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La fiscal federal Gabriela Sosti, representante del Ministerio Público en el juicio de la Contraofensiva Montonera, habló acerca del rol de las y los defensores de genocidas. Lo hizo como columnista en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia. Sosti aseguró que tanto los defensores y las defensoras privadas como oficiales le generan una “incomodidad ética” y señaló que “muchos se exceden de la defensa técnica”. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto: Gustavo MolfinoComo flamante columnista del programa Oral y Público, Gabriela Sosti, fiscal en el juicio oral y público por la Contraofensiva Montonera que se está desarrollando actualmente, se refirió al rol que ejercen los defensores y las defensoras de genocidas, necesarios para llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, pero sin dejar de generar en ella un complicado conflicto ético: “Es un dilema complejo. La presencia de los defensores es lo que garantiza la legalidad y legitimidad de estos juicios, que hay que seguir reivindicándolos como una de las dimensiones éticas más reivindicables del Estado en estos últimos años. Esa presencia es necesaria, pero genera conflictos. A mí me genera muchos conflictos éticos. Yo, en principio, respeto a los trabajadores y a las trabajadoras. Respeto a las personas que trabajan y desarrollan su trabajo. Si son colegas, los respeto en particular. En el caso de los defensores, tanto públicos como privados, ese respeto es meramente protocolar, meramente burocrático. Como abogada no tengo resto para respetar a una persona que trabaja como abogada del diablo”, expresó la fiscal y marcó una diferencia entre los defensores públicos y los oficiales: “Hace 10 años que me vengo enfrentando a un montón de abogados particulares y de defensores públicos. La diferencia es diametral porque al abogado privado le paga el propio genocida. Me genera mucho escozor que los defensores públicos son pagados por la guita del pueblo”, señaló. El dilema ético que supone defender a una persona que cometió crímenes de lesa humanidad, secuestró, torturó e hizo desaparecer personas, o formó parte del alguno de los eslabones de esa cadena es, sin lugar a dudas, apabullante. Sosti habló de esa incomodidad, de enfrentar a colegas que recibieron la misma educación universitaria que ella y pudiendo negarse a defender a un genocida lo hacen igual y, en muchos casos, con un esfuerzo extremo que se torna ideológico: “Me enfrento a colegas que pasaron por la misma facultad que yo, aprendieron el mismo derecho y soñaron con la misma justicia que soñé yo. Esa incomodidad ética la tengo tanto con los privados como con los particulares. Yo me pregunto cómo un colega se puede plantar del otro lado de la sala para defender, francamente, lo indefendible; más allá de que hay que sostener la legalidad de estos juicios. Me pregunto qué hacen con lo que escuchan y cómo se sientan a escribir sus alegatos. Los defensores públicos no tienen la obligación de asumir la defensa. La objeción de conciencia está latente. Sin embargo, es llamativa la cantidad de abogados oficiales que son técnicamente buenos. El Estado le está brindando a tipos que pueden pagarse un abogado privado una defensa técnica más que reivindicable. Hay que reconocer que hacen una defensa impresionante. Ponen un esfuerzo y un trabajo para defender a estas personas que no sé si muchos lo ponen en los casos de los delincuentes comunes”, reflexionó.Por último, la fiscal ahondó en el tema de la participación activa y hasta a veces pasional para defender a un genocida. Si bien aseguró que muchos abogados realizan la defensa porque es necesario para darles legitimidad a los juicios, muchos otros y otras lo hacen para sumar alguna estrella en su carrera: “Hay defensores oficiales que aceptan porque no les queda otra y para sostener los juicios. He visto a muchos colegas sufrir en los juicios escuchando lo que escuchaban, sintiendo en el cuerpo ese dilema ético. También escuché otros, abogados y abogadas oficiales, que no solamente hacen defensas enjundiosas en lo ideológico sino que hacen preguntas en los juicios que son más que repudiables. Pienso que es parte de un desafío administrativo en su carrera. Ser defensor de genocidas, en algunos casos, les da un cierto prestigio en su carrera. A lo largo de 10 años me he encontrado con muchísimos defensores oficiales que, a mi juicio, se exceden de la defensa técnica. Un ejemplo es lo que estuvieron haciendo los defensores oficiales a partir de la pandemia, que entraron a revolear a mansalva pedidos absolutamente infundados de excarcelaciones y de domiciliarias. Evidentemente se les juega este desafío de conseguir determinados logros como si fuera un campeonato”, cerró.

