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María del Carmen Verdú

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El 13 de marzo de 2013 fueron baleadas tres personas en la represión que desalojó a los manifestantes que resistían en la toma de la Sala Alberdi en la Ciudad de Buenos Aires. Dos de las víctimas son comunicadores populares que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. El veredicto se iba a leer este miércoles, pero esta misma tarde, a horas de la cita, el tribunal notificó la postergación hasta el 6 de junio. En Radio La Retaguardia, Fernando Tebele y María Eugenia Otero dialogaron con María del Carmen Verdú, dirigente de CORREPI y abogada de la querella, que solicitó veinte años de prisión por tentativa de homicidio. El fiscal, en cambio, solicitó tres años y tres meses. (Por La Retaguardia) La defensa  “El alegato de la defensa institucional de la Policía Metropolitana terminó planteando algo que nos sorprendió a todos porque dijo: ‘¿Saben quién tiene la culpa de que hayan terminado baleados Ruffa, Fumaroni y De Los Santos? Un loquito suelto’. Treinta años al pedo me he pasado gritando que no es un policía, es toda la institución, no es un loquito suelto, no es un psicópata reclutado por error, es una política de Estado, a las Fuerzas de Seguridad las dirige el poder político de turno, para que este tipo venga a decir que fue un loquito suelto”, señaló Verdú con cierta ironía. “Lo que señala este buen hombre es que Ledesma y Acosta sostienen que no dispararon porque eran escalón sanitario. No se entiende por qué aparecen en los videos llevando escopetas si eran enfermeros. Lo que hacen es echarle la culpa a Pereyra de la Rosa, al que sin nombrar tildaron de loquito suelto”, informó sobre la estrategia de los defensores de la Policía. “Él dice que no estaba en el lugar, parece que otro estaba con su uniforme, su casco, sus antiparras de silicona, su escopeta 1270 parado en el lugar que le correspondía a él. Se han pasado la pelota, Pereyra dice que fueron Acosta y Ledesma y Acosta y Ledesma, que fue Pereyra”, explicó Verdú acerca de los tres acusados que integraban en aquel momento la Metropolitana y hoy son parte de la Policía de la Ciudad.Fiscalía “Desde lo técnico, que se incriminen genera un problema para el Tribunal porque estamos hablando de proyectiles múltiples que no permiten identificar qué arma los disparó excepto que se tenga el cartucho. Acá tenemos a tres heridos y tres tiradores que, como tuvieron que reconocer los abogados de la Policía, iban con las escopetas, estaban en el lugar y no pudieron desmentir que alguien tiró con plomo y no fueron precisamente los manifestantes”, aclaró la abogada de CORREPI.La fiscalía, si bien siguió la línea de la querella en cuanto a qué ocurrió, no calificó los hechos como tentativa de homicidio, por lo que solicitó bajas penas: “La fiscalía no acompañó el pedido de condenar por tentativa de homicidio junto a CORREPI. Vaya uno a saber qué pasó. Lo cierto es que de manera verdaderamente sorpresiva y contrariando toda la prueba que se produjo durante el debate, el fiscal Omar Ciruzzi empezó su alegato, primero apoyándose en todo lo que nosotros dijimos y en los videos que exhibimos y terminó diciendo que no tenía suficientes herramientas para sostener la acusación que había formulado en la instrucción el fiscal que requirió la elevación a juicio, la de homicidio en grado de tentativa calificado por la condición de funcionarios públicos de los tres imputados”, definió Verdú sobre el carácter técnico de la acusación. “A nosotros no nos llamó demasiado la atención porque algunas preguntas que había hecho en la primera jornada cuando declararon De Los Santos y Ruffa apuntaban en esa dirección de ir sólo por un abuso de arma y lesiones pero realmente, a juzgar por lo que acreditamos a lo largo del debate y su acuerdo con la descripción de los hechos, deja un olorcito a ‘quién te llamó por teléfono y te dijo qué’”, analizó y agregó: “El fiscal pidió para los imputados tres años y tres meses. No es ni siquiera el máximo de la pena posible por la figura que eligió de abuso de arma y lesiones que le permitía llegar a cuatro años. Vaya a saber qué cuenta sacó. Nosotros pedimos veinte años que es el máximo posible por la Tentativa de homicidio calificado”.La Prueba “La imágenes no dejan lugar a dudas. Se ven claramente los disparos y hasta pudimos demostrar en dos oportunidades inmediatamente después de los disparos que uno de los policías se retrasa en la fila y patea algo hacia un fuego que había en el medio de la avenida y otro se separó, se agachó y levantó algo del piso”, informó. “Claramente no les preocupaba que un papelito de caramelo estuviera tirado en el medio de la avenida Corrientes. Además, desgraciadamente alguna experiencia tenemos. Esa escena la vimos el 19 y 20 de diciembre y en Puente Pueyrredón, porque el cartucho permite saber de qué escopeta salió el disparo”, explicó la abogada.La expectativa “La pelota está en la cancha de los jueces, que están preocupados. Nosotros dijimos con mucha claridad en el cierre del alegato que este era un juicio histórico. No sólo era la primera vez que la policía Metropolitana llegaba a un juicio oral por un hecho de represión masiva sino probablemente la última y la única porque la Metropolitana no existe más y otros episodios como el Indoamericano, el Borda, el desalojo del Barrio Papa Francisco, están absolutamente congelados e imposibilitados según todo indica de llegar alguna vez a la instancia de juicio y a la posibilidad de castigo”, récordó Verdú. “Por eso dijimos, es una oportunidad histórica que tiene el Tribunal para demostrar que un fierro y una chapa no los hacen dueños de nuestras vidas, de nuestra integridad física y mucho menos es un vil de inmunidad para que anden por la vida tirando plomo contra personas desarmadas. De ahí a lo que haga el Tribunal, al que no vi muy tranquilo, de

