentación de la MIA es producto de muchos años de trabajo, de pensar y ajustar los mecanismos para que esta moneda de intercambio sea realidad: “Me costó 15 años convencer a mis compañeras y compañeros trabajadores de la importancia de tener una moneda. Cuando intenté explicarlo sobre la idea no me entendían. Así que decidí armar la distribuidora Recoop y ponerla en función de las empresas recuperadas para aumentar la demanda, pero también para llegar a nuestro pueblo trabajador con mejores precios. La probamos seis meses para que la idea de la moneda dejara de ser algo abstracto, porque había una creencia que cuando a uno le están dando otra moneda por su trabajo le están desprestigiando el trabajo. Y ese intercambio entre Recoop y las recuperadas ayudó a que se comprendiera su utilidad”, explica. “Nosotros estamos convencidos de que la MIA puede contribuir a mejorar las lógicas de comercialización, a tener mayor demanda, a fidelizar a los clientes porque creemos que la emisión monetaria es importante para el desarrollo de cualquier país y queremos disputar la idea del discurso neoliberal de que la emisión provoca inflación: lo que provoca la inflación no es la emisión sino los monopolios”, explica Murúa. En ese sentido, la MIA es una herramienta de las y los trabajadores de la economía popular “para luchar contra la lógica inflacionaria”.   El Vasco Murúa se sincera y dice que desde su rol de director nacional de Empresas Recuperadas no planteó la MIA. “Hubiera sido preferible que el Estado cobrara impuestos en esta moneda, que esta moneda sirva después para la circulación y que no se fuguen los dólares, para que no se convierta en especulación financiera, pero hoy no están las condiciones para dar esa discusión”, plantea.  En ese sentido, Murúa explica que a fines de los 90 el impacto del bono estatal Patacón fue tan fuerte que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió una ley en la que el Estado nacional se comprometió a no emitir nunca más ese tipo de bonos porque “el tema de que la moneda no sea convertible es muy fuerte para el modelo especulativo porque necesita que sea convertible para fugarla”.  Hoy las condiciones para que las y los trabajadores puedan imponer esta herramienta desde abajo no están dadas porque, al margen de que “no hay una institucionalidad quebrada ni cuestionada”, la diferencia con el contexto de 2001 es que “la superestructura económica estaba dividida y hoy es una sola”. Según Murúa, hoy todos están alineados en tratar de devaluar, quedarse con los recursos y usar la inflación para fugar las divisas. “Pero no hay una contradicción en las superestructuras económicas que pueda aprovechar el pueblo para cambiar la situación”, agrega.  Para culminar, Eduardo “Vasco” Murúa aseguró: “El impacto de la MIA en función de la soberanía monetaria y productiva va a ser muy alto, muy positivo. Vamos a incrementar un porcentaje de la demanda de las empresas recuperadas y esperamos que sea una herramienta para muchos sectores, que seguramente va a ser imitada por muchos otros actores de la economía social

Lo dijo Eva Serrano, candidata a Secretaria General del Sindicato de Comercio en la ciudad de Buenos Aires. Junto a Leonardo Segovia, como candidato a Secretario Adjunto, presentarán una lista de oposición a la de Armando Cavallieri, el sindicalista que está al frente del SEC desde 1986 y lleva vida de empresario. También compite por el cargo Ramón Muerza, quien fuera aliado del eterno secretario general. Serrano participó del programa Otras Voces Otras Propuestas de Radio La Retaguardia. Sostiene que son la dirigencia del futuro. Entrevista: Luis AngióEdición: Fernando Tebele

Lo dijo Lito Borello, referente de la Organización Los Pibes y secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de La Economía Popular (UTEP). En dialogó con el programa La Retaguardia, Borello habló acerca de la estigmatización y persecución contra las organizaciones sociales. “Hay un nivel de asimetría en el mundo que es insoportable”, dijo. Además se refirió a las críticas de Cristina Fernández de Kirchner hacia este sector y subió la vara a la hora de discutir de fondo el mundo del trabajo. Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez OteroRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero —¿Cómo vive una organización social como la de ustedes, que está en el territorio, la crisis social y el cambio que se produjo en el Ministerio de Economía? —La crisis está concentrada en los sectores populares, es solo el 1% la que la junta en pala. Es una crisis que en el marco de la reconfiguración mundial hace que cada vez más las asimetrías sean más difíciles de vivir y que ese 1% esté empujando hacia la aplicación de un nuevo sistema de dominación mundial. Queda a las claras que con estos niveles de injusticia haya paz y democracia. Se vive tremendamente. Con preocupación, angustia, y cada vez generando una distancia mayor de un Estado que no termina de resolver y de una política profesional que está cada vez más lejos de las problemáticas de los sectores populares y también de la construcción de la condición para qué haya un verdadero ejercicio de la soberanía de nuestra patria. —¿Y cuál es la situación de los movimientos sociales en general? —Los movimientos populares vienen siendo un actor concreto. La pandemia lo ha demostrado en un momento inédito y extremadamente complejo, donde los movimientos han servido de contención y que, al calor de esa frase famosa del Papa de que “nadie se salva solo” ha inventado y reinventado organización comunitaria en cada rincón haciendo posible transitar un momento que podría haber sido mucho pero si no hubieran existido las organizaciones. Todo esto, en una articulación con trabajadores, sindicatos con una voluntad activa, iglesias y parroquias que también se han ido convirtiendo en un fuerte entramado en los barrios, va haciendo imaginar para muchos de nosotros ese otro mundo mejor posible. Un mundo donde quepan todos los mundos necesarios de construir, cuando un sistema claramente no da más. Y con una ausencia del Estado, o que no está evidentemente dispuesto políticamente o preparado para crear la condición de ir generando trabajo, que es el único vertebrador posible en una sociedad. —¿Las organizaciones socialess son solo repartidoras de planes? —No. Hay una construcción comunicacional sobre esto muy fuerte. Es la construcción de un enemigo que ha hecho además de la construcción de un sentido uno de los instrumentos de los modelos de dominación que pone arriba de la mesa ese tema como si fuera el único y central. Desde ya que no, porque hay organizaciones en un inmenso universo de cooperativas de trabajo de todo tipo: recicladores, agricultores, pesca artesanal, herrerías. Han ido generando una economía que es otra, que no es una economía de la pobreza sino que es algo que para muchos de nosotros significa la semilla de una sociedad distinta. Que sea alternativa al capitalismo, esa economía popular es el eje central de las aspiraciones de muchas de las organizaciones. Que hay algunas que no son así, sin dudas. Pero me pregunto, si hiciéramos la pregunta a los políticos, si esto podría ser contestado de una solo manera. —Ante esta idea de estigmatización de los movimientos sociales se agregó una actriz inesperada que fue Cristina Kirchner, ¿qué opinás? —Es complejo. Han sido declaraciones profundamente desafortunadas y las repudiamos en su contenido de lo que dice. Pero me parece que es poco solo hablar de las declaraciones de ella, sino que en realidad hay un andamiaje de la derecha, de los sectores dominantes. Esto aleja al debate sobre la economía popular, de los emergentes, del cambio del trabajo en el mundo. Cristina habla en un momento donde la unidad es fundamental, en contra de un enemigo que avanza y que es modelo hambreador, que excluye y aparta a mayores parte de la sociedad. Tampoco quiero hacer un debate sobre sus dichos. Es más una pirotecnia ante determinadas facciones del Frente de Todos. No podemos seguir con este sistema hambreador, y hoy los niveles de asimetrías son insoportables. Las democracias parecen estar de rehén de un poder fáctico que actúa de hecho por encima de las institucionalidades vigentes. Si no construimos otra asimetría del poder, el poder popular, y otra sociedad que nos permita vivir con armonía entre nosotros, con el planeta, no hay futuro ni para nuestras generaciones ni para las que vienen detrás de nosotros. Para cerrar, Lito Borello planteó: “Las organizaciones no pedimos planes, pedimos trabajo que podría ser llevado a adelante por la economía popular y su infraestructura. Pero no hay voluntad política. Porque no es un problema de falta de dinero del Estado, sino de cómo se utilizan los recursos, algo que hemos dicho una y mil veces. Porque no queremos seguir teniendo polenta en diciembre”.

