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Se trata de una de las cadenas de kioscos más importantes de la Ciudad y el Conurbano, que despidió a 150 trabajadores/as que estaban en condiciones de contratación precaria. Esta decisión viola el decreto 329/2020 que prohíbe despidos por 60 días, y la patronal de OPEN 25 suma así más irregularidades a su historial. Hablamos con Alejo Caivano, abogado laboralista y representante de varios empleados y empleadas de la cadena. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Andrés Masotto✏ Redacción: Andrés Masotto💻 Edición: Rosaura Barletta El abogado se refirió, primero, a las condiciones de precariedad previas a la pandemia: “Si hoy hubiera una competencia de condiciones de hiper-explotación entre empresas que emplean a más de 3.000 laburantes en CABA y AMBA, la cadena OPEN 25 entraría en el podio con un probable primer lugar. Sus laburantes tienen un régimen que es bastante parecido al feudalismo: laburan doce horas de lunes a domingo y cuentan con un solo franco semanal. El total de las horas semanales que deben trabajar es de setenta y dos horas semanales. La jornada legal actual para el gremio de comercio (el que corresponde a la actividad) es de cuarenta y ocho horas semanales. En total hacen veinticuatro horas extras por semana, siempre en dos turnos, de siete a diecinueve horas y de diecinueve a siete”, enumeró Caivano. Y sentenció: “Si falta el reemplazo, deben quedarse hasta que los supervisores consigan algún otro. Si no consiguen, deben quedarse hasta completar el turno, laburando al menos veinticuatro horas”.Las lamentables condiciones laborales que pesan sobre los contratados por Juan Manuel y Jorge Damiani no terminan ahí. Muchas empresas vieron en la pandemia la oportunidad para profundizar la violencia contra sus empleados y empleadas, y los hermanos Damiani no fueron la excepción. “Alguien distraído pensaría que ganan fortunas de esa forma, trabajando todas esas horas: ganan $25.000 de los que tienen recibos de sueldo por menos de la mitad. Todo se los pagan en efectivo. En épocas de pandemia los están obligando a trabajar todo el tiempo o a permanecer en los locales cerrados ‘cuidando la mercadería’, sin ningún elemento de seguridad”.“Las condiciones de trabajo que se dan en esta cadena son lamentables incluso para nuestro mercado laboral. Me han informado todo tipo de manifestaciones xenófobas por parte de supervisores de esta empresa quienes vulneran a diario los derechos de los trabajadores de esta empresa. Estamos hablando de una expropiación por parte de los empresarios, cotidiana e ilegal. Los trabajadores tienen miedo porque los amenazan constantemente”, expresó Caivano.Sobre los recientes despidos, el abogado, que lleva adelante varias causas contra la cadena, detalló: “Ahora despidieron a 150, algunos que no habían cumplido los tres meses de prueba. De esa forma se ahorran aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales. ¿Alguna duda de quién va a pagar la crisis del sector? Es importante destacar que los locales están abiertos actualmente. A muchos que les ofrecen mantener el trabajo les piden que renuncien a las empresas que los contratan y les dicen que otras empresas los tomarán en otros locales, todos de la misma cadena, pero registrados por sociedades distintas para evadir responsabilidad”. ¿Y el Estado? Alberto Fernández firmó el 31 de marzo el decreto 329/2020, con Techint como caso insignia, que amenazaba con despedir a 1450 trabajadores/as. Se estableció entonces la prohibición de despidos por 60 días. A pesar del decreto, las personas despedidas, cesanteadas y suspendidas ya son 300 mil, dentro de los que se encuentra el grupo de Techint, cuyo accionar fue oficialmente convalidado por el Ministerio de Trabajo. Y esas 300 mil son solo las registradas.“Había una expectativa importante en diciembre pasado con la elección de las autoridades del ministerio de Trabajo respecto de que esta empresa tenga alguna fiscalización por parte del Estado. No se concretó cambio alguno. Lo mismo que con el cambio presidencial anterior. OPEN 25 goza del visto bueno del Ministerio y del Sindicato de Comercio: el Estado en su conjunto está unido para que estos laburantes estén en condiciones de explotación precapitalistas en comercios que están a metros de la Casa Rosada”, planteó el abogado. Y agregó: “Hace dos días la CGT y la UIA firmaron con el aval del propio Ministerio de Trabajo un acta acuerdo que recomienda reducir los salarios de los trabajadores para ‘solventar’ la pandemia. ¿Harán lo mismo para que los empresarios compartan sus ganancias cuando pase esto?”, interpeló. No quieren que se hable de ellos“El año pasado junto a un grupo de abogados denunciamos esta situación y la empresa me envió carta documento para que no realice denuncias públicas sobre las condiciones de esta empresa, amenazándome con acciones penales y civiles”, finalizó.