 El 10 de mayo comenzó finalmente el juicio a los policías metropolitanos que balearon con plomo a tres manifestantes durante uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, en marzo de 2013. En el Enredando las Mañanas de este jueves, María del Carmen Verdú, de CORREPI, nos contó cómo fue la primera audiencia en la que declararon quienes fueron heridos, dos de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. (Por RNMA) Verdú comenzó remarcando que “lo más importante fue que el juicio empezara” a pesar de que “hoy son tribunales nacionales juzgando policías que ahora dependen de quien es el presidente de la nación y no el jefe de gobierno con quien no tenían mucho que ver” porque “veníamos de una suspensión desde el año pasado con el argumento del problemita de agenda del Tribunal, cuando en realidad era un juicio que había sido fijado en el mes de marzo”. Luego se refirió a la ocupación actual de los represores: “los tres siguen siendo integrantes de la policía, ahora de la Ciudad; estos tres tipos eran Metropolitanos en 2013 cuando dispararon contra los compañeros, ahora están en la Policía de la Ciudad, y antes eran todos miembros de otras fuerzas”, dijo acerca de la situación a la que denominan pasiva, y aseguró que “en todos los casos con una misma política cuando se trata de los trabajadores, estudiantes o talleristas organizados”. Verdú acompañada por Ruffa y De los Santos. “La Sala Alberdi no solamente era un lugar donde se formaban artistas populares, sino que además era el lugar al que podía acceder el que no podía pagar una entrada de teatro para ver cosas de calidad y pasar un buen rato, porque se trabajaba a la gorra o en forma gratuita”, recordó la abogada de CORREPI. “Ese proceso de 3 años de toma culminó con el desalojo el 24 de marzo del 2013, porque hicieron la muy sucia jugada de desalojar cuando sabían que la mayoría estábamos en Plaza de Mayo”, ese día la columna que venía acompañando la toma se desprendió de la gran marcha por la Memoria y fue a resistir la represión.En relación a esta primera audiencia, Verdú destacó que “el gran hecho es la declaración de los tres heridos, de los dos compañeros Esteban Ruffa y Germán De los Santos y de Mario Fumaroni, que en esa época del centro cultural Los Libros de la Esquina”. Fumaroni decidió no presentarse como querellante por una posición ideológica, pero sí fue convocado para declarar. También pasaron por el juicio “algunos de los testigos que estaban en el lugar o que auxiliaron a los heridos, los que tuvieron los primeros contactos con la policía en el Hospital Duran y un par de los que estaban en el lugar y vieron el operativo policial”, pero “quedaron seis compañeros y compañeras de distintos medios sin poder declarar porque debimos pedir un cuarto intermedio a las cuatro de la tarde para ir a la marcha”, consideró Verdú.En relación a los policías, Verdú recordó que “estuvieron presos apenas un mes y en virtud de que cuando se ordenó su declaración indagatoria se hicieron allanamientos en sus domicilios y se encontraron en el de Pereyra de la Rosa una cantidad enorme de municiones, explosivos y armas, y Acosta estuvo prófugo durante una semana; entonces, a raíz de esto se les había dictado la prisión preventiva por el peligro de fuga y la peligrosidad”. Luego de la feria judicial “la Cámara les otorgó una excarcelación” y señaló: “no nos olvidemos que la imputación es por triple homicidio en grado de tentativa calificado por la condición de fuerza de seguridad, con lo cual es un delito que tiene como pena en expectativa hasta 25 años de prisión”. La abogada aseguró que “si se aplicara al normal de las personas el criterio que se aplica cuando son milicos, tendríamos que salir a contratar extras que hagan de presos porque las cárceles quedarían vacías”.Los represores “no prestaron declaración, se remitieron estrictamente a lo dijeron cuando fueron indagados, cuando desmintieron los hechos”. Sobre esto, explicó que “están filmados, con los cascos no se ven las facciones, pero no hay ninguna duda a partir del trabajo pericial que hizo gendarmería y los videos que aportamos a partir del enorme trabajo que hizo la RNMA para recopilar el total del material de las cámaras compañeras, que eran muchísimas, combinado por los informes de la propia Metropolitana sobre cómo estaba integrado cada uno de los cuerpos de combate”. A partir de eso “se pudo identificar perfectamente el pelotón donde estaban Acosta y Ledesma y el pelotón donde estaba Pereyra de la Rosa”.Este viernes será la segunda audiencia del juicio, que seguirá con las testimoniales, y seguramente el lunes llegarán los alegatos de las partes y la lectura del veredicto. ESCUCHAR O DESCARGAR EL AUDIO

Mañana por la mañana continuará el juicios a los tres policías de la Metropolitana (que pasaron a ser integrantes de la flamante Policía de la Ciudad), por las heridas con balas de plomo que recibieron tres personas, entre ellas dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, en un intento de desalojo de la Sala Alberdi en 2013. Ruffa y De los Santos, los dos heridos de la RNMA, se constituyeron como querellantes con el acompañamiento técnico y político de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Aquí una cobertura especial de La Retaguardia, en este caso fotográfica, con imágenes que tomó Agustina Salinas, tanto en la sala donde se desarrolló el juicio, como de las actividades que se dieron afuera. (Por La Retaguardia)

Fue esta mañana. Los policías reprimieron la toma de la Sala Alberdi con balas de plomo e hirieron a tres personas, dos de ellos comunicadores populares que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. En conferencia de prensa la semana pasada habló su abogada, María del Carmen Verdú, junto a ellos y algunos militantes que acompañaron la resistencia en aquel momento. También estuvieron Marcelo Ramal y Laura Marrone del Frente de Izquierda. De esa convocatoria se realizó una cobertura conjunta entre la Red Nacional de Medios Alternativos (desde el estudio La Retaguardia, desde el lugar Dtl!), junto a Radio Sur. La primera audiencia se está desarrollando esta mañana, luego de una postergación del comienzo del juicio, en Talcahuano 550 a las 9 y media de la mañana. La militancia se convocó a las 8 y el debate oral está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº7. Los acusados son tres efectivos de la entonces Metropolitana, Pereira de la Rosa, Ledesma y Acosta. (Por RNMA) Foto: los tres policías acusados. De izq. a der. Pereira de la Rosa, Ledesma y Acosta. (Esteban Ruffa-ANRed) ¿Por qué pospusieron? María del Carmen Verdú, abogada Esteban Ruffa y Germán Darío de los Santos, señaló: “Estos policías Metropolitanos ya están disueltos y unificados con la policía de la Ciudad. Aunque siguen siendo la fuerza de este distrito, pertenecen a la misma fuerza política que el gobierno nacional. Nosotros creemos que esta postergación, sin otra explicación que los problemas de agenda del Tribunal, tuvo el tono político de bajarle la trascendencia a esta instancia judicial porque ya es un juicio no a tres integrantes de la policía existente sino de una fuerza que ya no existe”. Para la abogada de CORREPI, “esto en términos de que esto es un juicio a la policía de Macri. Como brazo armado del Estado, en ningún caso se trata de individualidades o fuerzas con algún problemita especial de indisciplina o mayor o menor índice de corrupción sino de una política que tiene la tonalidad que le va a imprimir el gobierno de turno de acuerdo a las necesidades”, aseguró.