Agustín Lecchi, Secretario General del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), pasó por el programa Otras voces, otras propuestas, de Radio La Retaguardia, y habló acerca de la precarización laboral que están sufriendo quienes trabajan en la prensa local y cuáles son los planes de lucha que están llevando adelante. Entrevista: Luis AngióRedacción: Julián BouvierEdición: Fernando Tebele Periodistas de diferentes medios comerciales vienen realizando medidas de fuerza por la actualización de los salarios que quedaron retrasados con relación a la inflación. Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), habló acerca de la precarización laboral. Lecchi comenzó contando cuáles son las medidas de lucha que se están tomando en los diferentes medios de comunicación, a partir de la pérdida del salario real: “Desde hace dos meses, cuando tuvimos la última asamblea general del SiPreBA, definimos un plan de lucha por mejoras salariales. En lo que iba del año solo habíamos tenido un 12% de recomposición salarial en mayo, sobre la base del salario de agosto del año pasado, lo cual es terrible teniendo en cuenta el nivel de inflación que hay”, señaló. Sobre las empresas en las que se fue desarrollando el plan de lucha, dijo: “Nuestro plan de lucha consta de medidas en distintas empresas y redacciones. Fuimos a la puerta del diario Clarín; de La Nación; de Perfil; de Página 12 en dos oportunidades, la segunda en el marco del 35 aniversario del medio. Y la semana pasada, en el plenario de delegados, definimos realizar paros, en todos los medios donde fuera posible, los días martes 31 de mayo y jueves 2 de mayo. El martes 31 se realizaron paros totales en Clarín, en Olé, en Página 12. El jueves en Perfil. Además, asambleas en Ámbito Financiero, en el Cronista Comercial, en InfoBAE“. Las medidas tienen alto acatamiento: “Vienen siendo importantes jornadas de lucha. Nosotros repudiamos el cierre de una paritaria, de la cual nos enteramos por el Ministerio de Trabajo y por las empresas, algo paradójico. Es una paritaria renga, porque no cuenta con el sector trabajador, porque SiPreBA no está en la mesa de negociación salarial. No es cuestión que estemos nosotros como dirigentes, sino de que los trabajadores y trabajadoras elijan en sus asambleas a los delegados paritarios, que resuelvan si aprueban o no una negociación salarial, un acuerdo, que es como de hecho nos venimos manejando en la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa), y como trabajamos históricamente desde SiPreBA y no como se firman estos acuerdos, a espaldas de los trabajadores, sin realizar ninguna medida de fuerza”, dijo.El secretario general del SiPreBA se refirió a la situación salarial actual, comparándola con la de anteriores años, y comentó cómo ésta afecta a la calidad del periodismo: Si uno compara el salario que teníamos en 2016 los redactores, que estabamos 40 puntos por arriba de la canasta básica, hoy no llegamos a los 70 mil pesos y la canasta está arriba de los 90 mil, sin contar alquileres, cuando la mayoría de nosotros y nosotras, alquilamos. La situación es dramática” El martes que viene es el día del periodista, así que el lunes vamos a hacer una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, con apoyo de legisladores de distintos bloques, para dar a conocer el relevamiento de la situación laboral del gremio, a partir de 1000 casos. Vamos a seguir con nuestro plan de lucha para recuperar el salario y también porque es la única forma de garantizar periodismo de calidad, porque con las condiciones de precariedad que hay en los medios es imposible. Estamos dando una pelea para que la paritaria sea real, donde se pueda discutir seriamente entre las cámaras y los trabajadores y trabajadoras, algo que hoy que no sucede”. La personería que no llega El sindicato reclama la personería gremial, demorada por el Ministerio de Trabajo, lo que le permitiría ser parte de las negociaciones salariales a las que no puede acceder aun cuando continúa creciendo su representación en las empresas: “Tenemos que reconocer que con este Ministerio de Trabajo, por primera vez, nos sentaron con todas las cámaras. Fue en el marco de la pandemia, cuando exigimos protocolos y cumplimiento del teletrabajo. Pero eso tiene un límite, tampoco se la juegan ni