Berni camina, presuroso. Cae la tarde en Quilmes, está fresco y luce una campera oscura, que le abriga el pecho y parte del cuello. Se para frente a los trabajadores que horas antes fueron reprimidos por la policía. Intenta explicar, habla de desinteligencias, y recibe los reclamos. Hacia la noche, y sin el conflicto resuelto, los cruces aparecerán en las redes sociales. El Ministro de Seguridad bonaerense dirá que él no ordenó el accionar policial. El Gobernador Kicillof tampoco se hará cargo. Y la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, repudiará lo sucedido por Twitter. Nadie fue. Mientras, dos efectivos de la Bonaerense son desafectados. La represión en las puertas del frigorífico quilmeño Penta, que finalizó con heridos graves, no es excepción sino regla de una cuarentena que puso en relieve las miserias de los empresarios y las relaciones carnales entre patronal, poder político y burocracia sindical. Pero también evidenció otro factor real: la enorme organización de base de los y las trabajadoras vernáculas, resistencia heredada de la dictadura y los peores años de neoliberalismo democrático. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Colaboración: Luis Angió- Nicolás Rosales- Matías Bregante- Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Agustina Salinas- Colectivo de Trabajadores de Comercio en Lucha Les monotributistes: el ciudadano invisible “El espacio de Monotributistas Organizadxs surge a finales de 2019, en el medio de la lucha de prestadores de salud que trabajan para las Obras Sociales, junto a estatales precarizados, luego nos sumamos nosotros”. Quien habla es Rodolfo Fucile, dibujante e ilustrador independiente, y con el nosotros se refiere a aquellos trabajadores y trabajadoras que son autónomos y, al igual que los y las laburantes estatales que tienen contrato de locación de servicio anual y los y las profesionales que facturan para Prepagas y Obras Sociales, pagan mes a mes el Monotributo al Estado. Fucile, desde un audio acorde a los tiempos de aislamiento, también recuerda que el aumento del 50 por ciento de principios de 2020, disposición heredada por el macrismo pero ratificada por el gobierno de Alberto Fernández, hirió gravemente, generando una organización antes impensada, que visibilizó el padecimiento de este grupo de trabajadores y trabajadoras. La cuarentena los y las encontró, entonces, en pleno proceso de lucha. “Nuestra organización es horizontal. No hay jerarquías. Veníamos haciendo asambleas, pero el aislamiento modificó sustancialmente nuestra dinámica”, prosigue Rodolfo. “Tenemos grupos en redes sociales, allí nos comunicamos y tomamos decisiones. Lo que se hizo visible con el Coronavirus es la enorme precarización que tenemos muchos trabajadores y trabajadoras”, completa. El colectivo de Monotributistas Organizadxs logró realizar un petitorio virtual masivo, donde recolectó 130 mil firmas. “Nuestro pedido era claro, no pagar el Monotributo, un subsidio de 30 mil pesos para el que lo necesite y que se garantice la cobertura de salud”. Por la presión ejercida por los y las trabajadoras, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos por mes, suma que para Fucile es insuficiente. “No cubrió la situación del sector. Lo real es que no solo no se cubre nada con ese dinero sino que millones de monotributistas quedaron afuera. Se nos excluyó a muchos que hoy no tenemos trabajo con requisitos absurdos y prejuiciosos. Deberemos insistir con el reclamo, entonces. Y, en lo posible, volver a las asambleas y las movilizaciones”. En el mismo universo monotributista se encuentran, como se menciona en el párrafo anterior, los y las profesionales que prestan sus servicios a las Obras Sociales y Prepagas. Javier Cirigliano, psicólogo que trabaja fundamentalmente en el área de discapacidad, es uno de ellos. “Hasta el 2017, aproximadamente, el conflicto giraba casi siempre por la metodología de contratación. Es decir, las Obras Sociales nos contrataban, se quedaban con un porcentaje y nosotros, además, debíamos pagar el Monotributo”, describe. “Pero en 2017 comienza a haber una brecha salarial entre ciertos sectores dentro de las Obras Sociales, diferencias entre transportistas y profesionales, que produjo un germen de organización de los profesionales independientes”, continúa. “Estuvo bueno, fue desde abajo, y surge el colectivo de Prestadores Organizados. En 2018 comenzamos a interactuar con otras organizaciones por el recorte fuerte en discapacidad”, cierra. Javier cuenta, entre los actores de lucha, a las familias de niños y niñas discapacitadas. “Las familias se sumaron. Con ellos nos pudimos organizar bien, con algunas marchas, frente al Congreso, por ejemplo”. Durante la cuarentena la Superintendencia de Servicios de Salud, ente a cargo de Eugenio Zanarini y que regula a Obras Sociales y Prepagas, publicó la resolución 308, donde se recortaba a la mitad el pago de prestaciones para personas con discapacidad. La reacción fue inmediata, y la organización previa se constituyó en un factor clave para enfrentar el ajuste. “Llegamos fuertemente a los medios, y eso produjo que se decida dar vuelta esa resolución, aunque aún