“La Ciudad de Buenos Aires tiene el índice de policía cada cien mil habitantes casi más alto del planeta. Un índice que no tienen las ciudades más militarizadas de Estados Unidos o los países centrales de Europa. No lo tiene México, ni Perú, ni Bolivia ni Colombia”, informó Verdú. El recuerdo de un fotógrafo Esteban Ruffa, uno de los comunicadores baleados, se presentó: “Soy fotógrafo de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed) en la RNMA. El 13 de marzo en horas de la madrugada fuimos heridos con impactos de balas de plomo en las piernas dos periodistas y un manifestante que también recibió impactos en el estómago y la pierna. En mi caso, tengo un plomo incrustado dentro de la tibia. Esa noche hubo una orden de realizar un despliegue represivo brutal sobre la avenida Corrientes y la zona aledaña. Hubo elementos tecnológicos que nosotros nunca habíamos visto, hubo detrás de la orden una intencionalidad de accionar de forma muy agresiva y de despejar”, aseguró Ruffa sobre el objetivo policial. “Fuimos perseguidos varias cuadras casi llegando hasta el Obelisco y estábamos tratando de registrar lo que sucedía. Evidentemente había una orden de que periodistas o quienes estuvieran allí registrando fueran especialmente agredidos. La represión estuvo enmarcada en el accionar que vimos en el Parque Indoamericano, en la intrusión violenta en los terrenos del Borda. La Justicia lamentablemente no nos acompañó. Queda un gusto amargo”, aseveró.Germán Darío De Los Santos, intregrante de Dtl!, otro de los baleados, expresó: “Desde la comunicación popular, sabemos que lo que hacemos implica esta tediosa labor de estar en la calle. Hay un contexto de violencia generalizada de parte del Estado, las policías se unifican y están desarrollando planes mucho más acabados. La Policía Federal también tiene sus imputados en esta causa que no hizo nada para impedir los balazos de plomo. Estas son fuerzas que supuestamente estaban enfrentadas en ese momento, la Federal y la Metropolitana. Sólo para aclarar que esas enemistades se terminan cuando hay que reprimir al pueblo”, consideró. De Los Santos cerró toda una definición sobre el rol de los comunicadores populares: “Nos sentimos parte del pueblo, por esa razón corrimos el mismo riesgo que quienes estaban ahí manifestándose. Todas las fuerzas, me parece, empiezan a mirar lo que leemos como una avanzada represiva. Ese gobierno que cayó hace cuatro años con la sucesión de represiones, hoy está ahí arriba. Nadie está preparado para recibir una bala de plomo en esas circunstancias, además el compañero se estaba retirando ¿Cómo defenderse de una fuerza que recibe esta clase de órdenes? Lamentablemente van a venir más luchas que impliquen más represión, así que tratemos de prepararnos”, advirtió. El contexto del juicio Lucía, del Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible HLI), que forma parte del espacio de coordinación que conformaron RNMA-CORREPI-HLI para empujar esta causa, explicó: “Nosotros formamos parte de este juicio porque esa noche fuimos parte con otras organizaciones y activistas. Hoy vivimos esta escalada represiva que no sólo tiene que ver con la violencia en las calles sino con relativizar si fueron 30.000 desaparecidos que no es algo menor y sirve para legitimar esa represión en las calles. El Estado no garantiza derechos fundamentales para poder desarrollarse en la vida y el gobierno actual focaliza la represión en la juventud. Pudimos ver como entró la policía al Mariano Acosta para intervenir una protesta estudiantil, también en la Universidad de Jujuy, también reprimen a los docentes que luchan por el salario y aumentan el presupuesto en la Ciudad al armamento policial antidisturbios”, señaló sobre el contexto político que se suscita en materia represiva. “Esa represión nos afecta a los jóvenes no solamente en el ámbito educativo sino también en el de nuestro trabajo. Argentina es el país con mayor desempleo juvenil en toda América Latina. La única posibilidad efectiva y rápida de conseguir el empleo es entra a las fuerzas represivas. Así es como ellos lo sugieren,

Tras la lectura de la notificación judicial por parte de la Policía, la Asamblea de trabajadores de AGR-Clarín decidió continuar la lucha afuera de la planta del barrio de Pompeya. De ese modo se vieron obligados a finalizar la ocupación de 82 días para evitar la represión de un enorme operativo policial. El lunes pasado un abrazo a la planta había conseguido parar el desalojo. Al cierre de este informe, el clima era tenso, ya que la policía permanecía en el lugar y los trabajadores iniciaron un acampe en una de las veredas. Radio La Retaguardia transmitió en vivo durante el desalojo. (Por La Retaguardia) Cerca de las 13, las abogadas Verónica Quinteros de Liberpueblo y Claudia Ferrero de Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) llegaron al Juzgado de Cntravenciones y Faltas Nº14 para intentar frenar la orden de desalojo: “estamos intentando que el Estado opte por una opción que no sea la de un desalojo violento”, comentó Quinteros. “Es algo terrible que para desalojar laburantes vengan con ametralladoras”En diálogo con Fernando Tebele y Catriel Fernández durante la transmisión especial que Radio La Retaguardia realizó este mediodía.Gustavo Castillo, delegado de los trabajadores, no ocultó la angustia y la tristeza ante esta instancia del conflicto: “ya nos leyeron la orden