resuelven nada ahí. Nosotros somos concientes de eso. En conflictos puntuales, más arduos, también tenemos instancias de negociación en el marco del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el caso de Perfíl, de La Nación, hemos tenido instancias de mediación. Pero por más Ministerio que haya, si no tenemos una correlación de fuerza y no construimos en los lugares de trabajo, no hay posibilidad de torcerle el brazo a las empresas, que siempre buscan cualquier pretexto para ajustar y que se valen de cualquier argumento burocrático. En el macrismo no nos citaban a una audiencia ni aunque lleves cuatro meses de paro, como nos pasó con Télam o con diario Clarín cuando fueron los despidos de 2019. En ese sentido, el contraste es grande. Pero también tenemos críticas, diferencias, limitaciones y nosotros las marcamos”, comentó. Además, hizo incapié en la importancia de la organización de base en los medios para lograr correlación de fuerza con las patronales: “El sindicato no existe si no es con organización de base. Esa organización la reflejan las asambleas y las comisiones internas. La actividad de la comisión interna no tiene que recaer exclusivamente en los delegados. Ninguna negociación puede tener un resultado favorable si no hay una militancia activa por abajo. Sin una presión activa en los lugares de trabajo, sin construcción real. Porque no es una cuestión retórica ir a discutir con un empresario. Es una cuestión de relación de fuerza. Si no tenes capacidad de realizar una medida de fuerza, de torcerle el brazo a un gerente, a un jefe, a un dueño, no hay ningún cambio posible”, dijo. De carneros y carneras Lecchi se refirió a los trabajadores que no se suman a las medidas de fuerza y luego

El CeSAC N° 15 del barrio porteño de San Telmo se encuentra en una situación de extrema gravedad en sus condiciones edilicias y falta de insumos. Piden una solución de parte del Ministerio de Salud. María Elena Folini, jefa médica de la institución dialogó con el programa radial Tengo una Idea y brindó más detalles sobre el pedido de los y las trabajadoras de un edificio nuevo. Aún no obtuvieron respuesta. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Chechu Rodríguez —¿Dónde está ubicado el CeSAC y desde hace cuánto tiempo funciona? —Está en la calle Humberto Primo 470, entre Bolívar y Defensa. Se fundó en el año 90. Empezamos una serie de médicos de otras disciplinas. Yo entré como pedíatra. A lo largo de la historia, se crearon 48 CeSAC y el cargo de jefa del N° 15 lo concursé hace 13 años.  —¿Cuáles son los problemas que están sufriendo hoy en día? —El problema más serio es el edilicio. Este es un edificio de más de 120 años, pertenece al casco histórico de San Telmo. Cuando se fundó la salita era un edificio precioso, pero actualmente y cinco años atrás, antes de la pandemia, venimos denunciando las inadecuadas condiciones. No tiene ventilación, y esto se sintió. Lo que nosotros pedimos es el arreglo del predio conocido como exPadelai, antes Patronato de la Infancia, que es un espacio que quedó desalojado desde 2016 y que bien podría adecuarse para que pudiera funcionar el CeSAC. Hoy funciona como sede de la Comuna 1 donde se pueden hacer ciertos trámites. Recibimos la promesa del exvicejefe de gobierno Diego Santilli. Desde ese momento tuvimos que empezar a soportar ciertas situaciones como las que continúan: tener que subir para acceder por escalera, no tener rampas por ende las condiciones para discapacidad. Allí también una profesional de nuestro equipo sufrió una caída. Nuestro edificio tiene una sola salida, con el riesgo que eso conlleva si hubiera problemas de incendio. Últimamente empezamos a tener caídas de cielorraso. Esto se fue agravando, de manera que empezamos a atender en la calle. Hoy se puede ver a los enfermeros y enfermeras vacunando, a los psicólogos atendiendo en la calle, porque no podemos estar encerrados en un edificio que no tiene ventilación. Si bien hay una empresa de mantenimiento, por más que arregla los techos, se vuelven a romper.  —¿Ante quiénes han hecho los reclamos y cuál ha sido la respuesta? —La empresa de mantenimiento responde. Nosotros somos un CeSAC que está muy instalado en el barrio, y la gente no hace más que agradecer. Hemos sido amigables con la población del barrio, mucha de ella migrante, y eso el Ministerio de Salud también lo sabe. Somos un ente estatal que hemos atravesado todas las gestiones y jamás hemos cerrado las puertas, tal es así que hemos salido a la calle. El edificio ya no requiere remodelaciones, no resiste. Lo que necesitamos es un edificio nuevo. Después de aquella promesa de hace cuatro años recién ahora están evaluando el edificio y ojalá que el edificio del exPadelai sea para el CeSAC N° 15 porque la población se merece una mejor atención. Hay que poner gente a reciclarlo, allí sí tendríamos un lugar como corresponde y todo el equipo tendría donde atender a la gente, con jardines, sin escaleras, con ventanas y ventilación. —¿Cómo han hecho más visible el reclamo? —Hicimos protestas en la calle, en las puertas del CeSAC. Además  están cambiando los adoquines de la calle Humberto Primo y eso debe ser lo que produjo, por el movimiento de vibración de los taladros que utilizan, la caída de los techos. Estamos peor. Hubo médicos que en protesta se pusieron cascos. Creemos que el cambio de adoquines es una obra innecesaria.

Javier Moral es abogado de familiares de las víctimas del incendio que ocurrió hace 8 años en un depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, donde fallecieron diez personas. Moral pasó por el programa Otras Voces Otras Propuestas de Radio La Retaguardia y contó en qué instancia se encuentra el proceso judicial contra los responsables de la tragedia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Telam El 5 de febrero de 2014 por la mañana se produjo el incendio y derrumbe de uno de los depósitos que la empresa Iron Mountain tenía en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, diez personas perdieron la vida y otras siete resultaron gravemente heridas. Rápidamente las investigaciones llegaron a la conclusión de que el incendio había sido provocado con el fin de eliminar documentación comprometida para la firma multinacional y hay evidencias concretas de que cuando inició el siniestro no se dieron las alertas correspondientes para contener el fuego.  El abogado de familiares de las víctimas de la tragedia, Javier Moral, contó parte del recorrido legal llevado a cabo para buscar justicia para las personas fallecidas y afectadas por el incendio: “En estos ocho años tuvimos que atravesar el laberinto judicial para pedir justicia para las víctimas y para aquellos que quedaron con lesiones de gran importancia. Estamos en un punto en que el juzgado de Instrucción que lleva la causa procesó a 17 de 23 personas que fueron encontradas, en un principio, responsables para ser llamados a declaración indagatoria. Las defensas apelaron. Nosotros como querellantes apelamos el sobreseimiento de los cinco que el juzgado entendió que no tenían responsabilidad. La Cámara, el organismo superior de ese juzgado, entendió que debían profundizarse las pericias realizadas. Aparecieron restos de combustibles, acelerantes y algunos transformadores que dan la pauta de la contingencia eléctrica con la cual habría empezado ese siniestro que se convirtió en un incendio de grandes características”. Moral insistió en que “quedó claro a todas luces que (el incendio) fue intencional”. Se basó en “pericias muy exhaustivas” que se realizaron a lo largo de 2021 y que finalizaron el 17 de enero de este año. Esas investigaciones determinaron que el incendio fue provocado con el fin de hacer desaparecer documentación que comprometía a la multinacional: “Hubo peritos de las defensas, de los bomberos, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Cada uno tuvo un camino diferente para llegar a la misma conclusión. Esto estaba establecido para que se produjera un incendio de una alta voracidad y que redujera a cenizas documentación que luego conocimos como las ‘4.040 cuentas’ o los Panama Papers. Quisieron evitar que apareciera esa documentación”, afirmó. La mayor cantidad de documentación eliminada en el incendio pertenecía a empresas de un poderío económico inmenso que estaba relacionada al lavado de dinero: “Cuando se presentaron a declarar los directivos de la empresa que administraba el depósito manifestaron que Iron Mountain es una de las 500 compañías más grande del mundo y que, a su vez, el 95% de las compañías que conforman esa lista son clientes de ellos. Había