no lo hicieron efectivo. Pero la promesa está, y eso es gracias a lo que se hizo”, concluye Javier Cirigliano, describiendo la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de garantizar la totalidad de la cobertura aunque manifestando el estar alerta hasta que no se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia correspondiente. Sin lugar para el aplauso: les empleades de comercio “En Carrefour ya hay tres casos confirmados de Coronavirus y en Coto, dos. Pero no los blanquean, cierran el local diciendo que hay tareas de desinfección, ocultando la verdad, poniendo en riesgo a los y las trabajadoras y no cortando la cadena de contagios”. Quien habla es un trabajador organizado bajo el colectivo “Trabajadores de Comercio en Lucha”, espacio de resistencia colectivo que nació a partir del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros empezamos a evaluar la necesidad de crear esto a partir del descontento generalizado por las medidas de las empresas de supermercados ante el Coronavirus. No nos cuidan, nos abandonan y, por otro lado, nuestro gremio, con Armando Cavallieri a la cabeza, no nos representa de ningún modo, negociando siempre con la patronal”. Las palabras del trabajador de comercio, que se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, reflejan una realidad que

Betania Álvarez Aráoz nos invita a reflexionar acerca de las personas que, en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19, tienen que salir a trabajar. En muchos casos, para facilitar que otros y otras puedan quedarse a resguardo en sus casas. (Por La Retaguardia) ✏ Texto: Betania Álvarez Aráoz  💻 Edición: Pedro Ramírez Otero La cuarentena obligatoria sembró el miedo en las calles, en especial en quienes se ven obligados a romper el aislamiento para ir a trabajar. Por un lado, están los empleados y empleadas de la salud, comerciantes o integrantes de algún otro eslabón del rubro productivo, totalmente amparados por el Decreto firmado por presidencia. Pero otra es la realidad de las y los trabajadores informales o de los deliverys, quienes paradójicamente se encargan de preparar, llevar y traer pedidos a las personas que le temen al afuera, que sí se pueden quedar en casa.La precarización laboral es uno de los síntomas que ha aflorado con la propagación del COVID-19 en Argentina, no porque haya surgido ahora, sino que el coronavirus y sus medidas de reclusión estricta fueron un chispazo de luz en la cueva de la informalidad. Nunca hubo interés de parte de los gobiernos en ponerle fin a estas prácticas laborales inhumanas que para muchos/as son la clave de su enriquecimiento. La pandemia laboral abarca desde monotributistas hasta trabajadoras y trabajadores directamente no registrados.Matías, quien pidió ser rebautizado para evitar represalias, trabaja desde los 17 años frente a la terminal vieja de Mar del Plata. Hace 10 veranos que cocina, limpia y atiende al público en un local que lo mantiene “en negro”. Dice que con lo que gana le alcanza y que el jefe es bueno: “Como soy separado y tengo una nena, cuando cobro voy al mayorista y hago una compra grande para que dure, este mes se le sumó lo de la escuela. Ahora, no sé qué va a pasar”.El local que atiende Matías hace días que está vació, con el estallido de la pandemia no hubo turistas, ni locales que se acercaran a comprar. A él la situación lo preocupa, tanto que sale a la vereda a intentar convencer a las pocas personas curiosas que miran las exhibidoras repletas de comida. “El jefe me dijo que por lo pronto sólo termináramos el stock, que se suspendían los pedidos a los proveedores. Y que cuando se acabe lo que tenemos veremos cómo seguir”. Desde la vereda, Matías dice que cree que va estar todo bien, porque hace años que trabaja ahí. “Espero”. Preso por trabajar Pero, ¿qué pasa cuando trabajar también obliga a circular? Ese es el caso de quienes trabajan para  aplicaciones de delivery como Rappi, PedidosYa y Glovo. Arriba de una bicicleta y con un cubo de color naranja, amarillo o rojo colgado a los hombros, recorren las ciudades llevando comida y medicamentos a otras personas que no quieren romper su aislamiento. En su mayoría son monotributistas de la categoría mínima, aunque otro tanto son trabajadores/as informales que buscan atajos ya que emigraron desde otros lados del mundo y se suman a la tarea de los mandados para sobrevivir hasta contar con la documentación necesaria que les permita buscar un “empleo digno”.Un video viral prendió la alerta. En plena cuarentena obligatoria uno de ellos fue parado por la Policía de la Ciudad que patrullaba el barrio de Villa Crespo. Lo hicieron bajar de la bicicleta a la fuerza, le rompieron la mochila de trabajo, lo maltrataron y se lo llevaron detenido. Frente a la mirada de los vecinos, el trabajador de Rappi gritaba sin consuelo: “Tengo que seguir laburando. No me pueden hacer esto”.“Tengo acá el barbijo y los guantes”, fue la última suplica que pronunció el trabajador. Quería convencer a los uniformados que cumplía con las medidas sanitarias para prevenir y cuidar a los otros del coronavirus, pero nada sirvió a la hora de convencer a las fuerzas que hoy dominan la calles.