de desalojo. Se llegó a un acuerdo para que ingresen con cámaras de ellos y nuestra para constatar el estado impecable de las máquinas. Hay aprestos represivos increíbles. Están con ametralladoras. Es algo increíble que para laburantes vengan con ametralladoras. En cuanto constaten el estado de las máquinas decidiremos qué hacer. Si ellos vienen con una orden y no hay detenciones, nosotros salimos de manera pacífica. Si reprimen a los compañeros afuera vamos a resistir. Somos laburantes, no somos un ejército de choque, pero si reprimen afuera no vamos a dejar que eso pase”, señaló Castillo. Acongojado señaló: “nosotros somos laburantes, que nos saquen así como ladrones me da por las pelotas… es un bajón terrible, pero la lucha seguirá afuera”. Foto: archivo La Retaguardia “Nosotros ya charlamos con la gente que se acercó al abrazo al principio de la semana. Tenemos cuatro cordones del Partido Obrero para que nadie haga desmanes. Nosotros queremos que los compañeros salgan íntegros. Necesitamos a todos los trabajadores completos en estado de salud porque la lucha continúa afuera. Mientras ellos no repriman, nosotros no vamos a cometer ninguna locura. No somos un grupo de revolucionarios que va a prender fuego todo, queremos volver a laburar y eso es lo que tenemos decidido. Si ellos no reprimen nosotros nos vamos a ir por la puerta grande como cuando ingresamos”, y contó cómo fue la asamblea en la que el domingo decidieron intentar evitar la represión: “Duró cuatro horas. Fue previa al intento de desalojo. Convocamos a las organizaciones y eso creemos que retrasó el desalojo. Ahí decidimos lo que vamos a hacer: si ellos no reprimen a la gente que está afuera, salimos tranquilos”. Con la voz quebrada, Castillo aseguró que “esta es mi segunda casa. Fueron 82 días de compartir con mis compañeros. Hace 20 años que trabajo en AGR. Entré desde abajo en una rotativa. En el 2010 intentamos armar una comisión interna de la Naranja gráfica, no pudimos. En el 2011 armamos una comisión y fue muy duro. Hicimos asambleas afuera. Teníamos paritarias y sacábamos más arriba de eso. Por eso quedó un conjunto obrero importante que resistió hasta el final”. Acerca de las máquinas que tanto cuidaron durante la ocupación, Castillo dijo: “son monstruos. Imaginate un barco… son un barco. Son rotativas inmensas que valen millones de dólares. Es incalculable el valor de esta empresa. Esto no puede cerrar. Sabemos que cuando termine esto van a querer abrir con gente precarizada. Lo que quieren es barrer con la organización de los trabajadores y meter gente precarizada. Pero la vamos a seguir hasta el final. Les va a costar bastante”. ¿Por qué no una fábrica recuperada? Foto: archivo La Retaguardia  “Armar una cooperativa con las dimensiones de esta planta y sin energía eléctrica, porque ya nos habían cortado la luz y la revista la sacamos encendiendo los generadores con donaciones de gasoil, pero es una empresa demasiado grande para que los trabajadores la pongan en funcionamiento, salvo que el Estado intervenga y ayude a resolver los gastos. Nosotros no la descartábamos pero si el Estado intervenía. Y en realidad el ministerio avaló a la empresa. A la primera semana ya nos dio la espalda y le dio la razón a Clarín en que esto era un cierre y que indeminara a los trabajadores y ya, pero esto no es así”. “Quieren mostrar autoridad” Entre las personas que se acercaron rápidamente, estaban María del Carmen Verdú de CORREPI y el legislador porteño del PO-FIT Marcelo Ramal. El legislador expresó: “Estamos acá en el interior de la planta porque se acordó una revisión integral de la fábrica. La condición que pusieron los trabajadores es que hubiera filmación de la policía y también nuestra. Está la doctora Verdú de CORREPI conmigo. Afuera hay un verdadero ejército. Se ha asegurado el deseo de Magnetto y Triaca con un despliegue de efectivos como pocas veces se ha visto en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros no hubiéramos pedido mediar se venía un avance represivo fuerte sobre la fábrica y los trabajadores”, indicó Ramal mientras participaba de la revisión de las maquinarias. “Los trabajadores pusieron como condición para este ingreso que los efectivos policiales que están con armas de fuego se retiraran y así sucedió, se retiraron unos 300 metros”, aseveró el legislador porteño.Por último, Ramal dijo que el gobierno intenta “quieren mandar fotos al foro empresarial que ayer se reunión en Puerto Madero. Quieren mostrar autoridad, pero no para sacar al país del pantano sino para dejar sin trabajo a 400 personas”. “Nuestros compañeros no son una fuerza de choque” “Siempre que charlamos de un posible desalojo con nuestros compañeros y entre Las Leonas dijimos que la lucha seguía desde afuera. Imaginate que el segundía día mandaron

En otra jornada callejera memorable, incalculables centenares de miles de personas colmaron los alrededores del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Para qué ensayar un número preciso si para algunos funcionarios hay cifras más importantes por discutir. Sin dudas, los embates políticos del gobierno de Macri contra la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, impulsaron a más gente que nunca a sumarse a alguno de los tres actos políticos, a todos, o a ninguno, pero a estar en la calle. (Fotografías de Agustina Salinas y Texto de Fernando Tebele para La Retaguardia) “Estoy contento”, respondió Carlos Lordkipanidse, el Sueco, cuando le preguntamos, en la apertura de la radio abierta que realizó la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) en el acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), de qué manera vivía un 24 de marzo alguien como él, que sobrevivió a la ESMA. Seguramente, en esa respuesta que puede sonar quizá contradictoria, que alguien que sufrió las peores torturas que se puedan imaginar (y las peores de las que ni podemos pensar como posibles) pueda estar contento cuando recordamos el golpe de Estado de 1976, esté la diferencia entre ser o no ser un militante político.  