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Aumenta la presión política en Chile y Argentina para liberar a Facundo Jones Huala

Escrito por el noviembre 10, 2017



El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, contó su viaje con la vocera de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Soraya Maicoño, que se organizó con el objetivo de entregar a la presidenta Bachelet una carta escrita y firmada por Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, y finalmente terminó en reunión con el presidente de la Corte Suprema. El militante dialogó con Matías Bregante por Radio Zona Libre y La Retaguardia, en el programa Desde Afuera, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. En el programa La Retaguardia, Fernando Tebele y María Eugenia Otero dialogaron con Sonia Ivanoff, abogada del Lonko Facundo Jones Huala, que explicó la situación judicial del líder mapuche y los pasos a seguir. (Por La Retaguardia)

Foto: APDH La Matanza


“Nosotros veníamos con la intención de entregar la carta en mano a la autoridad que estuviera en el momento que llegáramos al Palacio de la Moneda. Por eso fuimos previamente a la embajada de Chile respetando el protocolo, hablamos con el embajador. Nos recibió, le entregamos una copia de la nota para Bachelet. Le dijimos que se la queríamos dar en mano, y él nos explicó que el lunes 6 la presidenta se fue a Vietnam pero nos prometió combinar para que nos recibiera Analía Uriarte, la Jefa de Gabinete, y Lorena Frías, la subsecretaria de Derechos Humanos. Vinimos con Soraya con esa expectativa, si no hubiéramos mandado la carta por vía diplomática. La idea era producir el hecho político para reunirnos a una hora determinada que habíamos decidido el martes 7 a las 9 de la mañana en el Palacio de la Moneda, explicó Pimentel. “Queríamos juntarnos ahí con hermanos y hermanas que se iban a solidarizar y con la prensa. Los medios hegemónicos y los medios alternativos. En la Casa de la Moneda nos dijeron que no había preparada ninguna audiencia. Hablamos con la secretaria de la Jefa de Gabinete y le dijimos que nuestra intención no era solo dejar la carta sino también charlar para contarles lo que estaba viviendo el pueblo argentino, que surge de esa reunión que tuvo Macri con Bachelet, de la actitud irresponsable de los mandatarios de pedir la extradición de Facundo Jones Huala, capturarlo, detenerlo. Después de esa detención ilegal se produce toda una situación de inestabilidad, de inseguridad y procesamientos. Lo más grave de todo, el crimen de los crímenes, fue el 1 de agosto con la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, señaló el militante de derechos humanos sobre el contexto en el que se produce el pedido de extradición. “Queríamos decir eso con mucho respeto a quienes nos recibieran. No fue así. Hoy insistimos por la mañana y ayer también fuimos a la Corte Suprema. Nos atendió bien la secretaria de la Corte y dijo que gestionaría una reunión con el presidente del organismo. La Corte liberó no hace más de diez días a todos los integrantes de la comunidad mapuche que estaban también encarcelados y procesados por la misma causa en la cual se solicita en este país al Lonko Facundo Jones Huala. No tuvimos suerte en el área política, porque lo que hicimos fue un mero trámite de correo, fuimos a la mesa de entradas, nos recibieron la nota, la firmaron y nos dirigimos a la Corte Suprema. Ahí si tuvimos una reunión de media hora con este señor, en la que escuchó una fundamentación filosófica de Soraya muy buena, que a él le sirvió porque entiende que los conflictos se solucionan dialogando”, destacó. Según Pimentel, el presidente de la Corte “se comprometió, al menos a hablar con la parte política para empujar espacios de diálogo. Los organismos de derechos humanos nos comprometimos a acompañar, si las comunidades originarias nos permitían, un poco como garantes de que estos procesos sean respetuosos, duraderos y que no sean rotos por ninguna de las partes, menos el Estado. Eso pasó en Argentina y provocó todo el desastre en la Pu Lof. El balance es positivo, porque el hecho político se produjo. Recién, Soraya cortó un reportaje que le hizo un periodista de El Mercurio, que vendría a ser Clarín o La Nación de Chile”.

