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La Retaguardia

Gabriela Olguín, en medio de la polémica por la Feria de artesanías de San Telmo

Por LR oficial en Arte y Cultura, artesanos de san telmo, CABA, espacio público, Gabriela Olguín, Mónica Alegre, represión estatal, San Telmo

Continúa el conflicto con la feria de artesanos/as de San Telmo, que se profundizó cuando la Cooperativa El Adoquín firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad para legalizar 220 puestos en lugares que históricamente ocuparon otros/as, que quedarían reubicados sin su consentimiento. El domingo pasado la Policía de la Ciudad reprimió a un grupo de feriantes que se fueron de El Adoquín rechazando el acuerdo, entre quienes está Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Ahora la cuestión está judicializada y es una incógnita saber qué ocurrirá el próximo domingo. En el programa radial La Retaguardia, Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero dialogaron con Gabriela Olguín, la presidenta de la Cooperativa El Adoquín (CTEP), muy cuestionada tras el acuerdo con el gobierno de Rodríguez Larreta. Olguín explicó la situación general y reconoció como poco feliz haber publicado un comunicado luego de la represión, sin mencionarla. (Por La Retaguardia)

Gabriela Olguín, presidenta de la cooperativa El Adoquín habla con total seguridad. El momento es incómodo. Está respondiendo a duras críticas por el acuerdo que firmó la cooperativa con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que regulariza la situación de 220 artesanos y artesanas. El problema es que cerca de 70 se negaron a ser parte del acuerdo cuando se enteraron de que las personas que venían trabajando en el 700 de la calle Defensa -una de las cuadras acordadas con el gobierno para mudar a los feriantes del 800 al 1000- habían sido desalojadas por la fuerza unas horas antes, el domingo 13 de enero, cuando comenzaba a regir el acuerdo. A partir de allí, quienes se reconocen como El Adoquín disidente, se presentaron ante el gobierno de la ciudad para desafectarse del acuerdo. En paralelo, un grupo de feriantes que históricamente trabajan en el 700 de Defensa, presentaron un amparo en la justicia porteña, que se está tramitando en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1, a cargo de la jueza Romina Tesone, que pidió informes al gobierno y abrió el amparo para la participación de quienes se sientan damnificados.
Olguín comienza la charla repasando la historia de la organización, aunque la pregunta no fuera para ese lado: “Llevamos muchos años de lucha y de organización. Empezamos siendo asambleas. Primero nos constituimos en grupo y después en cooperativa. En septiembre de 2011 decidimos sumarnos al a CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). Desde entonces, pasamos lo que pasan todos los trabajadores de la economía popular en el espacio público: operativos, decomisos, detenciones, causas y ser tratados como delincuentes. Siempre buscamos organizarnos a través de una fuerte identidad de clase como trabajadores”.

—LR: ¿Cómo fue el acuerdo entre El Adoquín y el Gobierno de la Ciudad?

—GO: Llegamos a construir canales de diálogo con el gobierno a través de muchas vías, como la Legislatura y Defensoría. Generalmente encontrábamos un punto muerto y se frustraba. De hecho, estuvimos muy cerca de obtener la legalización de las cuadras que nosotros llegamos a ocupar después de 10 años de organización, en el 800, 900 y 1000 de la calle Defensa, entre Av. Independencia y el pasaje Bethlem. Antes estábamos hasta San Juan, pero ahí perdimos una cuadra que fue muy difícil de conservar. El 21 de septiembre en el programa de Lanata hubo una crítica muy fuerte al gobierno en el acercamiento que podían tener en cualquier mesa de diálogo con nosotros y se nos cayó cualquier posibilidad de tener una feria en esas cuadras que estábamos buscando. Sabemos que hay un poder real, fáctico, con intereses económicos que incluso, a veces, tiene mayor peso que el propio Ejecutivo de la Ciudad.

—LR: ¿Los anticuarios?

—GO: Hay intereses inmobiliarios y de todo tipo. Si uno dice anticuario, mete en la bolsa al pequeño anticuario y la verdad es que no. El pequeño empresario y comerciante no es el culpable. Al contrario, son las víctimas de la misma crisis y el mismo proyecto de ciudad excluyente que sufrimos nosotros. Más que uno gremio son un grupo de poder real.

—LR: Tras el acuerdo, hubo un conflicto con un grupo de feriantes que formaban parte de El Adoquín porque se negaron a ocupar el 700 de la calle Defensa, donde históricamente tenían sus puestos de trabajo aquellos otros y otras feriantes ¿Cómo fue ese proceso?

