Cine Teatro Urquiza: una demanda para evitar la reapertura

La empresa que busca demoler el Cine Teatro Urquiza denunció a la asamblea de vecinos por daños y perjuicios. Se trata del histórico edificio de Parque Patricios, defendido por los vecinosy vecinas por su fachada histórica y su aporte cultural al barrio. Luego de las primeras idas y vueltas judiciales, se acordó que la empresa Establecimiento Campana SA conservaría lo más posible la fachada y construiría -de acuerdo a la ley nacional- otro teatro. Sin embargo, ahora demandó a los vecinos y exige una indemnización de 400 mil pesos. Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, abogado de la asamblea, explicó el conflicto en el programa La Retaguardia en diálogo con Fernando Tebele. (Por La Retaguardia)

“Una asamblea de vecinos preocupados por la demolición del Cine Teatro Urquiza, en el año 2013 presentó una acción judicial. Se solicitaba el cumplimiento de una ley nacional que establece que una vez que se demuele una sala teatral se tiene que reemplazar por otra que tenga, al menos, el 90% de la cantidad de butacas de la sala teatral original. Además, se reclamaba que ese edificio merecía una protección patrimonial porque era icónico de la identidad del barrio de Parque Patricios. La Justicia terminó estableciendo que la cuestión de reemplazo de la sala teatral iba a ser resuelta una vez que el propietario Establecimiento Campana SA presentara los planos en el gobierno porque todavía no contaba con permiso de obra. Con relación a la cuestión patrimonial, luego de varios vaivenes se terminó con un acuerdo en el que Campana SA decidió reconocer algo bastante obvio: que iba a cumplir con la ley”, explicó. “Que iba a construir, en caso de demoler el edificio, una nueva sala teatral respetando la normativa. Además, reconocía cierto valor cultural y patrimonial del inmueble, por lo que el nuevo edificio iba a ser similar para proteger la imagen de la fachada del inmueble, algo que pretendía la Asamblea en defensa del Cine Teatro Urquiza”, agregó.
Según Baldiviezo, “con este acuerdo terminó cerrado el pleito, los vecinos se quedaron esperando cuál iba a ser el proyecto que se iba a presentar, que respetara la normativa vigente y, también, cómo se iba a realizar esta fachada del edificio que respetara lo más posible la fachada original. A un año casi de que se haya homologado ese acuerdo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la CIudad. Ese acuerdo establecía que tenía que haber un comportamiento de buena fe y colaborativo entre las partes, la empresa y los vecinos. A un año, nuevamente los vecinos recibieron una carta documento -que no es la primera- antes de cerrarse el proceso judicial. La empresa inició un proceso de demanda a través de una mediación prejudicial, justamente la instancia obligatoria que establece la ley. Esto se hizo en 2017, un año antes del acuerdo. En ese momento lo vimos como una especie de presión para que los actores terminen desistiendo de la acción”.
“A un año del acuerdo, nuevamente llegó una carta documento solicitando 400 mil pesos por daños y perjuicios por haber presentado el amparo que, supuestamente, generó daños y perjuicios a esta empresa. Es inentendible, porque en el 2015 no existía ningún obstáculo para que la empresa consiguiera el permiso de obra del gobierno. Es más, el gobierno en 2017 rechazó los proyectos de la empresa porque no se adecuaban a la cantidad de butacas que decía la ley. No tenemos conocimiento de que actualmente se haya otorgado ningún permiso de obra, no sabemos en qué estado estará el proceso”, explicó Baldiviezo. “Llega esta carta documento pero sin informar cuáles son los obstáculos que actualmente tiene la empresa para avanzar con el proyecto de obras que dependa del accionar de los actores. La empresa no quiso en su momento cumplir con la ley, si ahora está demorado no creemos que sea a raíz de los reclamos de la asamblea, sino una decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de exigir algo que es su obligación: que se respeten las leyes nacionales y de la Ciudad”, planteó.
“El intento de demanda es contra los integrantes de la asamblea que firmaron la acción de amparo, que son dos, en representación de esta asamblea horizontal. Para nosotros es inentendible que, luego de haber firmado un acuerdo judicial, se demande a los vecinos que iniciaron el amparo si luego terminó con un acuerdo de partes. Es algo sorprendente porque no tiene ningún tipo de asidero jurídico. Ya pasaron casi tres años de algunos posibles reclamos que podría presentar la empresa, por lo tanto la demanda o la petición estarían prescriptas”, subrayó Baldiviezo. “Todo daño extracontractual prescribe a los tres años. No entendemos cuál es la intencionalidad de Establecimiento Campana SA, salvo que sea buscar algún tipo de castigo o sanción civil para los integrantes de la asamblea, que no va a dejarlos aislados y, en todo caso, va a responder colectivamente. Vemos que se busca un castigo a una asamblea que fue a la justicia haciendo uso de su derecho de defender bienes colectivos de la Ciudad. Lo que ellos quieren hacer es lo que la ley impide. No quisieron respetar la obligación de hacer una sala con el 90% de las butacas. Eso implica destinar superficie a un teatro y quitar superficie para el edificio de oficinas que ellos querían hacer. Lo que había molestado es cumplir con la ley”, definió. “Es algo que no es una limitación del acuerdo sino de las leyes. Estamos a la espera a ver si deciden avanzar con la demanda de daños y perjuicios o no. No habrá nuevas instancias de conciliación o buscar algún tipo de acuerdo nuevo. No hubo un reconocimiento de nuestra parte de ser responsables de ningún daño, sino de ejercer el derecho a la ciudadanía. Estamos a la espera buscando el apoyo de otras organizaciones y colectivos porque creemos que no es solamente una demanda hacia la asamblea del Cine Teatro Urquiza sino justamente una persecución que se va normalizando y se va a establecer como una herramienta de presión y temor para cualquier asamblea que quiera defender sus derechos”, advirtió.

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