compañías de servicios financieros, bancarios, negocios”, expresó Moral y contó acerca de la evidencia que sí pudo rescatarse del fuego: “Muchas cajas se pudieron salvar. Hay una foto muy simbólica de uno de los bomberos rescatando una caja que tiene un rótulo frontal que dice ‘lavado de dinero’ y hay una que directamente dice ‘coimas’. Esa es la documentación que se pudo salvar”. Querellantes y juicio oral y público “Batallamos arduamente durante tres años para que reconocieran en carácter de querellantes a las familias. Las víctimas habían sido quitadas del proceso penal. Les habían quitado el rol de querellantes para que se evitara el conocimiento de la verdad material mediante una resolución que echó a los querellantes. La Cámara Nacional de Casación Penal les devolvió ese carácter. Después de estas pericias y consumados los procesamientos, el año que viene esperamos tener sorteado un tribunal oral que es el que va a intervenir en el juzgamiento de los imputados. A raíz de ese fallo de Casación, ahora llegaremos a juicio oral y público y lograremos las condenas de aquellos que tengan que ser condenados”, se esperanzó el abogado de las familias de las víctimas. La demora de ocho años Entre las maniobras dilatorias de las defensas, los “errores” de la Agencia Gubernamental de Control y el tiempo que llevó reconstruir la documentación, pasaron ocho años sin que los responsables del incendio puedan ser juzgados: “Demoró dos años solamente reconstruir la documentación. Lo que primero se perdió, extraordinariamente, es el expediente de habilitación. De acuerdo a la ley, esta empresa tiene lo que se llama criticidad. No es lo mismo habilitar una empresa que tiene acopio de papeles que un kioskito porque requiere mucho más papelerío. La habilitación se produjo con mucha celeridad. Para los investigadores se dio producto de un acuerdo espurio porque de ninguna manera se podría haber habilitado ese lugar y en esa zona. Dos años se tardaron en tratar de conseguir esos papeles que habían sido desaparecidos justamente por el organismo que procuraba tenerlos, la Agencia Gubernamental de Control. Una vez que se hizo la reconstrucción de la documentación y se hizo la visita ocular, a la que nosotros como querellantes fuimos, quedó claro que había que citar a indagatoria a los acusados. Había cables colgados por todas partes. La demora también fue generada mediante chicanas, apelaciones y planteos que tuvimos que apelar para que la causa no prescribiera”.   Incendio ordenado Además de las evidencias encontradas en la investigación y las 23 personas indicadas como responsables de haber provocado el incendio, el abogado apuntó a una persona más: “De menor jerarquía, pero vital: el vigilador, que no declaró. No explicó por qué ocho veces desoyó una alerta temprano y permitió una ventana temporal de casi una hora en la que el fuego se expandió.

La estadística aportada por la Dra. Carina Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), aparece como una nueva prueba de la efectividad de la vacunación, ya que el porcentaje de personas no vacunadas a nivel nacional es bajo, pero aun así ese porcentaje comprende el 52% de las internaciones graves. Balasini participó del programa radial Oíd Mortales. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Cristina Varela/Luis Angió     ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: SportelliA La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa la situación de las terapias intensivas y también las condiciones en las que trabajan los y las profesionales de la salud. La doctora Carina Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), habló del rol de esta área: “La terapia intensiva se dio a conocer hace dos años. Creo que hasta ese momento gran parte de la sociedad no sabía lo que era. Y no sabía que existían profesionales de la terapia intensiva. Hasta que apareció la pandemia y parece que ahí empezamos a ser relevantes. En 2009, cuando hubo otra pandemia (la de la gripe A H1N1), tuvimos un papel muy importante, porque también hubo pacientes gravísimos, que sus vidas fueron salvadas en la terapia intensiva”. Además, contó cuál es la situación actual de las terapias intensivas: “Ahora estamos cursando la tercera ola del Covid-19 y lo que vemos es menor cantidad de pacientes que durante