Rocío Rodríguez, kinesióloga residente e integrante de la Asamblea de Residentes y Concurrentes, habló en La Retaguardia acerca de la situación de estos trabajadores y trabajadoras del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Además, dio detalles sobre la reunión con el gobierno donde presentaron un documento de propuestas integrales para el sistema de salud en el marco de la emergencia, con reclamos que abarcan al conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector y aún no obtuvieron respuesta. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto: Asamblea de Residentes y Concurrentes Caba“Nosotros estamos atravesando esta situación del acrecimiento de la pandemia en el contexto de una precarización laboral que ya se venía perpetuando. Llevamos adelante una lucha por nuestros derechos en diciembre, derogando una ley que impida esta situación de precarización, con jornadas extenuantes. Seguimos en una situación de negociación con el gobierno en función de estas condiciones”, expresó Rocío Rodríguez, kinesióloga residente del Hospital Ferrer. “Mejorando nuestra situación es donde mejor podemos desarrollar nuestro conocimiento. El 30 de marzo teníamos pactada una reunión, la Asamblea de Residentes y Concurrentes creyó oportuno reorientarla al tratamiento de la pandemia del coronavirus porque realmente es un problema que nos preocupa como profesionales y como trabajadores de la salud. Mandamos un comunicado unos días antes, presentando un plan integral de propuestas que no solo incluían nuestros reclamos sino también para mejorar el funcionamiento de nuestros hospitales alrededor de la pandemia”, continuó.“La precarización laboral es una norma y una cotidianidad en los hospitales públicos. Es una urgencia a tratar hoy en día. Los concurrentes no cobran un salario por realizar una formación a la que le dedican como profesionales durante 4 o 5 años. Además, no cuentan con ART, tampoco con obra social. No tienen ningún derecho como trabajadores. Queremos recortar el ‘multitrabajo’, es decir que tanto residentes como enfermeros profesionales se enfrentan con la situación de tener dos o tres trabajos porque los sueldos no alcanzan y eso hace que las horas de exposición al contacto por coronavirus aumente. En España o en Italia los números de profesionales contagiados llegan a más del 10% de la población general de los países. Esto también hace a las condiciones laborales, y a no quedarnos en el tiempo que venga sin profesionales porque tengan que estar aislados siendo tratados”, detalló. Los y las trabajadoras de la salud concretaron una reunión con el gobierno porteño. Acerca de esto, Rodríguez contó que “fue a través de videollamada, el gobierno presentó una respuesta a nuestro plan que incluía otros puntos importantes como la centralización del sistema de salud, de los centros públicos, privados y obras sociales bajo tutela estatal y de laboratorios, etc. Poner el servicio de las instituciones realmente al servicio de la población, que haya una reorganización de las tareas. Hay compañeros que están sobrepasados con turnos rotativos y la exposición de acumularnos en servicios no hace a la prevención del contagio. Tenemos situaciones que no son tratadas que tienen que ver con otras patologías que también nos importan. Proponemos la exención de ganancias de todos los trabajadores de la salud, porque sabemos que hacer horas extras supone recortar el salario, algo que para el gobierno es una ganancia y para nosotros no lo es. Algo fundamental que tiene que ver con la implementación de protocolos y el abastecimiento de insumos y materiales de todos los hospitales, con un plan integral de los 34 hospitales. El gobierno nos respondió presentando como un avance el otorgamiento del derecho a la comida de los concurrentes, quienes hacen guardias y no cobran por las más de 20 horas semanales que trabajan, y un seguro de accidentes personales a través de una empresa privada que ni siquiera se parece a un seguro de riesgo por accidentes de trabajo. Ante esta respuesta, se decidió en asamblea que los concurrentes dejaran de asistir ya que no están garantizados sus derechos laborales. El gobierno se comprometió a sacar un comunicado con una resolución que avalara esta decisión de los concurrentes. Muchos tienen otros trabajos, son monotributistas que no están pudiendo desarrollar sus otros trabajos, o no tienen el permiso para circular en la calle. Los concurrentes quieren empezar a trabajar, y enfrentar la pandemia de conjunto con todos los trabajadores de la salud, pero lógicamente en esta situación es muy riesgoso. Le pedimos al gobierno que saque un tipo de amparo avalando esto”.Por último, la integrante de la Asamblea de Residentes y Concurrentes, expresó: “Los que ponemos el cuerpo a esta situación somos los trabajadores de la salud, estamos intentando sacar la cosa adelante para que se cumplan los protocolos. Que haya insumos”.

En Villa Fiorito funciona un comedor comunitario. 60 familias reciben allí su vianda diaria, que muchas veces es la única comida del día. Visitamos el espacio para charlar con las referentes del espacio y compartir un fotoinforme. (Por La Retaguardia) ✏ Texto: Agustina Salinas📷 Fotos: Agustina Salinas💻 Edición: Fernando Tebele “Acá hay de todo: gatos, perros, un chancho, mis hijos…”, dice entre risas Patricia Iñiguez, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), mientras nos invita a entrar a su casa, transformada en el comedor popular 10 Patitos para que sus vecinas y vecinos de Fiorito accedan a su vianda de comida. En distintos barrios del Gran Buenos Aires, donde los balcones no existen, y no se aplaude a las 21 horas ni se puede cumplir el encierro, la rutina no cambió demasiado. Quienes sobreviven con changas, con cartoneo, con la comida justa para el día, no pueden hacer cuarentena por un hecho vital: tienen que salir a buscar el mango para comer. A las 10 de la mañana, los vecinos y vecinas acercan las bolsas con tuppers que se amontonan en la cocina de la casa. En Fiorito, el comedor funcionaba tres veces por semana y desde el decreto de aislamiento social obligatorio se fusionó con el Centro De Día Uniendo Fuerzas y extendieron a 5 los días para repartir comida.Sí, en la casa de Pato hay gatos, gatitos bebés y perros durmiendo, caminando por la casa y en la terraza vive el chancho. Se lo regalaron hace un año: “mi hijo lo hace dormir, le gustan las caricias”, dice. El chancho se asoma cuando nos escucha y se para en dos patas para que lo acariciemos. Patricia vive con sus 6 hijos y con Tamara, referente del Barrial Uniendo Fuerzas Vientos de Libertad-MTE, en el que es la única mujer. También habitan la casa sus nietas y nietos; el último nació hace una semana. Toda la familia aporta sus manos en el comedor para que la porción de comida les llegue a las 60 familias, o a veces a más, porque algunas instituciones de la zona donde se repartían viandas cerraron sus puertas. La familia pone a disposición su casa para dar a las familias del barrio la que quizás sea la única comida del día. Tanto Patricia como sus hijas e hijos cocinan con los insumos que les destinan desde el Ministerio de Desarrollo Social. Allí también aportan los pibes que trabajan en el Barrido del barrio, pero para no estar expuestos en la calle colaboran cocinando y sirviendo la comida. En la mesa hay una pila de folletos informativos sobre los cuidados y prevenciones contra el coronavirus para que repartan en el vecindario quienes hacen lo que pueden con los pocos recursos que tienen. Fiorito es un barrio que carece de servicios básicos: no hay cloacas ni agua potable; junto al hacinamiento, esas condiciones de vida preexistentes a la pandemia potencian el riesgo de contagio. En el comedor respetan las distancias entre personas. A las 13 horas, se van acercando para retirar su vianda desde la puerta y evitan que se generen aglomeraciones. Hoy tocó arroz con salsa y carne, mañana no sabremos si alcanzarán las porciones cocinadas, o si habrá que reforzar con algo más. La única certeza en ese lugar es que Patricia se encargará de que ningún pibe se quede sin comer.