Lo dijo la agente de tránsito Verónica Báez en el programa Otras voces, Otras propuestas de Radio La Retaguardia, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Báez denunció las pésimas condiciones laborales en las que llevan a cabo diariamente sus actividades, atravesadas por la violencia de género y la inseguridad del tránsito de la Ciudad. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista 👉 Luis Angió✍ Redacción 👉 Luis Angió/Nicolás Rosales💻 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero📷 Foto de Portada 👉 Luis Angió —La Retaguardia: Además de las condiciones deplorables en las que trabajan todos los días las y los agentes de tránsito, ¿cómo se trabaja siendo mujer? —Verónica Báez: La precarización es maltrato, más allá del género, la forma de contratación está vinculada al maltrato. Con lo que respecta a lo femenino, se echó a compañeras lactantes y embarazadas. Otro ejemplo es estar en un punto remoto y no tener acceso al baño cuando estás en los días femeninos, cuando estás indispuesta. Que haya abusos en horario laboral ya que antes del accidente y después del accidente se sigue al servicio con mujeres solas que de repente en un punto remoto, como puede ser Pampa y Virrey Vértiz, Pampa y la vía, hay una compañera sola. Entonces, esto es lo que lleva a que nosotros consideremos que para las mujeres es un poco más siniestro este trabajo. Ni hablar de que las primeras que alzaron la voz están despedidas, como es el caso de Natalia Jaurena.Hace poco salió el alerta como un aspecto bueno del gobierno el de contratar a mujeres, que la mayoría de las agentes de tránsito son mujeres, pero no es algo progresista. Es algo que se utiliza para el maltrato, la precarización de una mujer. Una jefa de hogar es mucho más difícil que renuncie, es mucho más fácil que acepte líneas de trabajo en los que se refiere al tránsito. A vos te dicen que tenés que estar parada en un lugar a cualquier hora, si sos jefa de hogar usan esa forma de contratación para apretarte, para que no salgas a reclamar lo que te corresponde. Una mujer que sostiene un hogar difícilmente se queje de la misma manera que otros. —LR: ¿Cómo son la condiciones de seguridad con las que trabajan? —VB: Suele pasar que las compañeras tienen que estar lidiando con gente con cuchillos. Cuando las labores en tránsito son otras, hay otras labores en el rol de seguridad. Un rol de seguridad que lo implementa una mujer que te guía por donde ir o qué hacer, una mujer también tiene un precio alto en lo que es la violencia de cualquier persona. Antes era mucho peor. Hubo ciertos cambios sociales que hacen que hoy en día sea un poco menos, no era lo mismo hace once años que una mujer haga una multa o te diga por dónde ir. Pero sigue siendo una tarea dificultosa y atravesada por el género. La violencia viene del Estado. El primer ente que nos violenta es el Estado, representado por tu jefe, por distintas directivas. No olvidemos que Leandro Ricciardi, el que hoy en día es Director, fue el encargado del operativo de Cinthia (Choque) y de Santiago (Siciliano), chicos que estaban parados ahí (en Libertador y Tagle) que en teoría tenían que hacer alcoholemia y no lo podían hacer porque no tenían  los aparatos y no estaba el móvil plateado. Son cuestiones todas pequeñas que se vinculan ejerciendo esa violencia. El tema principal de acá a un tiempo va a ser esta orden de privatización del espacio público, con todo esto que va a pasar con lo de los parquímetros. ¿Quién recibe esta violencia que se les está dando a los ciudadanos, privatizando el espacio público? Es una violencia. Son pequeñas cuestiones, incluso en lo laboral una compañera que se manifiesta va a recibir mucho más las consecuencias. Una de la consecuencias que se está dando en este momento es que se le redujo el horario de descanso a las y los agentes de tránsito. En vez de ampliar derechos, se están reduciendo, se está atrasando un montón. Lo mismo el tiempo que se necesita para las mujeres que estamos en la calle para ir al baño. En media hora no se hace nada, para comer y todas esas cosas. —LR: ¿Cómo se están agrupando? —VB: Gremialmente decidimos agruparnos en la Central de Trabajadores del Estado (ATE). Hay un gremio que es SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires), que en estos años no hizo mucho para estar en estas cuestiones. Cuando pasó la tragedia, el asesinato de Cinthia y Santiago, decidimos organizarnos y no ser más cómplices de todas estas cuestiones políticas y económicas del Estado, de la Ciudad. SUTECBA, por ejemplo, no dijo nada por el tema de la quita del tiempo de descanso. ATE está peleando para la reincorporación de nuestros compañeros, porque fueron desvinculados más de 100 compañeras y compañeros; 80 a fin de año y a lo largo del año 160. Rodríguez Larreta no hace lo que la justicia le está ordenando. Está desoyendo, incumpliendo una medida cautelar que era la que no se podía desvincular a los agentes de tránsito. Gracias a todo el equipo de ATE y de (el abogado) Matías Cremonte se está luchando para que no hagan más oídos sordos. —LR: ¿Los elementos de trabajo que les proveen, garantizan la seguridad de los y las agentes? —VB: Hubo una aparente mejora pero no es real. Inclusive hace unas semanas fue atropellada una compañera en la base Núñez. Todavía no tenían los chalecos refractarios. Los zapatos de la mayoría de nuestras compañeras y compañeros no tienen puntera de acero, y no nos entregaron. Todavía se sale sin bastones luminosos. Todavía a las capas de lluvia les sigue pasando agua. Somos personas los agentes de tránsito, que estamos bajo el sol, la lluvia y no hay prevención. En un alerta naranja, una nueva disposición, parece ser que es un pecado salir con