la primera y segunda ola. Lo que pasa es que de a poco van entrando más pacientes y tienen una larga permanencia. Están en terapia intensiva 20 días, un mes, incluso hay pacientes que estuvieron cuatro meses internados. El tema es que se empiezan a ocupar las camas al aumentar los casos, pero no se desocupan rápidamente. Los pacientes van a seguir internados y las camas van a estar ocupadas. Ahora, nosotros hacemos una encuesta nacional, que se hace una vez por semana desde la SATI, y este relevamiento nos muestra que tenemos en este momento una ocupación de camas de terapia intensiva del 85% totales (es decir, no solo pacientes Covid). Y en las terapias intensivas pediátricas es del 64% totales. La ocupación de camas por covid es del 34% y en las pediátricas un 12%. Esta cifra se va elevando exponencialmente, porque en diciembre había muy pocos pacientes internados por Covid y con la variante Ómicron desde enero subió mucho. Entonces se reorganizaron los hospitales. Se redujeron aquellos pacientes que pueden esperar, para darle lugar a estos pacientes que estaban cada vez más complicados. Se pospusieron las cirugías programadas, no de todos los pacientes, pero sí de los no oncológicos, porque en esos casos el cáncer no espera. Entonces ellos no pueden retrasar esa cirugía. Y las cirugías de emergencia también se hacen. Pero las cirugías programadas, por ejemplo las de pacientes con operación de vesícula que quizá pueden esperar un mes o dos, eso se retrasa y entonces esas camas van a ser ocupadas para que aquellos pacientes Covid tengan el lugar y puedan ser atendidos. Todo esto hasta que volvamos a bajar la cantidad de pacientes Covid y volvamos a tener más pacientes no Covid”. —¿Cuál es el número de personas vacunadas y no vacunadas en terapia intensiva?  —En el relevamiento de la semana pasada había un 52% no vacunados, o con vacunación incompleta, y un 48% con vacunación completa. Llamamos vacunación completa, por la definición del Ministerio de Salud, a pacientes con tres dosis, o con dos dosis que hayan sido aplicadas, al menos, en menos de cinco meses. Lo que pasa es que hay muchísimos pacientes con vacunación completa. Entonces, la mitad van a ocupar las camas de terapia intensiva. Pero en el país son una minoría las personas con vacunación incompleta, y la mitad están ocupando las camas de terapia intensiva. Entonces, lo bueno sería que se vacunen para ocupar la menor cantidad de camas y que los pacientes más vulnerables puedan tener camas. ¿Es lo mismo estar vacunado o no? No, no es lo mismo. Los pacientes vacunados cursan una internación de menor gravedad, asintomáticas, o con síntomas leves. Lo que juega un papel fundamental son las características del paciente, las comorbilidades. Los pacientes añosos, diabéticos, oncológicos,  cuando están en terapia intensiva si no están vacunados obviamente les va peor. Y si están vacunados, también son pacientes graves y que hay que cuidar. Pero esa es a la primera población a la que apunta la campaña de vacunación. —Hablamos de camas de terapia intensiva, ¿de hospitales públicos o también del sector privado? —Es una mezcla. Del último registro de terapias intensivas, 55 eran privadas y 45 públicas. La Sociedad manda un link y las unidades que pueden contestar, contestan. Siempre son arriba de 100, y nuestros datos son muy importantes. Porque hablamos de cosas que no suele hablar la gente. Por ejemplo, esta semana preguntamos el estado de vacunación y de mortalidad. Preguntamos cuántos pacientes habían fallecido en los últimos 15 días. Y habían fallecido 327 pacientes. Nosotros analizamos esos números, porque a veces escuchas un número y no sabes qué contiene. Ese número pensamos que podían ser pacientes grandes. Y no, la media de pacientes fallecidos nos dio 54 años. O sea que son pacientes jóvenes, de mediana edad. El 60% masculinos, el 91% tenía comorbilidades. O sea, enfermedades previas, que eso es lo que decimos que pesa. Y aún cuando están vacunados, tener los antecedentes de cáncer o de inmunodepresión, ara la gente que no tiene buenas defensas, eso influye de sobremanera para el diagnóstico. Teníamos un 63% que tenía vacunación incompleta o nula, y el 85% presentaba distrés respiratorio, que es un compromiso pulmonar muy importante que hace que oxigene poco la sangre.