Mercedes Soiza Reilly, quien fue fiscal en el tramo más relevante de la Megacausa ESMA, opinó en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia acerca de los pedidos de prisión domiciliaria que realizaron genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad por la pandemia de Coronavirus. La abogada detalló las resoluciones dictadas por la justicia y los protocolos de prevención aplicados por el Servicio Penitenciario Federal para preservar la salud de los detenidos. 🎤 Entrevista: Fernando Tebele✏ Redacción: Diego Adur  💻 Edición: Fernando Tebele📷 Foto: Camilo del Cerro Una comisión interna del Servicio Penitenciario Federal estuvo encargada de informar acerca de los potenciales pacientes de riesgo que existen en las distintas instituciones carcelarias en vistas de la pandemia del virus COVID-19. A partir de ese informe, las defensas de decenas de genocidas en todo el país condenados por crímenes de lesa humanidad, solicitaron a la justicia el beneficio de excarcelación y/o prisión domiciliaria. Mercedes Soiza Reilly, ex fiscal del Ministerio Público durante el tercer tramo de la Megacausa ESMA, contó a La Retaguardia acerca de esos pedidos que , en su mayoría, están siendo rechazados por la justicia. La abogada aseguró que el SPF cumple con las resoluciones y protocolos establecidos por el Gobierno para que prevenir y evitar el contagio del virus de los presos: “Hay una crisis sanitaria global que hoy es prioridad. Esto repercute en el estado de hipersensibilidad que se maneja dentro de los lugares de encierro. Da lugar a que se desencadenen los pedidos de los presos para salir, ya sea bajo prisión domiciliaria o por excarcelaciones. Sabemos que las condiciones de detención en las cárceles argentinas son, en la mayoría de los casos, infrahumana. Lo hemos denunciado. A la vez, sabemos que las condiciones de detención en los pabellones de lesa humanidad son diametralmente diferentes. Según los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se están manteniendo las condiciones de higiene general. Además, los pabellones de lesa humanidad no están superpoblados; eso no es poco. No hay hacinamiento, como ocurre en otras unidades penitenciarias con presos ‘comunes’. Hay espacios para mantener la distancia entre personas y tienen atención médica las 24 horas. No es un dato menor a la hora de hablar si se concede o no se concede una prisión domiciliaria”, aseguró Soiza Reilly en su primera columna radial en La Retaguardia, y expresó que parecería ser que se vienen rechazos mayoritarios por parte de cada tribunal. “Ninguna de las resoluciones que hasta ahora se han tomado a nivel estatal, con todos los poderes en juego, hacen pensar en una salida indiscriminada de personas imputadas de graves crímenes. Muy por el contrario. La normativa trae que las instituciones penitenciarias deben establecer protocolos de emergencia. En ningún momento dice nada de conceder libertades ni prisiones domiciliarias. El Servicio Penitenciario ya puso en práctica estos protocolos y estas directivas. No habla de una liberación indiscriminada sino, por el contrario, hablan de un cuidado interno, intramuros”, dijo.Vale destacar dos cuestiones importantes que señaló Soiza Reilly. Aún no hay reportes de contagios dentro de las unidades penitenciarias. Además, de existir alguno, dentro de las prisiones contarán con un servicio de salud que, probablemente y a medida que avance la pandemia en nuestro país, estará colapsado fuera de los penales. “Lasas preguntas que nos hacemos son: si se conceden esas libertades, ¿quién garantiza que en los domicilios estas personas no contraigan el virus? ¿Cómo hacemos para controlar que los convivientes no hayan estado en contacto con el virus? Cuando avance el estado de la pandemia la salud pública va a estar colapsada. Los presos de lesa humanidad alojados en sus domicilios también van a sufrir las consecuencias de ese colapso. Estos datos son los que están tomando los tribunales para rechazar la concesión de estos beneficios. Otro dato: no se registran contagios en las unidades penitenciarias, lo que significa que la situación puede verse controlada. Hay un plan de contención epidemiológico para evitar no solo la propagación sino también la detección a tiempo del causante. El 24 de marzo se aprobó un protocolo maravilloso por lo que contiene: Detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por Coronavirus en todos los establecimientos penitenciarios del país. Es para todos los presos del país”, expresó la abogada. De todos modos, si se produjeran contagios en los pabellones de presos comunes, la situación podría ser la contraria, porque allí sí hay hacinamiento y reina la desatención médica y la desidia.De los 200 genocidas condenados en todo el país que aún permanecen en instituciones penitenciarias, más de 70 pidieron el beneficio al tiempo de la publicación de esta nota. Soiza Reilly aclaró que, en caso de concederse los beneficios, la medida debería durar hasta que se logre frenar la pandemia: “No hay que perder de vista que el beneficio no es automático. Hay que analizar las posibilidades de otorgamiento en cada uno de los casos. En caso que se concedan, estas medidas son de carácter excepcional y extraordinario. Están sujetas al plazo que dure esta crisis sanitaria”, cerró.