Lucía Finocchietto y Eugenia Azurmendi, trabajadoras del programa Capacitación Situada del Gobierno de la Ciudad, visitaron Radio La Retaguardia en el programa Mis hijos están con el padre. Contaron la situación laboral de quienes trabajan en estas capacitaciones para docentes en las escuelas públicas, principalmente de primaria, con irregularidades que afectan aproximadamente a 400 personas. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Silvio Florio/Braulio Domínguez✍ Redacción 👉 Braulio Domínguez💻 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero Eugenia Azurmendi, quien está hace tres años trabajando en Capacitación Situada, nos explica la situación actual del programa: “Este año se da la profundización de la precarización. ¿Cómo implementa este plan la gestión del Gobierno de la Ciudad? Con contratos de locación de obra. Quienes venían trabajando desde antes, lo hacían bajo la forma de horas cátedra, que es el tipo de trabajo que ampara la realidad docente. El de locación del obra es como si un empresario firmara un contrato con el Estado, que es nuestro caso, que tenemos que ser monotributistas, facturar, y cobrar una vez terminado nuestro trabajo; como si estuviésemos construyendo un edificio o un puente”. Y denuncia que “Estos contratos no amparan la relación de dependencia en principio y además el Estado puede revocarlos en cualquier momento. No corre la antigüedad, no nos cubre la ART, no tenemos el aguinaldo, que son todos derechos estatutarios. Toda esta realidad venía de los años anteriores, pero este año se complicó aún más”.La docente Lucía Finocchietto nos aclara al respecto: “Dos personas que hacen el mismo trabajo deberían cobrar lo mismo. Dada esta precarización de los contratos que hay al interior de Escuela de Maestros, algunos de los compañeros tienen horas cátedra y otros compañeros –la mayoría– tienen contrato de locación de obra. Esto hace que por el mismo trabajo hay gente a la que le pagan 10 y hay gente a la que le pagan 18. Estamos trabajando en condiciones completamente injustas y raras”.La incertidumbre había empezado a fin de 2019, pero luego había mermado, tal como nos cuenta Eugenia: “A fin de año pensábamos que el plan se terminaba, pero nos anuncian que la Ciudad de Buenos Aires decide continuar y renovar su plan por cuatro años más. ¿Por qué? Porque realmente había sido muy bien recibida la capacitación entre los docentes. Nosotros lo sentimos así”.Sobre los distintos tipos de capacitaciones que llegan a las escuelas es pertinente la observación de Lucía: “Hay capacitaciones que recibimos los docentes de gente que viene y no conoce una escuela porque hace mucho, mucho, mucho tiempo que no va a una y de repente nosotras, que trabajamos de maestras, transitando la realidad cotidiana de las escuelas, tenemos otro conocimiento  de lo que pasa en el aula”. Azurmendi nos da algunos detalles sobre la vuelta al cole versión Gobierno de la Ciudad: “Cuando arrancó el año y volvimos en febrero a comenzar con estas capacitaciones masivas, empezaron a llegar contratos de dos meses a algunos, de tres meses a otros, de un mes a algunos compañeros, a otros de un año, sin firmar. Son propuestas de contrato, que llegan electrónicamente, nada de ver una cara. Todo es un click. Y con contratos de $10.000, cuando nos habían anunciado en diciembre que los contratos iban a ser de $15.000, equiparando el valor de la hora cátedra de nuestros compañeros. Incluso nos ofrecen menos que el año pasado”.Finocchietto da detalles de los reclamos formales presentados hasta el momento y en qué relación contractual se encuentran: “En Escuela de Maestros hay una autoridad, actualmente está Oscar Ghillione. Obviamente se hicieron numerosas cartas pidiéndole que tengamos una reunión para que nos explique lo que estaba pasando, porque estos contratos, que son muy precarios y muy malos, tampoco están llegando. Nosotras ya comenzamos a trabajar pero no tenemos contrato. Nuestra relación con el Gobierno de la Ciudad hoy sería como una relación de fe. Uno apuesta a que ahí hay una relación laboral. No sé cómo lo tomaría un abogado esto, porque papel firmado no hay ninguno. Pero nosotras ya empezamos a cumplir nuestra tarea. Esto también fue arduo de resolver en asamblea”. Y denuncia: “Empezamos a principios de febrero, con trámites a distancia, que primero te piden una cosa y después te piden otra, y ya la mandaste, no la encuentran, te mandan un mail. Llamás por teléfono y da ocupado, hasta que te atiende alguien y te dice ‘Sí, llegó, pero no llegó’ o ‘Sí, el contrato va a estar la semana que viene’. Hace un montón de tiempo que la semana que viene va a haber un contrato. El director, Oscar Ghillione, siempre se comunica por intermedio de los coordinadores de cada equipo, que son coordinadores pedagógicos, no son nuestros jefes. Además están tan precarizados como nosotros. Es una relación medio perversa esa de usar al coordinador pedagógico para que te venga a transmitir las pésimas o nulas noticias que hay. Están demostrando una gran inoperancia, pocas ganas de resolver el conflicto y mucha capacidad para inventar otros que no existían. Pedimos reuniones por mesa de entrada, con cartas que se firman y demás, pero no se enteraron mucho”. También agrega: “Cuando teníamos que empezar a ir a las escuelas para hacer la capacitación situada dijimos ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Porque es medio raro ir a trabajar sin contrato. Solo algunos tenían. Fue toda una discusión. Al final resolvimos que nos presentábamos, pero para comentar nuestra situación con las docentes de estas escuelas”. Eugenia explica cuál fue la reacción de sus autoridades cuando observaron que no iban a quedarse de brazos cruzados trabajando sin contrato: “Los días anteriores, viendo que estábamos pensando vías para reclamar, fuimos amenazados con que con un click no se iban a dar de alta los contratos. Fuimos advertidos de que íbamos a ser reemplazados por trabajadores de otros equipos”.La violencia va mucho más allá de dejar a centenas de personas sin trabajo o precarizadas. Sobre este tema Lucía reflexiona: “Junto con esa incertidumbre laboral, hay una gran desvalorización al trabajo, porque lo que