En Buenos Aires

Sonia Ivanoff, por su parte, viajó a la CABA para participar de diferentes actividades, entre ellas una conferencia de prensa que se realizó el jueves en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La noche anterior, Ivanoff fijó los objetivos: “Nos permite amplificar un poco el contexto en que se dio la desaparición de Santiago y saber la verdad. Santiago estaba solidarizándose y el Lonko Facundo Jones Huala sigue detenido hace cuatro meses a la espera de un juicio de extradición que se va dilatando en el tiempo. Luego de los primeros treinta días de la detención, Santiago llegó a la Pu Lof y por un operativo represivo de Gendarmería que estuvo seis horas en el lugar, desapareció. Las circunstancias que rodean, hoy en particular la persecución con el pueblo mapuche, comenzó desde el año pasado y mucho tiempo atrás, es un contexto histórico que el Estado no resolvió. Lo único que hay hoy como respuesta es tener preso a su líder, reeditando un segundo juicio cuando el primero había sido declarado nulo. En este contexto histórico que vive hoy el pueblo mapuche no se resuelve el conflicto final que es el reconocimiento de su derecho territorial. Tanto el Estado argentino como chileno generaron sobre el territorio tradicionalmente ocupado desde la conquista y la colonización los mecanismos de invisibilizar, en Chile se les aplicó la ley antiterrorista. Se ha pretendido instalar desde los Estados a un enemigo interno”, denunció la abogada. “Existieron experiencias o causas judiciales que terminaron en operaciones o montajes políticos para seguir estigmatizando e invisibilizando el ejercicio territorial del pueblo mapuche y construir un enemigo que atenta contra los propios estados. La Corte en Chile hizo eso, fue un montaje en el que no se mostró una sola prueba contundente de lo que se decía. El caso de Facundo forma parte de un mismo montaje. Es un juicio que tiene que ver con defensas de derechos territoriales en el que todos fueron sobreseídos por falta de prueba y el único que falta juzgar es Facundo Jones Huala y ahí el querellante es la Gobernación de Rauco, donde hay tareas de inteligencia y espionaje ilegal para determinar la culpabilidad en un supuesto incendio de fundo y otros delitos que son los que se le adjudican a Facundo Jones Huala. Hay que recordar que el 27 de junio es detenido Facundo Jones Huala a pocas horas de que se reunieran la presidenta Bachelet y el presidente Macri“, explicó Ivanoff estableciendo un vínculo entre ambos hechos. “El ministerio de Seguridad planteó un plan sistemático de perseguir al mapuche, como dijo (Pablo) Noceti: ‘Sepan que los vamos a detener’. Esa fue la orden que dio el 31 de julio y el 1 de agosto entró a reprimir Gendarmería sin orden judicial y en este contexto desapareció Santiago Maldonado. El juicio de extradición es en parte administrativa, Facundo, por ser argentino, debería poder optar por ser juzgado aquí. La extradición puede ser apelada y que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación o, lo que pidieron los organismos en Chile, que la presidenta o quien esté a cargo del poder ejecutivo desestime el pedido de extradición ¿Por qué? Porque se entiende que detrás de la fachada de delitos comunes se esconden delitos políticos de persecución por motivos de raza, etnia, ideología política, que son las causales por las que debe negarse una extradición”, puntualizó sobre los aspectos técnicos.
Además, Ivanoff se refirió a un hecho destacado para la vida indígena: “Estoy een la Plaza del Congreso. Es un día muy importante para los pueblos originarios porque se logró la prórroga de la ley de la Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena. Es parte de la deuda que tiene el Estado para con los pueblos indígenas, que no entiende que son actores políticos de discusión y están en condiciones de debatir esta reparación histórica sobre los despojos territoriales al momento de la conformación del Estado”. La ley que prorroga la suspensión de los desalojos a cominidades por cuatro años debe se promulgada o vetada por el ejecutivo. Mientras tanto, crece la presión para liberar al Lonko.

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