A poco metros, como parte de la numerosa columna de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), están Miriam y Flavia, la mamá y la hermana de Álvaro Nicolás Soriano, el joven asesinado a plena luz del día por una bala policial hace pocos meses. Lloran. No pueden contener la angustia. Apenas hablan. Flavia, la hermana, ensaya una disculpa innecesaria por haber rechazado una entrevista que le pedimos un día, sin saber que apenas horas antes había enterrado a su hermano; nosotros deberíamos disculparnos. María del Carmen Verdú le explica diferencias entre prensa alternativa y tradicional. Entre dejar pasar primicias por estar al lado de las familias y respetar sus tiempos, o estar cerca solo para tener la primicia. Es la primera vez que van a una marcha de 24 de marzo; tal vez sea la primera marcha a la que asisten en sus vidas. Todavía no son militantes políticas, apenas si pueden ser ahora familiares desconsoladas que aún no sienten que caminar con otros pueda mitigar ese dolor incontenible. Pero están ahí, como el Sueco y demasiados más, encarnando el linkeo siempre necesario entre el ayer y el hoy, entre el Terrorismo de Estado que persiguió, torturó y desapareció a aquellos jóvenes idealistas y formados políticamente, con este Estado que de manera sistemática persigue a estos jóvenes que no han tenido ocasión de ser formados más que por la pobreza estructural en la que crecieron. El gobierno de Macri indigna tanto con su discurso negacionista y relanzador de la teoría de los dos demonios, que pocos recuerdan que este día en que marchamos estuvo a punto de no ser feriado. La obsesión por instalar una cifra menor a la simbólica de los 30.000 solo puede entenderse como parte de una estrategia para cargar contra la historia, contra los organismos de derechos humanos, englobándolos en un hebedebonafinismo totalizador que los simplifique ubicándolos dentro del kirchnerismo, para así poder seguir jugando ese River-Boca que tanto conviene solo a los grandes, con Clarín como punta de lanza informativa (cuándo no), titulando su crónica desacertada de los actos de ayer: “Un kirchnerismo dividido convirtió el 24 de marzo en un acto anti-Macri” En la minimización de uno de los dos actos más importantes (el tercero, el de Hebe desde el micro escenario junto a Aníbal Fernández, merecería otra nota), se encarna ese duelo polarizador que se adivina como la posible trampa del poder para las próximas décadas. Cerca de las 19, mientras todavía entran a la Plaza los partidos políticos de izquierda en el final de la marcha, desde el escenario leen un documento consensuado. Antes de eso, nombran su ausencia, que ya se había notado en la previa, en las arduas negociaciones entre los dos actos más numerosos en la puja por la Plaza de Mayo. En la imagen de Cachito Fukman, en la del primer 24 de marzo sin él, también puede retomarse el linkeo inicial. El Sueco no puede más, lo llora, lo extraña a su hermano del alma. A las familiares de Soriano todavía hay que explicarles a quién se perdieron de conocer.  En todo caso, lo que quedó demostrado ayer, una vez más, por si hiciera falta (evidemente sigue siendo necesario demostrarlo), es que la construcción de Memoria Verdad y Justicia no le pertenece a ningún partido político en particular, más allá del intento de Macri y Cristina por convertirse en el nuevo SúperClásico. Ya con un Estado menos proclive a impulsar las causas judiciales para condenar a los genocidas y con una propaganda oficial que, tras el formato “democrático” al estilo A Dos Voces, deja asomar una condena generalizada que diluye el Terrorismo de Estado dentro de una Guerra Sucia, la defensa de los derechos humanos vuelve a estar en manos de los organismos, de la movilización popular. La defensa de los derechos humanos de ayer, porque la de los pibes como Soriano, Luciano Arruga, Daniel Solano o hasta el mismo Jorge Julio López, nunca tuvieron impulso estatal más que para desaparecerlos y asesinarlos. No hay reconciliación con los genocidas de ayer. La historia suele caer por su propio peso, como Milani. Con los que asesinan hoy con armas del Estado la cosa está más complicada. Todavía estamos lejos de romper el consenso social que carga las balas. Para buena parte de la población hay un solo demonio y son los pibes pobres de los barrios. Habrá que ver si somos capaces de evitar otro genocidio.        

Tras la muerte de dos personas en el recital que el Indio Solari dio el pasado sábado 11 de marzo, los programa Sueños Posibles -que conducen Alfredo Grande e Irene Antinori- y Otras Voces, Otras Propuestas -a cargo de Luis Angió y Rosaura Barletta- dialogaron con la referente de CORREPI, María del Carmen Verdú, sobre las condiciones de sanidad y seguridad del concierto, y el afán ilimitado de lucro de los organizadores. Además, Verdú se refirió al accionar de Solari y su banda tras la muerte de Walter Bulacio en 1991. (Por La Retaguardia) “Nosotros venimos señalando que lo ocurrido en Olavarría este fin de semana tiene que ver con la aplicación directa de la política represiva por parte del aparato estatal por lo que se relaciona con Cromañón, por esta conjunción del afán de lucro sin límites de los empresarios, en este caso la productora, y su asociación histórica de clase con el aparato estatal, representado en el caso de Olavarría por este intendente (Ezequiel) Galli, que se pasó varios meses haciendo campaña, en un año electoral nada menos, como quien traía al Indio a Olavarría e incluso asumió el rol de fiador de la empresa ante la propietaria del terreno, obligando al municipio a garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la productora, obligaciones que justamente brillaron por su ausencia porque eran la sanidad, la seguridad, la higiene, el control de los espectadores, la admisión, todos esos elementos que coayudaron para que el resultado fuera trágico”, afirmó María del Carmen Verdú en el inicio del diálogo con el programa Sueños Posibles, que se emite por Radio La Retaguardia.“Fue una sensación de que esto ya lo vivimos, esto de que fuera a la madrugada me revivió muy fuerte la madrugada de Cromañón, cuando íbamos sumando muertos sin saber dónde paraba, y por sobre todas las cosas la conjunción macabra de que te das cuenta desde el primer momento en este elemento común del ánimo de lucro económico o electoral por parte del grupo empresarial y de los funcionarios gubernamentales, el esquema es casi equivalente y el casi en realidad es porque el rol que jugó el intendente de Olavarría es muchísimo más comprometido todavía que el que tuvo (Aníbal) Ibarra en relación a Cromañón. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se constituyó en fiador, garante de las obligaciones de la producción del espectáculo en Cromañón, en cambio el municipio sí. Además, hasta una hora antes del inicio del recital seguían vendiendo entradas”, aseveró la abogada.Para la referente de Correpi, estos hechos tienen un componente de control social importante: “pero este control no se lleva a cabo solamente a través del aparato represivo –aclaró–, hay infinidad de dispositivos que pasan por todos los niveles de nuestra vida social, empezando por la escuela y el propio hogar en muchas oportunidades que apuntan en ese sentido y que tienen que ver con esta necesidad de disciplinar los cuerpos y los espíritus. Lo que para mí descolla como elemento importante es esto del afán de lucro llevado a límites inimaginables, porque por caso acá está constatado, según ha informado la propia autoridad municipal, que se habían vendido 325.000 entradas, así que como mínimo hubo 350.000 personas más las que no tenían entrada. Es una cantidad muy impactante, además en el medio de la pampa sojera y las toscas de la cantera de Amalita Fortabat. La misma cantidad de gente vio por ejemplo a Roger Waters en la Ciudad de Buenos Aires, solo que no lo vieron el mismo día, hubo 9 conciertos en el Estadio de River y de esa manera se distribuyó esa enorme cantidad de personas que querían ver a su artista. El tema acá es que resulta mucho más barato alquilar un predio por 300.000 pesos, como surge del contrato suscripto por la síndica de la ex propietaria, porque es una empresa que está en quiebra, del predio La Colmena, y los representantes legales de la productora del Indio; si dividimos los 300.000 pesos por la cantidad de asistentes es menos de 1 peso por persona, y esas personas compraron entradas por 800 pesos cada una, es un margen de ganancia obsceno. A partir de ahí es que se entiende de qué manera toda la gestación de este espectáculo tiene como único basamento ese lucro voraz, desmedido, donde además en esta oportunidad lo más grave es que el Estado no aparece como un socio del silencio sino que aparece como un socio explícito en el propio contrato, haciéndose cargo de las obligaciones de la productora, y eso es lo que nos lleva a decir una vez más que el capitalismo y su Estado matan, no hay mayor diferencia entre la responsabilidad por las muertes de Olavarría del 11 de marzo y las muertes en Cromañón, o la muerte de un obrero que cae de un andamio porque es más barato para la empresa pagar cada tanto una indemnización por muerte que mantener condiciones de seguridad de forma permanente”.Respecto al accionar de la justicia, Verdú aseguró: “el intendente debería estar preso, el tipo se constituyó en fiador de los dos que están imputados. Y por supuesto hay que develar cuál es la trama empresarial porque no nos olvidemos de Time Warp, donde había una persona jurídica por un lado pero todo el mundo sabía que era la productora de otra persona”.Verdú advirtió a su vez que lo sucedido en Olavarría no tuvo un resultado aún peor gracias al cuidado y atención de los propios asistentes al recital y de los habitantes de esa localidad bonaerense: “yo reivindico profundamente la solidaridad de los chicos y chicas que se cuidaron entre sí como no los cuidó el Estado, ni el capitalista productor del espectáculo, que compartieron todo y que solamente ceden frente a la descollante lección de solidaridad que dieron los vecinos de Olavarría que al día de hoy todavía están dando una mano para rastrear gente perdida. Escuchaba al ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, que

La asamblea de despedidos de la gráfica tomada por sus trabajadores, resolvió la movilización de ayer a todas las empresas del grupo Clarín. La más importante, en la autopista bajo los ventanales de Canal 13 y TN, tuvo el objetivo principal de derribar el cerco mediático sobre el reclamo de los trabajadores, que ha tenido escasa cobertura en los medios tradicionales. La Retaguardia estuvo allí, tomó testimonios de algunos de los dirigentes presentes y realizó un informe fotográfico. (Por La Retaguardia)Testimonios por Paulo Giacobbe – Fotos de Agustina Salinas Los organismos de derechos humanos en el conflicto gremialCarlos Loza, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, expresó: “Venimos a apoyar a los trabajadores del taller gráfico en contra de la patronal de Clarín que programó el despido de los compañeros un lunes a la mañana con la policía en la puerta del taller y la policía en la puerta de Canal 13 con la finalidad de hacerles conocer que pasaran a buscar la indemnización dejando a 380 familias en la calle. Venimos acompañando esta lucha con los trabajadores y la Comisión Interna al frente y eso es muy importante. Esto es un caso testigo de cómo se comportan las patronales, no sólo las norteamericanas sino también las que hay en el país”, consideró Loza. “Hoy cortamos la autopista 9 de Julio frente a Clarín, la autopista. Estamos esperando que atiendan los reclamos, el gobierno de Macri se desentiende del problema, no existe ninguna dificultad económica en el taller, estaba trabajando muy bien, lo que la patronal pretende es mostrar el ejemplo de cómo se puede reprimir al movimiento obrero para desmantelarlo como hizo la semana pasada con los familiares. Estamos convencidos de que en esta línea nosotros vamos a poder tener una respuesta eficaz”, planteó. En ese sentido, María del Carmen Verdú, dirigente de CORREPI, reflexionó sobre el rol de los organismos antirrepresivos en ese tipo de manifestaciones: “Estamos haciendo el aguante y acompañando a los compañeros de AGR-Clarín, que no solamente tienen que enfrentar a una patronal que cierra la empresa para reabrirla con trabajo precarizado y dejando 380 familias en la calle, sino que han tenido que ponerle el cuerpo a la represión del gobierno de Macri y de Rodríguez Larreta. Por eso la presencia de CORREPI es indispensable como en todos los conflictos que hemos tenido contra el ajuste y la represión a lo largo de este último año”, declaró. “La presencia policial y de Gendarmería no es algo exclusivo de este conflicto, está sucediendo a lo largo y ancho del país a partir de las políticas antiobreras de los