Carlos Stasiuk, trabajador despedido de Cresta Roja, describe con claridad el conflicto iniciado en 2015, que derivó en una nueva represión el viernes pasado, en Esteban Echeverría. Crónica de una situación desesperante, que necesita una urgente solución.  (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Rodrigo Ferreiro 💻 Edición 👉 Fernando Tebele 💻 Producción 👉 Nicolás Rosales y Natacha Bianchi 📷 Foto 👉 Agustina Salinas El de Cresta Roja parece un conflicto interminable. Comenzó antes de que asumiera Mauricio Macri, pero su gobierno empeoró la situación y el gobierno actual no ha conseguido normalizar la situación. Los trabajadores volvieron a sufrir el embate de las fuerzas represivas el viernes pasado. Uno de los trabajadores despedidos, Carlos Stasiuk, dialogó con La Retaguardia. —La Retaguardia: ¿Querés comentarnos un poco sobre la genealogía del conflicto en Cresta Roja? —Carlos Stasiuk: Esto comenzó en febrero de 2015 con una cesación de pagos por parte de la patronal. Entonces se hizo una asamblea para intentar cobrar en cuotas. Aceptamos esa condición, pero la situación se fue agravando, comenzaron a querer pagar el aguinaldo en cuotas también y más adelante se decidió despedir a algunos compañeros. Para el mes de diciembre de 2015, con el cambio de gobierno, la situación se hizo aún más difícil, la gestión macrista nos reprimió en Ezeiza, a fines de ese año (Todo el acuerdo es provisorio). Para abril de 2016 se reabre Cresta Roja luego de la quiebra, con la presencia de Macri y Vidal y la intervención estatal, y dicen que es una empresa que va a volver a producir como antes, cosa que no sucedió. De los 3300 que éramos en 2015 quedamos 2100 y pusieron a cargo de la empresa a Santiago Perea, un testaferro de un funcionario del gobierno de Cambiemos, que es sobrino de Amadeo Perea, diputado del PRO. Perea estuvo casi dos años explotando la empresa con el aval de la jueza Valeria Pérez Casado. En febrero de 2018 el operador macrista se va, y se pone a otro, que viene de la empresa Wade/Tres Arroyos, cuyo dueño es Joaquín de Grazia. Llegan con una nueva propuesta para reabrir la empresa, avalada por el Ministerio de Trabajo, que implicaba despedir nuevamente del personal, reducción salarial y el pago en 24 cuotas de la indemnización que nos debían desde 2015. Algunos compañeros aceptaron, pero cerca de 250 decidimos no hacerlo, y fuimos despedidos por la empresa. Hoy en día esa empresa sigue operando, con el mismo dueño y con una planta total de 1300 compañeros. Es decir, en 2015 éramos 3300, luego pasamos a 2100, y quedaron hoy 1300. Una reducción de más del 50%. Hoy, este operador no quiere tomar a nadie, ni a los despedidos ni a los cesanteados, que firmaron un acuerdo que venció en julio de 2019 y que reciben sólo 10 mil pesos por mes. Es una situación desesperante para cerca de 2000 familias y esperamos una pronta respuesta del gobierno actual, porque estamos reclamando volver a trabajar. —LR: ¿qué sucede a partir de diciembre de 2019 con el cambio de gobiernos nacional y provincial? —CS: Para el mes de diciembre de 2019, cuando recién había asumido el gobierno, nos reunimos con el equipo del ministro de trabajo, Claudio Moroni. Quedaron preocupados por la situación y dijeron que iban a hacer una presentación. A finales de diciembre nos reunimos con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, nos escuchó y dijo que iba a armar una mesa de diálogo con Fernando Gray, Intendente de Esteban Echeverría. Esa mesa jamás se hizo, ningún secretario nos llamó. El 2 enero nos volvimos a juntar con otro ministro, Daniel Arroyo, de Desarrollo Social. Nos comentó que la solución iba a tardar, pero nos prometió medicamentos y bolsones de mercadería que ayuden a las familias. Nunca llegaron. En este momento solo tenemos diálogo con el Secretario de gobierno de Esteban Echeverría, pero con nadie más. Pasaron dos meses de la promesa de Arroyo, y la paciencia se agota. Por eso mismo nos volvimos a juntar, hicimos una olla popular, una más, para juntar mercaderías de las diferentes organizaciones que apoyan, y que ayuda a la situación grave de las familias. Esto empezó temprano, cerca de las 8 de la mañana, y cuando fuimos a bloquear los portones, apareció el GAD (Grupo Apoyo Departamental) e Infantería de la Provincia de Buenos Aires. Cuando impedimos la salida de un camión, empezaron reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos. Había chicos, familias y fue una situación tensa. Estamos cansados de que nos repriman, venimos de un gobierno de Cambiemos que nos reprimió nueve veces, y ahora cambia el gobierno y nos vuelven a reprimir. Nos tratan como lo peor y lo que queremos es abrirnos al diálogo y llegar a una solución para volver a trabajar, porque las heladeras siguen vacías y la situación es desesperante. —LR: ¿Hubo alguna explicación del Estado ante esta represión? —CS: Bueno, cuando fueron detenidos un par de compañeros y fuimos a la comisaría para que los liberaran apareció gente del Ministerio de Trabajo a apoyar, trajeron su solidaridad, pero nosotros lo que queremos es volver a trabajar. Esperemos que lleguemos a un acuerdo lo antes posible.