Desde hace dos semanas algo cambió en el mundo. Día tras día la gente que se burlaba en redes sociales, comenzó a tomar más seriamente la problemática del virus Covid_19. Lo mismo pasó con los gobiernos y con el correr de los días se fueron endureciendo las medidas de Italia, España y Argentina. La sociedad, compuesta por diversas franjas etarias, culturales, económicas y sociales no tomó de la misma manera lo que sucedía ni propone resolver las problemáticas de la misma manera. Sumado a eso, no todas las personas perciben los problemas de los sectores menos privilegiados. ✏ Redacción: Nazareno Roviello 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Fotos: Infobae- RCN Radio- Unidad 30 Como fenómeno , Se comenzó a observar la última semana una extrema romantización sobre las cárceles y sus habitantes. Varios trabajadores de penales y medios de comunicación comenzaron a compartir posteos y notas sobre cómo en algunas cárceles los internos coordinaban entre ellos y habían decidido no recibir visitas. Hubo otros que compartían como en otros penales los presos hacían barbijos para “el afuera”, como se suele decir. Paradójico en tiempos de cuarentena donde la gente también comienza a sentir dos mundos paralelos.  La romantización de la situación solo coopera en no poner una mirada crítica sobre esos lugares que funcionan como depósitos de la sociedad. Como se puede observar a partir de estadísticas, quienes ocupan las cárceles son personas que pertenecen a cierto sector social. . Dos tercios de ellos sin estudios secundarios finalizados, jóvenes de poblaciones vulnerables. Pero ¿cómo abordar la problemática en este contexto desde un posicionamiento de defensa de los Derechos Humanos?. Acá hacemos un repaso sobre la situación carcelaria y hablamos con los internos de varios países para mostrar cómo se vive. Situación carcelaria en Argentina En diciembre de 2019 la corte suprema de la Provincia de Buenos Aires dictaminó en una resolución (Resolución 3341-19) una serie de acciones que obliga al Estado a resolver la sobrepoblación que hay actualmente en todas las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Dentro de las mismas también se pide que se coordinen diversas acciones para mejorar el estado de las mismas y prevenir situaciones de tortura y condiciones de encierro así como alerta sobre el uso indiscriminado de la prisión preventiva, que es un recurso que en nuestro país ha llegado al 60% de la población carcelaria total. La situación a lo largo y ancho del país es similar, se trate de cárceles del SPB o del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aunque el SPB se caracteriza por ser el peor del país, la situación carcelaria en general es muy crítica y propicia el terror y la inhumanidad intra muros. Cuando hablamos de sobrepoblación, hablamos de que en muchas cárceles hay el doble y hasta el triple de la capacidad permitida. En una celda de 4 puede haber 8 personas, por eso en este hacinamiento y condición extrema, las cárceles son los focos perfectos para la expansión de cualquier virus. Los organismos que trabajan de manera continua con los privados de libertad dan cuenta en sus informes y sus querellas judiciales de las condiciones en las que se vive y mueren los privados de libertad circulatoria. Lejos de ser un debate ciudadano, ya el propio sistema carcelario incumple lo establecido en la Constitución y el Código Penal argentino. La privación de la libertad circulatoria establece a su vez otro montón de condiciones mínimas y necesarias para el cumplimiento de la pena, las cuales no se dan en la mayoría de los países del mundo. Hoy debido a la pandemia, explota un mundo que muchos querían mantener escondido.. Hoy las cárceles que son focos de tuberculosis, la “enfermedad de los pobres”, ruega por mejor salud. La mayor parte de los establecimientos no cuenta ni con los insumos básicos ni con lugares higienizados para atender consultas. Pero no son los únicos problemas que se ven en el cotidiano. Consultamos con varias fuentes sobre quienes reservaremos algunas identidades por el peligro que representa hablar de cárceles. Ibuprofeno para todos Sobre salud, un trabajador nos decía lo siguiente: “El problema eterno es la falta de materiales, de personal y de recursos, no hay medicamentos. Pero antes de eso el problema es acceder. Sí estás en un pabellón donde no salís a talleres, escuela u otras actividades, no tenes salida del pabellón. Entonces para salir a sanidad tenes que presentar una audiencia, escrito en un papel, el encargado del pabellón se lo da al personal penitenciario y este lo lleva a sanidad y por ende no te llaman nunca. Excepto que sea una dolencia muy grave, ni suelen pedir ir a sanidad. Solemos bromear porque ante cualquier problema que tenemos a todo se la da Ibuprofeno que es lo único que hay. Pero encima en estos meses ni siquiera ibuprofeno hubo. Sí se necesita algún tipo de intervención sí o sí se le presenta por escrito a la justicia y eso puede tardar muchisimo.” Este testimonio nos demuestra un cuadro alarmante en cuanto a la salud, pero no es el único problema que viven los presos, sus familias o los trabajadores día a día. Después de la romantización de los medios sobre la predisposición de los presos, finalmente en uno de los penales se suspendieron las visitas totales desde el 19 de marzo. En estos días se habla de salud y la salud mental debe contemplarse en este sentido. En contexto de encierro, en las peores condiciones humanas, todo contacto con el afuera es muy esperado. Como también es una forma de abastecimiento para los presos, ya que sus familias les llevan los bagallos con comida, que en muchas cárceles del país es la única manera de sobrevivir. La alimentación es parte necesaria para tener un cuerpo fuerte, este trabajador nos contó hoy en día como está uno de los peores penales del país: “Hoy no falta comida como era hace unos años donde sí los familiares no les traían comida, pasabas hambre. Hay comida del servicio pero lo que sí hay

 La denuncia es de Jonathan Baldiviezo, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que en diálogo con “Hasta que vuelvan los abrazos” remarcó todas las fallas del gobierno de la Ciudad en materia de políticas habitacionales. 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff✏ Redacción: Andrés Masotto   💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Foto: El grito del sur El Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado en julio de 2019, arrojó que son 7251 las personas que no tienen un lugar para vivir. Si tenemos en cuenta que el relevamiento se realizó los últimos días de abril, la profundización de la crisis a lo largo del año y la falta de políticas públicas orientadas hacia ese sector permiten pensar que la cifra es mayor.“Nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo, antes de la pandemia de Coronavirus, que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia habitacional. El incremento en la cantidad de personas que vive en las villas sin acceso a los servicios públicos, el aumento de personas en situación de calle, el incremento de las personas que alquilan y necesitan ingresos mensuales para pagar esos alquileres, todo es significativo. Y veníamos advirtiendo que las políticas que el gobierno tenía para solucionar los problemas habitacionales eran las mismas que venía sosteniendo hace más de 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, habiendo pasado la crisis de 2008, la crisis económica de la propia Argentina. Y advertimos que era necesario que se tomen medidas más profundas”, empieza a enumerar el titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC).La situación habitacional de la Ciudad, que ya era grave, se profundizó con la propagación a nivel mundial del virus COVID-19: “Detectamos que si el gobierno tomaba las mismas decisiones que tomó antes, iba a tener resultados ineficaces para proteger a estos colectivos que están en vulnerabilidad y no pueden tener acceso a la vivienda digna. Especialmente las personas en situación de calle están más vulnerables a partir de la pandemia, son personas que suelen tener problemas respiratorios, pulmonares, por vivir en la calle y expuestas al frío. Además, en el contexto del COVID-19, las medidas de limpieza e higiene que promueve el Estado son imposibles de cumplir para estos sectores. Y más aún, se ha dado la paradoja cuando se determina el aislamiento social obligatorio, que estas personas es imposible que lo cumplan: personas que viven en la calle, que por sí solas no pueden acceder a un mercado formal de la vivienda y se le establece la obligación del aislamiento en una vivienda que no tienen. Y a esas condiciones de extrema gravedad, de no poder adquirir una vivienda, se le suma la posibilidad de contraer el virus, lo que agrava sus malas condiciones de salud previas. Insisto: las propias encuestas del gobierno revelan que estas personas han sufrido cuestiones respiratorias, lo que las hace muy vulnerables a este virus.”Frente a la crisis, el gobierno de la Ciudad, hoy al mando de Horacio Rodríguez Larreta y anteriormente de Mauricio Macri, siempre tomó la misma dirección: paradores. Pero estos lugares no representan la solución, apenas son una salida transitoria. Al respecto, Jonathan Baldiviezo apunta: “En este contexto proponemos que la verdadera solución no es volver a las medidas que se vienen implementando, que eran paradores o subsidios habitacionales. Los paradores son un gran problema porque la propia ley de CABA establece que no es una solución habitacional que se localice a las personas en paradores. Los paradores son lugares de extrema emergencia, de contención, para cuando ocurre un incendio o una inundación y hay que darles un techo mínimo por algunos días. Pero no son ámbitos para garantizar una vivienda permanente y cotidiana, y hay personas que viven hace años en paradores. Paradores que ahora tomaron una modalidad distinta: hay familias que antes tenían que salir a la mañana y volver a ingresar a la tarde. Ahora por lo menos están abiertos todo el día, pero eso no hace que sean lugares que realmente garanticen el derecho a la vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2010, se aprobó una ley, la 3.706, que establece que las personas que están en paradores deben seguir siendo consideradas en situación de calle. Es decir que la propia ley establece que no es una solución digna ni definitiva para estas personas.”Los paradores juegan en la dualidad entre una “solución” transitoria y permanente. Transitoria porque, desde el aspecto legal, las personas que habitan un parador deben seguir siendo consideradas en situación de calle; permanente porque, a pesar de la ley, hay personas que viven en uno de estos espacios desde hace años. Y al final no son ninguna de las dos. “No hay posibilidad de intimidad, no hay posibilidad de generar un proyecto de vida. Y el gobierno no logra comprender eso y sigue insistiendo”, resalta Jonathan.Otra consecuencia de la crisis sanitaria sumada a la habitacional fue terminar de resaltar una brecha que existe, pero muchos no quieren ver: la de clase. Baldiviezo se pregunta cómo puede ser que las personas que vuelven del exterior y deben mantener la cuarentena sean alojadas en hoteles de buena calidad, mientras que las personas en situación de calle no reciben el mismo trato: “Operativamente es fácil, más cuando los hoteles están vacíos. Rápidamente el gobierno puede conveniar como medida de transición que las personas puedan estar en hoteles de buena calidad. Digo como medida de transición porque la Ciudad de Buenos Aires debe tener una política de vivienda social, donde el Estado tenga viviendas y pueda darlas en alquiler o comodato a estas familias. En la Ciudad, las pocas viviendas que el Estado construye son para la venta”.

El objetivo de este escrito desordenado es compartir algunas ideas en torno al episodio inédito en nuestras biografías: un aislamiento social obligatorio, un protagonismo de palabras muy pesadas al inconsciente como “pandemia”, “virus” y “cuarentena” y un escenario de sospechas sobre los significados inmediatos y profundos de lo que se enuncia como un antes y un después. La pregunta disparadora tiene que ver con nuestro rol como especialistas en ESI ante esta situación global, a la espera de que nos permitan pensarnos como docentes en un momento de aulas vacías para reafirmar la necesidad inminente y pendiente de que la ESI se naturalice en nuestras prácticas de forma transversal y permanente. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Gregoria Cochero*💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Foto: El abrazo. Gustav Klimt ESI vs. el paradigma del miedo Estamos pasando por el cuerpo y en primera persona los efectos del paradigma del miedo. Sería tentador defender la eficacia del miedo como impulsora de hábitos en salud en este contexto en el cual, pareciera, bastaron apenas dos semanas para modificar aspectos idiosincráticos de nuestra comunidad como los saludos, las rondas de mate, los abrazos y las visitas. Sin embargo ¿Cuál es la eficacia real del miedo como respuesta a la necesidad de revisión de prácticas y condiciones de la esfera de la salud pública? Han estado circulando analogías peligrosas que parten de ese mismo enfoque, por ejemplo: “80 mil personas tienen coronavirus y todo el mundo quiere llevar mascarilla: 37 millones de personas tienen vih y nadie quiere ponerse un condón”. No es nuestra intención ir en contra de una oportunidad de generar conciencia sobre el virus del VIH (que siempre es pertinente), pero sí de reconocer que estamos en un momento en que las conversaciones en torno a estadísticas, métodos de prevención y profilaxis se han vuelto omnipresentes, ideal de preguntarnos en torno a los mecanismos que, como docentes, podemos construir para lograr ese cometido sin recaer en un paradigma que, desde la ESI, ha sido advertido y acusado en sus limitaciones ¿Cómo pensar en las políticas del cuidado de la salud y el cuerpo desafiando el lugar nuclear de las causas y las consecuencias? Al afirmar que estamos “pasando por el cuerpo los efectos del paradigma del miedo”, entendemos la oportunidad de esta experiencia que, más allá de la diversidad y desigualdad de formas de estar atravesándola, es común a todas las personas que integran nuestra sociedad. Este punto de empatía debe ser un punto de partida para la exaltación de una conciencia sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, ya