gobiernos nacional y provinciales independientemente de su color político. Lo vimos la semana pasada en Esquel, hoy y ayer en Quilmes con los trabajadores ambulantes que sufrieron la misma suerte que los de Once. Sólo vemos leyes más represoras y propatronales que salen de las legislaturas y el Congreso nacional. Hay un fortalecimiento del aparato represivo y hasta el intento de desarticular y quitarle entidad a la marcha del 24 de marzo pasando el feriado al lunes 27”, denunció Verdú sobre la provocación del gobierno con respecto al aniversario del golpe de Estado. Las nuevas comisiones se ponen de pie Verdú destacó el rol de los trabajadores de AGR: “Esto me recuerda a los cortes de LEAR en la Panamericana algunos años atrás. Lo que se ve aquí es a esta nueva generación de dirigentes obreros, de referentes, de comisiones internas y sindicatos recuperados que son verdaderas expresiones de la lucha de los trabajadores, verdaderos representantes de la base”. “Hoy es un día histórico” Rubén Schofrin, integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), agregó: “En el día de hoy se consuma un hecho histórico, los compañeros de AGR, con organizaciones y sindicatos hemos bloqueado la autopista frente al ventanal de Canal 13 y TN. Esta es una jornada histórica, hay miles de trabajadores y es una acción que va a continuar hasta que la patronal vuelva para atrás y reincorpore a los 380 trabajadores. El objetivo es destruir al convenio colectivo, bajar salarios y que la crisis capitalista que hoy viven los medios de prensa por la reconversión a la industria web la paguen los trabajadores cuando las patronales amasaron durante más de treinta años innumerable cantidad de beneficios”, aseguró. “Cuando hay comisiones fuertes, Ernestina y Magnetto quieren aniquilarlas” También participó de la movilización Pablo Llonto, abogado y periodista, ex trabajador de Clarín y planteó: “Uno con Clarín se imagina que puede pasar cualquier cosa, todos los años en alguna parte del país hay movilizaciones o reclamos de trabajadores de alguna de las empresas del grupo por despidos o congelamiento de salarios. Este es el cierre de una planta muy grande y por eso el apoyo es importante y esta lucha va a continuar un tiempo. Cuando yo entré a Clarín a los 17 años escuchaba lo que había pasado en los ’60 y en los ’70”, contó sobre su experiencia. “Parecían circunstancias de época, pero se fue comprobando que es una política de Ernestina y Magnetto que es que donde hay organización sindical fuerte que defiende a los trabajadores o vuelca más conquistas, más tarde o más temprano el objetivo es aniquilarla. AGR es un lugar que ya quisieron descabezar hace siete años pero volvieron a surgir jóvenes trabajadores que están defendiendo no sólo los puestos de trabajo sino su convenio colectivo”, aseguró Llonto, quien fue delegado en el diario y sostuvo un ya mítico conflicto judicial por su cesantía. La pelea gráfica Daniel Ibasca, delegado de la fábrica, actualizó las novedades: “En nuestra marcha al Ministerio no obtuvimos ninguna respuesta. Nos atendió el viceministro pero no hubo voluntad de resolver nada. Estamos desde el lunes pasado con la fábrica tomada. El ministerio de Trabajo dice que lo que hace la empresa es completamente legal pero no hizo protocolo de crisis ni nada, simplemente puso un cartel, cerró sus puertas y dejó un teléfono para que pasemos a buscar nuestra indemnización”. Por otra parte,

Ya está en marcha la nueva policía de la Ciudad que nuclea a la Federal y la Metropolitana pero no se han reducido, sin embargo, las postas ocupadas por la Gendarmería y la Prefectura especialmente en los barrios del sur. Por otra parte, es muestra del recrudecimiento de la situación represiva el hecho de gatillo fácil sucedido a plena luz del día hace días en San Cristóbal contra un joven con las manos en alto. Por Radio La Retaguardia, Alfredo Grande y Fernando Tebele en el programa Sueños Posibles, dialogaron con María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), sobre el accionar de las Fuerzas. (Por La Retaguardia) Reciclados “La policía que vamos a tener es la misma que venimos teniendo agravada por la forma en que está siendo dirigida por la nueva gestión de gobierno. Esta nueva policía de la Ciudad sólo tiene de nuevo el nombre y el uniforme bordó y celeste con el que salieron a la calle, que estaría bueno saber cuánto ha costado en momentos en que nos anuncian ajustes y recortes por todos lados”, sostuvo la abogada y especuló: “Probablemente hayan sido adquiridos como el 90% del armamento y la logística que viene comprando Macri desde la época de su jefatura de gobierno al Estado terrorista de Israel que tiene legitimada la tortura en su propio territorio. Decimos que es la misma policía porque son los 19 mil y pico de hombres de la Federal transferidos a la Ciudad más los 6 mil y pico de la Metropolitana que tampoco eran nuevos, eran requechos reclutados de la Federal, de la Bonaerense, de la Santafesina, de la Gendarmería, de la Prefectura”, aseguró Verdú. La militante ejemplificó: “Así lo demuestra la causa que esperamos que tenga en mayo el juicio que se suspendió en noviembre por los metropolitanos que dispararon con plomo contra nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos el 13 de marzo de 2013. De los tres grupos de combate de la Metropolitana, dos vienen de grupos de elite de la Federal y uno de un grupo de elite de la Bonaerense”. Sobran “No estamos nada lejos de hablar de un ejército de ocupación, lo denunciamos el 2 de diciembre en Plaza de Mayo cuando hicimos el acto de cierre del año con el informe de la situación represiva y la actualización del archivo de casos. Las Naciones Unidas dicen que lo ideal, en términos de lo que consideran óptimo, son algo así como 300 policías cada 100 mil habitantes”, contó. Sin embargo, “son muy pocos los países en el mundo que llegan a esa cantidad. Estados Unidos, sin ir más lejos, tiene entre 200 y 250, México 240, y así sucesivamente. Solamente España, Turquía y Rusia superan esos números. Argentina venía bien arriba con alrededor de 500 cada 100 mil a nivel nacional y ahora en la Ciudad de Buenos Aires rompimos todos los récords con 872 policías cada 100 mil. Es un policía cada 112 personas”, denunció Verdú.La abogada contó que, además de