Lo dijo Mónica Schlotthauer, quien hasta diciembre del año pasado era diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y en enero de este año regresó a su trabajo como empleada ferroviaria cumpliendo tareas de limpieza en la Estación de Once. Fue en conversación con Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero en Radio La Retaguardia. (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Diego Adur📝 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero Las bancas de Diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores no duran todo un mandato sino que las van rotando entre los compañeros y compañeras del partido. Sucede tanto como en las diputaciones nacionales como en las legislaturas provinciales. El FIT estipula un período de tiempo para una banca que será ocupada por una persona y cumplido ese lapso será reemplazada por otra del mismo partido. Así fue el caso de Mónica Schlotthauer, que una vez cumplida su función como diputada nacional regresó a su trabajo como empleada de limpieza en la Estación Once del ferrocarril Sarmiento: “Ya había estado como legisladora provincial en 2016 y en abril de 2019 asumí en Nación. Reemplacé a la diputada Nathalia González Seligra. Me tocaría volver a ser diputada en marzo del 2021 para reemplazar a Nicolás Del Caño”, contó Schlotthauer y narró su experiencia en la Cámara Baja del Congreso Nacional: “Tengo muchos años de militancia. Toda la lucha de todos los compañeros de la izquierda socialista, del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, está ahí. Es lo que logramos. Son 3 bancas obreras en un Parlamento donde peleamos con toda la fuerza política que viene gobernando hace años. Eso trae mucha responsabilidad. Por otra parte, está la alegría. La Izquierda está hace años en el Congreso, la clase obrera llegó ahí con sus organizaciones a pelear por sus demandas. Si hubiésemos tenido más bancas obreras podríamos haber votado y evitado muchísimas cosas. Tener más fuerza en el Parlamento para frenar leyes, por ejemplo. Tenés que estar en el Parlamento, como trinchera, y después tenés que estar en la calle. Hay un saqueo que está organizado internacionalmente. No alcanza con los diputados que tenemos. De todos modos, sentimos una profunda responsabilidad. Dimos un montón de luchas. Es un espacio de pelea muy grande y participan personas que ostentan mucho poder, como ex ministros”, expresó la militante del FIT.Mónica explicó esta rotación que su partido realiza en las bancas durante el mandato: se refirió a la perpetuación en el poder de diferentes actores políticos y cómo eso trae aparejado condiciones con las que el FIT no concuerda: “Estamos acostumbrados a que los diputados y las diputadas al terminar su mandato queden dentro del círculo de la política. Estamos acostumbrados a eso porque la mayoría de los partidos hace eso. En la última elección se cambiaban la camiseta para mantenerse en el poder. La Izquierda está demostrando otra cosa. Volvemos a los gremios, volvemos a trabajar. No nos atornillamos a una banca sino que rotamos. Los que se quedan es porque en la política hay trepadores. Las multinacionales, las mineras, ponen plata para la campaña para que después voten todas sus leyes. Son diputados que terminan siendo títeres y hacen de eso una profesión. Para nosotros es un puesto de batalla para pelear contra lo que le está haciendo mal al país como la deuda externa, extranjerizar toda la industria, poner las tierras y las riquezas al servicio del saqueo. Hay políticos que son títeres de ese sistema. La Izquierda está demostrando otra cosa. Somos militantes obreros, sindicales y socialistas. Queremos la igualdad y vamos a pelearla en todos los ámbitos”, cerró la ex diputada nacional. DESCARGAR

Lo dijo Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial del Subte y el Premetro (Metrodelegados), en diálogo con Graciela Carballo y Nicolás Rosales del programa Tengo una Idea. Habló con claridad de cómo afecta a la salud de trabajadores , y también a las personas que viajan y circulan por la ciudad. Además, denunció que “el Estado no ha hecho nada para identificarlo”.