que se ha abierto una consigna general que demanda obediencia “no tocar”, “no aproximar”, “no compartir”. Punto de partida o sobre el contagio Si bien el covid-19 tiene vías de transmisión mucho menos específicas que el VIH, se pueden reconocer en este desarrollo varias premisas que tienen puntos en común para explorar desde nuestros marcos teóricos como especialistas.A) La premisa de “familiar”, o proyección del peligro en los otros, manifestada en las primeras semanas en las cuales nos costaba (nos incluyo) aplicar la consigna de saludo social distanciado ya que “es mi hermano/amigue/colega” quien no merece cargar con la sospecha de amenaza.B) la generación de “poblaciones vulnerables” desde el estereotipo y el prejuicio, “enfermedad de chetos” /“enfermedad de orientales”, donde las verdaderas vulnerabilidades por condiciones de estructura quedan veladas y lejos de las poblaciones más afectadas desde lo socioeconómico, el rango etáreo y la pertenencia a grupos de riesgo por condiciones de salud previas. Desarrollo o cuarentena Pasada (en gran parte) esta primera etapa de reconocimiento del riesgo, se logra el confinamiento casi total de la población en sus hogares. Se exacerban las medidas de profilaxis e higiene, donde la asepsia se interioriza como disciplina. El control vecinal se torna protagonista en comentarios de quiénes salen y por qué y quienes sí acatan a rajatabla los comandos oficiales. Los buenos ciudadanos vs. los irresponsables se transforman en dos bandos sin medias tintas, donde, frente a lo incontrolable de la pandemia, se recupera algo de ese control al ejercerlo sobre los pares. La sobreinformación y las noticias se convierten en una entrega total a la mediatización y se activan procesos de consumismo (aunque estén discursivamente nombrados como un pedido al consumir lo necesario), que se evidencia en el atiborramiento y el miedo a la escasez. Deseo consumir. Deseo consumir todo el acervo de salud promocionado: alcohol en gel, lavandina pura, en gel, barbijos, guantes, Netflix, ejercicio por Instagram y rutinas saludables. La salud como integral se encuentra rápidamente ordenada en consignas sobre cómo sostenerla, como un polinomio que, de ser bien resuelto, nos garantiza la continuidad en nuestro lugar de privilegio lejos del virus: higiene+zoom+Instagram+juegos en familia+horarios rutinarios+alimentación suficiente y saludable= Salud ¿Cómo se sostiene este concepto de integralidad agregada cuando la salud sexual queda en segundo plano? Son numerosas las demandas desde diversos sectores de salud para que las consultas en temas de sexualidad y el acceso a anticonceptivos e ILE (entre otras cosas) sean consideradas necesidades de primer orden; la efusividad de estos reclamos es proporcional a su incumplimiento. Por otro lado, se han generado mecanismos para la habilitación de vías de comunicación e intervención sobre situaciones de violencia de género, entendiendo que este confinamiento para muchas mujeres significa un peligro mortal por no tener vía de escape de sus convivientes/agresores (se cuentan oficialmente 7 femicidios desde el comienzo de la cuarentena). También esta situación ha sido escenario para la continuación de reclamos fuertes contra la naturalización de la prostitución como fenómeno preciado del sistema patriarcal, donde grupos de mujeres, trans, travestis piden expresamente que se actúe sobre la vigencia de los prostíbulos (más allá de publicaciones del colectivo AMMAR sobre cómo continuar el ejercicio del trabajo sexual en tiempos de coronavirus). La diversidad como concepto para la descripción poblacional no debe homogeneizar los obstáculos de cada sector según su posición de disidencia, ya que si algo es claro, es que el virus no afecta a todo el mundo de la misma manera

En contexto de cuarentena y coronavirus, las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar siguen necesitando ser asistidas para garantizar sus interrupciones legales de embarazo. Lo explicó Viviana Mazur, actualmente responsable de que se efectúen en la Ciudad de Buenos Aires, dialogó con María Eugenia Otero, Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero en La Retaguardia. 🎤 Entrevista: María Eugenia Otero, Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero✏ Redacción: Rosaura Barletta  💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Foto: José Nico Sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en tiempos de aislamiento social obligatorio, Viviana Mazur explicó: “Es un tema que siempre fue complejo y siempre hubo que estar lidiando para que se garantice el derecho de las mujeres a acceder a una interrupción legal de embarazo. Ahora, hay algo que se agudiza y es la tensión entre la urgencia de esta situación, que se pueda resolver lo antes posible sin que pase mucho tiempo entre el momento en que la persona gestante tiene el diagnóstico de embarazo y la resolución. A medida que pasan los días o semanas aumenta el riesgo del proceso de interrupción”, definió la médica generalista. “Esto se pone en tensión con el mensaje permanente de ‘no se mueva de su casa’ y ‘no vaya a los servicios de salud si no es imprescindible’, entonces las personas no van o piensan que una demora en la menstruación no será tomada como urgencia. A través del 107, las personas pueden hacer consultas sobre la atención de los procesos de salud, lo que está haciendo el 107 ahora es un filtro de qué cuestiones pueden ser tomadas como una infección por coronavirus y qué cosas no”, consideró. “Si bien hay comunicaciones que surgieron tanto del programa de Salud Sexual de Nación, como del programa Adolescencia y del programa de Salud Sexual de la Ciudad, en las que se difunde que tanto la interrupción legal de embarazo como el acceso a la anticoncepción se consideran urgencias, a veces en la distribución de tareas de los equipos y las respuestas que se dan en centros de salud y hospitales esto queda subestimado. Corremos ese riesgo, que el trabajo que se hizo para tratar de que no haya ni una puerta cerrada se ponga en discusión a partir de estas urgencias”, planteó Mazur. “Lo que decimos es que si no se le da acceso rápidamente al momento en que la persona consulta, se la expone a tres riesgos más, el primero es que ande yendo a distintos servicios de salud, el segundo es exponerla a un COVID-19 en contexto de embarazo, el tercero es que no se dé atención en el momento y pasen semanas hasta un embarazo de edad gestacional más avanzada que tiene más riesgos que en el primer trimestre el proceso de interrupción”, enumeró y sintetizó: “Le triplicamos los riesgos a la persona gestante si no damos respuesta oportunamente”.Mazur insistió en la importancia de reconocer la ILE como urgencia y contó: “He tenido discusiones con gente que habitualmente está preocupada por garantizar derechos y que le cuesta comprenderlo porque creo que subyace un concepto sumamente arraigado que tiene que ver con que estas cuestiones vinculadas al ejercicio de la sexualidad no vendrían a ser un derecho. Serían un privilegio, un artículo de lujo. Los embarazos siguen sucediendo, las violaciones siguen sucediendo, está ampliamente estudiado que estas situaciones de aislamiento exponen más a mujeres que son víctimas