la Policía de la Ciudad, “en CABA actúan también Prefectura y Gendarmería. No hubo ninguna indicación para que dejen sus lugares, de hecho se sigue ampliando la transferencia de gendarmes y prefectos de otros destinos hacia zonas urbanas para intervenir en el patrullaje territorial. Los últimos traslados son del mes de diciembre. En muchísimos casos, por ejemplo en los barrios del sur de la Ciudad, están instalados con destacamentos y puestos fijos. No vinieron de paseo”, planteó y ejemplificó: “Es como ocurrió en Las Heras después de la militarización de 2005/2006 con el conflicto de los petroleros, donde los 900 gendarmes que mandaron los Kirchner se quedaron a vivir ahí y siguen estando”.Gatillo fácil a plena luz del día “Álvaro Nicolás Soriano, el joven de 36 años que recibió el balazo en la cabeza en Jujuy al 900 el 21 de diciembre alrededor de las 16.15, 16.20, está internado. Sigue en coma inducido. Prácticamente su estado no ha cambiado en estos últimos días, lo que, considerando la gravedad del cuadro, es una buena noticia. Está conectado al respirador artificial, no tiene ningún tipo de reacción y no se puede evaluar el daño neurológico que ha sufrido hasta que no recupere la conciencia”, contó. Verdú sostiene que hay posibilidades de obtener resultados positivos: “Ayer, hablando con la mamá y la hermana les decía, no para generar falsas expectativas sino porque es un dato de la realidad, que Elsa Rodríguez, baleada junto a Mariano Ferreyra, estuvo exactamente igual muchos meses. Un día se despertó y hasta hoy no ha parado de mejorar. Si bien tiene gravísimas secuelas, está lúcida, puede comunicarse con dificultad absoluta pero puede deambular. No hay que perder las esperanzas”, insistió.Sobre el expediente penal, informó: “Efectivamente hemos podido no tomar contacto de forma plena con la causa pero sí al menos hay una primera mirada muy superficial en el momento en que hicimos la presentación como querellantes con Miriam, la mamá de Nicolás, el viernes. Nosotros logramos contactar a la familia en la noche del 27 y el 28 estuvieron todo el día en el hospital y el 29 a primera hora nos presentamos en el Juzgado de instrucción 4, hicimos la presentación formal con partida de nacimiento y todo lo que exige el ritual. Pudimos conocer, por un lado, la identidad del policía, es Sargento de la Federal (Sergio Damian Lucero) que está citado a indagatoria. Vamos a ver después por qué delito lo indagan, pero la noticia es que esa indagatoria se postergó porque se presentaron defensores particulares a asumir el cargo”, contó Verdú. En este sentido, la abogada expresó que esos letrados eran viejos conocidos: “La no sorpresa, al menos para nosotros, es que, otra vez sopa, son los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos y Penales de la Policía Federal. Algunos son empleados de planta del Ministerio, funcionarios porque además suelen tener grado policial, y en otros son contratados pero están bajo la órbita

El miércoles un joven fue fusilado por la policía federal en Jujuy y Carlos Calvo, en el barrio porteño de San Cristobal, pero todavía está peleando por su vida, con un tiro en la cabeza. Sobre esto, en el Enredando las Mañanas del jueves, dialogamos con María del Carmen Verdú de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional. Hasta el cierre de esta nota, el chico continuaba internado en el Hospital Ramos Mejía como N.N., pero al momento de la charla con Verdú se lo presumía muerto. (Por RNMA) El hecho ucedió en Jujuy y Carlos Calvo. “Este chico escapaba de la policía corriendo, a nosotros no nos importa por qué corría, porque cualquier reclamo que se le quisiera hacer es imposible con un balazo, estando desarmado y con los brazos en alto”, relató la abogada. “Aparentemente había robado un celular o algo por el estilo; intentó treparse a un camión que pasaba para huir, el camión estaba quieto y no pudo escapar por ahí, cuando ya había desistido de su huida y estaba con los brazos en alto, el policía de civil le pegó el tiro en la cabeza”. El efectivo de la Federal no dudó en tirar a matar, pero al menos hasta el cierre de esta nota su tarea no resultó completa. El joven cuyo nombre aún no se conoce permanecía, al cierre de esta nota, internado en gravísimo estado en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía.“Toda la gente de la cuadra escuchó un solo disparo, no hubo ninguna clase de tiroteo y los que alcanzaron a ver al pibe hablan de que estaba con los brazos en alto; incluso hay por ahí algún video que alguien llegó a grabar”, expresó Verdú.En el lugar se encuentra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumáticos y Afines (SUTNA), donde recientemente una línea de izquierda desplazó a la burocracia. “Salieron de inmediato cuando escucharon el disparo y seguramente dificultaron la escena de armado del enfrentamiento que querrá justificar la policía a partir de que se quedaron ahí e inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros”, relató la abogada de Correpi. “Hubo mucha gente que pasó por el lugar que inmediatamente se dieron cuenta de que lo que había pasado era un caso de gatillo fácil  y empezaron a avisarnos”.María del Carmen Verdú resaltó que “al burgués que está a los gritos pidiendo orden por su seguridad, si hay algo que le molesta es que la sangre que es necesario derramar por el aparato estatal para garantizarle sus privilegios le manche los zapatos; reaccionan pidiendo que no sean tan brutos, que se hagan las cosas bien”. También criticó que para los medios hegemónicos “nunca es un chico, un pibe o un joven, siempre es un delincuente, un malviviente, un caco, un marginal y esa forma de comunicar es fundamental a la hora de construir el consenso para reprimir, es lo que le da de comer al gatillo fácil”.La causa continúa siendo instruida por la misma Policía Federal. Correpi está tratando de ubicar a familiares del joven que permanece internado para comenzar a iniciar una causa. No se conoce su identidad, ni siquiera se sabe de qué barrio es, y en el hospital no hay familiares suyos. Desde la RNMA nos sumamos al pedido de facilitar cualquier información al respecto para que la organización de derechos humanos pueda iniciar los trámites correspondientes y que este caso de violencia policial no quede impune. DESCARGAR