(Por La Retaguardia)Foto: Revista Hamartia El asbesto afecta en mayor medida a los y las trabajadoras del subterráneo de Buenos Aires, en relación a esto el “metrodelegado” explicó las afecciones que produce y la situación actual de los trenes que tienen amianto: “Hasta ahora se hicieron 180 estudios, de trabajadores de dos talleres, de la línea B, el Urquiza y Rancagua. Sobre estos estudios, hay trece trabajadores que padecen una patología producida por el amianto, que es el ensanchamiento de la pleura, o más conocido como placas pleurales, que por suerte no es una patología terminal, es por ahora benigna. No es ni asbestosis, que es una fibrosis de pulmón en la cual vos vas perdiendo capacidad pulmonar hasta que te morís, ni la otra patología que también es maligna que es el cáncer de pulmón. Los 180 fueron estudiados y auditados por los médicos y las art de la empresa. Falta un número grande de trabajadores que tienen que pasar por estos estudios, ya que somos 1200 trabajadores, y ver si ya han producido una patología. También hay que recordar que las patologías de amianto tienen un período de latencia de diez a quince años y seguramente la cifra va a seguir incrementándose”.Las denuncias sobre este tema llevan un tiempo, y para garantizar la salud de los trabajadores Pianelli remarcó que “después de un periodo de negación de la empresa accedieron a hacer los muestreos de las piezas (de los vagones del subte). Nosotros ya teníamos las certezas que tenían amianto porque habíamos mandado por nuestra cuenta a hacerlos estudiar. Así reconocieron que la flota Mitsubishi, que está desde 1994 (los trenes rojos de la línea B que tenían asientos de pana y que después los pintaron de amarillo), tenía amianto, que no había solamente en los trenes llegados de España, que aparte los compraron en una época que estaban prohibidos, y todavía queda por reconocer, que estamos esperando las pruebas que hace ya quince días empezaron, los trenes que funcionan en las líneas E y D”. Pianelli reconoció que la tarea que se debe hacer no es sencilla. “Sacar el amianto del subte no va ser un tema de un día para otro. Se montó en el taller Rancagua (de la línea B) lo que se llama una burbuja donde los trenes ingresan y la empresa está sacando una parte del amianto para que podamos seguir haciéndole mantenimiento. El amianto de todos esos trenes no se puede sacar, porque sale más caro que comprar nuevos. Entonces sabemos, que durante tres o cuatro años vamos a seguir teniendo vagones con amianto. La gran controversia que tenemos hoy con Sbase y Metrovías es que todavía no sacaron los pliegos de licitación, y van a tardar más, entonces hicimos la medida de protesta la semana pasada exigiendo que este proceso se acorte”.Por último, tras ser consultado sobre el riesgo que sufrirían los y las usuarias del servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires Pianelli expresó: “hay que ser muy responsable con esto, el amianto está instalado en toda la ciudad y en toda la Argentina. Hay amianto en los hospitales, en  las escuelas, Hay también en otros edificios públicos y en muchos hogares. Si uno mide, hay amianto en el aire en la ciudad, por ende  todos estamos en riesgo. Porque hace veinte años que no se hace nada para sacar el amianto. Lo que a nosotros nos preocupa es que tiene que haber una política general de Estado, primero para informar a la gente de que se trata, a identificarlo, y saber si está contaminando. Trabajar con amianto, por supuesto, es un riesgo infinitamente mayor al que pueda tener un usuario o a una persona que anda por la calle en una ciudad que está contaminada”, sentenció.

Trabajadores de la Línea 60 de colectivos, reunidos en asamblea, decidieron realizar un paro de 24 horas desde el jueves 5, para manifestar el repudio a la “readecuación” de los servicios implementada por el grupo empresario DOTA, con el aval del Ministerio de Transporte. Denuncian que el recorte de ramales implica “un aumento de los ritmos de trabajo, el recorte de descansos y el riesgo de pérdidas de puestos laborales”.  Además, convocaron a una movilización hacia la Secretaría de Trabajo en el marco de una audiencia con el sindicato (la UTA) y el grupo empresario DOTA. Compartimos un fotoinforme de la movilización. (Por Agustina Salinas para La Retaguardia)

Trabajadores despedidos de la Línea Roca, exigieron su reincorporación cortando las vías del tren a la altura de la Estación Darío y Maxi. Pidieron ser atendidos por personal jerárquico de la empresa y ante la falta de respuesta, mantuvieron la medida de lucha por más de 6 horas, paralizando el servicio de los cinco ramales de la empresa. Esta acción se dio en el marco de diferentes actividades que vienen realizando para pedir su reincorporación. Hace unos días levantaron molinetes y repartieron volantes en la Estación Constitución. No obtuvieron respuestas por lo que se mantienen en estado de alerta para próximas actividades. Compartimos un fotoinforme. (Por Agustina Salinas para La Retaguardia)