de violencia a sufrir más situaciones vinculadas con la violencia”, aseguró. “Uno no debería pensar que el COVID-19 nos exime de los otros males que nuestra sociedad tenía previamente y tampoco de los otros bienes que nuestra sociedad tiene previamente que es la posibilidad de disfrutar de la sexualidad. Cuando esa sexualidad se expresa, si no hay cuidado anticonceptivo tenemos la posibilidad de un embarazo no planificado”, agregó. “Debe garantizarse y facilitarse sin trabas burocráticas en todos los centros de salud y hospitales el acceso a anticoncepción y a interrupción legal de embarazo. Es muy importante que las personas que asistan al sistema de salud y no se encuentren con un buen proceso de atención en ese sentido, que hagan llegar su reclamo a través del 0800-222-3444, que es el 0800 del programa de Salud Sexual del ministerio de Salud de Nación que nos hace llegar la situación y nos permite poder actuar para garantizarle a esa persona el acceso y ponernos en diálogo con ese equipo de salud que no está cumpliendo con esto. Ese teléfono para nosotros es una herramienta de monitoreo y cuando hay un reclamo, en 72 horas como máximo nos comunicamos con la persona que reclamó, generalmente en el día”, explicó Mazur.La médica generalista detalló qué métodos anticonceptivos pueden solicitarse en los centros de salud y hospitales de la Ciudad: “Son todos los métodos anticonceptivos que están en la canasta de provisión pública y gratuita. Los de corta duración: pastillas anticonceptivas, inyectables mensuales. De duración intermedia: inyectables trimestrales. Los de larga duración: DIU o implante subdérmico. También preservativos para acompañar cada método o usar como método único y anticoncepción de emergencia”.Además, Mazur se refirió a las personas de riesgo que tienen programado darse la vacuna contra la gripe y están en cuarentena: “No podemos, por la pandemia de COVID-19, subestimar el riesgo de los otros virus respiratorios, entonces creo que habría que garantizar una forma de vacunación para la gripe que exponga lo menos posible a los adultos mayores a contraer otros virus. Sí hay que dárselas y antes de que comience el invierno. Lo ideal sería una campaña de vacunación puerta a puerta. No sé si las autoridades están pensando en algo así pero sí tomar todas las precauciones, si tiene un turno, no ir antes del horario, salir sólo en esa circunstancia, tratar de que sea un lugar a donde no tengan que viajar”, recomendó.

Mariana Ramírez es una ciudadana argentina que está aislada involuntariamente en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Regresó de Tailandia hace algunos días y por un protocolo implementado por el Gobierno porteño, junto a personas de otros vuelos, fue llevada del aeropuerto al Hotel Presidente. Ninguna autoridad del gobierno se comunicó y tampoco recibieron atención médica, aunque tienen obligación de quedarse allí a hacer la cuarentena. Mariana contó su situación a La Retaguardia y pidió difusión para hacer trascender su denuncia. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero✍ Redacción 👉 Diego Adur💻 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero Un grupo de pasajeros y pasajeras que llegó el domingo 21 marzo a la Argentina provenientes de un vuelo de Tailandia fue apartado dentro del Aeropuerto de Ezeiza y trasladado al Hotel Presidente, ubicado en Cerrito 850, Ciudad de Buenos Aires. Allí están en aisalmiento, con obligación de realizar la cuarentena en las habitaciones. Pasados varios días de su llegada, todavía no han recibido información del Gobierno porteño ni de ningún representante del Ministerio de Salud. Nadie se acercó a hacerles control ni a realizarles el test para identificar si fueron contagiados por el virus COVID-19. Mariana Ramírez denunció esta situación a La Retaguardia: “Volvimos de Tailandia el domingo pasado con mi pareja en un vuelo de la misma aerolínea con la que habíamos viajado porque logramos adelantar el regreso. Nos hubiera gustado volver antes, pero la aerolínea nos ofreció pasajes recién para el 21 de marzo. El protocolo en Ezeiza fue tal cual lo esperábamos. Entró la gente de Sanidad de Fronteras al avión y nos tomó la temperatura a todos los pasajeros. No hubo ningún problema. Nadie tenía síntomas. La gente de Sanidad de Fronteras nos dijo que podíamos irnos a nuestra casa y que, por favor, por supuesto cumpliéramos con la cuarentena obligatoria. Una vez que bajamos del avión nos separaron en dos filas. Pusieron a la gente que dijimos residir en Ciudad de Buenos Aires de un lado y a los que eran del resto de las provincias los dejaron ir avanzando. Nos dijeron que esa gente tenía prioridad porque tenía conexiones para volver a sus provincias. Pasamos por otros controles de temperatura, con cámara infrarroja. Nos fue dando bien. Nos llevaron a un apartado a quienes éramos de Ciudad de Buenos Aires. Nos dijeron que hay un nuevo protocolo que se empezó a aplicar hace unos días en el que nosotros teníamos que cumplir la cuarentena en un hotel. Fue una sorpresa. Lo desconocía. No nos dieron más información. Nos subimos a 3 colectivos. Nos dijeron que nos llevaban a un hotel donde nos iba a esperar un equipo de salud y que ahí íbamos a poder aclarar todas nuestras dudas. No nos dijeron a qué hotel nos llevaban. Una vez que llegamos a la avenida 9 de Julio nos enteramos que era el Hotel Presidente. Bajamos. Había gente con barbijos y guantes. Yo entiendo que eran los voluntarios que están acá colaborando para llevar adelante el operativo. Nos dieron varios papeles para llenar y a partir de ahí nos mandaron a las habitaciones. Nos pidieron que nos quedáramos ahí, que iba a pasar un médico a hacernos un control. No pasó nadie. Ya hace 3 días que estamos. No ha venido nadie en 3 días”, contó Ramírez acerca de la extraña situación.La comunicación dentro del hotel es muy limitada y la asistencia para las 270 personas que permanecen allí aisladas en contra de su voluntad recae en manos de voluntarios y voluntarias sin autoridad para darles la información que quieren y merecen: “Estamos confinados en la habitación. Nos traen la comida, nos la dejan afuera, en el piso. Lo de la comida es un tema menor. No estamos en contacto con la gente de otras habitaciones porque nos estamos tratando de resguardar, pero nos gritamos y hablamos de alguna manera. Sentimos que es un avasallamiento total. No hay información. La única comunicación que tenemos es con los voluntarios y las voluntarias de acá. Son pibes jóvenes, con una excelente predisposición, pero no cortan ni pinchan. Nos dicen que están esperando que venga alguna persona del Ministerio de Salud. Es lo que nos responden hace 3 días. No nos dieron nunca la opción de hacer la cuarentena en nuestras casas. Estamos confinados acá, no sabemos a la espera de qué porque no nos testearon. No nos han venido a tomar la temperatura, ni nada. Parece más un protocolo de seguridad que uno de salud. Más que un hotel hospital esto parece un centro de infectados. Si la finalidad era cuidar a los de afuera tampoco lo van a poder cumplir. Las medidas de bioseguridad son nulas. No puede ser que no haya venido ninguna autoridad a dar explicaciones ni nadie del sistema de salud a controlarnos”, denunció.