—GO: Nosotros no esperábamos en ningún momento que lograr un convenio laboral surgido de una negociación colectiva de trabajo pasara por encima del laburo y de la presencia de otros compañeros, de otros trabajadores. Es cierto que íbamos por caminos diferentes -nosotros laburando como sindicato-. Siempre decimos que el camino a la revolución es ancho y largo y en esos caminos nos encontramos y nos volvemos a encontrar porque todos tenemos un objetivo de clase. Sobre todo en la cotidianeidad reivindicativa de que nuestros compañeros tengan laburo, vivan mejor y tengan más dignidad. No imaginábamos el escenario que se presentó después. Por eso, tratamos de tener gestos. El primer domingo (13/1) nos encontramos con la presencia policial y con compañeros que no estaban informados. No estaba garantizada la integridad física de los integrantes de El Adoquín ni la integridad física ni laboral de los trabajadores que se estaban oponiendo. El gobierno tiene proyectado legalizar toda la parte de ferias y predios feriales desde Av. Independencia hasta Plaza de Mayo. No quieren a ninguno trabajando en las cuadras anteriores. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de cumplir con nosotros como trabajadores y también con los trabajadores que estaban en el 700. Nos hubiera gustado no llegar a esta situación. Estamos tratando de resolverla sin violencia y sin enfrentamiento. Por eso, ese primer domingo decidimos irnos a nuestra casa, como un gesto. El siguiente domingo también fue muy duro. Desde ese entonces, decidimos armar en la calle Chile, que fue la otra cuadra que nos fue adjudicada por convenio. No queremos ser justificación de represión ni tampoco justificación de desalojo y desocupación de otros trabajadores. A pesar de que se ha puesto un poco virulenta y bastante agresiva esta situación, nosotros vamos a tratar de incorporar que el convenio nuestro sirva de paraguas para que todos los trabajadores queden legalizados  en la calle Defensa, los que nos falta legalizar todavía.

—LR: La cooperativa publicó un comunicado hace unos días, ¿no fue poco feliz que no mencionaran la represión que se dio el domingo contra artesanos/as que fueron parte de El Adoquín, que son del mismo palo?

—GO: Sí, sí, seguramente en eso tenés razón. A veces en la calentura, o más que calentura en la inmediatez, a veces nosotros estamos orgullosos de lo que hicimos, pero no es intención nuestra sonar soberbios. Estamos contra la represión de cualquier trabajador que esté luchando por su fuente de trabajo. Te reconozco que tenemos que dejarlo claro con mayor firmeza. Nosotros igual en un documento de la Seccional Capital de CTEP eso queda bastante claro, y pensamos que no hacía falta reforzarlo, pero seguramente tenés razón, puede ser leído equívocamente, y vamos a ocuparnos de dejarlo bien claro. En el momento político que estamos viviendo ahora, las relaciones laborales en el espacio público están completamente vulneradas. Ahora estamos siendo visibilizados pero incluso adentro de las organizaciones siempre fuimos los últimos de los últimos. Fuimos dando una pelea desde los bordes de la política. En esta situación general, desde el conflicto en la calle Florida en el 2012 hubo un retroceso general y muy pocos espacios donde podamos estar trabajando. Nuestra capacidad de maniobra y negociación es muy corta. Es de David contra Goliat.

El polémico comunicado de El Adoquín horas después de la represión.

—LR: ¿Cuántos feriantes están legalizados?

—GO: Nuestro convenio laboral protege 220 puestos de trabajo, de la cooperativa El Adoquín.

—LR: ¿Cuántos quedan con la situación sin resolver?

—GO: Por lo que figura en el recurso de amparo son alrededor de 80. Son los que hay que resolverles la situación. No depende de nosotros sino del Ejecutivo. La jueza los instó a que busquen una solución que contemple a todas las partes. Nosotros estamos muy dispuestos a que se incorporen al convenio todos los que se puedan.

—LR: ¿Qué va a pasar el domingo?

—GO: Nos preocupa muchísimo. Estamos recorriendo todas las instancias políticas y de unidad para poder hablar con los compañeros. Es muy importante que los que estamos trabajando podamos trabajar, que no se suscite violencia de ningún tipo entre trabajadores y además que no haya ninguna represión a los que elijen como modo de protesta seguir peleando por las cuadras del 800, del 900 y del 1000. Vamos a propiciar eso desde nuestro lugar, pero la verdad que yo no puedo garantizarlo. Esperamos un gesto del gobierno y del poder judicial para que esto se resuelva con favor hacia todos.

La gran incertidumbre hacia el próximo domingo es saber si habrá nuevamente una orden de la justicia, como la que impartió la semana pasada la fiscal Celsa Victoria Ramírez, a cargo de Unidad Fiscal Sur del fuero contravencional, que implique la represión policial para desalojar Defensa entre el 800 y el 1000. La situación está cada vez más tensa, y es difícil pensar que la solución pueda llegar si contempla solo a una parte de los feriantes. En algunas circunstancias, las cosas son todo o nada. En el medio, solo gana el Gobierno de la Ciudad.

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