Son varios los videos que circularon en redes sociales en los últimos días donde se observaron a distintos integrantes de las Fuerzas de Seguridad cometiendo actos de hostigamiento a ciertos sectores populares. Este tipo de prácticas se encuentra invisibilizado por los grandes medios de comunicación quienes romantizan la labor de los uniformados pese a las pruebas permanentes e históricas de las denuncias. En este link, compartimos: Material Audiovisual (Por Colectivo de Medios Populares*) En días de pandemia y cuando se le ha otorgado mayores niveles de poder a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales, es preciso detenerse para señalar y denunciar cómo varios efectivos aprovechan los protocolos de control para cometer reiterados maltratos y violencia hacia ciertos sectores de la población, en especial a las barriadas populares. Hechos de violencia que se suman al tradicional accionar de los/as uniformados/as. Son, ahora, las fuerzas de seguridad las que deben controlar que la población cumpla la cuarentena, supuesta única forma de que el Coronavirus no se expanda y empiecen a crecer casos de manera exponencial que podrían hacer colapsar el sistema de salud que se encuentra actualmente en Argentina. Es lo que repiten hasta el cansancio en todos los noticieros de radio y televisión. Las policías cuidan ahora ya no sólo la propiedad privada, sino también la salud de todes. Y en esa nueva función nace una “legitimación social” de su accionar, que no se detiene en el verdugueo a las juventudes de los barrios donde el aislamiento se suma al hacinamiento en particular, y a la precariedad de la vida en general. No sólo el “personal de salud” se llevó las salutaciones de los balcones de las grandes ciudades, sino que desde los medios masivos impulsaron a sumar “los aplausos al personal de seguridad” ya que que se presenta como colaborativo entre “distintos estamentos del Estado”. Además, también están Gendarmería y el Ejército. De esta manera se presentan “colaborando” en territorios que desconocen por completo, sobrevolando el conurbano y haciendo la labor que desde hace años ya realizan las diversas organizaciones populares, como la repartición de alimentos. El Estado siempre estuvo ausente en este tipo de tareas sociales exceptuando la de ejercer el disciplinamiento y control de los sectores más humildes. ¿Pero qué pasa si le damos más poder a estas fuerzas represivas? La respuesta está registrada en un sinfín de videos que circulan en redes sociales donde distintos oficiales en diferentes partes del país eligen algunas de estas variantes de violencia sobre quienes incumplen la norma de quedarse en casa (que en general y no azarosamente son jóvenes de barriadas populares). Filmar mientras hacen “bailar” a los detenidos (como se conoce en la jerga militar) en plena vía pública, perseguirlos en moto y acelerar para amedrentar al grito de “todos adentro carajo, no entienden”; obligar a hacer ejercicio físico como sentadillas, cuerpo a tierra, y demás a modo de castigo corporal; inventar un toque de queda para imponer autoridad; disparar balas de goma, agredir físicamente a una persona en situación de calle para que deje de deambular, entre otras, son varias de las agresiones registradas en material audiovisual. A los videos se suman las denuncias como la de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que recientemente han publicado nuevos hechos que se realizaron en su barrio. “En el día de la fecha varios jóvenes del Barrio 12 de octubre, en Lomas del Mirador, donde vivía Luciano y aún reside parte de su familia, se han comunicado con nosotres denunciando un hostigamiento que se ha acentuado, y ha llegado hoy a la situación límite de un intento de ingreso a la casa de uno de los jóvenes”, expresaron en su página. Asimismo, CORREPI dio a conocer información similar al respecto, donde expresa que existe una “incesante circulación de videos y denuncias de vecinxs sobre el accionar de la policía en las barriadas” al tiempo que afirma que “más de 41.000 personas han sido detenidas por aplicación del DNU 297/2020. La mayoría de ellas, una vez notificadas de la infracción que se les imputa, penal o contravencional, recuperó su libertad a las pocas horas, mientras que 2.226 personas, alrededor del 0,5%, quedaron privados de su libertad, por tener impedimentos (capturas, comparendos, etc.) o por ser reincidentes en la violación del aislamiento”. En las últimas horas se conoció que el gobierno nacional convocó a personal retirado de las fuerzas de seguridad para sumarse a los operativos de control en el marco de la pandemia de Coronavirus, ya que la cantidad de efectivos que “necesitan” supera la disponibilidad actual, explicó la Ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic. Señalar y denunciar este accionar no implica desconocer que vivimos momentos críticos ni va a contramano del autocuidado colectivo, que resulta fundamental. Por eso mismo, en tiempos difíciles, más que nunca, es urgente asumir la responsabilidad de denunciar, para poder decir nunca más a este accionar policial. Es por eso que desde el Ministerio de Seguridad de Nación difundieron que se debe llamar al 0800-122-5878 ó al (011) 4091-7352 para denunciar estos casos de abuso. Del mismo modo, las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional, advirtieron sobre el accionar de tres agentes de Gendarmería tras verlos en un video en el que un vecino registró cómo obligaban a dos hombres a caminar en cuclillas, con las manos en la cabeza. Esto había sido “justificado” por incumplir el decreto de aislamiento obligatorio en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Los tres agentes fueron pasados a disponibilidad. A continuación compartimos un link donde se puede acceder a los vídeos y fotos de los abusos policiales. Desde el Colectivo de Medios Populares iremos actualizando el mismo en la medida en que nos siga llegando material. El nombre de cada archivo indica el lugar en donde fue filmado/fotografiado. Material Audiovisual *Sur Capitalino / La Retaguardia / Revista Revoluciones – revoluciones.net / FM Riachuelo / Agencia Paco Urondo / Radio Gráfica / FM La Caterva